La Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda sigue sin asignar una plaza residencial a una mujer de 88 años tras más de 7 años de espera

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha pedido a la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda que resuelva de manera urgente la solicitud de una plaza para personas autónomas en la Residencia de Personas Mayores Pintor Emilio Sala de Alcoy, que fue solicitada en marzo de 2017.

En su resolución, y tras el estudio de los informes remitidos por la Conselleria, Luna tilda de “absoluta falta de transparencia” la gestión de un recurso público dirigido a las personas mayores. Y es que, la interesada, más allá del requerimiento recibido en 2024 para actualizar su solicitud, no había tenido más información en relación con su solicitud de marzo de 2017. Fue solo, tras la intervención del Síndic cuando la Conselleria comunicó a esta institución que, en ese momento, esta persona ocupaba la posición 17 en la lista de espera.

La Comisión Técnica de Valoración (constituida desde la Dirección Territorial correspondiente) es la encargada de estudiar y valorar las solicitudes y elaborar una lista de reserva con las que quedan pendientes de ingreso por orden de prelación. Esta comisión técnica se reúne quincenalmente y está obligada a levantar acta de cada sesión celebrada. De acuerdo con la información facilitada por la Administración, los criterios de prioridad son los siguientes: 1 Emergencia social, 2 Exclusión social, 3 Urgencia socio-sanitaria, 4 Agrupamiento familiar, 5 Personas mayores autónomas.

En el informe que la Conselleria remitió al Síndic, esta no facilitó datos concretos ni contrastables sobre los ingresos en la residencia alcoyana tras la solicitud de la interesada o sobre los motivos que hubieran podido alterar la lista de espera. Tampoco aportó las preceptivas actas que debían acreditar las decisiones adoptadas por la Comisión Técnica de Valoración, pues, según la Conselleria, sólo constaban actas a partir de junio de 2023.

Fue precisamente esta falta de información la que impidió que la interesada pudiera ejercer sus derechos y tomar decisiones informadas sobre su situación: desde la posibilidad de recurrir otras asignaciones de plazas que pudieron haber alterado la lista de espera a lo largo de estos siete años, a la opción de optar por otros recursos.

Por todo ello, Luna urge a la administración autonómica a garantizar la transparencia en la asignación de plazas residenciales y centros de día para personas mayores no dependientes, así como en las decisiones que adopten los órganos competentes. Concretamente, insta a que los solicitantes tengan acceso permanente a la información relativa a su petición, especialmente a su posición en la lista de espera y a las causas que motivan las variaciones en el orden de las mismas.

En el caso concreto que dio origen a esta queja, se trata de una persona mayor que, aunque en el momento de presentar la queja podía valerse por sí misma, cumplía todos los requisitos para acceder a un recurso contemplado por la propia Administración. Un recurso, el de Residencia para personas mayores no dependientes, que ofrece una atención profesional permanente mediante los servicios de alojamiento y manutención, rehabilitación menor, terapia ocupacional y otros servicios de carácter cultural y recreativo cuyo objetivo final es el de mantener y favorecer el bienestar de las personas mayores residentes.

Por todo ello, el Síndic concluye que la Administración debe garantizar los derechos de los ciudadanos, especialmente cuando se trata de personas vulnerables como los mayores, para asegurar que puedan acceder a los recursos y servicios que necesitan de manera justa y transparente.

Consulta la resolución del Síndic sobre este asunto.