El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha instado a la Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática y a la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico que flexibilicen el actual sistema de cita previa para toda la ciudadanía en general y para las personas inmigrantes en particular, de forma que no sea requisito obligatorio la identificación única mediante DNI/NIE.

Así responde el defensor del pueblo valenciano a la queja presentada por València Acull que manifestaba su disconformidad con el servicio de cita previa telemático de la Generalitat Valenciana por exigir la identificación de las personas con DNI/NIE. Desde la oenegé, entendían que dicho requisito era «discriminatorio» para aquellas personas que se encuentran en situación irregular o que solo tienen el pasaporte, pues con este documento no pueden obtener citas previas por vía electrónica con la Generalitat.

Por su parte, la Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática justificó ante el Síndic que dichas vías de solicitud -con identificación de DNI/NIE- se basan en la identificación de las personas mediante un mecanismo automatizado de verificación que se emplean por motivos de seguridad informática, así como prevención de usos fraudulentos. No obstante, reconocía «la problemática que supone el acceso a los servicios y de la heterogeneidad de las situaciones de las personas que necesitan relacionarse con la administración» y mostraba su disposición a estudiar las posibles vías para dar una atención lo más inclusiva posible.

En su resolución, Luna considera que estas limitaciones estarían afectando al derecho de las personas en general y de los inmigrantes en particular a relacionarse por medios electrónicos con las administraciones públicas valencianas. Asimismo, recuerda que, en España, las personas extranjeras tienen derecho, entre otras cosas, a relacionarse por medios electrónicos con la Administración, a obtener y utilizar los medios de identificación y firma electrónica, y a que las autoridades y empleados públicos les faciliten el ejercicio de estos derechos.

El defensor del pueblo valenciano también destaca en su resolución su función de prestar una «una atención preferente y prioritaria a aquellos supuestos en los que pueda detectarse la existencia de personas o colectivos en situaciones de riesgo de exclusión o de especial vulnerabilidad» como sería la situación descrita.

Por ello, aun compartiendo la preocupación de la Generalitat de establecer sistemas seguros, considera oportuno estudiar medidas que, bajo principios de simplicidad y proximidad a la ciudadanía tengan el menor impacto posible en el ejercicio de sus derechos, teniendo presente que, en sentido estricto, la reserva de cita previa, no forman parte del procedimiento administrativo; sino que es un acto previo y preparatorio que puede dar o no lugar al mismo.

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