El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha planteado a la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo que, ante la posibilidad de una posible manipulación del contador, solicite pruebas contundentes y oportunas al entender que las pruebas aportadas por la compañía suministradora dejan en total indefensión al consumidor.
La intervención del Síndic se inició tras la queja presentada por una ciudadana ante la falta de respuesta a un recurso de alzada por una supuesta manipulación del contador de luz. La actuación del defensor se centró, por una parte, en la falta de respuesta, y por otra, en la función de inspección y supervisión en materia energética que debe llevar a cabo la Conselleria ante la acusación de la compañía eléctrica de manipulación del contador.
En relación a la primera cuestión -el silencio administrativo- Luna urge a la Conselleria a resolver sin más demora el recurso presentado por la ciudadana hace más de 17 meses.
Sobre la cuestión de fondo, esta institución entiende que se persiga el fraude eléctrico siempre y cuando los derechos de los consumidores queden garantizados durante el proceso. Sin embargo, en la mayoría de los casos, el consumidor no recibe aviso alguno sobre las actuaciones de inspección realizadas por la compañía eléctrica y se encuentra con que la misma ha cambiado o sustituido el equipo de medida sin avisarle, no existiendo por tanto la prueba o forma de verificar la situación y estado del contador.
En estas situaciones, el Síndic estima que el consumidor está indefenso: «nos encontramos ante una posición de abuso de poder por parte de la compañía, siendo ésta juez y parte en la detección del fraude. Los consumidores se ven acusados sin pruebas suficientes, sin haber estado presentes en la inspección del contador y sin que el acta del técnico de la compañía incluya la firma de ningún testigo, de tal forma que el consumidor se ve abocado a abonar lo que le exigen si no quiere que le corten el suministro».
De ahí que el defensor considera necesario impulsar otro mecanismo que conceda más garantías al consumidor: «simplemente con la “palabra” de la compañía eléctrica, y remitiendo al ciudadano una carta comunicando el fraude y reclamando el pago de la refacturación sin más, no debería ser suficiente, sino que debería existir la verificación de un tercero, o que la manipulación sea certificada por un organismo de control o supervisión, bien sea por una empresa privada autorizada por la Generalitat o por cualquier otra forma».
Consulta la resolución del Síndic sobre este asunto.