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El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana ha sugerido al Ayuntamiento de Alicante que estudie modificar la ordenanza reguladora del precio para utilizar las instalaciones deportivas municipales, al objeto de permitir el disfrute de las piscinas a todos los discapacitados. En la actualidad, sólo los discapacitados empadronados en Alicante pueden beneficiarse de un descuento del 50 por ciento, a título individual.

La petición del defensor del pueblo valenciano a la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, se justifica en la queja presentada por una persona discapacitada en la que denuncia ante el Patronato Municipal de Deportes la discriminación que, a su juicio, padece porque dicho Patronato le exige el empadronamiento en Alicante para beneficiarse de la bonificación citada.

En un primer escrito, José Cholbi recomendó a la alcaldesa que valorase la conveniencia de modificar la ordenanza reguladora. Sonia Castedo respondió que el Ayuntamiento siempre planifica sus servicios contando con su previsible uso o demanda por los vecinos de los pueblos de la comarca y provincia, y por la población de tránsito en la ciudad, extensión de los servicios que supone un esfuerzo económico que, ahora, no puede ampliar.

La alcaldesa añade en su escrito de respuesta al síndic que, limitadas las competencias municipales, corresponde a las administración autonómica y estatal realizar una política de homogeneización de los servicios, evitando que la diferente residencia de lugar a un peor acceso a los servicios públicos.

No obstante lo anterior, José Cholbi ha insistido ante la Corporación Municipal alicantina en la necesidad de revisar la ordenanza reguladora del precio público por utilización de instalaciones deportivas municipales para que las personas discapacitadas puedan disfrutar de la bonificación del 50% del precio, con independencia del lugar en el que se encuentren empadronadas.