El Síndic apremia a El Campello a adecuar la red de evacuación y saneamiento para evitar más vertidos en la Playa de la Almadraba

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha dirigido al Ayuntamiento de El Campello una resolución que pretende solucionar el problema de los vertidos de aguas fecales en la Playa de la Almadraba.  Para ello, el defensor valenciano ha instada a impulsar, con la mayor diligencia y brevedad, la tramitación del proyecto de adecuación de los sistemas de evacuación y saneamiento, así como el posterior mantenimiento de esta red municipal. Asimismo, el defensor ha requerido que se le informe mensualmente sobre el estado de tramitación del procedimiento de aprobación del referido proyecto.

Esta institución inició su investigación tras la queja presentada por los vecinos de las urbanizaciones colindantes en la que denunciaban la inactividad del consistorio ante la avería de la estación de bombeo de aguas residuales (EBAR) de L’Almadrava. De acuerdo con la misma, a consecuencia de la avería se produjo una cascada de vertidos de aguas fecales en la playa y zonas verdes. Los vecinos también insisten en que esta situación es habitual tras las lluvias o fallos del sistema de impulsión.

En su resolución, el Síndic recapitula las diferentes normas que atribuyen a las corporaciones locales la competencia y la responsabilidad legal en materia de tratamiento y evacuación de aguas residuales. Atendiendo a las mismas, Luna advierte que corresponde a estas administraciones «el control de vertidos a las redes municipales de alcantarillado, incluyendo la adopción de medidas correctoras cuando sean necesarias». En este sentido, el Ayuntamiento de El Campello tiene el deber y la obligación de paliar las deficiencias detectadas que, según se desprende del propio informe municipal remitido a esta institución, radican fundamentalmente en «el elevado caudal que entra en poco tiempo en situaciones de fuertes lluvias, al estar conectada la red de pluviales y fecales”; una circunstancia que está afectando de manera evidente y directa a los derechos constitucionales a la salud y a un medio ambiente adecuado de los vecinos de la zona.

Además, el Sindic considera que el problema no acaba con la creación de la infraestructura, sino que es necesario establecer un sistema de gestión que garantice su mantenimiento.

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