El 22 de febrero conmemoramos el Día Europeo de la Igualdad Salarial. Un día para visibilizar que la brecha salarial todavía existe en nuestra sociedad y concienciar de que debemos seguir trabajando para erradicarla. El incumplimiento de este derecho fundamental afecta la independencia económica de las mujeres no solo durante su vida laboral sino también en su jubilación.
Hasta ahora, la falta de transparencia salarial ha impedido a los trabajadores conocer las diferencias retributivas por la realización del mismo trabajo y por tanto, las posible víctimas tenían más difícil acudir a la justicia. En 2019, el Comité Europeo de Derechos Sociales identificó la falta de transparencia salarial como uno de los principales obstáculos para la aplicación del principio de igualdad salarial.
Afortunadamente, parece que las cosas empiezan a cambiar. En marzo de 2021, la Comisión Europa propuso una directiva para reforzar la aplicación del principio de igualdad retributiva entre hombres y mujeres. El documento incluye una serie de mecanismos de transparencia retributiva en los centros de trabajo, contempla sanciones para quienes las incumplan y mejora el acceso a la justicia a las víctimas de discriminación salarial.
En España, en abril de 2021, entró en vigor el Real Decreto 902/2020 de Igualdad Retributiva entre hombres y mujeres, obligando a todas las empresas a tener un registro salarial de toda su plantilla, incluido el personal directivo y los altos cargos. El objetivo: garantizar la transparencia y el derecho a la igualdad de trato y no discriminación entre hombres y mujeres en materia retributiva.
Indudablemente, queda mucho camino por recorrer. La igualdad de género, y concretamente la igualdad salarial, sigue siendo, a día de hoy, un desafío ineludible al que se comprometieron los estados miembros de Naciones Unidas cuando aprobaron la Agenda 2030 que detalla 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Hoy recordamos el Objetivo 5: lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas.