El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, se ha dirigido a las cuatro Consellerias implicadas (Sanidad; Educación, Formación y Empleo;  Justicia y Bienestar Social; y Turismo, Cultura y Deporte) para solicitarles información relativa a las prestaciones que los penados reciben en los centros penitenciarios de nuestra Comunidad.

De acuerdo con la legislación penitenciaria, el mantenimiento de los centros penitenciarios es una cuestión que corresponde en exclusiva al Estado. No obstante, Cholbi puntualiza en su escrito que existe todo un universo de prestaciones públicas vinculado al sistema penitenciario a la que los penados, en régimen de igualdad con el resto de ciudadanos, tienen derecho y cuya prestación compete directamente a la Comunidad Autónoma en las que se encuentra ubicado el establecimiento penitenciario.

De esta forma, el defensor ha especificado que las necesidades educativas, sanitarias, de formación e instrucción laboral, de atención a las situaciones de enfermedad mental, etc constituyen un conjunto de prestaciones que, en nuestro caso, la Generalitat Valenciana, debe planificar, ejecutar y atender.

Por todo ello, el Síndic ha abierto una investigación de oficio en la que analizará la intervención de la Generalitat Valenciana en el sistema penitenciario, en relación con las competencias sanitarias y educativas que legalmente le corresponden.

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha admitido a tramite la queja presentada por un ciudadano oriolano en relación con la reducción de horarios aplicada desde el pasado 1 de marzo en la Biblioteca Pública Fernando de Loaces, gestionada por la Generalitat Valenciana.

De acuerdo con el autor de la queja, el nuevo horario es únicamente de 9 a 14 horas, dejando a una ciudad como Orihuela, que carece de biblioteca municipal, sin un servicio bibliotecario efectivo. El afectado se lamenta que sin el horario vespertino se priva a los estudiantes oriolanos y a muchas personas trabajadoras de la posibilidad de acceder a un espacio para el estudio o la consulta de información. Asimismo, el nuevo horario de la biblioteca también es incompatible con el horario escolar, por lo que la sala infantil va a quedar obsoleta, al negarle la oportunidad a los más pequeños de acercarse a los libros y a la lectura, por lo que solicita la reapertura vespertina de este establecimiento público.

Por todo ello, Cholbi se ha dirigido a la Conselleria de Turismo, Cultura y Deporte para solicitarle información relativa a los hechos denunciados y demás circunstancias concurrentes necesarios para la investigación de este asunto.

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, se ha dirigido al Ayuntamiento de La Font de la Figuera y a la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente para solicitarle información sobre la instalación de una antena de telefonía móvil en el término municipal de La Font de la Figuera, en concreto en el Polígono industrial San Cristóbal. 

Al parecer, los vecinos  no están en contra de la instalación, pero sí de su ubicación, ya que la antena, que se instaló hace unas semanas, está a pocos metros de un depósito de agua potable que abastece a toda la población, a escasos metros de las primeras viviendas, a 400 metros del centro de salud y a 600 metros del centro educativo y de la guardería infantil.

Por su parte, Cholbi ha solicitado al ayuntamiento de La Font de la Higuera copia de la Ordenanza Municipal reguladora de la instalación de la antena de telefonía móvil y de la licencia de obra y actividad, otorgada por el Ayuntamiento a la empresa de telefonía móvil. Asimismo, el síndic también ha requerido a la corporación un informe técnico para esclarecer si la antena cumple con lo establecido en el Art. 8.7 d) del Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, que señala que la ubicación, características y condiciones de funcionamiento de las estaciones radioeléctricas debe minimizar, en la mayor medida posible, los niveles de emisión sobre espacios sensibles, tales como escuelas, centros de salud, hospitales o parques públicos.

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, se ha dirigido a la Conselleria de Justicia y Bienestar Social para requerirle información relativa a la aplicación del decreto 18/2011, de 25 de febrero, por el que se establece el procedimiento para reconocer el derecho a las prestaciones del sistema valenciano para las personas en situación de dependencia. Dicho decreto viene a sustituir al decreto 17/2007 de 28 de septiembre.

La finalidad de esta nueva normativa es obtener la máxima eficacia y celeridad en la tramitación de los expedientes, estableciendo un plazo límite de 6 meses para resolver tanto el reconocimiento de la situación de dependencia  como la aprobación del Programa Individual de Atención.

En los escritos presentados ante el Síndic, los afectados manifiestan que no se están cumpliendo con dichos plazos para resolver los expedientes de los dependientes y añaden que en el año que está en vigor dicho decreto (2011) no han resuelto ni un solo expediente conforme al mismo.

El Ayuntamiento de Castellón ha decidido inspeccionar a través de sus servicios técnicos un bar situado en la capital de La Plana tras la recomendación hecha por el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana. El establecimiento cuenta con una licencia que tiene más de doce años de antigüedad y ha sido denunciado en repetidas ocasiones por las molestias producidas por su actividad, tales como ruidos, humos y olores.

José Cholbi se dirigió al alcalde de Castellón ante la falta de respuesta del Consistorio a las denuncias presentadas por varios particulares que demandaban información sobre la licencia ambiental de la actividad de un bar. En respuesta al síndic, el Ayuntamiento de Castellón hacía referencia a los antecedentes del expediente de concesión de licencia de actividad concluyendo al respecto que las instalaciones disponen de las autorizaciones preceptivas para el ejercicio de la actividad, en atención a las licencias tramitadas respecto al local.

Con respecto a las alegaciones formuladas por los denunciantes, la corporación municipal castellonense centraba su respuesta en el informe del técnico municipal que subrayaba que la chimenea de evacuación de humos de la cocina se ajusta al Plan General Municipal de Ordenación Urbana. El informe reconoce, asimismo, que el bar cuenta con una licencia, pero matiza que la antigüedad de la misma, más de doce años, así como las denuncias presentadas contra el establecimiento constituyen razones más que suficientes para modernizar la licencia y ordenar las medidas correctoras que sean necesarias a fin de ajustar la actividad real que se realiza en el local a la autorizada hace tantos años.

Finalmente, el Ayuntamiento de Castellón informa al defensor del pueblo valenciano que acepta su recomendación para realizar una visita de inspección al establecimiento a cargo de los servicios técnicos municipales.

Ver el contenido íntegro de la resolución del Síndic.

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi,  ha mostrado su satisfacción por la respuesta recibida del Ayuntamiento de Alicante a su recomendación para solucionar un problema de ruidos generados por la recogida de basura en las inmediaciones de la Plaza de España.

La investigación del síndic se inició tras la queja presentada por una afectada que, después de haberse dirigido al Ayuntamiento en varias ocasiones sin éxito, denunció ante el defensor de la Comunidad Valenciana que todos los días, de madrugada, y durante un tiempo prolongado (varias horas), se lleva a cabo en la plaza de España una actividad altamente ruidosa y molesta, consistente en el traspaso del contenido de camiones pequeños de basura a otros de mayor capacidad, lo que impide el descanso nocturno de los vecinos.

De acuerdo con el Síndic sería conveniente que los servicios técnicos municipales girasen visita de inspección para llevar a cabo mediciones de los niveles de emisión de ruido de la actividad denunciada y así determinar la realidad de las denuncias formuladas por esta ciudadana.

En su contestación, el delegado de Atención Urbana le comunica al Síndic la aceptación expresa a su recomendación y le informa que ha dado orden a los técnicos competentes, para que, después de realizar las investigaciones y mediciones que estimen necesarias, elaboren un informe sobre las medidas paliativas, que se deberán adoptar (….) para evitar o minimizar los perjuicios ocasionados a los vecinos que residen en la Plaza de España de Alicante.

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, se ha dirigido a la Conselleria de Economía, Industria y Comercio para instarle a modificar la normativa que regula la tasa para formular reclamaciones por los consumidores y usuarios en el sector energético. (Ley 9/2011, de la Generalitat)

La investigación del Síndic responde a la queja presentada por la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana ante esta Institución en la que manifestaba su disconformidad con la tasa de 33 euros aprobada por la Conselleria para poder formular reclamaciones por los consumidores y usuarios en materia correspondientes a electricidad y gas.

Según explicaba la Unión de Consumidores en su escrito un ciudadano que reclame una devolución de 15 euros, por exceso de facturación, no va a realizar nada, ya que el importe de 33 euros que debe pagar para ejercer sus derechos es superior al importe reclamado. Con esta tasa se evita que muchos ciudadanos quieran reclamar pequeñas cantidades porque al final pierden dinero y tiempo.

En su resolución, Cholbi razona a la Conselleria que tanto la Constitución Española como el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana establecen que la Administración debe garantizar la defensa de los consumidores y usuarios. Además, Cholbi ha indicado que, entre los derechos básicos de los consumidores de la Comunidad Valenciana (recogidos en la Ley 1/2011, de 22 de marzo de la Generalitat), se encuentra el de disponer de procedimientos eficaces de protección de sus derechos, en especial ante aquellas situaciones de inferioridad, subordinación o indefensión en que puedan encontrarse; la protección de sus legítimos intereses económicos y sociales; en particular frente a prácticas desleales o la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos.

El Síndic entiende que difícilmente se puede conseguir una adecuada protección de los consumidores y usuarios en materia energética, imponiendo una barrera para ello a modo de tasa. Cholbi mantiene que la relación entre consumidor y suministrador del servicio se encuentra en desequilibrio y, que en momentos de crisis, donde las reclamaciones se multiplican, se debería evitar poner trabas económicas como el pago de una tasa para ejercer el derecho a presentar una reclamación.

(Consultar contenido íntegro de la Resolución del Síndic)

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana se ha dirigido al Servicio Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF) para recordarle su obligación de informar en bilingüe a quienes requieran sus servicios, tanto personalmente como a través del teléfono. José Cholbi cita la Carta del Ciudadano de la Comunidad Valenciana que recoge los derechos que el ciudadano tiene garantizados por la Constitución Española y el resto del ordenamiento jurídico, y que literalmente señala que se atenderán adecuadamente las necesidades de la ciudadanía por medio de todos los canales disponibles; presencial, telefónico e Internet, entre otros, en los dos idiomas oficiales de la Comunidad Valenciana.

El síndic, José Cholbi, responde con esta recomendación a la queja presentada por un ciudadano de Elche que solicitó información telefónicamente al Servicio Valenciano de Empleo y Formación y recibió la respuesta únicamente en valenciano, no teniendo la opción de elegir la lengua para poder entender el contenido de la misma.

José Cholbi elevó un primer escrito al Servef dando cuenta de la queja del ciudadano y recibió como respuesta todo tipo de explicaciones, en especial, el gasto que suponía traducir todas las informaciones del Servef que están en valenciano al castellano.

Asimismo, en la respuesta se informaba que en la oficina de empleo fue atendido el ciudadano en castellano y se le pidieron todo tipo de excusas por la recomendación de aprender valenciano, que se hizo desde la buena fe y no como un requerimiento obligatorio para relacionarse con la Administración.

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, está elaborando un informe especial para examinar la actual atención que reciben los menores de 0 a 6 años en el sistema de protección a la infancia de la Comunidad Valenciana.

La protección a la infancia es un tema de especial preocupación para el Síndic; así lo demuestran los informes especiales y las quejas de oficio que, en los últimos años, han sido elaborados en torno a esta cuestión. En concreto, esta institución se muestra especialmente sensibilizada con la protección a la infancia más vulnerable, entre la que se encuentra los menores con edades comprendidas entre los 0 y 6 años. Su vulnerabilidad se debe tanto a su incapacidad de protección autónoma (física, psicológica y afectiva), como a la especial importancia que para su desarrollo integral tendrá el hecho de verse sometidos a circunstancias familiares y sociales de desatención extrema.

Esta semana, el adjunto segundo del Síndic, Carlos Morenilla, ha mantenido una reunión con una comisión de expertos formada por: técnicos de la Conselleria de Justicia y Bienestar Social, técnicos de los Servicios Especializados de Atención a Familia e Infancia (SEAFIS), directores de centros de menores, representantes de entidades de promoción y asistencia técnica de acogimiento y especialistas universitarios. En la misma, se ha abordado las distintas formas de intervención en los casos de menores en situación de riesgo. Según Morenilla, existe consenso en que la primera opción siempre debe ser potenciar y fomentar los programas de intervención familiar para evitar la separación del menor de su núcleo familiar, siempre que esto responda a su superior interés.

Asimismo, Morenilla mantiene que cuando no es posible la permanencia del menor con sus progenitores, la medida más favorable es el acogimiento familiar en cualquiera de sus modalidades (temporal, permanente, preadoptivo), evitando en cualquier caso la transitoriedad y la inestabilidad de la medida.

En la misma línea de actuación que esta Institución viene defendiendo desde hace años, el informe hace especial referencia a las posibilidades reales de potenciar el acogimiento familiar en el caso de aquellos menores que se encuentran ingresados en centros de acogimiento. No obstante, Morenilla reconoce que en algunos casos resulta muy difícil adoptar otra medida, bien por las características de los menores (enfermedades, discapacidades, etc), por las características de las familias o por causas atribuibles a la disponibilidad de las familias de acogida, por lo que es necesario mantener recursos de internamiento para la atención a menores de 0-6 años con especial dificultad de acogimiento familiar.

Actualmente, el síndic está analizando la información remitida por la Conselleria de Justicia y Bienestar Social, respecto al número de menores de 0 a 6 años acogidos en familias (y la modalidad del acogimiento) y el número de acogimientos residenciales, informando en ambos casos de la situación legal de los menores (desamparo/guarda).

Las recomendaciones que el Síndic realice en este informe tendrán en cuenta el contenido del Anteproyecto de Ley de Actualización de la Legislación sobre Protección a la Infancia, cuyo fundamento se encuentra en las recomendaciones realizadas por la Comisión especial del Senado de estudio de la problemática de adopción nacional y otros temas afines.

Los resultados de esta investigación se harán públicos próximamente en un informe especial que el Síndic presentará en las Cortes Valencianas y se podrá descargar en su página web www.elsindic.com.