El síndic de greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha recomendado al Ayuntamiento de Rojales que lleve a cabo una visita de inspección para comprobar los niveles sonoros de la instalación de aguas objeto de la queja y que, en caso de ser necesario, adopte las medidas y obras necesarias para evitar las molestias producidas.

El defensor valenciano inició la investigación tras recibir la queja de una ciudadana que manifestaba que desde finales de 2013 su vivienda estaba afectada por unas vibraciones y frecuencias sonoras muy molestas e intensas. La afectada relacionaba dichas molestias con la puesta en marcha de la nueva acometida de agua del ayuntamiento, en concreto con los motores del grupo de impulsión de agua, tal y como pudo comprobar un técnico de la empresa Hidraqua. En este sentido, la interesada denunciaba que estas vibraciones no sólo podían causar daños sobre su vivienda, sino lo que es peor y más grave, que vivir en ella y sobre todo dormir y descansar sea una cuestión imposible.

El ayuntamiento de Rojales, por su parte, detalló al Síndic las labores llevadas a cabo para investigar dicho problema, llegando a la conclusión de que sería necesario acometer nuevas modificaciones en la red.

En la resolución del Síndic, Cholbi reconoce los esfuerzos realizados por el ayuntamiento con el fin de solventar las molestias producidas a la ciudadana. No obstante, le  recuerda que los servicios de agua potable y alcantarillado son competencia municipal; por tanto, el ayuntamiento tiene la obligación de velar por el correcto funcionamiento de sus instalaciones.

Además, esta institución insiste en que los tribunales de justica vienen declarando con reiteración que los ruidos inciden perniciosamente sobre el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio y los derechos constitucionales a la protección a la salud, a un medio ambiente adecuado y a una vivienda digna; por lo tanto, los poderes públicos tienen la obligación irrenunciable de velar por el cumplimiento de los mismos. 

Por último, el Síndic advierte en su escrito que la inactividad de la Administración en esta materia puede dar lugar a responsabilidad patrimonial, exigible por la interesada. 

Ver contenido íntegro de la resolución del Síndic sobre esta materia.

El adjunto primero del Síndic, Ángel Luna, ha mantenido hoy una reunión de trabajo con el nuevo director general de AERTE, José María Toro, en la sede del Síndic. Durante la misma, el adjunto ha trasladado al responsable de esta asociación la situación en la que se encuentran los expedientes de quejas que actualmente se tramitan en esta institución. 

Uno de los expedientes está relacionado con las demoras de los pagos que la Conselleria de Bienestar Social debe efectuar en concepto de prestaciones vinculadas al servicio o prestaciones económicas individualizadas de las personas tuteladas por la Generalitat y atendidas en centros de AERTE. 

Asimismo, el Síndic está investigando actualmente la repercusión que puediera tener en los centros la aplicación de la modificación de la ley de tasas, que entró en vigor el 1 de enero de 2015. Según la misma, la participación económica de los usuarios en el coste del servicio deja de tener la consideración de precio público y pasa a ser considerada como una tasa.

Por otro lado, el responsable de AERTE ha trasladado al adjunto del Síndic su preocupación por la decisión de la Conselleria de Bienestar Social de seguir cubriendo plazas en las llamadas residencias de accesibilidad social, superando el primer terció de las plazas concertadas. 

El síndic de greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi,  quiere trasladar, en nombre de toda la institución, su más enérgica condena y repulsa por el asesinato de una mujer en la localidad alicantina de Denia, presuntamente a manos de su pareja sentimental. Al parecer, el presunto asesino tenía una orden de alejamiento de la víctima vigente desde el pasado mes de diciembre. 

Desde el Síndic, una vez más, nos vemos en la necesidad de insistir en la importancia de perfeccionar la red de servicios especializados en la atención a la víctima, así como las medidas de protección para garantizar los derechos más básicos de estas mujeres en situación de máxima vulnerabilidad.  

El síndic de greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, y el rector de la Universidad de Alicante, Manuel Palomar, han firmado un convenio que regula la colaboración de ambas entidades en una actividad formativa. En concreto, se trata de un curso de especialización que lleva como título Programas y medidas de protección de la infancia, intervención en el ámbito nacional e internacional, con una duración de 15 créditos ECTS.

Esta actividad resulta de especial interés para una institución como el Síndic, defensor del pueblo de la Comunidad Valenciana, dada el especial compromiso de la misma con los asuntos relacionados con la protección a la infancia. 

El síndic de greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha mediado ante la Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Ocupación tras recibir la queja de una mujer de 83 años que discrepaba de la sanción emitida por Iberdrola por una presunta manipulación del contador.

La interesada, vecina del bloque durante más de 45 años, manifestaba con gran preocupación que, sin previo aviso y sin tener constancia de la inspección realizada, Iberdrola les había remitido una carta a cada uno de los abonados (alguno de ellos jubilados) de una finca de Valencia en la que les comunicaba una sanción por haber detectado una irregularidad consistente en “puentes de tensión manipulados”. A la vez que les advertía que en caso de no abonar la misma se procedería al corte del suministro. Ante esta situación de desamparo, la afectada, que tuvo que hacer frente a un importe de 928 €, presentó una reclamación ante la Administración desmintiendo rotundamente las acusaciones realizadas.

Tras tener conocimiento de estos hechos, el defensor de pueblo valenciano se interesó por este asunto ante la Conselleria de Industria, solicitándoles información al respecto e inquiriendo por las razones por las que las labores de inspección no se habían efectuado con las garantías que los consumidores tienen reconocidas por ley, generando una absoluta indefensión de los mismos. 

Recientemente, el Síndic ha recibido con satisfacción la respuesta de la Conselleria comunicando que ha estimado la reclamación presentada por la afectada y ha ordenado la anulación de la facturación emitida por Iberdrola por  no haber sido ajustada a derecho. Asimismo, la resolución de la Conselleria exige a Iberdrola, como entidad causante de la discrepancia, que devuelva a la afectada los 928 euros. 

La institución del Síndic de Greuges quiere manifestar su más enérgica condena por el asesinato de un menor de diez años en la localidad alicantina de Torrevieja, presuntamente a manos de la pareja sentimental de su madre.

Lamentablemente, hoy evidenciamos con total claridad y amargura que los menores son también víctimas directas de la violencia de género; que esta lacra no sólo afecta a las mujeres, sino también a sus hijas e hijos, a veces como testigos y otras como víctimas directas de las agresiones, que necesitan igualmente medidas de asistencia y protección.

Asimismo, insistimos en la importancia de denunciar las situaciones de maltrato. No sólo las víctimas deben denunciar, la ciudadanía en general – familiares, amigos, vecinos o simplemente testigos –  también tenemos la obligación moral de avisar y destapar estas situaciones. Pero sobre todo reiteramos la necesidad de perfeccionar la red de servicios especializados en la atención a las víctimas,  así como las medidas de protección para garantizar los derechos más básicos de estas personas en situación de máxima vulnerabilidad.

Actualmente, esta institución está elaborando un nuevo informe especial sobre violencia de género en el que estamos prestando especial atención a estas víctimas “invisibles” que sufren y presencian la violencia en el entorno familiar. Un día más, nos reafirmamos en nuestro compromiso de seguir trabajando con contundencia y firmeza para acabar con esta lacra. 

El síndic de greuges, José Cholbi, y el adjunto primero, Ángel Luna, han mantenido hoy un encuentro con un grupo de estudiantes de segundo curso del grado en Gestión y Administración Pública de la Universidad de Alicante. 

El encuentro responde al interés de las alumnas y alumnos por conocer el trabajo que se lleva a cabo en esta institución. Durante la visita, la responsable del Servicio de Antención Ciudadana les ha explicado las competencias del defensor del pueblo valenciano y en qué consiste su labor. Las personas que han participado en esta actividad han tenido la oportunidad de preguntar a los responsables del Síndic todas sus dudas acerca del tipo de quejas y materias que aquí tramitamos. 

Hace unos meses se recibió en esta institución el escrito de una alumna en el que comunicaba su disconformidad con la Conselleria de Educación por haber computado con una nota de un 5 la convalidación de una asignatura de un módulo LOGSE. Según la interesada, tanto el centro educativo como la Inspección de Educación le habían informado que la asignatura convalidada, tal y como establece la normativa vigente, no contaría con nota alguna en su expediente académico.

De acuerdo con la autora de la queja, tras finalizar un ciclo formativo de grado superior en el IES Mare Nostrum, se matriculó en el IES Leonardo Da Vinci, en el curso 2013-2014, para estudiar otro ciclo formativo, solicitando en tiempo y forma la convalidación de una asignatura. En la primera entrega de notas en diciembre de 2013, la asignatura convalidada aparecía con la nota de 5. Tras notificar este problema a la Conselleria, le indicaron que se trataba de un problema informático y que procederían a su corrección. Cual fue la sorpresa de la alumna al comprobar en las notas de la segunda evaluación que el error no había sido subsanado, y así sucesivamente, hasta que en enero de 2015 presentó la queja ante el Síndic. 

La alumna se lamentaba que al puntuar con un 5 dicha asignatura estaba provocando  una bajada en la media de las calificaciones de sus estudios. Además, ésta había dejado claro que en caso de tener que puntuar con un 5 esa asignatura prefería cursarla ordinariamente, ya que tenía una nota media muy alta en sus calificaciones y no quería que esta convalidación afectara a su expediente.

Tras las gestiones realizadas por esta institución, la Conselleria de Educación, Cultura y Deportes ha comunicado al Síndic que se han dado las instrucciones pertinentes al citado IES para que se subsane mediante diligencia la anotación correspondiente en el acta de evaluación de esta alumna y de esta forma la convalidación de esta asignatura no sea computada a efectos de evaluación final  del ciclo formativo. 

El síndic de greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, se ha dirigido a la Diputación de Valencia y al Ayuntamiento de Sueca para plantearles varias alternativas con la finalidad de ampliar el servicio de playas accesibles en el municipio de Sueca, que actualmente se presta durante los meses de julio y agosto en tres puntos de las playas de esta localidad.

La intervención del defensor del pueblo valenciano en este asunto se originó tras recibir un escrito de un usuario de este servicio que mostraba su satisfacción por esta iniciativa pero se lamentaba que sólo estuviese disponible durante los meses de julio y agosto. Esta persona solicitaba la mediación del Síndic para que las instalaciones de playas adaptadas estuvieran activas durante los meses de junio y septiembre. En este sentido, se quejaba de la desigualdad existente en cuanto al disfrute de las playas del municipio, ya que hay playas con postas sanitarias y de vigilancia en funcionamiento desde el 14 de junio hasta el 15 de septiembre, mientras que los servicios de las playas adaptadas sólo se cubren durante las mañanas de julio y agosto.

Los informes aportados por las administraciones afectadas son claros: mientras que el Ayuntamiento de Sueca alega falta de disponibilidad presupuestaria para contratar a personal que cubra las playas adaptadas más allá de lo que se cubre por los becarios de la Diputación de Valencia, ésta nos indica que las becas de prácticas no pueden interferir en los estudios de los alumnos, por lo que, aunque en las primeras ediciones se prolongaron los contratos hasta la mitad de septiembre, actualmente se circunscriben a los meses de julio y agosto (en los que se concentran las vacaciones estivales), ya que las clases comienzan la primera semana de septiembre y los becarios se daban de baja.

Como no puede ser de otra forma, el Síndic aplaude y reconoce el impulso que desde las administraciones públicas se ha otorgado a las playas accesibles en nuestra comunidad, circunstancia que ha posibilitado que las personas con problemas o dificultades de movilidad puedan disfrutar con mayor facilidad de nuestras playas en el periodo estival.

En este sentido, el defensor mantiene que el objetivo de alcanzar las máximas cuotas de igualdad entre todas las personas, padezcan o no discapacidad, debe ser prioritario en el desarrollo de las políticas sociales; el derecho al ocio, a disfrutar del tiempo libre e incluso a practicar deporte son reconocidos a todas las personas y corresponde a las administraciones públicas garantizarlos y fomentarlos.

Llegados a este punto, y teniendo en cuenta el contexto actual de limitaciones presupuestarias y los esfuerzos realizados para hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad, el Síndic propone a la Diputación de Valencia que amplíe el programa «La Dipu te beca» de nuevo hasta el 15 de septiembre, al menos un servicio mínimo en alguna de las playas de los municipios que lo soliciten. Otra opción – sugiere el Síndic- podría ser la de estudiar la creación de un nuevo programa con idéntica finalidad dirigido a personas desempleadas que estuvieran capacitadas y cualificadas para atender estos servicios durante las quincenas de junio y septiembre.

Del mismo modo, el defensor anima al Ayuntamiento de Sueca a que proporcione la formación necesaria al personal que atiende las postas sanitarias y vigilancia desde el 14 de junio al 15 de septiembre para mantener durante esas quincenas extras las instalaciones de adaptabilidad de las playas. Asimismo, el Síndic también ha sugerido al ayuntamiento que valore otras posibilidades de actuación tales como la colaboración de voluntarios a través de las ONG.

Consulte la resolución del Síndic sobre este asunto al Ayuntamiento de Sueca y a la Diputación de Valencia.