El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana ha abierto una queja de oficio para estudiar la situación de los jubilados y pensionistas beneficiarios del bono bus oro. José Cholbi quiere tener información suficiente para dictar una resolución sobre las últimas medidas acordadas por el Ayuntamiento de Alicante y la empresa concesionaria del servicio municipal, Vectalia, que han supuesto una considerable reducción en el número de viajes gratuitos y, por consiguiente, obligan a jubilados y pensionistas a pagar aquellos viajes que superen los 12 desplazamientos gratuitos (anteriormente el total de viajes gratuitos era de 90).

El defensor del pueblo valenciano es consciente de que el colectivo de jubilados y pensionistas es un sector de la población muy sensible a los incrementos de tarifa del transporte público debido, en la mayoría de los casos, a la escasa pensión que reciben. Las nuevas medidas aprobadas por el Ayuntamiento de Alicante les obligaría a destinar parte de sus ingresos a un medio de locomoción insustituible dada la necesidad de desplazarse a los hospitales, ambulatorios y todos aquellos centros sociales en los que habitualmente realizan sus actividades.

El síndic, José Cholbi, es sensible con los muchos movimientos ciudadanos que se producen en la sociedad alicantina debido a las medidas municipales sobre el transporte público y las repercusiones que esas medidas tienen sobre el colectivo de jubilados y pensionistas. Con la apertura de la queja de oficio, Cholbi solicita a la alcaldesa, Sonia Castedo, la más amplia información sobre los acuerdos referidos al transporte público municipal, a la vez que le pide información sobre si se han adoptado medidas para que la población afectada pueda disfrutar de una cantidad más elevada de viajes gratuitos.

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha abierto una queja de oficio para investigar el retraso añadido de 8 meses anunciado esta semana por la Conselleria de Infraestructuras para poner en funcionamiento la línea 2 de TRAM.

El defensor del pueblo de esta comunidad ha querido destacar la importancia y prioridad de la línea 2 del TRAM en la ciudad alicantina, cuyas obras se iniciaron a finales del 2006 y concluyeron en febrero de 2011. Según Cholbi, la puesta en marcha de esta línea tiene una importancia decisiva para satisfacer las necesidades ciudadanas, y recuerda que esta línea unirá el centro de Alicante (plaza de Luceros) con la población de San Vicente del Raspeig, pasando por lugares tan emblemáticos y transitados como el Hospital General, el campus de la Universidad de Alicante y algunos de los barrios más poblados de la ciudad. Por lo que supondrá una notable mejora en los desplazamientos por motivos laborales, formativos y acceso a los comercios de la zonas por las que transcurre la línea 2.

Asimismo, el síndic añade en su escrito a la Conselleria que la referida línea es relevante para lograr un entorno urbano de alta calidad al servicio de las personas. Se trata de avanzar hacia un patrón más equilibrado de movilidad en el que los desplazamientos a pie, en bicicleta y el trasporte público tengan un papel cada vez más relevante tanto en el corazón de los espacios metropolitanos como en los ámbitos cada vez más amplios a los que se extiende la movilidad cotidiana. En este sentido, Cholbi recuerda a la Conselleria que el art. 2 de la Ley 6/2011, de 1 de abril, de Movilidad de la Comunidad Valenciana, dispone que las Administraciones públicas facilitarán la movilidad de las personas como elemento esencial de su calidad de vida y de sus posibilidades de progreso con el desarrollo de sus oportunidades de acceso al trabajo, a la formación, a los servicios y al ocio.

Por todo ello, el síndic se ha dirigido a la Conselleria de Infraestructuras, Territorio  y Medio Ambiente al objeto de conocer de primera mano los motivos que impiden la rápida puesta en marcha de la línea 2 del TRAM.

 

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana ha informado al IVVSA que no debe repercutir la subvención concedida para reparar los bloques dos y tres del Barrio Santa Isabel en los vecinos de las viviendas de dichos bloques, toda vez que considera que el ente gestor de la actuación fue el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig. En consecuencia, José Cholbi estima que no deben ser los inquilinos quienes vean incrementado su IRPF por las citadas obras de reparación. El IVVSA pretende obligar a los afectados a pagar la cantidad de mil euros en una decisión que nunca les fue comunicada.

El defensor del pueblo valenciano recibió en su día una serie de quejas individuales del colectivo de afectados de los bloques dos y tres del barrio Santa Isabel. En ellas exponían que el IVVSA había hecho obras de reparación de las viviendas que ocupaban sin que nunca les fuera comunicada a los vecinos la repercusión de ningún coste. Alegaban, asimismo, que en el mismo barrio, el Instituto Valenciano de la Vivienda había realizado obras de reparación en el bloque uno sin que nunca se les haya repercutido el coste.

Admitidas a trámite las quejas de los vecinos, el síndic se dirigió al IVVSA en demanda de información. Tras varios requerimientos, el instituto respondió señalando que con fecha 5 de mayo de 2003 se había suscrito un convenio marco entre el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig y el IVVSA para la gestión del Área de Rehabilitación Colonia Santa Isabel, al amparo de un decreto del Gobierno Valenciano sobre actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo. El propio ayuntamiento, en su condición de ente gestor de la subvención, expone en su escrito de respuesta al síndic que encargó al IVVSA la realización de cuantas gestiones requiriese la actuación, y estimó como beneficiarios a la comunidad de propietarios de las viviendas reparadas, lo que dio lugar a un incremento patrimonial de dichos propietarios, de conformidad con la Ley del IRPF.

Sin embargo, el síndic José Cholbi considera que no siendo los propietarios los preceptores de la subvención, sino el ente gestor de la actuación; o sea, el Ayuntamiento de San Vicente, no procede que se impute el importe repercutible de dicha subvención en el IRPF de los mismos, sin perjuicio de que dichos propietarios tributen por el incremento patrimonial en el momento en el que éste se materialice, que según la legislación tributaria, es el momento de la transmisión.

Finalmente, el defensor del pueblo valenciano comunica al IVVSA que en un plazo máximo de un mes debe informar si acepta esta recomendación o, en su caso, manifieste las razones que estime para no aceptarla.

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, se ha dirigido al Ayuntamiento de Vinarós para que en el plazo máximo de 15 días le informen sobre las actuaciones municipales llevadas a cabo para eliminar los problemas existentes en la playa del Fortí.

La semana pasada, el defensor del pueblo de esta comunidad decidió abrir una queja de oficio tras tener conocimiento del mal estado en el que se encuentra dicha playa, la cual, según parece, acumula suciedad y está muy descuidada. Según los vecinos de la zona, la mayoría de las bocas del alcantarillado de pluviales que se encuentran en la zona de la playa se encuentran taponadas, con el peligro que comportaría ante episodios de fuertes lluvias.

Por todo ello, Cholbi ha creído conveniente investigar la situación denunciada mediante una queja de oficio y conocer de primera mano las actuaciones que el Ayuntamiento de Vinarós está desarrollando para solucionar dichas carencias.

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha abierto un expediente de oficio para conocer las actuaciones que se están llevando a cabo desde la Conselleria de Turismo, Cultura y Deporte, para elaborar e impulsar el Plan de Fomento a la Lectura de la Comunidad Valenciana.

Dicho plan, tal y como establece el artículo 9 de la Ley 4/2011 de 23 de marzo, de Bibliotecas de la Comunidad Valenciana, considerará la lectura como herramienta básica para el ejercicio del derecho a la educación y a la cultura en el marco de la sociedad del conocimiento.

Asimismo, y de acuerdo con la norma mencionada, el Plan de Fomento a la Lectura tendrá especial consideración con la población infantil y juvenil y con los sectores sociales más desfavorecidos, con especial atención a las personas con discapacidad, así como con el aprendizaje continuo de los ciudadanos de cualquier edad, e impulsará el apoyo a la lectura por parte de las administraciones públicas.

El síndic es plenamente consciente de que el hábito de la lectura es un pilar básico de la formación, desarrollo y educación de las personas. Es además un instrumento básico para la socialización y participación y convivencia democrática. De esta forma, las bibliotecas públicas juegan un papel fundamental en el fomento de la lectura, puesto que garantizan, en condiciones de igualdad de oportunidades, el acceso a todas las personas al pensamiento y a la cultura.

Por todo ello, Cholbi se ha dirigido a la Conselleria de Turismo, Cultura y Deporte para conocer de primera mano las actuaciones que se están desarrollando en lo referente a la elaboración e impulso del Plan de Fomento a la Lectura.

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha abierto una queja de oficio para conocer de primera mano cómo está afectando la demora en el pago a las residencias de tercera edad de la provincia de Alicante, tanto en la atención a las personas mayores como en el personal que presta sus servicios en estos centros. Asimismo, el síndic ha anunciado que en las próximas semanas se ampliará el estudio a las provincias de Valencia y Castellón.

Desde la llegada de Cholbi a esta institución, éste ha mostrado una especial preocupación por la atención que reciben las personas mayores en nuestra comunidad. De hecho, durante el 2011 el Síndic ha tramitado un importante número de quejas relacionadas con la atención a este colectivo, especialmente vulnerable, y en concreto en lo referido a la valoración y asignación de recursos como posibles personas dependientes.

La atención residencial a las personas mayores, tanto a aquellas que han sido valoradas con un grado y nivel de dependencia que determina que la residencia es el mejor de los recursos para atender sus necesidades, como aquellas que no habiendo sido valoradas como personas dependientes residen en estos centros, es un tema de especial interés y máxima relevancia para el defensor del pueblo de esta comunidad.

Por todo ello, el síndic se ha dirigido a la Conselleria de Justicia y Bienestar Social para solicitarle entre otros documentos: una relación de las residencias de atención a personas mayores y otra relación de las residencias de atención a personas mayores autorizadas para atención a personas dependientes a las que se le haya asignado la prestación vinculada al servicio residencial en la provincia de Alicante. En ambos casos los informes deben indicar de cada centro: el número de plazas, la modalidad de estas, la titularidad, el tipo de financiación, así como la fecha del último pago realizado a cada uno de ellos y el periodo al que corresponde el referido pago.

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha admitido a trámite la queja presentada por el Grupo Municipal Socialista de Alicante en la que denuncia la decisión del equipo de gobierno de negarles información municipal. En el escrito de queja que presentó la semana pasada Elena Martín, como portavoz de dicho grupo, se enumeran los documentos solicitados al Ayuntamiento de Alicante que, hasta la fecha, no han recibido respuesta. Todas las peticiones van dirigidas a la concejalía de Hacienda.

En concreto, el Grupo Municipal Socialista requiere información sobre: el grado de cumplimiento del Plan Económico 2010-1012 del Ayuntamiento y sus organismos autónomos; el fichero completo de las facturas pendientes a 31 de diciembre; las copias del informe de la Intervención Municipal de fechas 29 de mayo de 2009  y 7 de julio de 2010 sobre la liquidación del presupuesto consolidado de 2008 y 2009 respectivamente.

Asimismo, solicita documentación relativa a la cuantía de los ingresos obtenidos por el Ayuntamiento en los años 2010 y 2011 procedentes de: la tasa por utilización del dominio público local por empresas de telefonía móvil; de las sanciones por vallas publicitarias ilegales; y los procedentes de la explotación de las cubiertas y superficies de inmuebles municipales para la producción de energía fotovoltaica.

También hace referencia a la petición del desglose por concepto de cada una de las facturas y certificaciones a satisfacer con el recurso financiero relativo a un crédito con el ICO y, finalmente, la copia del Plan Económico Financiero 2010-2012.

Por todo esto, José Cholbi se ha dirigido a la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, para que le remita la información suficiente que le permita estudiar todas las circunstancias concurrentes que sustentan la mencionada queja.

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, se ha dirigido tanto al Ayuntamiento de Elda como a la Conselleria de Gobernación para que en el ámbito de sus respectivas competencias, y a la vista de la gravedad de los hechos imputados al establecimiento (…) adopten todas las medidas que sean necesarias (cautelares  y sancionadoras), con el objeto de evitar que la discoteca siga funcionando y poniendo en riesgo la vida y seguridad de las personas e incumpliendo el horario de cierre.

Así de contundente ha sido la respuesta del defensor del pueblo valenciano a la queja presentada por una vecina de Elda que se dirigió al Síndic manifestando que se había denunciado reiteradamente al Ayuntamiento de Elda, la insoportable contaminación acústica que padece en su vivienda como consecuencia de la actividad de dicho establecimiento, que permanecía abierto hasta las 7 de la mañana.

Tras la petición de informe del Síndic, el Ayuntamiento de Elda reconocía que el citado establecimiento soportaba diversas deficiencias en el local que afectan a la seguridad de las personas, tales como insuficiencias en las salidas de emergencia y deficiencias graves en la instalación eléctrica, así como en la insonorización del local, y que el consistorio había remitido el expediente a la Conselleria de Gobernación, por tratarse de la administración competente para sancionar las infracciones muy graves.

En este sentido, Cholbi le recuerda al consistorio que la Ley valenciana 2/2006, de 5 de mayo, de Prevención de la Contaminación y Calidad Ambiental, habilita al ayuntamiento a adoptar medidas provisionales tales como la suspensión temporal, parcial o total; o clausura temporal, parcial o total de las instalaciones.

Por otro lado, el defensor solicitó a la Conselleria de Gobernación un informe sobre las medidas cautelares adoptadas a la vista de la gravedad de los hechos. En su respuesta al Síndic, dicha conselleria indicaba que ha iniciado un expediente sancionador, que se encuentra en fase de resolución y que han realizado varias visitas de inspección a fin de verificar las cuestiones relativas a las medidas de seguridad e incumplimiento de horarios.

Por todo ello, y ante la gravedad de la situación denunciada, Cholbi espera que las administraciones implicadas sean sensibles a esta recomendación y adopten una solución satisfactoria lo antes posible.

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha recibido en la sede de la institución al nuevo presidente de la Acadèmia Valenciana de la Llengua, Ramón Ferrer, quien ha querido testimoniar con su primer desplazamiento oficial a Alicante su reconocimiento hacia la figura del defensor del pueblo valenciano. Ferrer ha estado acompañado por la secretaria general de la AVL, Verónica Cantó.

En el transcurso de la visita, el presidente de la Acadèmia Valenciana de la Llengua ha entregado al síndic un catálogo de la exposición dedicada a Teodoro Llorente y ha aceptado la propuesta del defensor del pueblo valenciano de firmar próximamente un convenio marco de colaboración entre ambas instituciones.

Al acto también ha asistido por parte de la institución del Síndic el adjunto segundo, Carlos Morenilla.

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha mostrado su satisfacción por la rápida respuesta del Ayuntamiento de Burriana, informándole del Decreto dictado por el alcalde, con fecha 25 de noviembre, a fin de resolver cuanto antes los problemas generados por el matadero comarcal.

De esta forma, el ayuntamiento responde a la recomendación que el defensor del pueblo de la Comunidad Valenciana le hizo llegar el pasado 20 de noviembre. En la misma, y teniendo en cuenta la gravedad de la situación denunciada, Cholbi le instaba a acelerar la tramitación de los expedientes incoados para lograr la rápida eliminación de los fuertes olores que están soportando injustamente los vecinos como consecuencia de los vertidos de dicho matadero.

El Ayuntamiento se basa en todo momento en el informe emitido por el jefe de Servicios Técnicos que apunta a que estas anomalías no corresponden a un vertido extraordinario y puntual, como insiste el alegante (matadero), sino que se refieren a hechos reiterados y persistentes, documentados al menos desde el año 2002.

Por todo ello, el Ayuntamiento ha desestimado las alegaciones presentadas por el matadero que aseguraba que habían sido implantadas las medidas necesarias para resolver y adecuar el vertido de las aguas depuradas a las condiciones establecidas en la ordenanza municipal, basándose en el mencionado informe del jefe de Servicios Técnicos que mantiene que sencillamente, eso no era cierto.

Asimismo, el Ayuntamiento advierte al matadero que adoptará las medidas pertinentes para la revocación del vertido y su efectiva clausura, si en un plazo máximo de mes y medio no adopta las medidas correctoras para soluciona el problema de vertidos y malos olores mencionados.