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Los defensores del pueblo presentan un informe conjunto sobre los servicios de urgencias hospitalarias

26-01-2015
Los defensores del pueblo presentan un informe conjunto sobre los servicios de urgencias hospitalarias

El síndic de greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha participado hoy en la presentación del estudio Las urgencias hospitalarias en el Sistema Nacional de Salud: derechos y garantías de los pacientes, que ha tendido lugar en la sede del Defensor del Pueblo en Madrid. El informe ha sido elaborado conjuntamente por las instituciones españolas de defensores del pueblo: el Defensor del Pueblo; el Defensor del Pueblo Andaluz; el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana; el Valedor do Pobo de Galicia; el Diputado del Común de Canarias; el Ararteko del País Vasco; el Justicia de Aragón; el Síndic de Greuges de Catalunya; el Procurador del Común de Castilla y León y el Defensor del Pueblo de Navarra.

Hoy en día, los servicios de urgencias suponen la principal vía de hospitalización. En este sentido, el mayor número de quejas que llegan a los defensores está vinculado con la saturación de los servicios y las consecuencias que ello tiene en la atención a los pacientes. Se trata de un área asistencial que vive en un escenario de constante presión asistencial.

El estudio atiende a tres objetivos generales: la identificación de los derechos y garantías implicados en la asistencia sanitaria de urgencias y estándares de aplicación; la especial consideración de la atención a personas en situación vulnerable; y las reclamaciones y sugerencias de la ciudadanía como barómetro del servicio y como herramienta para su mejora.

Para realizar este proyecto se constituyó un equipo de trabajo, integrado por personal de todas las instituciones de defensores participantes, cuyo primer cometido fue completar un mapa de las quejas recibidas en el conjunto de las instituciones. El formato adoptado para las reuniones fue de carácter sectorial. Las personas y entidades invitadas a participar en las reuniones responden a principios de representatividad y pluralidad de todas las comunidades autónomas que, en todo caso, representan a: profesionales sanitarios de urgencias y emergencias, gestores de los servicios de salud y  asociaciones y entidades de apoyo a los pacientes y usuarios.

El estudio culmina con 40 conclusiones, de cuyo contenido cada defensor extraerá aquellas recomendaciones que estime oportuno trasladar a las correspondientes administraciones,  con el propósito de mejorar aquello que deba ser mejorado. 

En cuanto a los recursos materiales y humanos, el informe incide en la necesidad de reconocer la especialidad médica y de enfermería de urgencias y emergencia, lo que ayudaría a mejorar la calidad asistencial, el funcionamiento de los servicios y la eficacia organizativa hospitalaria.

Asimismo, aprecia una dotación insuficiente de plantillas titulares que en muchos casos es suplica con médicos residentes que asumen un grado excesivo de responsabilidad en la actividad asistencial, sobre todo en ciertas franjas horarias de la tarde y noche.

En relación con los medios materiales, el estudio evidencia que la implantación de la historia clínica electrónica y la compatibilidad entre las plataformas TIC de los diferentes Servicios de Salud aún está incompleta, lo que afecta negativamente a los servicios de urgencias. Asimismo, insta a mejorar los procedimientos para la tramitación de las quejas y sugerencias de los pacientes.

Los defensores consideran además un fracaso del sistema la atención en los servicios hospitalarios de urgencia de los pacientes en fase terminal, puesto que estas áreas no garantizan una muerte digna ni preservan el duelo de familiares y allegados.

En cuanto a la asistencia a personas inmigrantes en situación irregular, el informe advierte que el derecho a recibir una atención sanitaria de urgencia en ocasiones se ve dificultado por prácticas administrativas que generan inquietud y tienen efectos disuasorios. Además, recuerda que este derecho no finaliza con el alta de urgencias sino con el alta médica, es decir, cuando se resuelve el problema de salud que dio lugar a la urgencia.

En cuanto a la atención a las personas especialmente frágiles (personas menores, mayores, con enfermedad mental, en riesgo social…), los defensores recomiendan como medida más eficaz el poder estar acompañados por sus familiares o allegados.

El estudio también invita a mejorar los métodos de triaje, así como la introducción de programas de calidad en el ámbito de los servicios hospitalarios de urgencias, que es hoy en día una exigencia legal y, al mismo tiempo, una garantía del adecuado funcionamiento de estos servicios.

 

El contenido íntegro del informe se puede consultar en nuestra página web: http://www.elsindic.com/documentos/408_Urgencias_definitivo.pdf

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