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La institución abre una queja de oficio ante las denuncias por hostigamiento policial a las ONG que atienden a personas sin hogar.

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha iniciado una investigación de oficio para esclarecer las dificultades a las que se enfrentan varias organizaciones sociales en Alicante al repartir alimentos en la vía pública. La actuación responde a las denuncias de la Red de Entidades para la Atención de Personas Sin Hogar (REAPSHA), que alertan de un aumento de la presión policial sobre una actividad solidaria que lleva más de 16 años desarrollándose. El objetivo del Síndic es garantizar los derechos de las personas más vulnerables y supervisar la actuación de las administraciones públicas implicadas.

Luna ha abierto la queja de oficio tras recibir comunicaciones de REAPSHA que denuncian un cambio de actitud por parte de la Policía Local de Alicante hacia las entidades que reparten alimentos en la calle. Según relatan, en los últimos meses se han producido incidentes de disolución de colas, sanciones a voluntarios y advertencias a al menos cuatro organizaciones para que cesen su actividad en la vía pública.

Uno de los sucesos más graves requirió la intervención policial en un reparto de alimentos, que terminó con una persona hospitalizada, por una trifulca en la cola, y una voluntaria multada con 200 euros por “reunión no autorizada”. El Síndic de Greuges ha solicitado a la Subdelegación del Gobierno en Alicante información sobre esa sanción de 200 euros que impuso a una voluntaria por realizar una “reunión no autorizada” durante un reparto de alimentos en la vía pública. Esta petición forma parte de la queja de oficio abierta por la institución y tiene como objetivo esclarecer los motivos de dicha actuación y el posible impacto sobre los derechos fundamentales de las personas implicadas

A pesar de que estas acciones suelen desarrollarse sin incidentes, las entidades aseguran que ahora se enfrentan a una presencia policial disuasoria que obstaculiza su labor.

El Síndic recuerda que estas iniciativas suplen carencias de las administraciones y atienden a una necesidad básica y urgente: la alimentación diaria de entre 150 y 200 personas sin hogar en la ciudad, de un total estimado de 350 a 400. Algunas asociaciones disponen de locales, pero muchas se ven obligadas a actuar en la calle.

La institución ha solicitado al Ayuntamiento de Alicante un informe detallado en el que explique si se han dado instrucciones a la Policía Local para interferir en los repartos de alimentos en la vía pública, qué problemas plantea esta actividad, si se ha ofrecido colaboración o espacios alternativos a las entidades sociales, qué soluciones prevé el consistorio ante la situación de necesidad alimentaria, y qué recursos existen actualmente para atender a las personas sin hogar.

El Síndic subraya que, mientras no existan soluciones reales y efectivas, no se puede ignorar la urgencia alimentaria de cientos de ciudadanos. La investigación busca esclarecer si se están vulnerando derechos fundamentales y si la actuación municipal se ajusta a los principios de atención prioritaria a colectivos en riesgo de exclusión.

Consulta nuestra resolución de inicio de investigación.