El Síndic pide garantizar sin límite de edad la educación inclusiva del alumnado con discapacidad
20-08-2026
La institución reclama procesos independientes, pruebas adaptadas y apoyos que favorezcan su incorporación efectiva a la Administración
El síndic de Greuges, Ángel Luna, reclama a la Conselleria de Economía, Hacienda y Administración Pública que adopte las medidas oportunas ante las barreras detectadas en la oferta de empleo público de 2026 y recupere las convocatorias independientes con bases y pruebas específicas para las personas con discapacidad intelectual. La institución considera necesaria esta actuación para garantizar sus derechos a la igualdad de oportunidades, la no discriminación y el acceso al empleo público en condiciones reales y efectivas de igualdad.
La investigación del Síndic se inició tras comprobar los cambios introducidos por la Generalitat en la oferta de empleo público de 2026, tanto en la distribución de las plazas entre los distintos sistemas de acceso como en la regulación de los procesos selectivos dirigidos a personas con discapacidad. La principal modificación afecta a las plazas reservadas para personas con discapacidad intelectual, ya que solo algunas cuentan con una línea diferenciada y con una convocatoria específica
La institución señala que el nuevo modelo permite que determinadas plazas reservadas a este colectivo se convoquen junto con las de turno libre, sin bases específicas adaptadas. De este modo, las pruebas pueden tener el mismo contenido que las previstas para el resto de los aspirantes, aunque se contemplen ajustes razonables de tiempo y medios. Para el Síndic, esta fórmula puede dificultar el acceso efectivo de las personas con discapacidad intelectual al empleo público.
La resolución recuerda que la normativa valenciana establece, con carácter general, que las plazas reservadas a personas con discapacidad intelectual deben convocarse de forma específica e independiente. Además, las pruebas deben guardar una relación efectiva con el trabajo que se va a desempeñar y dirigirse a comprobar que las personas aspirantes cuentan con los conocimientos imprescindibles para realizar sus funciones. La legislación estatal también dispone que el acceso a estas plazas se lleve a cabo mediante pruebas selectivas específicas e independientes.
El Síndic subraya que la reserva de plazas no puede limitarse al cumplimiento formal de un porcentaje, sino que debe facilitar una incorporación real al empleo público. En este sentido, señala que la finalidad última de las ofertas y convocatorias es favorecer la inclusión laboral de las personas con discapacidad y evitar que se genere una expectativa de acceso que después no pueda materializarse.
Los datos remitidos por la propia Conselleria muestran una diferencia significativa entre ambas modalidades. En una convocatoria específica y adaptada para plazas de ayudante de residencia y servicios fueron admitidas provisionalmente 121 personas con discapacidad intelectual, mientras que en otra convocatoria no específica ni adaptada para plazas de ayudante de cocina fueron admitidas 18. El Síndic considera que esta diferencia permite apreciar las dificultades que puede ocasionar el nuevo sistema.
La institución también pone el acento en la accesibilidad cognitiva, que debe garantizar la comprensión, la comunicación y la interacción de todas las personas con los entornos, servicios y procedimientos. Sin embargo, en el nuevo modelo de convocatoria conjunta no se concretan las adaptaciones destinadas a asegurar el acceso a la información, la comprensión y la comunicación durante el proceso selectivo.
Por ello, el Síndic recomienda volver a la regulación anterior y realizar convocatorias independientes con bases específicas adaptadas. También pide que, en los procesos correspondientes a la oferta de empleo público de 2026, se incluyan expresamente los ajustes necesarios para garantizar la accesibilidad de la información, la comprensión y la comunicación
La resolución plantea asimismo que la Administración analice de manera detallada los puestos y las funciones que pueden desempeñar las personas con discapacidad intelectual, con el fin de orientar la reserva hacia plazas en las que puedan desarrollar sus capacidades. El proceso selectivo, añade, debe guardar una relación real con las tareas del puesto y centrarse en las competencias de cada persona, en lugar de hacerlo únicamente en sus limitaciones.
Finalmente, el Síndic reclama facilitar la creación de una figura de inclusión que acompañe a las personas con discapacidad intelectual en su puesto de destino, favorezca su adaptación y permita una práctica tutorizada. También recomienda impulsar medidas de formación y sensibilización, así como elaborar protocolos de incorporación que impliquen tanto a los compañeros como a los responsables de la Administración.