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Luna muestra su preocupación por la demora de la Agència en reaccionar y destaca el riesgo de realizar obras en suelos inundables

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, insta a la Agència Valenciana de Protecció del Territori (AVPT) a adoptar medidas urgentes para investigar todas las denuncias recibidas y tramitar los expedientes de restauración de la legalidad urbanística y sancionadores. Además, pide que la Agència cuente con los medios necesarios para iniciar de oficio las inspecciones y restaurar la legalidad frente a actos que vulneren gravemente la normativa urbanística.

Así consta en la Resolución de Recomendaciones a la Administración, emitida por el Síndic, sobre la queja de oficio iniciada por la demora en la tramitación de miles de expedientes de restauración de la legalidad urbanística. Demora que fue señalada a esta institución por la propia Agencia Valenciana de Protección del Territorio (AVPT). Esta situación generó al Síndic una gran preocupación sobre la organización, los recursos humanos y materiales, y el funcionamiento actual de la AVPT. En particular, cuestionó su capacidad para servir a los intereses generales y cumplir con las competencias que le asigna la legislación.

Luna expresa su inquietud por los importantes retrasos de la Agència Valenciana de Protecció del Territori (AVPT) en reaccionar ante las denuncias ciudadanas. Esta preocupación se centra en que la adopción de medidas necesarias podría llegar demasiado tarde, teniendo graves consecuencias para la salud pública o el medio ambiente. El defensor destaca el riesgo de realizar obras de construcción en suelos no urbanizables, como zonas inundables, que podrían causar problemas graves en caso de lluvias torrenciales o episodios de DANA, fenómenos habituales en la Comunidad Autónoma.

Además, los retrasos en la respuesta a las denuncias por infracciones urbanísticas socavan la confianza de los ciudadanos en la democracia. Por ello, se considera que la administración autonómica debe actuar rápidamente y sin excusas para garantizar el funcionamiento adecuado de la AVPT, creada para asegurar el respeto a la legalidad urbanística en suelos no urbanizables y sancionar las infracciones graves o muy graves.

Por ello, el Síndic entiende que no resulta adecuado asumir que las demoras, carencias y deficiencias detectadas requieren de un periodo de tiempo más prolongado para ser corregidas, como apunta en su informe la agencia investigada poniendo como excusa que, aunque la AVPT nació en 2021, sólo se puede entender completamente dotada a partir del inicio del año 2023, en que se ampliaron los puestos de trabajo.

En la resolución consta que “No parece adecuado crear un sistema que dé a un organismo autonómico toda la responsabilidad de gestionar y resolver asuntos urbanísticos, excluyendo a los municipios, sin asegurarse primero de que este organismo tiene los recursos y la capacidad necesarios para proteger y restaurar la legalidad urbanística de manera efectiva, especialmente en casos graves”.

Por otra parte, el Síndic considera fundamental que la AVPT no dependa exclusivamente de las denuncias de los Ayuntamientos o ciudadanos, sino que tenga mecanismos propios para detectar y actuar de oficio sobre infracciones graves.

Asimismo, insiste en que se debe garantizar el cumplimiento efectivo de las resoluciones de restauración de la legalidad y reforzar los mecanismos de ejecución subsidiaria en caso de incumplimiento, evitando la consolidación de obras ilegales.  Por ello, esta institución también recomienda que la Agència Valenciana de Protecció del Territori adopte todas las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento real y efectivo de las obligaciones asumidas por las administraciones locales adheridas y las personas que integran y prestan servicios en ellas.

Finalmente, Luna recuerda la importancia de que las administraciones urbanísticas reaccionen con prontitud y firmeza ante las denuncias, investigando y adoptando las decisiones necesarias para restaurar la legalidad urbanística. Aunque no siempre es fácil reaccionar rápidamente ante todos los ilícitos urbanísticos, las administraciones públicas competentes tienen la obligación de adoptar todas las medidas a su alcance para restablecer la legalidad con prontitud.

Consulta la resolución completa del Síndic sobre este asunto.