Actualidad

El Síndic denuncia la inseguridad jurídica y el abandono institucional sufrido por una ciudadana en situación de vulnerabilidad por un error administrativo

La interesada no solicitó la renovación de la ayuda económica por miedo a seguir acumulando más deudas

Una ciudadana ha tardado cuatro años en poder devolver más de 5.000 euros que la Administración le ingresó indebidamente por error. El dinero, procedente de la Renta Valenciana de Inclusión (RVI), se solapó con el Ingreso Mínimo Vital (IMV), generando un cobro indebido que la afectada intentó devolver desde el primer momento. Sin embargo, la falta de un procedimiento claro, la descoordinación entre administraciones y el silencio prolongado de la Conselleria de Servicios Sociales, que no le respondía dónde podía devolver ese dinero, la dejaron en un limbo legal y económico.

Tras cuatro años de reclamaciones y tras la intervención del Síndic de Greuges por dos veces en este mismo asunto, la ciudadana ha conseguido finalmente devolver los más de 5.000 euros que percibió por duplicado.

Durante todo este tiempo, la ciudadana ha vivido con la angustia de tener en su cuenta un dinero que no le pertenecía, sin saber cómo devolverlo y temiendo que afectara a su declaración de la renta o a la renovación de su ayuda. Y así fue, puesto que cuando por fin recibió la carta con la resolución de pago ya era demasiado tarde. El plazo para renovar su RVI había expirado tres días antes y por miedo a seguir acumulando deudas, no solicitó la renovación.

“Finalmente, al haber llegado tarde su respuesta no he podido renovar mi RVI. No la renové por miedo a seguir generando más indebidos y tener que devolver más dinero”, explicó la afectada en su comunicación al Síndic.

El defensor del pueblo valenciano, Ángel Luna, ha sido tajante: “No cabe mayor inseguridad jurídica para las personas que se encuentran atrapadas en esta situación, circunstancia que se suma a la de su vulnerabilidad socioeconómica”.

El caso no es aislado. Otras personas han denunciado situaciones similares, en las que la administración reconoce el pago indebido pero no ofrece una vía efectiva para solucionarlo. En este caso, ni siquiera se facilitó un número de cuenta para realizar el ingreso hasta que se inició formalmente el procedimiento de reintegro, años después de la primera queja.

El Síndic ha recordado a la Administración que debe ser consciente de que sus demoras tienen consecuencias reales, especialmente graves para quienes dependen de estas ayudas para subsistir. “Confiemos en que estas incidencias se resuelvan con mayor agilidad a partir de ahora, evitando perjuicios y trámites innecesarios a las personas afectadas”, concluye Luna.

El origen del problema radica en la falta de un procedimiento claro y ágil para que las personas beneficiarias puedan devolver voluntariamente los importes cobrados de más. A pesar de que la Conselleria de Servicios Sociales reconocía desde 2022 que se trataba de ingresos indebidos, no ofrecía una vía efectiva para su devolución. Ni siquiera facilitó un número de cuenta para realizar el ingreso, lo que dejó a la afectada —y a muchas otras personas en su misma situación— atrapadas en una incertidumbre legal y económica.

Aunque la Conselleria ha iniciado recientemente un procedimiento formal de reintegro y ha creado un servicio específico para su gestión, la solución llegó tarde para esta ciudadana.

El caso, cerrado ahora por el Síndic, evidencia la necesidad urgente de mejorar la coordinación entre la administración autonómica y la estatal, así como de garantizar procedimientos claros, rápidos y comprensibles para las personas afectadas, destaca el defensor.

Consulta la resolución del Síndic sobre este asunto.