Defensores del pueblo de toda España abordan en Alicante la situación de los menores extranjeros no acompañados

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana ha convocado hoy en Alicante a representantes de todas las defensorías del estado español -tanto la nacional como las autonómicas- para abordar la protección y la atención integral que deben recibir los menores extranjeros no acompañados que se encuentran en nuestro país. La reunión se plantea como taller preparatorio para las próximas Jornadas de Defensores del Pueblo que se celebrarán en Sevilla el próximo mes de octubre.

Durante los últimos años, los defensores del pueblo siguen con preocupación el aumento constante del número de menores no acompañados que llegan a nuestro país; un fenómeno que ha tenido especial incidencia en algunas comunidades autónomas (Andalucía, Cataluña, País Vasco, Comunidad Valenciana) y en la ciudad autónoma de Melilla.

Las Defensorías vienen supervisando la respuesta institucional que se presta a estos menores altamente vulnerables y velando por que se garantice su interés superior y los derechos reconocidos en la normativa autonómica, nacional e internacional. No podemos olvidar que se trata de niños, niñas y adolescentes menores de edad que llegan al territorio español sin ir acompañados de un adulto responsable. Menores que huyen de situaciones de conflicto bélico, de condiciones de pobreza extrema, de la discriminación o de la persecución, por muy variados motivos, y que muchos de ellos -y sobre todo ellas- son víctimas de las mafias de trata de personas.

La atención y protección de estos menores se lleva a cabo desde los sistemas de protección a la infancia y adolescencia de las respectivas comunidades autónomas; unos sistemas que ya venían acusando carencias y que, con la llegada de los menores inmigrantes no acompañados, se han visto totalmente desbordados. Como resultado más visible, los defensores destacan la permanente sobreocupación de los centros de recepción, lo que impide el normal funcionamiento de los mismos.

Además de esta cuestión, en la reunión de hoy se están abordado otros asuntos como: la mejora de los procesos actuales de determinación de la edad, la necesidad de mejorar el funcionamiento del Registro de Menores No Acompañados para disponer de una información completa y actualizada que favorezca la coordinación entre comunidades autónomas, las garantías de los menores inmigrantes ante las repatriaciones, las dificultades para conseguir la autorización de residencia, los problemas de los menores no acompañados al alcanzar la mayoría de edad, la protección a menores víctimas de trata de personas y el asilo y la protección internacional a estos menores.

Las conclusiones y recomendaciones de los defensores para mejorar la atención integral de estos menores se darán a conocer durante la celebración de las Jornadas de Coordinación de Defensores de Sevilla (octubre 2019).

En los siguientes enlaces se pueden consultar las resoluciones del Síndic de Greuges sobre este asunto: http://www.elsindic.com/Resoluciones/10932899.pdf

https://www.elsindic.com/Resoluciones/10451613.pdf

El derecho a una vivienda digna a debate entre los defensores del pueblo iberoamericanos

Los adjuntos del Síndic de Greuges, Ángel Luna y Carlos Morenilla participan del 20 al 22 de noviembre en el XXIII Congreso de la Federación iberoamericana del Ombudsman (FIO) que este año organiza la oficina del Raonador del Ciutadà en Andorra. En la reunión de este año, a la que han asistido representantes de defensorías de derechos humanos de 21 países, se aborda como tema principal el derecho a una vivienda digna; un derecho recogido en los tratados internacionales más relevantes, así como en la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos.

En concreto, los defensores profundizarán sobre la problemática de las viviendas vacías, las viviendas de emergencias, los asentamientos irregulares, así como las diferentes actuaciones de las defensorías para garantizar la protección de personas vulnerables ante los desalojos y el acceso a servicios públicos domiciliarios.

Igualmente, durante el congreso también se han celebrado reuniones de trabajo de las diferentes redes temáticas de la FIO -las redes de Mujer; Niñez y Adolescencia; Migración y Trata; y Comunicadores (ComFIO).

Los Defensores del Pueblo exigen el cumplimiento de las medidas contempladas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género

Los Defensores del Pueblo han reafirmado hoy en una declaración conjunta su compromiso con la prevención y en la lucha contra la violencia de género. El documento, consensuado entre las distintas defensorías, recoge casi una treintena de recomendaciones encaminadas a mejorar la respuesta que reciben las víctimas de violencia de género y a proponer medidas efectivas para acabar con esta lacra social. El mismo será remitido a todas las administraciones nacionales y autonómicas con competencias en la materia.

Entre las medidas aprobadas, urgen a poner en marcha las actuaciones recogidas en el Pacto de Estado contra la violencia de género, como la implantación generalizada y homogénea de las Unidades de Valoración Integral Forense. Estos órganos periciales se encargan de asistir a los órganos judiciales a la hora de tomar decisiones, por lo que resulta imprescindible la especialización de sus profesionales -forenses, psicólogos y trabajadores sociales- para valorar correctamente el nivel de riesgo de las víctimas. Sus informes de valoración deberían estar en el juzgado antes de la declaración de la víctima y del agresor, garantizando las medidas de protección más idóneas y personalizadas.

La formación y sensibilización en materia de violencia de género, según el acuerdo adoptado, es indispensable para cualquier profesional que intervenga en la protección integral de las víctimas; desde los cuerpos y fuerzas de seguridad, abogados/as del turno de oficio, hasta jueces y fiscales. Una formación que, además, debería ser continuada, obligatoria y evaluable.

Los defensores instan a revisar, actualizar y adaptar la ley de violencia de género y a que se impulsen los cambios legislativos necesarios para ampliar el concepto de violencia de género a todos los tipos de violencia que se ejercen contra las mujeres por el hecho de ser mujer, tal y como se recogen en el Convenio de Estambul. También consideran necesario que la acreditación de la condición de víctima de violencia de género pueda refrendarse mediante instrumentos más amplios y homogéneos en todo el territorio.

INSERCIÓN LABORAL

Es imprescindible la inserción laboral de las mujeres víctimas de violencia de género para propiciar su recuperación integral. Para ello habría que dotar presupuestariamente los recursos y programas destinados a este fin, fomentar la creación de convenios laborales, incluir cláusulas sociales en los contratos de las administraciones públicas y adoptar medidas de compatibilización horaria de los cursos de formación con los horarios de escuelas infantiles y colegios.

VIVIENDA

Los defensores defienden el derecho de las mujeres víctimas de violencia de género a acceder, con carácter prioritario, a viviendas protegidas y subrayan la obligación de la legislación de garantizar esta prioridad de forma suficiente mediante la reserva obligatoria de viviendas y la flexibilización de requisitos para el acceso a las mismas. El déficit de estas viviendas limita el abandono de la vivienda habitual y perpetúa la violencia sobre las víctimas.

MENORES

Las nefastas consecuencias que produce la violencia de género no las sufre exclusivamente la mujer, sino que ineludiblemente alcanza a sus hijos e hijas que, sin lugar a dudas, son víctimas directas de esta violencia.

En primer lugar, los defensores recuerdan que se debe garantizar el derecho del niño/a víctima de violencia de género a ser escuchado de forma activa en las decisiones que le afecten y tenerse en cuenta siempre su interés superior.

Para la protección de los menores, los defensores proponen una modificación normativa que propicie la suspensión temporal de la patria potestad para el padre presunto agresor en el momento en que se dicten medidas de protección sobre la mujer. Esta medida, además de proteger la propia vida del menor, evitaría tener que recabar la autorización paterna para que los hijas e hijos reciban atención sanitaria o para cambios de centros educativos que garanticen su seguridad.

Los problemas psicológicos que pueden padecer los menores cuando son víctimas directas del maltrato resultan mucho más sutiles para su detección que los daños físicos. De ahí que los defensores urjan a reforzar las plantillas de profesionales que prestan asistencia psicológica especializada garantizando la calidad y la intensidad de las sesiones.

Respecto a los menores huérfanos de madre, los defensores apuestan por acelerar los procesos de otorgamiento de la guardia y custodia a los familiares, evitando situaciones de desamparo.

Consulta la Declaración de las XXXIII Jornadas de Coordinación de Defensores del Pueblo sobre atención a mujeres y menores víctimas de violencia de género.