Hoy queremos recordar el papel del Síndic a la hora de defender los derechos de las personas consumidoras en sus relaciones con las administraciones públicas. En este sentido, subrayamos las quejas recibidas por consumidores en relación con la adecuada prestación del servicio de suministro de agua potable, así como los problemas de los usuarios para contratar este servicio debido a las demoras de los ayuntamientos en conceder la licencia de primera ocupación. Últimamente, el defensor valenciano está recibiendo numerosas quejas relacionadas con el pago del bono social térmico, un programa de ayudas dirigido precisamente a los consumidores más vulnerables.
En relación con los derechos de los consumidores, también destacan las quejas que nos llegan por la falta de respuesta a las reclamaciones que los consumidores presentan ante las direcciones territoriales de Industria y Energía. La mayoría de estas reclamaciones hacen referencia a las facturas exorbitadas emitidas por la empresa suministradora – de agua o eléctrica- en base a una supuesta manipulación del contador por parte del usuario.
Sobre esta problemática, el Síndic de Greuges se ha pronunciado recientemente en una resolución. Esta institución entiende que se persiga el fraude eléctrico siempre y cuando los derechos de los consumidores queden garantizados durante el proceso. Sin embargo, en la mayoría de los casos, el consumidor no recibe aviso alguno sobre las actuaciones de inspección realizadas por la compañía eléctrica y se encuentra con que la misma ha cambiado o sustituido el equipo de medida sin avisarle, no existiendo por tanto la prueba o forma de verificar la situación y estado del contador.
Según el Síndic, «esta forma de proceder deja en total indefensión al consumidor». De ahí que haya recomendado a la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo que, ante una posible manipulación del contador –en este caso de luz-, solicite pruebas contundentes y oportunas.
Aquí puedes consultar nuestra resolución.
