El Síndic advierte del riesgo de utilizar y estigmatizar a los menores migrantes en el debate político valenciano

La X Jornada sobre Infancia y Adolescencia, celebrada en Alicante, reúne a expertos que reivindican el respeto y los derechos de los jóvenes migrantes y abordan su integración

En plena negociación política para la investidura del nuevo presidente de la Generalitat Valenciana, el síndic de Greuges de la Comunitat, Ángel Luna, ha advertido sobre el riesgo de convertir a los menores migrantes en objeto de controversia y estigmatización. Durante la X Jornada sobre Infancia y Adolescencia, celebrada en la Universidad de Alicante, Luna subrayó que “no se puede negociar con el respeto a los derechos de los niños”, recordando que la protección de los más vulnerables debe prevalecer sobre cualquier interés partidista. El defensor insistió en que los menores migrantes no representan una amenaza ni una carga para la sociedad valenciana, sino que buscan oportunidades y merecen ser acogidos e integrados con dignidad.

La Facultad de Educación de la Universidad de Alicante acogió ayer la X Jornada del Síndic de Greuges sobre Infancia y Adolescencia, centrada en la acogida e integración de menores migrantes sin referentes familiares. El encuentro reunió a destacados expertos y profesionales del ámbito social, quienes analizaron los desafíos y buenas prácticas en la atención a estos jóvenes.

La conferencia inaugural estuvo a cargo de Elena Arce, directora del Área de Migraciones e Igualdad de Trato del Defensor del Pueblo de España, quien ofreció datos actualizados sobre menores migrantes no acompañados recogidos en el Informe del Defensor del Pueblo. Arce subrayó la importancia de garantizar la protección y el acompañamiento de estos menores, destacando la necesidad de políticas integrales y coordinadas.

A continuación, intervino Violeta Quiroga, trabajadora social y profesora de la Universidad de Barcelona, quien defendió la integración de los jóvenes migrantes en la sociedad española: “Necesitamos mano de obra extranjera, nuestra sociedad está envejeciendo, y qué mejor que los jóvenes que han llegado cuando eran muy jóvenes porque crecieron en nuestras casas.”

La mesa redonda contó con la participación de Calixto Herrera Rodríguez, de la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia del Gobierno de Canarias, y Juan Antonio Fuster Sánchez, director de la residencia Buenavista de Gandía (Fundación Amigó), quienes compartieron experiencias sobre la acogida y la intervención con menores migrantes en diferentes comunidades autónomas.

Ignacio Fariña Sarasqueta, director de Acogida e Integración de las Personas Inmigrantes del Gobierno Vasco, presentó la experiencia de éxito de un programa de apoyo a la emancipación de jóvenes migrantes en situación de riesgo social, destacando la Estrategia TRAPEZISTAK.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue el testimonio de Bader Hamdidi, joven marroquí de 18 años que llegó a España con 14 tras una dura travesía en patera. Bader relató su experiencia en centros de acogida, su formación y su integración laboral en la Comunitat Valenciana. “Venir a España está bien porque hay más oportunidades, pero no merece la pena tirarse al mar”, afirmó. Su historia sirvió para poner rostro y voz a la realidad de los menores migrantes y para reivindicar la importancia de la acogida y el acompañamiento en su proceso de integración.

La jornada concluyó con la intervención institucional de Ángel Luna, síndic de Greuges, quien reiteró la necesidad de defender los derechos de la infancia y la adolescencia, recordando que la protección de los menores migrantes es una responsabilidad compartida que debe estar por encima de cualquier debate político.

El Síndic critica que los migrantes en situación irregular no puedan acceder al bono transporte en València

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha vuelto a pedir al Ayuntamiento de València que valore la universalización del bono de transporte de la EMT y permita que los migrantes en situación irregular puedan acceder a las ayudas.

En su resolución, el defensor valenciano recuerda que ya tramitó un expediente similar y que el Ayuntamiento de València mostró su conformidad con la supresión del requisito de residencia legal en España para acceder a los bonos de transporte. Sin embargo, en este nuevo expediente, el consistorio defiende que exigir el requisito de la residencia legal en España en los abonos de transporte municipales es legal.

En este sentido, el síndic recuerda que las personas en situación irregular conforman un colectivo especialmente vulnerable que se enfrenta a menudo a barreras jurídicas y prácticas en la obtención de servicios básicos como la asistencia sanitaria, la educación y el acceso a la justicia. Tanto el Derecho Internacional como el Derecho europeo imponen a todos los Estados miembros la obligación de garantizar los Derechos Humanos a todas las personas que estén en su jurisdicción con independencia de su situación, incluyendo a los inmigrantes irregulares.

Por todo ello, Luna considera que, aunque el ayuntamiento no esté obligado a facilitar el acceso al abono de transporte a las personas en situación irregular, una administración que tiene un abono específico para las mascotas (que acceden gratis al bus) difícilmente puede motivar la exclusión de las personas en situación irregular a las mismas ayudas al transporte.

Consulta nuestra resolución sobre este asunto.

El Síndic pide hacer accesible la cita previa electrónica a las personas en situación irregular

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha instado a la Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática y a la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico que flexibilicen el actual sistema de cita previa para toda la ciudadanía en general y para las personas inmigrantes en particular, de forma que no sea requisito obligatorio la identificación única mediante DNI/NIE.

Así responde el defensor del pueblo valenciano a la queja presentada por València Acull que manifestaba su disconformidad con el servicio de cita previa telemático de la Generalitat Valenciana por exigir la identificación de las personas con DNI/NIE. Desde la oenegé, entendían que dicho requisito era «discriminatorio» para aquellas personas que se encuentran en situación irregular o que solo tienen el pasaporte, pues con este documento no pueden obtener citas previas por vía electrónica con la Generalitat.

Por su parte, la Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática justificó ante el Síndic que dichas vías de solicitud -con identificación de DNI/NIE- se basan en la identificación de las personas mediante un mecanismo automatizado de verificación que se emplean por motivos de seguridad informática, así como prevención de usos fraudulentos. No obstante, reconocía «la problemática que supone el acceso a los servicios y de la heterogeneidad de las situaciones de las personas que necesitan relacionarse con la administración» y mostraba su disposición a estudiar las posibles vías para dar una atención lo más inclusiva posible.

En su resolución, Luna considera que estas limitaciones estarían afectando al derecho de las personas en general y de los inmigrantes en particular a relacionarse por medios electrónicos con las administraciones públicas valencianas. Asimismo, recuerda que, en España, las personas extranjeras tienen derecho, entre otras cosas, a relacionarse por medios electrónicos con la Administración, a obtener y utilizar los medios de identificación y firma electrónica, y a que las autoridades y empleados públicos les faciliten el ejercicio de estos derechos.

El defensor del pueblo valenciano también destaca en su resolución su función de prestar una «una atención preferente y prioritaria a aquellos supuestos en los que pueda detectarse la existencia de personas o colectivos en situaciones de riesgo de exclusión o de especial vulnerabilidad» como sería la situación descrita.

Por ello, aun compartiendo la preocupación de la Generalitat de establecer sistemas seguros, considera oportuno estudiar medidas que, bajo principios de simplicidad y proximidad a la ciudadanía tengan el menor impacto posible en el ejercicio de sus derechos, teniendo presente que, en sentido estricto, la reserva de cita previa, no forman parte del procedimiento administrativo; sino que es un acto previo y preparatorio que puede dar o no lugar al mismo.

Consulta nuestra resolución sobre este asunto.