El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana se ha dirigido recientemente al Ayuntamiento de L’Alqueria d’Asnar para recomendarle que adopte todas las medidas que sean necesarias para eliminar las molestias acústicas producidas por una planta de biomasa renovable. 

De esta forma ha resuelto el defensor del pueblo valenciano la investigación abierta a raíz del escrito de una vecina que denunciaba las «insoportables molestias acústicas» que padecía en el interior de su casa como consecuencia de los ruidos generados por una planta de biomasa. Según la afectada, el problema se agudiza por las noches, cuando el pueblo permanece en silencio y el ruido de la fábrica se vuelve atronador y les impide conciliar el sueño. 

En su resolución, el Síndic recuerda al ayuntamiento los instrumentos que la legislación vigente pone a su disposición para eliminar las molestias acústicas causadas injustamente a los vecinos afectados, que van desde el requerimiento de adopción de medidas correctoras hasta la suspensión inmediata del funcionamiento de la fuente perturbadora hasta que se corrijan las deficiencias existentes. 

Asimismo, el defensor del pueblo valenciano destaca que los tribunales de justicia vienen declarando con reiteración que la contaminación acústica, por encima de los límites legales inciden perniciosamente sobre el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio, la protección de la salud, a un medio ambiente adecuado y a una vivienda digna.

Igualmente, las directrices marcadas por la Organización Mundial de la Salud sobre el ruido ambiental ponen de manifiesto que éste puede llegar a representar un factor psicopatógeno destacado en el seno de nuestra sociedad y una fuente permanente de perturbación de la calidad de vida de la ciudadanía. 

 

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana ha tramitado la queja de un ciudadano que pedía la mediación de esta institución para que le otorgaran a su mujer una tarjeta “provisional” de estacionamiento para personas con discapacidad. El interesado manifestaba que su mujer sufrió un ictus en julio de 2015 y desde entonces necesita silla de ruedas para sus desplazamientos. Ante la imposibilidad de su mujer de desplazarse de manera autónoma, este ciudadano se ve obligado a trasladarla a los centros de rehabilitación así como a hospitales sin poder hacer uso de las plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida.

Ante esta nueva circunstancia sobrevenida, en agosto de 2015 solicitó al Ayuntamiento de Alicante una “tarjeta de estacionamiento para discapacitados”, que le fue denegada por no acreditar la condición de discapacidad. Y es que la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, que es la encargada de emitir la resolución, establece que ha de transcurrir un periodo mínimo entre el diagnóstico y el acto de la valoración, que en este caso se fijó en un año, para evaluar la discapacidad cuando el cuadro clínico se considere “estable”.

Desde el Síndic, entendemos que estamos ante un problema que afecta a muchas personas que tienen que hacer frente a una discapacidad sobrevenida a consecuencia de un accidente o una patología de extrema gravedad y que se tienen que desplazar necesariamente en vehículo conducido por un tercero. Aunque en algunos de estos casos se trata de circunstancias no definitivas, sin duda constituyen un problema de movilidad mientras permanecen, por lo que esta institución considera que sería razonable atender a estas circunstancias excepcionales.

El propio Ayuntamiento de Alicante, a través de la Concejalía de Movilidad, ha comprendido la injusta situación que se produce al vincular la obtención de la tarjeta de aparcamiento para personas con discapacidad que facilitan los ayuntamientos con el preceptivo reconocimiento de discapacidad que emite la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, que sólo se realiza cuando la deficiencia tiene un carácter permanente. Consecuentemente, el consistorio ha mostrado su voluntad de modificar el procedimiento sobre esta materia y está en trámites para expedir una tarjeta de aparcamiento provisional.

Dado que la Conselleria está trabajando en la elaboración de unas nuevas normas para la expedición de la tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan personas con discapacidad y con problemas de movilidad reducida, el Síndic le ha sugerido que valore y estudie la posibilidad de aprobar resoluciones que acrediten las dificultades de movilidad o discapacidad de las personas en un determinado momento, tras una enfermedad o accidente sobrevenido con la finalidad de que los ayuntamientos puedan, conforme a esta resolución, conceder tarjetas de aparcamiento para personas con discapacidad con carácter temporal o provisional. 

 

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana ha recomendado al Ayuntamiento de Alicante y a la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio que, en el marco de sus respectivas competencias, adopten todas las iniciativas y actuaciones que sean necesarias para atender las necesidades del barrio José Antonio de Alicante, “coadyuvando a la rehabilitación, regeneración y renovación urbana de la zona”.

 

De esta forma resuelve el defensor del pueblo valenciano la queja presentada por una vecina que indicaba la situación de degradación en la que se encuentra actualmente esta zona de la ciudad. En concreto, la interesada ponía de manifiesto el inadecuado estado de conservación de las zonas comunes de las viviendas que integran el barrio (aceras, arbolado, bancos y demás mobiliario urbano), así como problemas de inseguridad ciudadana y ocupación ilegal de viviendas públicas vacías.

 

Tras dirigirnos a las dos administraciones afectadas, la Conselleria nos indicaba que el barrio está inmerso en un proceso de regeneración y renovación urbana en fase de análisis. Respecto a las ocupaciones ilegales, la Conselleria mantiene que desde el EIGE se realizan inspecciones periódicas  para detectar dichas situaciones y, en su caso, trasladarlas a una Comisión Mixta formada por el Ayuntamiento y el EIGE en busca de soluciones para estas familias.

 

 El Ayuntamiento de Alicante, por su parte, indicaba al Síndic que los espacios y zonas comunes a las que se refiere la queja no son de titularidad municipal, pese a ello el consistorio afirma que realiza algunas tareas de mantenimiento, en especial limpieza y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público, con el fin de preservar las condiciones de salubridad en la zona. Igualmente, nos comunican que “la Seguridad Ciudadana en general y, en concreto la investigación y persecución de los delitos contra el patrimonio son competencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y no de la Policía Local”, todo ello sin perjuicio de las actuaciones efectuadas por la Policía Local tendentes a evitar que se comentan actos delictivos.

 

A pesar de las medidas adoptadas y reportadas por las administraciones implicadas, el Síndic estima que éstas no han logrado paliar los problemas de degeneración urbana que vienen padeciendo los vecinos de la zona. Asimismo, esta institución entiende que la Administración debe asumir la garantía, de forma directa, de facilitar y entregar una vivienda asequible a quienes la necesitan y de mantener las condiciones de dignidad de las viviendas públicas que se han promovido y, en todo caso, de aquellas que resultan ser de su propiedad y se hayan cedido en régimen de alquiler. Por todo ello, el defensor del pueblo valenciano insiste en la necesidad de que los poderes públicos implicados lleven a cabo actuaciones de rehabilitación edificatoria, renovación y regeneración urbana en este barrio alicantino.

Hoy ha quedado constituido el Observatorio de la Vulnerabilidad del Síndic de Greuges, un espacio vivo de comunicación e intercambio en el que mantener un contacto permanente con profesionales y representantes de entidades que desarrollan su labor en el ámbito de la discapacidad, la dependencia, la atención a personas mayores o de otros colectivos en riesgo de exclusión social, o en situación de especial vulnerabilidad, a fin de conocer, analizar y valorar los problemas que diariamente afectan a los integrantes de los grupos sociales citados.

A pesar de los esfuerzos actuales para conseguir la igualdad real en la sociedad, los avances se producen con lentitud y todavía son muchos las barreras que debemos vencer.

La violencia de género sigue siendo una autentica lacra social que adopta diferentes formas y abarca multitud de actos: desde los más evidentes como violencia física y sexual a otras más sutiles e incluso más normalizadas como es el acoso y el control económico o emocional. Todas ellas violaciones de los derechos humanos más básicos con graves consecuencias para la integridad física y mental de las víctimas, cuando no la muerte.

El acceso al mercado laboral y la diferencia salarial entre mujeres y hombres continúa reflejando la discriminación y la desigualdad que sufre la mitad de la sociedad. Sin lugar a dudas, la independencia económica es clave para conseguir que las mujeres ejerzan un control real sobre sus vidas,  para que sean plenamente libres y para acercarnos a la deseada igualdad. Asimismo, la educación es un medio imprescindible para promover la igualdad de género y el empoderamiento de mujeres y niñas. Éstas deben participar de forma plena y eficaz en todos los niveles de toma de decisiones tanto en la vida política, económica cómo social.

Por todo ello, desde el Síndic creemos necesario un compromiso firme y coordinado por parte de las distintas Administraciones públicas a la hora de desarrollar políticas trasversales de igualdad y al mismo tiempo una mayor implicación de toda la sociedad para denunciar vulneraciones de derechos y exigir respuestas eficaces. 

Hace unos meses recibimos la queja de un vecino de Rabasa que manifestaba que en tres ocasiones había solicitando al Ayuntamiento de Alicante la retirada de unos cables telefónicos colocados en su vivienda, sin obtener ninguna contestación, por lo que pedía la mediación del Síndic para solucionar su problema.  

El consistorio alicantino nos informaba por su parte que no se había autorizado ninguna actuación para colocar dicho tendido aéreo telefónico y  que, por tanto, iba solicitar su retirada a la mayor brevedad posible. Sin embargo, el afectado nos reitera en su último escrito que parte del cableado no ha sido retirado.

Desde el Síndic, solicitamos al Ayuntamiento de Alicante que adopte todas las medidas legales necesarias para lograr la retirada dicho tendido telefónico indebidamente colocado sobre la vivienda del autor de la queja. 

Hoy nos hemos reunido con el director del IES Virgen del Remedio y un mediador del actual programa de mediación “Acu4tro Bandas” que nos han trasladado su preocupación por la posible supresión de este proyecto social y escolar a partir de este verano por falta de financiación.

La institución del Síndic, alertada por las noticias publicadas y por entidades que trabajan en la Zona Norte, abrió una queja de oficio el pasado 18 de febrero para conocer los motivos por los que el Ayuntamiento de Alicante había decidido eliminar la partida económica destinada a sufragar este programa de mediación.

Durante los próximos días nos vamos a dirigir a la Administración autonómica, en concreto a la Conselleria de Educación y a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas para involucrarlas en la búsqueda de una solución que permita la consolidación de este proyecto de mediación que, sin dudas, está dando gran soporte a las necesidades socio educativas de la población multicultural presentes en esta zona de Alicante. 

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, se ha dirigido al Ayuntamiento de Castellón para solicitarle que adopte todas las medidas necesarias para eliminar las graves molestias acústicas que injustamente están soportando unos vecinos de la calle Segura (polígono Castalia) a causa de la actividad musical desarrollada por un local de ocio y por el botellón que se realiza en las inmediaciones del mismo. Asimismo, el defensor valenciano también ha instado a asfaltar dicha vía para evitar problemas de bloqueo y permitir el acceso de vehículos de emergencia a la zona.

El defensor valenciano intervino de nuevo en este asunto tras recibir la queja de una persona en representación de sus padres que le trasladaba los graves problemas de ruido y denunciaba la situación de peligro en la que se encuentran los vecinos por el bloqueo de su única salida al coincidir los clientes de la discoteca y los aficionados que acuden al estadio del Club Deportivo de Castellón. Una circunstancia  que impide el acceso de ambulancias, policías o bomberos en caso de necesidad. 

El Síndic le recuerda al consistorio que, de acuerdo con la normativa vigente, éste está habilitado para, entre otras medidas, ordenar la suspensión inmediata del funcionamiento de la fuente perturbadora hasta que se corrijan las deficiencias existentes. Respecto a la práctica del botellón en las inmediaciones de la discoteca, el Síndic argumenta que la policía local tiene potestad para sancionar tanto el consumo del alcohol en la vía pública como el uso de las instalaciones musicales de los vehículos a gran volumen. 

Consulta la resolución del Síndic sobre este asunto.

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana ha abierto hoy una queja de oficio para investigar la situación en la que se encuentran actualmente los profesionales de los Puntos de Encuentro Familiar de la Comunidad Valenciana y la repercusión que la misma pudiera tener en la prestación de este servicio público.

Los Puntos de Encuentro Familiar son un recurso gratuito, universal y especializado que depende de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas con un objetivo claro: facilitar el cumplimiento del régimen de visitas establecido en situaciones de crisis o ruptura familiar. Se trata de espacios neutrales en los que los menores pueden ejercer su derecho a relacionarse con ambos progenitores y/u otros parientes mediante la intervención temporal de un equipo multidisciplinar de profesionales debidamente formados.

Esta mañana, el adjunto primero del Síndic, Ángel Luna, se ha entrevistado con un grupo de trabajadores de los PEF que le han trasladado sus preocupaciones por los nuevos planes de la empresa adjudicataria de la gestión de este recurso. Unos planteamientos que, según los profesionales, podrían afectar de forma sustancial la calidad del servicio prestado.

Por ello, el Síndic se va a dirigir a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas para recabar información sobre la situación descrita anteriormente y proponer, en caso de que sea necesario, las medidas pertinentes para la correcta prestación del servicio público

Según los últimos datos publicados en junio de 2015 por el INE, la brecha salarial entre hombres y mujeres en España sigue aumentando. En la Comunidad Valenciana, las mujeres ganan un salario medio de un 24,24% menos que los hombres; una cifra difícil de asumir si tenemos en cuenta que las mujeres representan un 60% de las personas que estudian en las universidades españolas.

A pesar de los actuales esfuerzos para conseguir la igualdad real en la sociedad y en el mercado laboral, la verdad es que los avances llegan con demasiada lentitud. La diferencia salarial entre hombres y mujeres sigue reflejando la discriminación y las desigualdades en nuestro mercado laboral. 

En el Síndic estamos convencidos de que la independencia económica es clave para conseguir que las mujeres ejerzan un control real sobre sus vidas, para gozar de plena libertad y de la ansiada igualdad. La Administración debe prestar especial atención, por su especial vulnerabilidad a las mujeres de edad avanzada, a las madres solas, mujeres con discapacidad, inmigrantes o pertenecientes a alguna minoría étnica.

El derecho a la igualdad salarial y a la no discriminación retributiva entre mujeres y hombres es un derecho reconocido expresamente en la Constitución Española (artículo 35 CE) y en el artículo 11 de Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana. En este sentido, el artículo 21 de la Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat, para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, prevé establecer instrumentos para luchar contra esta discriminación:

Los departamentos de la administración autonómica competente en materia de empleo, establecerán instrumentos adecuados al servicio de la Inspección de Trabajo para controlar y hacer cumplir a las personas empleadoras el principio de igualdad de remuneración de mujeres y hombres por un mismo trabajo o por trabajos de igual valor, así como cualesquiera otra medida que considere necesaria para asegurar el principio de igualdad de remuneración.