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Luna discrepa de la Conselleria, que negó cualquier vulneración de derechos, y le exige revisar los mecanismos para evitar que vacantes esenciales tarden meses en cubrirse

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, considera que la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades vulneró el derecho a la educación del alumnado del CEIP Lluís Vives de Ontinyent al tardar más de cuatro meses en cubrir la baja de una educadora infantil, dejando sin apoyo especializado durante medio curso a niños y niñas de educación infantil, entre ellos alumnado con necesidades educativas especiales.

La resolución tiene su origen en una queja presentada por un representante de la AFA del centro en marzo de 2026. La asociación había reclamado previamente a la Conselleria, sin obtener respuesta, información sobre las gestiones realizadas para cubrir la baja, producida el 8 de octubre de 2025.

Durante la tramitación de la queja, la Conselleria defendió que había actuado conforme al procedimiento previsto: la plaza fue creada el 23 de febrero de 2026, adjudicada el 27 de febrero y cubierta el 9 de marzo mediante un procedimiento de difícil cobertura. La Administración sostuvo que no se había vulnerado ningún derecho y que la cobertura se realizó en el menor plazo posible dentro del marco legal.

Sin embargo, el Síndic no comparte en absoluto esa valoración y advierte que si medio curso es el menor plazo posible, es imprescindible revisar los mecanismos existentes. Luna también le recuerda a la administración educativa que no solo debe cumplir los trámites previstos, sino garantizar la continuidad efectiva del servicio en los plazos más breves posibles, con independencia de las exigencias procedimentales.

La institución considera además que la Conselleria no facilitó a las familias la información que tenían derecho a conocer: no constan las fechas ni las actuaciones de la Inspección Educativa ni de la Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa durante el periodo en que se acumuló el mayor retraso, entre octubre de 2025 y la segunda quincena de febrero de 2026.

Por todo ello, el Síndic recomienda a la Conselleria que responda de forma completa a las solicitudes de información y que adopte las medidas necesarias para que situaciones similares no vuelvan a producirse. La resolución insta además a respetar los derechos lingüísticos de la ciudadanía, evitando la mezcla de castellano y valenciano en las comunicaciones administrativas.

Consulta la resolución del Síndic sobre este asunto.