)- El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, se ha dirigido al Ayuntamiento de Alicante para solicitarle que adopte todas las medidas necesarias para eliminar las graves molestias acústicas que injustamente están soportando los vecinos de la zona comprendida entre Alfonso X el Sabio y la Explanada y desde la Rambla hasta el Paseo de Soto. Ruidos relacionados principalmente con el ocio nocturno, procedente de bares, terrazas, botellones, pubs, etc.
La investigación del defensor del pueblo valenciano, que tiene su origen en la queja presentada por la Asociación de Vecinos Centro Tradicional de Alicante, concluye con cuatro recomendaciones, una de ellas, la declaración de la zona como acústicamente saturada, evitando conceder nuevas licencias o autorizaciones así como ampliaciones de las ya otorgadas. También exige la adopción de medidas correctoras de aquellos establecimientos molestos para que se respete el límite máximo de decibelios permitido.
El centro tradicional de Alicante no es la única zona que ha sido objeto de investigación por parte del Síndic en los últimos meses. Los ruidos y el botellón también han sido causa de actuación del defensor del pueblo valenciano en la zona del Mercado Central y del barrio de Santa Cruz. En los tres casos, el Síndic ha pedido al consistorio una mayor contundencia e implicación en la lucha contra el ruido, así como incrementar el control y vigilancia policial en estas zonas con el fin de atajar la contaminación acústica, el “botellón” y el incumplimiento de los horarios de apertura y cierre de los establecimientos. Precisamente, en caso de comprobar este incumplimiento, Cholbi urge a denunciarlo ante la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuestas a las Emergencias.
El dictamen del Síndic está en total sintonía con los pronunciamientos de los tribunales de justicia españoles así como con la última sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo de 16 de enero de 2018. La contaminación acústica por encima de los límites legales incide perniciosamente sobre el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio, a la protección de la salud, a un medio ambiente adecuado y a una vivienda digna. Ese ruido no deseado y nocivo, junto con las vibraciones que provoca, puede llegar a perturbar la calidad de vida de las personas afectadas y más cuando ese ruido invade su espacio más íntimo y privado, el domicilio.
Otra advertencia que lanza el defensor del pueblo valenciano en su resolución es que la pasividad municipal ante los efectos perjudiciales para la salud provocados por la contaminación acústica puede generar la responsabilidad patrimonial por funcionamiento anormal de la Administración, con la consiguiente obligación de indemnizar los daños y perjuicios (físicos, psicológicos y morales) que se les pudiera causar a los vecinos afectados.
Por último, esta institución también considera imprescindible concienciar a la ciudadanía de su deber de respetar los derechos de las demás personas, entre los que está el derecho al descanso.
Ver el contenido íntegro de la resolución:
