Luna pide información a la Conselleria de Servicios Sociales sobre las causas que impiden a los menores acceder, en el plazo establecido, a las ayudas que les corresponden
El Síndic ha iniciado una investigación de oficio ante la reiterada demora en la resolución y revisión del grado de dependencia de menores, una situación que vulnera derechos fundamentales y contraviene los plazos legales establecidos. La queja se fundamenta en el perjuicio que estas demoras suponen para la infancia, especialmente en procesos de inclusión y rehabilitación, y solicita a la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda información detallada sobre cuántos expedientes tiene pendientes, los criterios de revisión, la formación del personal técnico y las medidas adoptadas para reducir la lista de espera.
Tal y como ya constaba en el Informe Anual del Síndic de 2024, las quejas relacionadas con dependencia representan el 33% de los expedientes tramitados y el 70% de los referidos a Servicios Sociales. En el caso de los menores, la Conselleria admite demoras de hasta un año en la resolución del grado, cuando la normativa fija un máximo de tres meses. Esta dilación, sumada a la revisión sistemática de valoraciones ya realizadas por profesionales cualificados, ralentiza el acceso a recursos esenciales y puede dejar obsoletos los informes médicos y psicopedagógicos, obligando a las familias a aportar nueva documentación.
La intervención temprana en la infancia es esencial para favorecer la inclusión y la rehabilitación, aprovechando la capacidad del cerebro para adaptarse en esta etapa. Por ello, cualquier retraso en el reconocimiento del grado de dependencia de menores o en la elaboración de su Programa Individual de Atención (PIA) implica un perjuicio significativo para su desarrollo que puede lastrar el resto de su vida.
Desde las administraciones públicas se requiere un esfuerzo decidido para agilizar estos procedimientos, garantizando así una atención adecuada y oportuna a menores que lo necesitan.
Cabe recordar que la resolución del grado de dependencia es un paso necesario, pero no garantiza por sí sola el acceso a los servicios y ayudas previstas por la ley. Para ello, es imprescindible que la Administración elabore el Programa Individual de Atención (PIA), adaptado a las necesidades de cada persona. Sin embargo, esta fase también sufre retrasos importantes que alargan aún más el proceso, impidiendo que los menores reciban las prestaciones necesarias en tiempo adecuado.
La normativa establece un plazo máximo de seis meses desde la solicitud hasta la asignación de recursos, pero en la práctica este plazo no se cumple, especialmente en el caso de menores, donde la demora en la resolución inicial ya es habitual. Ante esta situación, la Conselleria ha informado que existe un plan de trabajo para reducir la lista de espera, aunque no ha detallado en qué consiste ni qué resultados ha dado hasta ahora.
Ante esta realidad, el Síndic ha solicitado a la Conselleria un informe exhaustivo sobre el número de expedientes con más de seis meses de demora, la existencia de valoraciones previas, la revisión de grados provisionales, la formación específica del personal técnico, y los detalles del plan de trabajo para reducir la lista de espera.
Asimismo, el defensor requiere información sobre la agilidad en la resolución del PIA y el procedimiento de obtención de nuevos informes. La institución recuerda que la protección de los derechos de la infancia es prioritaria y exige a la Administración medidas urgentes para garantizar una atención adecuada y sin demoras injustificadas.
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