El Síndic pide más atención en la ESO para alumnos con necesidades educativas especiales

Más medidas contra acoso escolar para el alumnado con NEE y revisar los requisitos para la obtención título de ESO y FP de este colectivo

El síndic de greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, acaba de publicar una resolución sobre la atención que recibe el alumnado con necesidades educativas especiales por causas psíquicas en la etapa de educación secundaria obligatoria. En ella, el defensor valenciano dicta nueve recomendaciones dirigidas tanto a la Conselleria de Educación, a la de Sanidad como a la de Igualdad con el fin de mejorar la atención integral de este colectivo de alumnos/as y proporcionarles los apoyos necesarios para hacer efectivo el principio de igualdad de oportunidades y el derecho de los mismos a una educación inclusiva de calidad.

De acuerdo con los datos facilitados por la Conselleria de Educación (ITACA), durante el curso 2016/2017 en los institutos de educación secundaria de la Comunitat Valenciana se contabilizaron un total de 2.453 alumnos/as con necesidades educativas por causas psíquicas (con diagnóstico TDA-H, TGD, TEA, etc). Se trata de menores que se encuentran en aulas ordinarias de secundaria con graves dificultades afectivas, psicológicas y de aprendizaje, considerado a menudo como un colectivo “invisible”.

 

MAYORES TASAS DE ACOSO ESCOLAR

Buena parte de los menores son víctimas de alguna forma de acoso escolar. Un asunto muy serio que preocupa a sus familias y asociaciones de apoyo. Y es que, si las cifras del bullying ya son muy elevadas, cuando hablamos de estos adolescentes con diversidad funcional esas cifras se disparan aún más.

El Síndic de Greuges hace suyas las reivindicaciones de estas familias que estiman prioritario una actuación preventiva y la supervisión del profesorado y del personal no docente. Para estos profesionales reclama más formación y sensibilización en la atención a la diversidad al objeto de obtener competencias necesarias para identificar y actuar ante comportamientos abusivos hacia estos menores tanto en clase como en espacios no estructurados como son el patio, el autobús escolar, comedor, las excursiones, etc. En este sentido, el Síndic pide a  Educación más medidas para luchar contra el acoso escolar y que ofrezca al alumnado con NEE la protección necesaria, manteniendo al mismo tiempo su inclusión en el sistema educativo general.

 

FACILITAR LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE LA ESO Y DE FP

Otro tema que preocupa a las familias con adolescentes con necesidades educativas especiales es la no obtención del título de la ESO  como consecuencia de su adaptación curricular. El Síndic considera que cuando se le niega el título de ESO a estas chicas/os, se les están cerrando todas las puertas para seguir formándose, dejando el centro de adultos como única vía. Precisamente por eso, insta a la Administración educativa a revisar los requisitos que faciliten la titulación del alumnado con NEE, tanto en la ESO como en la Formación Profesional, con el único fin de facilitar su integración social y laboral. El defensor es partidario de realizar ofertas adaptadas a los perfiles de este alumnado respetando los principios de inclusión e igualdad en la atención a la diversidad.

 

PROTOCOLOS DE COORDINACIÓN ENTRE EDUCACIÓN Y SANIDAD

Cholbi también alude a la necesidad de invertir en la salud mental de la infancia y de la adolescencia con la colaboración y participación de todas las administraciones implicadas, especialmente Educación, Sanidad e Igualdad. La coordinación entre escuela, servicios sociales y atención primaria de salud mental deben estar bien sistematizadas para intervenir de manera integral.

Por ello urge a poner en funcionamiento los protocolos de coordinación interdepartamental que la Administración está elaborando para atender a menores que cursan educación obligatoria y que pueden presentar indicios de enfermedad mental o síntomas importantes de esta, aun sin estar diagnosticado.  Una iniciativa que el Síndic considera muy positiva, a la vez que propone un mayor protagonismo de las familias a la hora de participar en todos los procesos que afecten a sus hijos/as con necesidades educativas.

Y es que de los datos que se aportan en la Estrategia Autonómica de Salud Mental se desprende  que antes de los 14 años ya han aparecido la mitad de los problemas de salud mental y a los 17 años el 70%. Además, los problemas de salud mental en la infancia y en la adolescencia tienen tasas muy altas de problemas mentales en la vida adulta.

Ver resolución del Síndic sobre este asunto.

Acuden al Síndic para reclamar el derecho de su hijo autista a una educación inclusiva

Hay varios momentos en la vida de una persona con Trastorno de Espectro Autista y en la de sus familias en los que se sienten al borde del precipicio. Uno de ellos se produce al cumplir los siete años de edad. A partir de ese momento se da por terminado el conjunto de intervenciones multidisciplinares (neuropediatras, psicólogos, logopedas, terapeutas…) que se presta en los centros de atención temprana a los niños de 0 a 6 años con problemas de desarrollo. Con el inicio de la etapa escolar, la atención a estos menores pasa a depender únicamente de la Administración educativa. Una decisión que desde el Síndic ya se ha cuestionado al entender que se debería suprimir este límite de edad en los casos en los que los facultativos especialistas de la red púbica recomienden su continuidad.

Otro salto al vacío se produce al cumplir los 21 años, la edad límite legal para permanecer escolarizados en centros de educación especial. Esta es la situación en la que se encuentra Alex, un joven con TEA, un autismo sin lenguaje, que cumplirá los 21 en unos meses. Hasta ahora ha sido alumno de un colegio de educación especial de Castellón donde ha contado con un profesor de educación especial, un educador compartido con otras seis personas con distintas capacidades y ha conseguido muy buenos resultados en la estimulación de socialización y aprendizaje.

Llegados a esta edad, y en función del nivel competencia en autonomía personal y social, la Administración baraja tres opciones: una sería incorporar a estas personas en un  Programa de Cualificación Profesional Inicial Especial (una formación profesional para personas con necesidades educativas especiales permanentes). Las otras dos opciones son derivarlas a un centro ocupacional o un centro de día.

Los padres de Alex están luchando por conseguir que su hijo pueda continuar unos años más formándose en centros educativos. Ana, su madre, detalló al Síndic algunos de los múltiples esfuerzos realizados durante todos estos años y sus merecidos logros por normalizar la vida de Alex. Lo define como un adolescente feliz, sobre todo porque comparte espacio y tiempo con sus iguales y con normalidad, “es un chaval que practica deporte, le gusta la música, sale con un grupo de amigos … eso sí, siempre con monitores o con ayuda de un adulto. Hemos conseguido que vaya al colegio solo, que pueda ir a comprar solo … que viaje”.

Sin embargo, el informe emitido por el Servicio Psicopedagógico Escolar ha echado por tierra la pretensión de seguir su formación educativa. El documento señala que Alex “no dispone de un nivel de autonomía personal y social que le permitan el acceso y mantenimiento de un puesto de trabajo en el futuro”, un dictamen en el que se basa la Conselleria de Educación para denegarle el acceso al Programa de Cualificación Profesional Inicial Especial y derivarlo a un centro ocupacional.

Los padres de Alex discrepan frontalmente con la decisión adoptada y aportaron al Síndic otro informe psicológico que aconseja continuar con su formación académica con orientación y ayuda de personal de apoyo. El informe aprecia que el desarrollo de Alex no ha alcanzado su techo y que si sigue con la estimulación pertinente podría alcanzar un nivel mayor de desarrollo y aprendizaje.

Si bien es cierto que el Síndic no puede entrar a resolver este tipo de desacuerdos técnicos, lo que no tiene duda es que los padres tienen derecho a formular recursos y reclamaciones para que se revisen las decisiones adoptadas por la Administración con las que discrepan. Un derecho que, en este caso, se puede haber visto vulnerado porque la Conselleria no ha dictado una resolución administrativa expresa en la que conste la decisión adoptada, ni las vías para presentar reclamación ante la misma. De ahí que el defensor valenciano le haya urgido a emitir resolución administrativa para permitir que los padres de Alex soliciten la revisión de la decisión adoptada respecto a su hijo. 

En relación con las quejas sobre la atención a personas con necesidades educativas especiales, el Síndic lleva años reivindicando el derecho a una educación inclusiva. Desde esta institución  se insiste en que los poderes públicos deben garantizar la adecuada atención especializada a este alumnado rigiéndose por los principios de normalización e inclusión, asegurándose la no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo. Para ello la Administración deberá adoptar, entre otras medidas, la planificación y dotación de los recursos necesarios para dar respuesta a estas necesidades con unos objetivos muy claros: garantizar los derechos de las personas con TEA en igualdad de condiciones que los demás alumnos para que alcancen el máximo desarrollo posible de todas sus capacidades, se propicie su autonomía e inserción en el mundo laboral.

Ver la resolución del Síndic sobre este asunto.