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Actualidad del Síndic
El Síndic prepara un informe especial a las Cortes sobre la red de atención integral a la violencia de género en la Comunidad Valenciana
25-01-2016El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana se ha dirigido a todas las Consellerias, a las tres diputaciones provinciales y a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes de la Comunidad Valenciana para solicitarle datos detallados sobre los dispositivos de atención a las mujeres víctimas de maltrato y a sus hijas e hijos.
Asimismo, en el ámbito de la investigación, esta institución ha solicitado la colaboración de los agentes sociales y asociaciones de mujeres, profesionales de los equipos de atención, así como mujeres usuarias que trabajan en la Comunidad Valenciana en la protección de las víctimas y erradicación de la violencia de género.
La información recabada servirá para que el defensor del pueblo valenciano pueda evaluar la respuesta que las distintas administraciones públicas vienen prestando para la atención, protección y/o inserción de las víctimas de la violencia de género. Los resultados de esta investigación, así como las conclusiones y recomendaciones correspondientes serán presentados a las Cortes Valencianas a modo de informe especial para que éstas tengan un conocimiento pormenorizado de esta realidad y puedan hacer uso del mismo en su actividad parlamentaria.
En el año 2005, el Síndic de Greuges hizo público el primer informe en el que se analizaba esta problemática, ofreciendo una serie de recomendaciones a las carencias detectadas. Durante este periodo de tiempo, ha habido avances tanto en el marco normativo como en la creación de mecanismos y dispositivos de atención a las víctimas de violencia de género y en las actuaciones dirigidas a sensibilizar y concienciar a la sociedad.
Sin embargo, las cifras en general y el número de víctimas en particular obligan a seguir trabando con firmeza para acabar con esta lacra social que sigue cercenando la vida de tantas mujeres. La persistencia de esta violencia es un escollo grave para la protección de los derechos humanos más elementales. Los poderes públicos no pueden rehuir su responsabilidad a la hora de garantizar la integridad física y moral de las mujeres y sus hijos/as víctimas de esa violencia.