Se ha avanzado mucho en el reconocimiento legal de los derechos ciudadanos pero sin dotación de recursos materiales y humanos
El síndic de greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha entregado el Informe Anual de 2018 a las Cortes. El documento, que también recoge las tablas con la actividad de la institución en cifras (págs. 17-28), está disponible en la web www.elsindic.com.
Tal y como recoge la memoria, en 2018 el Síndic llevó a cabo 23.165 actuaciones en defensa de los derechos de la ciudadanía, de las que 3.165 corresponden a quejas tramitadas por la institución (12.162 presentadas por ciudadanos y 40 de oficio) y 10.963 consultas atendidas por su Oficina de Atención Ciudadana.
Asimismo, durante 2017 el Síndic dictó 6.861 resoluciones para mejorar las actuaciones y el servicio ofrecido por la Administración local y autonómica.
La memoria pone de relieve que en los últimos años se ha avanzado mucho en el reconocimiento legal de derechos ciudadanos, pero sin acompañarlos de dotación económica para recursos materiales y humanos. De ahí las numerosas quejas derivadas de los retrasos en la resolución de expedientes administrativos en demanda de prestaciones o ayudas previstas por ley.
De hecho, las demoras en la tramitación de expedientes administrativos de dependencia, vivienda, servicios sanitarios o ayudas siguen siendo el principal motivo de queja de la ciudadana (págs.40-41).
El Informe del Síndic también destaca la inoperatividad de la Ley de Regulación de los Procedimientos de Emergencia Ciudadana aprobada por la Generalitat en 2016, como ya hizo el año anterior. Prueba de ello es que cuando la institución tramita una queja para requerir a la administración que otorgue al ciudadano la prestación que ha solicitado, y que lo haga en el plazo legal previsto, la respuesta es un escrito aceptando la resolución pero indicando de forma generalizada que resolverá el problema en el futuro. Respecto de la solución concreta a la demanda planteada en la queja no se explicita nada.
Aumentan un 45% las quejas derivadas de la Ley de Transparencia
Por otra parte, cabe resaltar que las quejas derivadas de la aplicación de la Ley de Transparencia han aumentado un 45%, pasando de 253, en 2017, a 369, en el periodo del que ahora damos cuenta. La mayor parte de ellas corresponden a los apartados de participación pública y transparencia (págs. 85-87).
La entrada en vigor de la citada Ley de Transparencia estimuló la presentación de quejas de los ciudadanos por falta de respuesta de las administraciones a sus solicitudes de acceso a la información pública. Otra vertiente de las quejas relativas a la falta de transparencia son aquellas que radican en la patrimonialización de la información por parte de los equipos de gobierno en detrimento de los representantes de la oposición.
Falta de recursos y problemas de gestión en los centros de menores
En lo que respecta a la protección de los derechos de la Infancia y Adolescencia, el Síndic de Greuges ha venido insistiendo a través de sus recomendaciones y en el informe a las Cortes correspondiente a 2017 en la necesidad de elaborar una planificación estratégica del sector. Finalmente en 2018 se aprobó la Lay que prevé la elaboración de dicha estrategia valenciana, aunque no establece un plazo para su elaboración.
La falta general de recursos y los problemas en la gestión de los centros de menores; los niños y adolescentes en situación de guarda o tutela y, por tanto, separados de su familia biológica -4.123 niños separados de su ámbito familiar; la situación de los adolescentes que llegan a la mayoría de edad tutelados por la administración autonómica; y la atención a menores extranjeros no acompañados son otras preocupaciones que el Síndic hace constar en la memoria recién entregada a las Cortes.
A principios de 2018 concluyó una queja de oficio impulsada por el Observatorio del Menor del Síndic, para ahondar sobre la atención que reciben los niños y adolescentes ingresados en centros específicos para menores con problemas de conducta. La investigación dio lugar a la publicación de un informe que puede ser consultado en el apartado de Publicaciones de nuestra página web: Centros de protección específicos de menores con problemas de conductas.
La situación de la vivienda pública en la Comunitat Valenciana es el título de otro informe especial que el Síndic presentó en las Cortes en abril de 2018. Un estudio monográfico que analiza en profundidad el panorama actual de la vivienda pública –principalmente por la nueva Entitat Valenciana de l’Habitatge i Sòl) y ayuntamientos- para fines sociales para atender a los colectivos más vulnerables y desfavorecidos (pág. 69). El estudio evidenciaba la falta de vivienda pública para este uso en la Comunitat. Al igual que el resto de nuestros informes, aparece en las publicaciones de nuestra web.
En el ámbito de la salud el motivo más recurrente de las quejas son los retrasos en recibir asistencia sanitaria, tanto en pruebas diagnósticas como en atención. La memoria también contempla los obstáculos para hacer real el derecho a la salud de las personas extranjeras (págs. 43-45).
