Comparecencia del síndic para defender el Informe anual 2021

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha comparecido hoy ante la Comisión de Peticiones de les Corts Valencianes para defender el Informe anual de la institución correspondiente al ejercicio 2021. Una comisión que ha estado encabezada por el presidente de la cámara, Enric Morera, y que se ha celebrado en el hemiciclo de la misma. A la comparecencia han asistido también la adjunta primera y el adjunto segundo, Concha Bru y Carlos Castillo, respectivamente.

Al inicio de su intervención, el síndic se ha ofrecido a comparecer ante les Corts cuantas veces sea necesario y «no solo para debatir el informe anual, algo que ya se hace en otros parlamentos» ha apuntado Luna.

Luna ha presagiado que las necesidades sociales serán cambiantes en los próximos tiempos, debido en parte a las consecuencias de la pandemia de la Covid y la invasión rusa de Ucrania. Partiendo de ese escenario, ha reclamado mayor «flexibilidad» y «eficacia» a las administraciones públicas y a sus funcionarios, revisar los procedimientos y elaborar diseños pro ciudadanos que sean capaces de hacer frente a estos nuevos retos.  Luna no ha dudado en señalar que «los paganos fundamentales en todo este contexto socioeconómico tan complicado que se nos avecina serán las personas más vulnerables».

En materia de transparencia y acceso a la información, Luna ha destacado el incremento significativo de las quejas presentadas en 2022 por parte de cargos electos por no poder acceder a información a la que tienen derecho. En este sentido, ha lanzado un reproche a aquellos alcaldes que «piensan que la información que tienen es de su propiedad» y ha augurado que «si seguimos en esa deriva, socavaremos la democracia».

También en materia de transparencia, pero esta vez de la institución del Síndic de Greuges, Luna ha anunciado que, a partir de hoy, se publicarán en nuestra página web las administraciones «no colaboradoras» con el defensor autonómico. Según el síndic, «es una manera de extender el control social» al permitir a la ciudadanía consultar aquellos expedientes en los que las diferentes administraciones no han colaborado con esta institución. Un comportamiento que, según el síndic, supone una devaluación de las instituciones.