El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, lo viene reiterando: el derecho a la vivienda es un derecho subjetivo reconocido por ley y, como tal, obliga a las administraciones públicas a garantizar una solución real y efectiva cuando una persona acredita necesidad.
La institución ha tramitado la queja de una familia con menores de edad que llevaba casi cinco años inscrita como demandante de vivienda pública, tras presentar solicitudes en 2020, 2021 y 2025, sin haber obtenido una respuesta que resolviera de forma efectiva su situación.
En su resolución, el Síndic reitera su doctrina en materia de acceso a la vivienda: en la Comunitat Valenciana este derecho tiene carácter subjetivo y obliga a las administraciones a actuar cuando existe una necesidad acreditada. La mera permanencia en una lista de espera no satisface el derecho reconocido por la ley.
La resolución del defensor del pueblo valenciano insiste en que el sistema previsto en la Ley de Función Social de la Vivienda exige una actuación integral ante situaciones de necesidad habitacional. No basta con mantener a la persona inscrita; debe ofrecerse una respuesta concreta que garantice el acceso efectivo a una vivienda digna. La falta de disponibilidad inmediata de vivienda pública no puede justificar la ausencia de respuesta. Cuando no es posible adjudicar una vivienda del parque público, deben activarse los mecanismos alternativos previstos en la normativa, incluidas ayudas económicas u otras soluciones habitacionales.
Asimismo, Luna subraya que, cuando existen menores en la unidad familiar, su interés superior debe ser prioritario en todas las decisiones administrativas relacionadas con el acceso a la vivienda.
El Síndic dirigió recomendaciones tanto al Ayuntamiento de Alicante como a la Conselleria competente en materia de vivienda, instando a ambas administraciones a ofrecer una solución efectiva y a no limitarse a mantener a la familia en lista de espera.
A la Conselleria le recordó la obligación de dictar resoluciones en plazo, activar ayudas alternativas cuando no haya vivienda disponible y adoptar medidas para reforzar el parque público. Al Ayuntamiento le exigió una actuación coordinada y una respuesta concreta ante la situación de necesidad planteada.
En la resolución de cierre, tanto el Ayuntamiento de Alicante como la Conselleria aceptaron las recomendaciones formuladas y se comprometieron a adoptar las actuaciones necesarias.
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