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Tras la entrada en vigor del Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, que recoge las medidas de racionalización del sistema de dependencia, el Síndic de Greuges ha recibido numerosas quejas y consultas sobre la rigurosa aplicación del criterio de excepcionalidad de la prestación para los cuidadores no profesionales. Al parecer, hasta la fecha, la Conselleria de Justicia y Bienestar Social venía concediendo esta prestación, que en la Ley tiene carácter de excepcionalidad, de forma generalizada; lo que ha posibilitado que las personas en situación de dependencia puedan haber sido cuidadas por sus familiares. Al parecer, el criterio de excepcionalidad exigido por la Conselleria, en la actualidad, está siendo aplicado en su sentido más riguroso.

Según las personas afectadas que han acudido al Síndic, los Programas Individuales de Atención con opción a cuidador no profesional que no hubieran sido resueltos hasta el momento, independientemente de la fecha de solicitud (algunas de ellas con más de dos años), deberán ser revisados y modificados conforme a las nuevas directrices de la Conselleria de Justicia y Bienestar Social.

A la vista de esta situación, Cholbi ha decidido abrir una queja de oficio, a la vez que seguirá tramitando cuantas quejas individuales le lleguen en este sentido.

El Síndic, por su parte, ha mostrado su preocupación por si este nuevo criterio de la Conselleria puede suponer, no ya la paralización de expedientes iniciados hace dos y hasta tres años, sino un retroceso en su tramitación, puesto que se encuentran con que tienen que elaborar una nueva Resolución, incrementando así la demora que acumulan dichos expedientes.

Este es el caso, investigado por el Síndic, de una ciudadana de 102 años que, tras dos años y medios de tramitación, ha visto como debe esperar a que se le revise el recurso de cuidador que ya tenía aprobado, ante la desesperación de sus familiares, que están realizando un gran esfuerzo económico para atender a una persona que necesita cuidados las 24 horas del día.

El Síndic considera que los cuidadores no profesionales vienen realizando una importante función social que, por un lado, supone un considerable ahorro de fondos públicos en materia social y sanitaria, puesto que se trata del recurso más económico para la Administración y, por otro, han venido supliendo la insuficiencia de recursos públicos (centros de día, residencias…) para dar servicio a la demanda existente.