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Luna concluye que el consistorio desmanteló servicios esenciales para la atención de la población más vulnerable desde enero de 2025, incumplió la ley y obstaculizó la investigación con una actitud opaca y evasiva

El síndic de Greuges, Ángel Luna, ha emitido una dura resolución sobre la situación de los servicios sociales municipales en Alicante, tras una investigación de oficio iniciada en enero de este año. El detonante fue el cese de 175 profesionales adscritos al Contrato Programa 2021–2024, que finalizó el 31 de diciembre de 2024. Esta decisión, tomada por el Ayuntamiento, ha tenido consecuencias directas en la atención a personas en situación de vulnerabilidad, generando listas de espera de hasta cuatro meses y una merma significativa en la calidad de los servicios prestados.

La investigación del Síndic revela que el consistorio alicantino no sólo ha incumplido la ratio mínima de personal exigida por la Ley 3/2019 de Servicios Sociales Inclusivos, sino que además ha mostrado una preocupante falta de colaboración institucional. A pesar de los reiterados requerimientos de información, el Ayuntamiento ha ofrecido respuestas incompletas, imprecisas y, en muchos casos, contradictorias con actas oficiales. Esta actitud ha dificultado gravemente el trabajo del Síndic, que denuncia la opacidad del consistorio y su negativa a asumir responsabilidades en un ámbito tan sensible como el de los servicios sociales.

En su resolución, el Síndic recuerda que el Ayuntamiento de Alicante está obligado por ley a garantizar que los servicios sociales cuenten con el personal necesario para atender adecuadamente a la ciudadanía, especialmente en áreas como dependencia, personas en riesgo de exclusión, infancia, discapacidad y salud mental.

Asimismo, el defensor reclama al consistorio que proceda de forma urgente a contratar al personal necesario, que evalúe el impacto de la situación en la población usuaria y que adopte medidas para paliar las consecuencias generadas. También pide a la Conselleria que cumpla con su deber de ejercer funciones de inspección, control de calidad y potestad sancionadora para asegurar el cumplimiento de la ley.

El impacto de esta reducción de plantilla —que afecta a casi el 50 % del personal de servicios sociales según la memoria municipal de 2023— ha sido especialmente grave en servicios esenciales como el de atención a personas con enfermedad mental (SASEM), el equipo de intervención con infancia y adolescencia (EEIIA), el equipo de atención a mayores en riesgo (EIMAD), el servicio de acogida, la asesoría jurídica y la atención a entidades sociales. La ciudadanía más vulnerable ha visto deteriorada la atención que recibe, en un contexto demográfico marcado por el envejecimiento y la alta dependencia, como recoge el propio Plan Estratégico Zonal de los Servicios Sociales de Alicante 2023–2026.

Más de 300.000 euros devueltos por falta de ejecución de programas y de contratación

En la información aportada por el Ayuntamiento de Alicante queda de manifiesto que este devolvió más de 309.000 euros a la Conselleria de Igualdad en 2025 por no justificar parte de la subvención recibida en el marco del Contrato Programa 2021-2024. Esta devolución se debió a la falta de ejecución de programas sociales comprometidos y a la no contratación del personal previsto, como psicólogos, educadores sociales y agentes de igualdad. También quedaron sin justificar fondos destinados a iniciativas como Barrios Inclusivos, Ayuda a Domicilio, Menjar a Casa, Igualdad y LGTBI.

Aunque el pasado 15 de julio se aprobó un nuevo Contrato Programa para el periodo 2025-2028, a día de hoy no consta la incorporación del personal necesario según la ley de servicios sociales, una situación que se arrastra desde el 1 de enero de este año.

La Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, por su parte, informó al Ayuntamiento de la continuidad del Contrato Programa para el periodo 2025–2028, garantizando la financiación retroactiva desde el 1 de enero de este año. Además, emitió circulares y certificados presupuestarios, y ofreció reuniones técnicas para asegurar la estabilidad laboral del personal. Sin embargo, el Ayuntamiento no incorporó a los profesionales en su plantilla ni adoptó medidas para evitar los despidos, incumpliendo así sus obligaciones legales y provocando una situación de colapso en los servicios sociales municipales.

El Síndic concluye que el Ayuntamiento ha incumplido su deber de garantizar la prestación de los servicios sociales de atención primaria básica y específica de su competencia, ha vulnerado los derechos de las personas usuarias al no asegurar la continuidad de la atención, y ha ignorado las obligaciones de consolidación de plantilla previstas en la normativa vigente. Además, denuncia que la Conselleria, pese a haber actuado con mayor diligencia, no ha adoptado medidas firmes para revertir las deficiencias detectadas ni para garantizar una respuesta rápida ante el problema.

La crisis de los servicios sociales en Alicante no es fruto de una contingencia inesperada, sino de una falta de previsión y de gestión institucional que ha comprometido gravemente la atención a quienes más la necesitan. El Síndic advierte que esta situación podría constituir una infracción muy grave, al superar el umbral del 20 % de incumplimiento de plantilla establecido por la ley, y exige responsabilidades a ambas administraciones para restablecer cuanto antes la legalidad y la dignidad en la atención social.

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