Encarna falleció en mayo de 2013 sin que la entonces Conselleria de Bienestar Social hubiera aprobado su Programa Individual de Atención (PIA) cuya solicitud había presentado su hija 36 meses antes. Esta demora le impidió acceder a los recursos y prestaciones reconocidas por ley a las personas en situación de dependencia, razón por la que su hija presentó una reclamación de responsabilidad patrimonial ante la Conselleria de Igualdad. En septiembre de 2015, acudió al Síndic de Greuges ante la demora de la Administración en resolver este nuevo expediente.

De la normativa vigente, el defensor del pueblo valenciano concluye que cualquier persona fallecida antes de que la Conselleria haya resuelto su PIA tiene derecho a la prestación siempre que la Administración haya excedido el plazo máximo legal para resolver el expediente, que es de seis meses.  Es más, la propia Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas  admite el daño causado y que es la propia administración la única causante del daño. Reconoce también los derechos generados y que los costes que haya ocasionado la demora deben de ser resarcidos, por lo que recuerda a sus herederos que pueden presentar una reclamación de responsabilidad patrimonial. Eso fue lo que hizo la hija de Encarna en noviembre de 2014.

Tras el estudio de la queja y de los informes facilitados por la Administración, en mayo de 2016, el Síndic recomendaba a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas resolver el recurso de responsabilidad patrimonial presentado por los herederos. Una recomendación del Síndic que, recientemente, dicha Conselleria ha cumplido y llevado a cabo por primera vez, resolviendo de forma favorable el recurso por responsabilidad patrimonial y una indemnización de 14.531 euros a los herederos de Encarna.

No obstante, el Síndic viene solicitando a la Conselleria que dé un paso más y que inicie de oficio el procedimiento de responsabilidad patrimonial. Para el defensor, no es de recibo endosar a los herederos la carga de iniciar el procedimiento de responsabilidad patrimonial, entendiendo que esta actitud “contribuye a hacer más intensa la lesión sufrida por la desidia administrativa y a retrasar la satisfacción de su legítimo derecho”. El hastío, la desconfianza y/o el desconocimiento de sus derechos hacen que muchas personas desistan o no inicien dicho procedimiento.

Consulta la resolución del Síndic sobre esta materia. 

El Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana considera de forma muy positiva la propuesta de Les Corts de incluir en la cartera de servicios de la sanidad pública valenciana el acceso a las técnicas de reproducción asistidas a las mujeres mayores de cuarenta años.

En la última década, han sido muy numerosas las quejas tramitadas en esta Institución por temas relacionados con los tratamientos de reproducción asistida en los hospitales públicos de la Comunidad Valenciana, principalmente por la demora en los tratamientos, los límites de edad (40 años) para someterse a estas técnicas y las exclusiones de los mismos por tener ya un hijo sano. En todas ellas, esta institución urgía a la Administración sanitaria a incluir mejoras en la dotación de medios personales y materiales para atender la creciente demanda por parte de la ciudadanía de utilización estos tratamientos, agilizar las listas de espera para acceder a los mismos,  así como acortar los tiempos entre los ciclos practicados.

Igualmente, hace unos años el Síndic se pronunció sobre la exclusión de lesbianas y mujeres solas de los tratamientos de reproducción asistida, instando a la Conselleria a garantizar el derecho de las mujeres a las técnicas de reproducción asistida, independientemente de su estado civil y de su orientación sexual, atendiendo en primer lugar al principio de igualdad reconocido en nuestra Constitución.

 

Recientemente el defensor del pueblo valenciano ha recibido varias quejas porque los hospitales públicos valencianos  no realizan la fecundación in vitro mediante ovodonación o donación de óvulos; un tratamiento que se practica actualmente en clínicas privadas y que permite a numerosas mujeres ser madres cuando no es posible a partir de sus propios óvulos.

La evolución de la ciencia ha propiciado la aparición de tratamientos para combatir los problemas de infertilidad. Esta institución entiende que la Administración debe valorar las nuevas necesidades de la sociedad en el contexto actual -el aumento de parejas y mujeres con problemas para concebir, el retraso de la maternidad, el descenso de la natalidad- y ampliar el uso de técnicas y nuevos tratamientos que garanticen el derechos de las personas a ver colmada su ilusión de una maternidad/paternidad responsable y deseada.  

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana se ha dirigido a la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio para recomendarle que resuelva el procedimiento, ya iniciado, de licitación de concesión de transporte de viajeros entre Agost y Alicante atendiendo las necesidades de todas las personas y en especial de aquellas con movilidad reducida.

De esta forma se pronuncia el defensor del pueblo valenciano tras estudiar la queja presentada por una ciudadana, con una discapacidad del 75%, que utiliza silla de ruedas para todos sus desplazamientos y actividades de la vida diaria. La afectada vive en Agost y estudia en la Universidad de Alicante, utilizando a diario el Servicio de Transporte Adaptado que proporciona esta universidad a los alumnos con movilidad reducida entre los meses de octubre a junio. Sin embargo, se lamenta de que la única línea de transporte público que cubre el trayecto Agost- Alicante carece de vehículos adaptados. Una circunstancia que inevitablemente limita sus relaciones sociales, sus posibilidades de formación y laborales, así como su derecho a acceder al entorno económico, sanitario y/o cultural en igualdad de condiciones.

De la información que tanto la Administración como la empresa que presta el servicio han facilitado al Síndic en el transcurso de la investigación, se desprende que el pliego de condiciones de la concesión de transporte público para este trayecto se aprobó en 2001 y no especifica la necesidad ni la obligación de disponer vehículos adaptados para personas con movilidad reducida. Además, la concesión en cuestión se encuentra caducada desde 2007 y se ha ido prorrogando de forma sucesiva y extraordinaria hasta que en octubre de 2013 se resolvió prolongar la gestión hasta que finalizara el procedimiento de nueva licitación.

La cuestión es que en la actualidad, la referida conselleria está elaborando un nuevo mapa concesional que pretende dar respuesta a las nuevas demandas y necesidades de la ciudadanía, y la empresa concesionaria, según su informe, está prestando el mencionado servicio “absolutamente en precario en un limbo jurídico administrativo”.

En cualquier caso, el defensor del pueblo valenciano mantiene que el transporte público es un servicio básico a la hora de garantizar la autonomía personal y la plena integración socioprofesional de la ciudadanía. Al amparo de las distintas leyes y normativas vigentes, el Síndic insiste en que la Administración debe garantizar la accesibilidad al sistema de transporte de todas las personas, teniendo en cuenta las necesidades de movilidad de la totalidad de la población y con carácter preferente de las personas que deban desplazarse temporal o permanentemente en sillas de ruedas o con otro tipo de ayudas.

Por todo ello, el Síndic ha pedido a la Administración que no dilate más este nuevo proceso de licitación que está provocando graves perjuicios a las personas con movilidad reducida a la hora de participar activamente y en condiciones de igualdad en la vida de la comunidad.

El contenido íntegro de la resolución del Síndic se puede consultar en nuestra página web.

Un grupo de estudiantes del ciclo formativo de grado medio en Gestión Administrativa del IES Leonardo Da Vinci de Alicante han visitado hoy la sede del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana. Esta actividad responde al interés de las alumnas y alumnos por conocer el trabajo que se lleva a cabo en esta institución.

Durante el transcurso de la actividad, los estudiantes se han entrevistado con el síndic, José Cholbi. A continuación, la responsable del Servicio de Atención Ciudadana les ha explicado las competencias del defensor del pueblo valenciano y en qué consiste su labor. Las personas que han participado en esta actividad han tenido la oportunidad de preguntar a los responsables del del defensor del pueblo valenciano todas sus dudas acerca del tipo de quejas y materias que aquí tramitamos.

El síndic de greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, se ha dirigido al Ayuntamiento de Denia para recomendarle que “inicie y dirija el proceso para conectar el edificio (Laguna Beach) a la red general de alcantarillado”.

Esta es la respuesta del defensor del pueblo valenciano a la queja presentada por una representante vecinal en la que manifestaba que había solicitado al consistorio la conexión de su inmueble con la red general de alcantarillado sin haber recibido contestación hasta el momento. La afectada ponía de manifiesto que en la actualidad, los residuos se evacuan a fosa séptica “con los gravísimos riesgos” tanto para la salud pública como para el medio ambiente que esta práctica pudiera ocasionar debido a posibles filtraciones en la red de agua potable y a su proximidad al mar. 

Por su parte, el Síndic de Greuges entiende que, según la normativa vigente, los municipios están obligados a prestar, entre otros, el servicio de alcantarillado y que los vecinos, por su parte, tienen derecho a exigir esa prestación. El alcantarillado es un servicio de prestación obligatoria y no puede prolongarse en el tiempo su dotación a las viviendas afectadas, sin perjuicio de que el ayuntamiento pueda establecer las correspondientes contribuciones especiales para sufragar los gastos de ejecución.

Consulta la resolución del Síndic sobre este asunto.

http://www.elsindic.com/Resoluciones/10818155.pdf

 

El síndic de greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, se ha dirigido a los Ayuntamientos de Rojales y Benijófar para que, de forma coordinada, eliminen los obstáculos físicos que impiden la comunicación entre dos viales que separan los términos de los citados municipios. El defensor valenciano pretende así garantizar las condiciones de seguridad y sobre todo el acceso de los vehículos de emergencia (bomberos, ambulancias, policía, etc.) a la zona afectada.

La intervención del Síndic en este asunto se inició al recibir la queja de una vecina de la zona que se había dirigido en varias ocasiones a su ayuntamiento solicitando la apertura del acceso a la Avenida Rio Tajo desde la calle Valencia. Dos viales que confluyen en un cruce pero que están separados por un bordillo que divide los términos municipales de Rojales y de Benijófar. De acuerdo con la vecina afectada, esta incomunicación había provocado ya algún incidente al obligar a los vehículos de emergencia – en este caso la ambulancia –  a recorrer un trayecto mucho más largo para atender situaciones de urgencia en las que el tiempo es un factor decisivo.

Tras el estudio de los informes remitidos por los servicios municipales afectados, el Síndic entiende que no existe una dificultad insalvable para conectar las citadas calles, por lo que considera factible eliminar los elementos físicos (bordillo), mejorar así las condiciones de acceso y comunicación a las zonas urbanas afectadas y reducir los riesgos que, según la afectada, existen en la actualidad.

Ver resolución de esta queja.

 

Hace ahora 10 años que se aprobó la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Su objetivo es lograr una mayor conciencia respecto a las personas con discapacidad, fomentar el respeto de sus derechos y  su dignidad, luchar contra estereotipos, los prejuicios, visibilizar sus capacidades y aportaciones a la sociedad.

Hoy es día para conmemorar sus derechos y para recordar que todavía nos queda un largo camino que recorrer para que las personas con diversidad funcional puedan vivir de forma independiente y estén plenamente integradas en la sociedad.

La convención también hace hincapié en importancia de que los niños, niñas y jóvenes con discapacidad no queden excluidos del sistema educativo y del acceso a la salud, algo tan básico que a veces nos parece obvio. Y que cuando lleguen a la edad adulta, así como aquellas a las que le sobreviene una discapacidad, estas personas tengan la oportunidad de ganarse la vida con su trabajo en entornos laborales inclusivos y accesibles para todas las personas. 

Desde el Síndic de Greuges y desde su Observatorio de la Vulnerabilidad trabajamos mano a mano con colectivos que defienden los derechos de estas personas, “la minoría más amplia del mundo”(ONU), con un mismo objetivo: conseguir que la Administración adopte las medidas adecuadas para lograr el  disfrute efectivo de sus derechos y la eliminación de obstáculos para su plena integración en la sociedad. 

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana junto con la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana han organizado hoy una jornada sobre la defensa de los ciudadanos como consumidores y usuarios. El acto se ha celebrado hoy en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia y en el mismo han colaborado la citada universidad, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, la Abogacía General de la Generalitat y la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. 

A lo largo de la Jornada, se han abordado diferentes aspectos sobre la defensa de los derechos de los consumidores y la necesidad de dar respuesta a las vulneraciones de los mismos desde los distintos estamentos: Síndic, Administración Pública, Tribunales de Justicia o Fiscalía. 

Consulta el programa de la Jornada

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, se ha dirigido al Ayuntamiento de Quart de Poblet para pedirle que solucione el problema de accesibilidad que imposibilita a muchas ciudadanas y ciudadanos cruzar el puente que une esta población con Mislata.

Al final del citado puente hay una barrera arquitectónica especialmente limitativa no solo para las personas con problemas de movilidad reducida sino también para vecinos que pudieran encontrarse con las mismas o parecidas limitaciones como personas mayores o aquellas que llevan a sus bebés o niños pequeños en carrito, las que arrastran alguna carga (como un carrito de compras) o las que se desplazan en bicicleta. Y es que todo aquel que necesite pasar por el puente debe superar 20 escalones con alta inclinación, lo que supone un obstáculo insalvable para muchos vecinos.

Esta institución es especialmente sensible con los problemas de discriminación que pueden sufrir determinados colectivos debido a sus limitaciones físicas. Partiendo de esa premisa, el Síndic entiende que la falta de accesibilidad es una forma sutil de discriminación ya que limita las posibilidades de un grupo heterogéneo de personas a la hora de desplazarse de forma autónoma.

Al hilo de esta cuestión, el Síndic recuerda la obligación de los poderes públicos de garantizar el derecho a la dignidad y accesibilidad de las personas con discapacidad. Unos derechos que quedan reflejados y articulados en diferentes normas estatales y autonómicas con el principal objetivo de mejorar la calidad de vida de estas personas.

Por todo ello, y como viene siendo habitual en los pronunciamientos del defensor del pueblo valenciano sobre barreras arquitectónicas, Cholbi apuesta claramente por la adopción de medidas para convertir nuestros municipios en espacios inclusivos y la aplicación de criterios de accesibilidad universal para que cualquier persona, al margen de su capacidad o discapacidad, pueda acceder a una vía o espacio público urbano en condiciones de igualdad.

En el transcurso de la investigación desarrollada por el Síndic, se han recabado informes tanto del propio Ayuntamiento de Quart de Poblet como de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, instando a todas las administraciones implicadas a lograr la plena accesibilidad de este paso muy frecuentado por los vecinos de estos municipios.

Consulta el contenido íntegro de la resolución del Síndic sobre este asunto.

Los adjuntos del Síndic de Greuges, Ángel Luna y Carlos Morenilla, han participado del 22 al 24 de noviembre en el XXI Congreso de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO) que se ha celebrado este año en Tenerife. El tema central del encuentro ha abordado el fenómeno de la pobreza en relación con los derechos humanos.

 

Así los participantes han analizado el derecho a la vivienda y a los servicios básicos, el papel de los defensores del pueblo para conseguir el objetivo uno de la agenda 2030 de Naciones Unidas que es poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. La educación inclusiva y la igualdad de oportunidades como herramienta para romper el ciclo de la pobreza ha sido también uno de los asuntos debatidos en mesa redonda por los defensores.

 

De manera paralela al congreso y a la asamblea general, también se han reunido las distintas redes temáticas que desarrollan su trabajo en el marco de la FIO: la de Defensorías de Mujeres, la de Comunicadores, la de Migrantes y la de Niñez y Adolescencia. Precisamente ésta última acordó por unanimidad nombrar al Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, y en su representación al adjunto segundo, Carlos Morenilla, como coordinador para la región europea de la Red de la Niñez y Adolescencia de la FIO.