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La institución exige a la Conselleria que respete las garantías legales de los viajeros y revise el sistema de validación de los billetes

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, cuestiona duramente la actuación de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) y de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio por aplicar recargos a usuarios del TRAM d’Alacant sin seguir el procedimiento sancionador que marca la ley. La institución considera que estas prácticas, presentadas como “regularización del billete”, encubren sanciones que vulneran derechos fundamentales y reclama cambios urgentes para proteger a los ciudadanos.

El defensor abrió una investigación tras recibir la queja de una ciudadana que viajaba en la línea Benidorm-Dénia del TRAM d’Alacant y fue obligada a abonar 20 euros por un billete irregular. Según explica la afectada, tanto ella como su acompañante validaron correctamente su tarjeta azul del TRAM en el dispositivo del vagón, sin que el sistema mostrara ningún error. No obstante, una revisora les informó que ese título no era válido para la línea en la que viajaban y les exigió el pago inmediato de una “regularización”, advirtiéndoles que, de no hacerlo en el acto, se les impondría una sanción de 100 euros. Ante esa amenaza, optaron por pagar en el momento, beneficiándose del descuento del 80% que se aplica por pronto pago.

La afectada presentó una reclamación en la estación de Benidorm, pero recibió una respuesta que justificaba la actuación del personal ferroviario sin atender sus explicaciones ni verificar la validación realizada.

Tras analizar el caso, el Síndic concluye que lo ocurrido no puede considerarse una simple regularización contractual, sino una sanción encubierta que se impone sin respetar las garantías legales previstas en la Ley del Procedimiento Administrativo. La institución denuncia que el importe exigido —hasta 100 euros por un error en un billete de menos de cinco— resulta desproporcionado y vulnera el principio de proporcionalidad recogido en la Constitución Española.

Además, Luna subraya que el sistema de validación del TRAM permitió el uso de una tarjeta no válida sin avisar del error, lo que provocó que la afectada creyera que todo estaba correcto. Esta situación, según la institución, compromete el principio de confianza legítima y buena fe administrativa, y pone en evidencia fallos en el funcionamiento del sistema que no pueden ser trasladados al ciudadano.

El defensor también critica que FGV no dé a los usuarios la oportunidad de explicar su caso ni les entregue una respuesta oficial que justifique el cobro. Esto impide que puedan defenderse. Por eso, pide a la Conselleria que revise el sistema actual, respete los derechos de los pasajeros y se asegure de que no se les obligue a pagar sin una base legal clara ni un proceso justo.

Finalmente, el Síndic recuerda que la Administración tiene la obligación de informar adecuadamente a los usuarios, facilitar la subsanación de errores y actuar conforme a los principios de buena administración. En este caso, considera que no se ha hecho así y reclama medidas para que no se repitan situaciones similares en el futuro.

Consulta la resolución completa: 12376205.pdf