La Clínica Jurídica de la Universidad de Alicante visita la sede del Síndic

Hoy hemos recibimos la visita de un grupo de estudiantes de la Clínica Jurídica de Extranjería e Internacional y de la Clínica Jurídica de Interés público, ambas de la Universidad de Alicante. El alumnado ha venido acompañado por Lydia Esteve González, coordinadora de una de las clínicas jurídicas y profesora titular de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Alicante.

La Clínica Jurídica de la Universidad de Alicante es una iniciativa que se puso en marcha hace pocos años y que impulsa el compromiso solidario y de colaboración entre el alumnado, ofreciendo un asesoramiento jurídico gratuito y altruista (bajo la supervisión de un profesor) a las personas sin recursos o en situación de vulnerabilidad.

Desde el Síndic queremos agradecer el interés de estas dos Clínicas Jurídicas por profundizar en nuestra labor y reconocer su compromiso a la hora de formar a los futuros juristas en la responsabilidad social y en la sensibilización ante las desigualdades.

Encuentro entre el síndic y la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública

El síndic de greuges, José Cholbi, y los dos adjuntos, Ángel Luna y Carlos Morenilla, han mantenido hoy una reunión con la nueva responsable de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, Ana Barceló. La consellera se ha interesado por las quejas que la ciudadanía presenta ante el Síndic en materia sanitaria y ha trasladado su firme compromiso de atender los requerimientos de esta institución.

El Síndic defiende el Informe Anual 2017 ante la Comisión de Peticiones de Les Corts Valencianes

El síndic de greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha comparecido hoy ante la Comisión de Peticiones de Les Corts Valencianes para defender el Informe Anual de la institución correspondiente al ejercicio 2017.  Un año durante el cual el defensor del pueblo valenciano llevó a cabo un total de 30.136 actuaciones en defensa de los derechos de la ciudadanía.

De esa cifra total, las quejas presentadas a instancia de parte, es decir por ciudadanas y  ciudadanos, fueron un total de 17.505 quejas,  a las debemos sumar 39 quejas – o investigaciones- que se abrieron de oficio. Respecto a las consultas, el año pasado la Oficina de Atención Ciudadana del Síndic atendió un total de 12.592 consultas.

Durante su comparecencia, Cholbi ha destacado  el importante grado de aceptación por parte de las Administraciones Públicas de las recomendaciones o sugerencias dictadas por el Síndic de Greuges durante el 2017, ya que, de un total de 6.290 respondidas, al tiempo de redactar este Informe, se habían aceptado 5.803, lo que supone un grado de aceptación de 92,3%.

Tras el turno de intervención de los representantes de los cinco grupos parlamentarios, el adjunto primero, Ángel Luna, ha reflexionado sobre la función y la labor de la institución del Síndic de Greuges. “En el Síndic atendemos las quejas de ciudadanos que han visto vulnerado sus derechos. Por tanto, nuestra visión no es global. Es una perspectiva sesgada del funcionamiento de la Administración en el sentido de que no recibimos las felicitaciones por su buen hacer sino las quejas puntuales cuando existe un funcionamiento anormal”, ha precisado Luna.

Asimismo, ha aclarado – en relación al análisis numérico de las quejas presentadas ante el Síndic- que en ocasiones estas cifras pueden llevar a engaño, puesto que una acción colectiva vecinal o asociativa ante un problema puntual puede acarrear miles de quejas. Esta sería la situación de las quejas acumuladas recibidas este año relativas a la supresión de los conciertos educativos en Bachillerato, el plurilingüismo, la falta de desfibriladores en instalaciones deportivas, los problemas de tráfico en la Avda. Benito Pérez Galdos- Giorgeta de València, o las presentadas en torno a los servicios prestados en la isla alicantina de Tabarca.

Sobre la falta de colaboración de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, Luna ha aclarado que el Informe denuncia hechos puntuales que pueden ser corroborados fácilmente –haciendo clic en el número de las quejas detalladas en la versión digital del informe anual-. En este sentido, el adjunto primero ha reconocido una mejoría en las comunicaciones durante los tres últimos meses y ha puntualizado que, desde la puesta en marcha el nuevo canal de comunicación  telemática a través de la plataforma ORVE,  los requerimientos a esta Conselleria se están contestando “casi en plazo”,  con lo que espera que este problema burocrático se arregle definitivamente.

Por último, Luna ha mostrado su preocupación por las demoras que se siguen produciendo en la valoración de la discapacidad. Un retraso que alcanza hasta los 19 meses en la provincia de Alicante, cuando con la nueva ley de procedimientos de emergencia ciudadana los plazos se acortan a la mitad, de seis a tres meses en estos casos. “Nos parece muy bien que aprueben nuevas leyes para empoderar a la ciudadanía, pero entiendan que esa ciudadanía acuda al Síndic y se queje cuando esos derechos no han sido satisfechos”.

El adjunto segundo del Síndic, Carlos Morenilla, ha señalado que el aumento de quejas que se reciben en la institución puede responder al conocimiento cada vez mayor que la ciudadanía tiene de la misma y de sus funciones.  Igualmente ha recordado que las quejas referidas a la supresión de aulas concertadas de bachillerato y al plurilingüismo tuvieron que ser cerradas, en cumplimiento de nuestra ley, por encontrarse inmersas en procedimientos judiciales.

Morenilla ha recordado la importancia de potenciar la participación ciudadana en los planes territoriales, concretamente, en el llamado PATIVEL (Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral) y Plan Eólico de la Comunidad Valenciana.

El próximo tres de julio, el Síndic de Greuges volverá a comparecer en Les Corts. Esta vez, para defender los informes especiales elaborados por esta institución durante el 2017; uno sobre la atención a las víctimas  de violencia de género y otro sobre la vivienda pública en la Comunitat Valenciana.

El Informe Anual 2017 del Síndic se puede consultar en nuestra página web: http://www.elsindic.com/wp-content/uploads/2018/05/memoria-2017-castellano.pdf

El síndic presenta su Informe Anual 2017 en les Corts

Durante el 2017, el Síndic de Greuges llevó a cabo un total de 30.136 actuaciones en defensa de los derechos de la ciudadanía, de las cuales 17.544 corresponden a quejas tramitadas por la institución (17.505 quejas de parte y 39 quejas de oficio) y 12.592 a consultas atendidas por su Oficina de Atención Ciudadana. Durante ese periodo, el Síndic dictó 6.476 resoluciones para mejorar las actuaciones y el servicio ofrecido por la Administración local y autonómica.

Así lo recoge el Informe Anual 2017 de la institución que José Cholbi ha entregado hoy al president de Les Corts Valencianes, Enric Morera y que posteriormente ha dado a conocer a los medios de comunicación.

Quejas %
Quejas presentadas por la ciudadanía 17.505 58,09%
Quejas iniciadas de oficio 39 0,13%
Consultas recibidas por la Oficina de Atención Ciudadana 12.592 41,78%
Total 30.136 100,00%

 

2013 2014 2015 2016 2017
Quejas 19.134 13.029 13.604 14.143 17.544
Consultas atención ciudadana 15.836 21.490 14.589 14.162 12.592
TOTAL ACTUACIONES 34.970 34.519 28.193 28.305 30.136

Evolución del trabajo del Síndic

 

Otro dato a destacar del documento es el importante grado de aceptación por parte de las administraciones públicas a las recomendaciones o sugerencias dictadas por el Síndic de Greuges durante el 2017, ya que de un total de 6.290 resoluciones respondidas al tiempo de redactar el presente Informe, se han aceptado 5.803, lo que supone un grado de aceptación de 92,3%.

 

Recomendaciones y sugerencias emitidas 6.476
Recomendaciones y sugerencias respondidas 6.290
Recomendaciones y sugerencias aceptadas 5.803
Recomendaciones y sugerencias no aceptadas 454
Recomendaciones y sugerencias parcialmente aceptadas 33

 

En cuanto a la procedencia geográfica de las quejas presentadas, los datos son los siguientes: el 1,36% de las quejas proceden de la provincia de Castellón, el 35,99% de la provincia de Valencia y el 62,65% de la provincia de Alicante.

  %
Provincia de Alicante 10.863 62,65%
Provincia de Castellón 235 1,36%
Provincia de Valencia 6.241 35,99%
Total 17.339 100,00%

PRINCIPALES QUEJAS  POR ÁREAS

El 59% de los problemas que ha investigado el Síndic en 2017 están relacionados con la prestación de servicios públicos básicos del Estado de Bienestar, es decir, con educación, sanidad, atención a la dependencia, servicios sociales, infancia, vivienda e igualdad.

Las principales materias sobre las que han tratado las quejas estudiadas por el Síndic en este último año son las siguientes:

  • Educación con un total de 6.661 quejas, de ellas 5.765 corresponden a acciones colectivas por la supresión de unidades concertadas de bachillerato en centros de la Comunitat Valenciana y por la disconformidad con el nuevo modelo lingüístico educativo valenciano conocido por “plurilingüismo”. También han llegado al Síndic las quejas por la atención deficitaria a menores con necesidades educativas especiales, ya sean por falta de profesionales de audición y lenguaje, de educadores o de profesionales de enfermería para proporcionar los apoyos específicos que requieren.  Asimismo, también han llegado quejas por los problemas que plantean los límites de edad en la escolarización de alumnado con necesidades educativas especiales. En cuanto a la educación infantil, las quejas más frecuentes son por la falta de personal para solventar los problemas de higiene en las aulas de 3 años.

 

  • En materia de Medio Ambiente la institución tramitó un total de 2.891 quejas, siendo 1.322 de ellas por el tratamiento de aguas residuales en la Isla de Tabarca. También han sido muy habituales las quejas de contaminación acústica por el ocio nocturno,  casales festeros, comportamiento incívico entre vecinos, ruidos de tráfico etc. Otras hacen referencia a problemas de acceso a la información medioambiental, tratamiento de emisiones tóxicas y residuos de industrias, el plan eólico, etc.

 

  • En el área de Sanidad hemos recibido un total de 2.290 quejas, 1.183 de ellas corresponden a la actuación colectiva de padres de menores de edad que se quejaban por la falta de desfibriladores y otras medidas de atención a emergencias sanitarias en las instalaciones deportivas donde jugaban sus hijos. Otras quejas están relacionadas con las listas de espera sanitarias, acceso a técnicas de reproducción asistida, infraestructuras sanitarias, salud mental infanto-juvenil, los límites edad en los servicios de atención temprana a menores y  responsabilidad patrimonial.

 

  • El área de Tráfico acumula este año un total de 1.808 quejas, siendo 1.675 de ellas una acción colectiva por problemas en las avenidas Pérez Galdós y Giorgeta de Valencia.

 

  • Las quejas relacionadas con la aplicación de ley de atención a la dependencia aumentan este año hasta las 937 quejas. Las más habituales se refieren a los retrasos en el reconocimiento de las prestaciones reconocidas en esta ley. Asimismo, hemos empezado a recibir quejas relacionadas con los retrasos en la grabación de solicitudes debido a las consecuencias negativas que tiene para los ciudadanos la discrepancia de fechas. También son frecuentes las quejas en materia de responsabilidad patrimonial por fallecimiento de solicitante de la declaración de dependencia una vez excedido el plazo legal para resolver su solicitud.

 

  • En la materia de Servicios Locales constan un total de 937 quejas. La mayoría de ellas – 706 – son una acción colectiva por la ausencia de servicio público regular de transporte entre la isla de Tabarca y la península. El resto de quejas tienen que ver con el suministro de agua potable, la recogida de basura, el mantenimiento y ornato de vías públicas y espacios urbanos, el transporte municipal y la gestión de expedientes sancionadores.

 

  • Las quejas de Empleo Público son un total de 338 y guardan relación con los derechos de empleados públicos, comisiones de servicio, integración de personas con discapacidad en la función pública, funcionarios interinos, bolsas de trabajo, etc.

 

  • En Servicios Sociales hemos recibido 281 quejas sobre: retrasos en la valoración del grado de discapacidad, renta garantizada de ciudadanía, familias numerosas y monoparentales, familias de acogida, puntos de encuentro familiar, etc.

 

  • Urbanismo acumula un total de 279 quejas sobre: acceso a la información urbanística, demoras en conceder permisos y licencias, obras ilegales, tramitación y aprobación de planes urbanísticos e instrumentos de ordenación, limpieza y conservación de solares etc.

 

  • En el área de Régimen Jurídico hemos recibido 253 quejas que versan sobre: transparencia y participación ciudadana, buen gobierno, contratación, responsabilidad patrimonial, falta de acceso de información pública a concejales en la oposición, etc.

 

  • En Hacienda Pública constan un total de 157 quejas sobre: tributos gestionados por ayuntamientos (IBI, plusvalía, tasa de basuras, etc.) y también impuestos gestionados por la hacienda autonómica (impuestos sobre transmisiones patrimoniales, impuestos sobre sucesiones y donaciones, etc.).

 

  • En relación con los problemas de Vivienda pública, se presentaron 133 quejas debida a las demoras en acceder a una vivienda pública por parte de los colectivos más desfavorecidos. Unas demoras que se cuentan por años en la mayoría de los casos.

QUEJAS DE OFICIO

Respecto a las treinta y nueve investigaciones de oficio abiertas durante el 2017, la gran mayoría de ellas están relacionadas con los derechos de personas o colectivos en situación de desprotección, en riesgo de exclusión social o en situaciones de especial vulnerabilidad. Entre otros asuntos, este año hemos supervisado: la atención a menores ex tutelados; situación del centro de recepción de menores Alacant; la falta de docentes en educación especial; la atención a la salud mental infanto-juvenil; el funcionamiento de los puntos de encuentro familiar; la atención a las mujeres víctimas de violencia de género; inspección de centros residenciales de personas mayores; o la participación de menores extranjeros en deporte federado; la insalubridad de las viviendas del EIGE en barrio Miguel Hernández de Alicante, y ;  la falta de cirujanos pediátricos en hospitales de la CV, entre otras tantas.

INFORMES ESPECIALES

Al trabajo relacionado con la tramitación ordinaria de las quejas hay que añadir la presentación de tres informes especiales y/o monográficos que fueron entregados a Les Corts Valencianes durante el año pasado bajo los siguientes títulos:

  • El papel de los servicios sociales generales en la lucha contra la pobreza y la exclusión social en los municipios valencianos durante la crisis, presentado en enero de 2017.
  • El ejercicio de la tutela de menores por las administraciones públicas valencianas, entregado en un mes más tarde, en febrero de 2017
  • La atención y la protección a las mujeres víctimas de violencia de género en la Comunitat Valenciana, que lo hicimos público en junio de 2017.

Cada uno de estos documentos concluye con un conjunto de propuestas de mejoras dirigidas a las administraciones con competencia en cada uno de los asuntos tratados.

COLABORACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN

En cuanto al grado de colaboración de las administraciones públicas valencianas con  esta Institución, queremos significar que sigue siendo muy elevado y satisfactorio. No obstante, el Informe Anual 2017 detalla trece administraciones que no han contestado a nuestras peticiones de información tras varios requerimientos, obligándonos a dictar resoluciones sin conocer el parecer de la administración denunciada. En esta situación se encontrarían:

Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas (en 133 quejas); Ayuntamiento de Elda (en 7 quejas), Ayuntamiento de Lliria (en 3 quejas); Ayuntamiento de Monforte del Cid (3 quejas); Ayuntamiento de Moncada (2 quejas); Conselleria de Sanidad Universal (1 queja); SUMA Gestión Tributaria (1 queja); Ayuntamiento Benaguasil (1 queja); Ayuntamiento de Catarroja (1 queja);   Ayuntamiento de Mutxamel (1 queja); Ayuntamiento de Náquera (1 queja); Ayuntamiento de Peñíscola (1 queja); Ayuntamiento de Rojales (1 queja).

También damos cuenta de aquellas administraciones que no han dado respuesta a nuestras recomendaciones, sugerencias o recordatorios de deberes legales tras repetidos intentos de obtener respuesta. Esta sería la situación de:

La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas (en 95 resoluciones); Ayuntamiento de Elda (8 resoluciones, aunque en 3 recibimos respuesta tras comunicar el cierre); Conselleria de Sanidad Universal (2 resoluciones, aunque en una de ellas recibimos informe tras comunicar el cierre); Ayuntamiento de Catarroja (2 resoluciones); Ayuntamiento de Lliria (2 resoluciones, en una de ellas recibimos respuesta tras comunicar el cierre); Ayuntamiento de Moncada ( 2 resoluciones); Ayuntamiento de Mutxamel ( 2 resoluciones); Ayuntamiento de Orihuela (2 resoluciones); Conselleria de Educación (1 resolución); Coselleria de Vivienda (1 resolución); SUMA Gestión Tributaria (1 resolución); Ayuntamiento de Alginet (1 resolución); Ayuntamiento de Alicante (1 resolución), Ayuntamiento de Aielo de Malferit (1 resolución); Ayuntamiento de Bellreguard (1 resolución); Ayuntamiento de Burjasot (1 resolución); Ayuntamiento de Carcaixent (1 resolución que contestan tras comunicar el cierre); Ayuntamiento de Chiva (1 resolución); Ayuntamiento de Daimús (1 resolución); Ayuntamiento de Daya Nueva (1 resolución); Ayuntamiento de Oliva (1 resolución, que contestan tras comunicar el cierre de la queja); Ayuntamiento de Peñíscola (1 resolución); Ayuntamiento de Rojales (1 resolución); Ayuntamiento de Serra (1 resolución); Ayuntamiento de Torrevieja (1 resolución); Ayuntamiento de València (1 resolución); Ayuntamiento de Vinalesa (1 resolución).

En las dos situaciones descritas, hay expedientes en los hemos recibido el informe requerido después de haber dictado la resolución, y otros en los la Administración viene a contestar a nuestra resolución una vez que ya hemos cerrado la queja.

En cualquier caso y sobre esta falta de colaboración, el Síndic advierte de la idiosincrasia de esta institución y de la obligación de la administración a colaborar con la misma para su correcto funcionamiento: “La peculiar naturaleza de esta institución, cuyas resoluciones no gozan de fuerza para obligar a su cumplimiento, requiere de un elevado grado de colaboración de las administraciones y organismos sujetos a su control. De otra forma, el Síndic puede llegar a ser una voz que clama en el desierto, viéndose obligado a gritar cada vez más fuerte para que sus denuncias alcancen el suficiente grado de notoriedad”.

NOTA: Todas las resoluciones a las que hacemos mención en nuestro Informe Anual 2017 pueden ser consultadas en nuestra página web haciendo clic sobre el número de queja (en la versión digital). Igualmente, todos los informes especiales publicados durante el 2017 también se encuentran disponibles en nuestra web para su consulta y/o descarga.

El Informe Anual 2017 del Síndic de Greuges está disponible en esta página web.

 

INFORME VIVIENDA PÚBLICA El Síndic estima en 7100 los hogares valencianos que se encuentran al límite de pobreza de vivienda y que pueden requerir de apoyo público urgente

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana ha entregado hoy al presidente de Les Corts, Enric Morera, un informe especial sobre la situación de la vivienda pública en la Comunitat Valenciana. Se trata de un estudio monográfico que analiza en profundidad el panorama actual de la vivienda gestionada por las administraciones públicas -principalmente la nueva Entitat Valenciana de l’Habitatge i Sòl (antiguo EIGE) y ayuntamientos- para fines sociales, es decir, para atender a los colectivos más vulnerables y en riesgo de exclusión social.

El documento también evalúa en profundidad la problemática de la pobreza asociada a la vivienda en los hogares valencianos. Todo ello con un análisis de datos desagregados geográficamente por provincias y zonas. El documento cuantifica el parque de vivienda pública, su distribución espacial y su uso. También detalla las principales características de la población demandante de vivienda pública, su zonificación y estratificación, así como un estudio de las condiciones, características y ubicación de las viviendas públicas que dan satisfacción a dicha demanda.

Para la recopilación de los datos publicados en este informe, el Síndic ha contado con la participación del Instituto de Economía Internacional de la Universidad de Alicante. El equipo dirigido por la profesora Paloma Taltavull se ha encargado de realizar un profundo estudio económico, sociológico y estadístico que constituye el fundamento de las recomendaciones con las que concluye el informe el defensor del pueblo valenciano.

CONCLUSIONES

La principal conclusión del trabajo es que el parque de vivienda pública es insuficiente para atender a la demanda de vivienda de los colectivos más desfavorecidos, especialmente en una etapa de crisis. El acceso a una vivienda digna continúa siendo en la actualidad una de las principales preocupaciones de la sociedad valenciana, y así lo constata el Síndic a través  de las quejas recibidas por la ciudadanía sobre esta materia. Más allá del número -que oscila entre las 100-150 quejas anuales- el defensor destaca la gravedad de las situaciones denunciadas. La mayoría de ellas hacen referencia a la desprotección de familias que no pueden acceder a una vivienda por sus propios medios y que esperan durante años la adjudicación de una vivienda social, sin que en la mayoría de los casos se les facilite un recurso de emergencia alternativo, que en general no existe.

A pesar de estar reconocido en la Constitución y en las leyes que desarrollan esta materia, el  disfrute efectivo del derecho a la vivienda dista todavía de ser real. En este sentido, la crisis económica ha evidenciado y potenciado las carencias estructurales que presentan las políticas públicas en esta materia, colocando a muchas personas en una situación de extrema pobreza y de privación de los derechos más fundamentales al haber perdido su vivienda a consecuencia de las dificultades financieras.

La política de vivienda en España y en la Comunitat Valenciana ha priorizado tradicionalmente el acceso  de las clases medias a la vivienda en régimen de propiedad (VPO), frente a las políticas de acceso en régimen de alquiler. Sin embargo, el Síndic lleva años insistiendo en un enfoque más social de la política de vivienda que facilite el acceso a una vivienda digna a los colectivos más vulnerables y en riesgo de exclusión social.

PARQUE PÚBLICO DE VIVIENDA EN LA COMUNITAT VALENCIANA

El informe del Síndic cuantifica el parque de vivienda pública en la Comunitat Valenciana en unas 65.000 unidades. De ellas, el 54% se encuentra bajo la gestión de la nueva Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl (antiguo EIGE) mientras que el resto se encontraría bajo la gestión de institutos de la vivienda en las principales ciudades y/o directamente gestionadas por los ayuntamientos. No obstante, no existe un censo oficial donde se contabilice el número real de vivienda social gestionada por las distintas administraciones públicas, algo que el Síndic echa en falta y considera necesario, ya que ayudaría a tomar decisiones de construcción y asignación con mayor precisión y equidad. Además insiste en que este censo o registro debería ser dinámico, público y accesible a toda la ciudadanía valenciana.

De las 65.000 unidades, el 94% está ocupada y existe un remanente que oscila el  4%- 5%, entre viviendas vacías, por rehabilitar y/o para recuperar. Este porcentaje suponen aproximadamente unas 3500 viviendas para toda la Comunidad Valenciana, que podrían ser efectivamente utilizables para cubrir necesidades súbitas de vivienda. Una cifra insuficiente para cubrir las necesidades de vivienda que se siguen produciendo como resultado de los procesos de lanzamiento de los hogares y de los niveles de pobreza resultantes de la crisis.

En este sentido, el informe del Síndic estima en 7100 los hogares que se encuentran en el límite de la pobreza en vivienda, es decir, que en cualquier momento y ante cualquier cambio negativo en sus condiciones económicas podrían requerir apoyo público inmediato. Por tanto, el déficit de vivienda pública sobre las computadas existentes para atender nuevas demandas de urgencia estaría aproximadamente en 3.700 unidades, que se concentrarían principalmente en la provincia de Alicante y en la de Valencia, básicamente en las capitales.

No obstante, si se amplía el cómputo de necesidades a los hogares en riesgo, es decir, aquellos que asumen unos pagos por vivienda excesivos en relación con su renta (población en housing stress), una eventual contracción del ciclo económico podría provocar que estos hogares se quedaran sin viviendas y consecuentemente que aumentara las necesidades de vivienda a cifras superiores a las 20.000 unidades. Sobre estos datos, el informe destaca que existe un desajuste territorial entre la demanda y la oferta de vivienda pública en detrimento del sur.

VIVIENDA Y POBREZA

El informe revela que el impacto de la crisis sobre la pobreza ha sido mucho más severo en toda la Comunitat Valenciana que en el resto de España. Una pobreza directamente asociada a la pérdida de ingresos y a la incapacidad de cubrir las necesidades fundamentales del hogar. El número de hogares sin ingresos alcanzó un máximo en 2013, con un total de 44.028 registrados por la ECV.

La proporción de hogares pobres en Alicante es superior a la media de la Comunitat Valenciana, situándose alrededor del 22% en todo el período; en Valencia, la proporción es inferior a esta cifra (16.5%), y en Castellón es la provincia en que la propensión a la pobreza se acelera súbitamente tras el impacto de la segunda oleada de la crisis económica y esto se refleja en el número de hogares pobres, que se elevan desde el 17% a casi el 30% en 2013.

Como resultado de estos niveles de empobrecimiento y desajustes económicos, una parte relevante de familias valencianas perdió su vivienda a través de desahucios,  lanzamientos y/o dación en pago. Consecuentemente, la crisis ha provocado una variación en la fórmula de tenencia de los hogares valencianos, reduciendo los hogares en propiedad y aumentando los propietarios que pagan por su vivienda (rehipotecas o cambios de vivienda) y los que se encuentran en alquiler a precio de mercado.

Evolución de la tenencia de vivienda en la Comunidad Valenciana 2006-2015

Paralelamente, la situación generó un aumento súbito de la demanda de vivienda social con un parque público que no pudo dar abasto a tanta demanda. Con ello, parte de los hogares que por sus condiciones requerían de una vivienda social, se han visto obligados a pagar precios de mercado.

RECOMENDACIONES

El síndic concluye el informe especial con dieciséis recomendaciones dirigidas a la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio para su estudio, valoración y adopción con la finalidad de garantizar de forma real y efectiva el derecho subjetivo a una vivienda digna.

Una de las principales recomendaciones es incrementar el parque de vivienda pública en alquiler así como las dotaciones presupuestarias para hacer efectivo el derecho a la vivienda  asequible, digna y adecuada.  También considera imprescindible contar con recursos de emergencia que permitan la actuación inmediata en los casos de pérdida de vivienda mientras se exploran otras actuaciones más estables.

Al amparo de la Ley de Función Social de la Vivienda de la Comunitat Valenciana que entró en vigor hace apenas un año, el Síndic insta a poner en funcionamiento el sistema de ayudas al alquiler y así, proceder al abono de las mismas a aquellas personas a quienes no se les pueda adjudicar una vivienda pública en alquiler por insuficiencia del parque público.

El informe también pone de manifiesto la falta de datos reales sobre el parque público de vivienda en la Comunidad Valenciana -que  en este trabajo ha sido estimado con métodos estadísticos- así como la tipología  y número de hogares demandantes. De ahí que el Síndic insista en la necesidad de elaborar estudios con datos fiables y exactos sobre la oferta y demanda actual y potencial de vivienda pública, así como la necesidad de contar con registros dinámicos, públicos y accesibles que permitan conocer con precisión qué viviendas integran el parque público, cuál es su ubicación geográfica y cuál es su estado de ocupación. Según el defensor “estos registros o censos permitirían tomar decisiones de construcción y asignación con mayor precisión y equidad”.

Por último, la institución también subraya la estrecha relación que debe existir entre la política de vivienda y las políticas sociales y apela a poner en funcionamiento programas de acompañamiento social a los adjudicatarios de vivienda pública para abordar la situación de pobreza que padece el hogar demandante de vivienda de una manera integral (inserción social, laboral, sanitaria, asunción de datos asociados a la vivienda, etc.).

El informe está publicado en esta página web: Informe vivienda pública 2018

 

Los defensores reivindican su papel como garantes del derecho de acceso a la información y en pro de la cultura de la transparencia

El síndic de greuges, José Cholbi, y sus adjuntos, Ángel Luna y Carlos Morenilla, han participado durante los días 3 y 4 de octubre en las XXXII Jornadas de Coordinación de Defensores del Pueblo, organizadas este año por la Valedora do Pobo (nombre que recibe la defensora gallega) en el Parlamento de Galicia en Santiago de Compostela.

En esta edición, el tema central de debate ha sido la transparencia, el derecho de acceso a la información pública y el papel de los defensores del pueblo en lo referente a la protección y a los avances de estos derechos. No es un tema nuevo para las instituciones de defensores del pueblo. Los informes anuales de las defensorías ponen de manifiesto la importante función de defensa del derecho de acceso a la información pública incluso mucho antes de la aprobación de la Ley de Transparencia (2013). De ahí, que se consideren instituciones idóneas e imprescindibles para asumir y ejercer las funciones de control de la eficacia de estos derechos, así como de promoción y divulgación de la cultura de la transparencia.

El adjunto primero, Ángel Luna, durante su intervención, ha puesto de manifiesto la necesidad de crear una auténtica cultura cívico-administrativa sobre transparencia. Sobre esta cuestión ha asegurado que “es vital que se facilite plenamente el acceso a la información pública pero que, al mismo se debe evitar la manipulación y el abuso de este derecho”.

El defensor del pueblo de la Comunidad Valenciana junto con sus homólogos han consensuado una quincena de conclusiones que se han presentado hoy en el transcurso de las jornadas. En la exposición de las mismas ha participado el técnico del Síndic Miguel Ángel Blanes y entre las propuestas dirigidas a las administraciones públicas destaca la de reconocer el derecho de acceso a la información pública como un derecho fundamental y, en todo caso, como un derecho autónomo que esté dotado de una protección jurídica efectiva y adecuada a través de medios e instrumentos rápidos, ágiles y eficaces.

Asimismo, los defensores consideran necesario que España ratifique el Convenio del Consejo de Europa sobre Acceso a los Documentos Públicos, ya que éste se aprobó en 2009 y desde entonces está pendiente su ratificación. Del mismo modo, urgen a que se apruebe el Reglamento de desarrollo a la Ley de Transparencia a fin de resolver dudas y de perfeccionar algunos artículos de la mencionada ley (aprobada en diciembre de 2013, casi cuatro años después sigue sin aprobarse el reglamento).

Respecto a los consejos de transparencia de nueva creación que tienen competencia para resolver reclamaciones en materia de acceso a la información, los defensores estiman oportuno reforzar los medios a fin de lograr el cumplimiento efectivo de sus resoluciones.

En las Jornadas han participado los representantes de las siguientes oficinas: Valedor do Pobo, Ararteko, Defensor del Pueblo andaluz, Defensor del Pueblo Navarro, Síndic de Greuges de Catalunya, Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Diputado del Común de Canarias, Procurador del Común de Castilla y León y el Defensor del Pueblo estatal.

Consulta el contenido de las conclusiones de las jornadas

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