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El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi,  abrió hace unos meses una queja de oficio relacionada con el cuidado y protección de las personas mayores en la Comunidad Valenciana. La actuación de esta institución se produjo tras tener conocimiento de algunas situaciones lamentables en las que personas mayores y/o con algún grado de dependencia habían sido agredidas físicamente por sus cuidadores o se habían producido abusos de confianza  o engaños que había provocado el expolio económico de las personas cuidadas, aprovechándose de su debilidad física y/o mental y soledad.

Ante el incremento de personas ancianas que recurren a la ayuda de cuidadores y cuidadoras ajenas a su entorno familiar, bien a través de una relación contractual privada, bien a  través de la figura del cuidador no profesional prevista legalmente, el defensor del pueblo valenciano apostaba por el desarrollo de protocolos o procedimientos de supervisión y de control de estos recursos asistenciales.

Sobre este asunto, la Sindicatura entiende que “la supervisión directa de estas relaciones, entre cuidador/a y persona cuidada, ha de asumirse como un nuevo reto por parte de las administraciones en un momento en que la esperanza de vida aumenta sensiblemente y cada vez más es mayor el número de personas ancianas que recurren a esta ayuda asistencial en su propio domicilio.” Es decir, la Administración debe garantizar que la persona necesitada de cuidados no quede a expensas de la voluntad de su cuidador/a si no hay un entorno familiar o social próximo que supervise esa relación.

Recientemente, hemos recibido la contestación de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas en la que comunica que son conscientes de la carencia de un protocolo de actuación que permita intervenir ante las situaciones de maltrato a personas mayores y que están trabajando en la redacción del mismo. La finalidad del documento será describir las actuaciones a realizar por los profesionales de los servicios sociales municipales cuando tengan conocimiento o sospechen que una persona mayor pueda encontrarse en una posible situación de maltrato.

De acuerdo con la Conselleria, este protocolo pretende dotar de los instrumentos necesarios, comunes y homogéneos, para la detección, valoración e intervención para todos los profesionales implicados en la atención social, de forma coordinada con las actuaciones del sistema sanitario, social, policial y judicial.

Desde el S&iaciacute;ndic, valoramos positivamente esta decisión y esperamos que la aprobación e implantación del mismo sea una realidad en un futuro inmediato para así dar respuesta a las situaciones descritas.