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El Síndic reprocha al Ayuntamiento de El Campello la falta de explicaciones a los vecinos por mantener cerrada durante diez años la piscina municipal

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha reprochado al Ayuntamiento de El Campello la falta de una respuesta clara sobre el estado de la piscina municipal, que lleva más de una década cerrada, y sobre el plazo previsto para su apertura. En su resolución, esta institución insta a la Administración local a dar una contestación completa y debidamente motivada, en la que se detalle la información solicitada por una vecina y se le indiquen las opciones que tiene para reclamar en caso de disconformidad.

De acuerdo con la queja que la interesada presentó ante el defensor del pueblo valenciano, el Ayuntamiento sólo había respondido hasta ahora señalando que el asunto estaba «en manos de los servicios competentes». Para el síndic, esta respuesta vulnera el derecho a una buena administración; es decir, la obligación que tienen las administraciones públicas de atender los asuntos de los ciudadanos de forma concreta, en plazo y con explicaciones suficientes.

La piscina lleva más de una década construida sin que los vecinos de El Campello hayan podido usarla. El Ayuntamiento atribuye el retraso a los problemas derivados de la pandemia, que obligaron a replantear el modelo de gestión del complejo. Los trámites de adjudicación a un operador privado aún no han concluido, y el propio consistorio ha reconocido que, una vez resueltos, harían falta hasta seis meses más para abrir la instalación.

Consulta la resolución del Síndic sobre este asunto. 

 

Luna reprocha a Les Corts su falta de interés por escuchar al Síndic y advierte de una deriva institucional peligrosa

El defensor denuncia que 2025 marca un punto crítico con reformas que debilitan la posición del Síndic y amenazan la autonomía de las instituciones estatutarias.

El Informe anual de 2025, con más de 5.000 quejas y 23.100 consultas ciudadanas, confirma el crecimiento sostenido de la actividad de la institución.

En casi el 80% de las quejas recibidas se ha vulnerado el derecho a una buena Administración, por falta de respuesta a las solicitudes o reclamaciones de la ciudadanía.

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, acompañado de la adjunta primera, Concha Bru, y del segundo, Carlos Castillo, ha presentado hoy en Les Corts su Informe anual 2025 en el que alerta del grave deterioro de la relación entre ambas instituciones, así como del riesgo que suponen las reformas llevadas a cabo por el parlamento autonómico para las instituciones estatutarias.

Este es el último Informe anual que Luna presenta dentro del periodo ordinario de su mandato, que concluye en diciembre de este año 2026. Por ello, el defensor ha incorporado al documento un balance de la deriva de la relación institucional con Les Corts durante los siete años que lleva en el cargo, y de la evolución de los principales problemas de la ciudadanía en este mismo periodo de tiempo.

Pérdida de presencia en sede parlamentaria

Desde que asumió el cargo en 2019, Ángel Luna ofreció diálogo y cooperación a Les Corts para fortalecer la defensa de los derechos de la ciudadanía, pero esa disposición nunca obtuvo respuesta. Esa desafección prolongada se ha agravado notablemente a partir del ejercicio de 2025, por la falta de interlocución, la pérdida de presencia en sede parlamentaria y la aprobación de reformas que “reducen la visibilidad y el papel del Síndic como defensor de los derechos y las libertades de la ciudadanía valenciana.” El defensor también ha señalado que estos cambios abren la puerta a intervenir los presupuestos de las instituciones estatutarias, poniendo en cuestión el marco de garantías previsto en el Estatut para estos organismos.

Resulta especialmente relevante que en 2025 el Síndic no pudiera informar a Les Corts sobre las quejas y preocupaciones de la ciudadanía, como le exige el Estatut, porque la Cámara no lo convocó y el defensor necesita una cita para poder comparecer. Esto demuestra una evidente falta de interés institucional de la Cámara por conocer los problemas que los habitantes de nuestra Comunitat trasladaron al defensor. «Cerrar la puerta a la presencia del Síndic en les Corts supone desairar a los ciudadanos», afirma Luna.

Además, el síndic sostiene que otro de los hechos más significativos de 2025 ha sido la modificación del Reglamento de Les Corts, “que carga de interrogantes el futuro de las instituciones estatutarias con el parlamento valenciano”, ha declarado Luna.

En lo que respecta al Síndic de Greuges, llama la atención que el nuevo Reglamento de Les Corts no se acomode a lo dispuesto por la Ley del Síndic sobre la exposición de contenidos del Informe anual. La ley distingue entre la presentación formal del informe y su exposición pública, que es la que garantiza que el pleno de la Cámara conozca de forma directa los problemas que la ciudadanía traslada al Síndic. Suprimir la comparecencia ante el pleno, advierte Luna, supondría una evidente reducción del papel institucional del Síndic. “A nadie se le escapa que la comparecencia del Síndic ante el pleno dota el contenido de su informe de mayor trascendencia y repercusión pública, que si lo hiciese ante una comisión”, ha sostenido el síndic.

Riesgo de presión política en los organismos estatutarios

La reforma incorpora, además, una disposición que abre la puerta a intervenir las partidas presupuestarias de las instituciones estatutarias durante la tramitación de los Presupuestos de la Generalitat. Aunque la redacción es ambigua, el Síndic señala que este cambio introduce un riesgo de presión política contrario a la autonomía e independencia que el Estatut protege mediante mayorías cualificadas.

En su informe, el Síndic también da cuenta del episodio que afectó en 2025 a la Acadèmia Valenciana de la Llengua, cuyo presupuesto fue modificado durante la tramitación parlamentaria hasta comprometer su funcionamiento y anular en la práctica su autonomía orgánica y presupuestaria. Tras la solicitud de la presidenta de la institución, el Síndic pidió al Defensor del Pueblo la interposición de un recurso de inconstitucionalidad. Aunque este no llegó a materializarse, sí se emitió una recomendación al Consell para corregir la situación y salvaguardar la independencia de la entidad lingüística.

Para el Síndic, este episodio constituye una señal de alarma, especialmente cuando coincide con una reforma reglamentaria que permite precisamente intervenir los presupuestos de las instituciones estatutarias. El defensor advierte de que decisiones de este tipo vulneran el equilibrio institucional previsto en el Estatut, que exige mayorías reforzadas para proteger la autonomía de los organismos que garantizan derechos y libertades.

Luna reivindica el papel del Síndic como defensor independiente y recuerda que “la salud democrática de la Comunitat Valenciana depende, en buena medida, del respeto y la estabilidad de sus instituciones estatutarias”.

Una institución más activa que nunca

 El Informe anual 2025 recoge un incremento muy significativo de la actividad del Síndic, con más de 28.100 actuaciones entre consultas y quejas. La oficina de atención ciudadana del Síndic atendió 23.137 consultas, lo que supone un aumento de casi el 25% respecto al año anterior. Además, se tramitaron 5.006 quejas de la ciudadanía, un 5% más que en 2024, y se iniciaron 12 investigaciones de oficio.

Cabe destacar que tres de las quejas de oficio se abrieron para supervisar las actuaciones de las administraciones públicas posteriores a la DANA 2024 en materia de Servicios Sociales, Educación y Vivienda. Estas investigaciones se unieron en un único expediente que ha derivado en un Informe Especial, que ofrece una visión global del impacto de la DANA 2024, analiza la respuesta de los distintos sistemas públicos y formula recomendaciones para mejorar la preparación y capacidad de reacción ante futuras catástrofes. En el Informe anual se incluye un resumen de este Informe Especial DANA.

Nula colaboración entre Gobierno central y Consell en la reconstrucción

 El problema de la falta de coordinación entre administraciones a la hora de atender a la ciudadanía afectada por la DANA fue una constante durante 2025, sobre todo entre la central y la autonómica. Esa ausencia de colaboración entre el Gobierno central y la Generalitat dificultó el avance de los trabajos de reconstrucción, perjudicando a cientos de miles de personas damnificadas. “Si algo ha venido a demostrar de forma palmaria el trágico episodio de la DANA es que, en situaciones de crisis, y sobre todo en contextos de polarización extrema como los actuales, fallan los mecanismos de cooperación entre los diferentes niveles de las administraciones. No ha existido ni una mínima interlocución, en clave colaborativa, entre la Administración estatal y la Generalitat”, ha subrayado Luna.

Consciente de la gravedad de esta situación, el síndic, Ángel Luna, convocó en la sede del Síndic una reunión de trabajo con el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo. Ese encuentro concluyó con la decisión de abrir una queja de oficio por parte del Defensor del Pueblo, dirigida tanto al Gobierno central como al Consell, para instarles a poner en marcha la Comisión Mixta de reconstrucción y recuperación, así como a impulsar esa imprescindible cooperación institucional. Finalmente, la Comisión Mixta se creó el 4 de febrero de 2026.

Atasco irresoluble de los Servicios Sociales

 Al igual que en años anteriores, los asuntos relacionados con el área de Servicios Sociales fueron, con enorme diferencia, los más numerosos y alcanzaron un total de 1.900 quejas. De ellas, la mayoría estaban relacionadas con el reconocimiento y las ayudas de la dependencia y las demoras en la valoración de la discapacidad.

A pesar de que durante 2025 las quejas sobre la dependencia experimentaron un ligero descenso siguen siendo el principal foco de reclamaciones del Síndic y representan cerca del 65% del total de las presentadas en esta materia y algo más del 30% de la totalidad de las admitidas a trámite en la institución.

El actual equipo del Síndic de Greuges ha venido advirtiendo desde su primer Informe anual en 2020 de los problemas derivados del diseño del funcionamiento de los servicios sociales en la Comunitat, que obligan a una doble valoración por parte de los equipos sociales municipales y de los de la Conselleria. Luna ha lamentado que “no se ha hecho nada relevante para simplificar los procedimientos que están atascando los servicios sociales de forma irresoluble”.

Asimismo, durante 2025 el Síndic volvió a comprobar la problemática que se genera cada vez que llegan a su fin los contratos programa suscritos, ahora por periodos cuatrienales, entre la Conselleria competente en Servicios Sociales y los ayuntamientos que participan en la gestión de algunos servicios y programas. Esto sucede porque las administraciones locales no pueden contar con plantillas estables ya que la contratación de personal está sujeta a que reciban la subvención.

Ni transparencia ni buena administración 

Las quejas por falta de transparencia y acceso a la información pública se consolidan como las segundas más numerosas presentadas por la ciudadanía ante el Síndic, a pesar de que en 2025 registraron un ligero descenso, pasando de 432 a 412; pero la gravedad de la situación persiste.

El Síndic recuerda que, con los medios de los que disponen hoy las administraciones, la falta de transparencia no puede atribuirse a problemas técnicos ni a limitaciones derivadas de la protección de datos, sino que responde a una falta de voluntad política que compromete la calidad democrática.

Los efectos de la falta de transparencia son evidentes: se deteriora la rendición de cuentas, se dificulta la participación política y crece la desafección ciudadana al percibirse que los responsables públicos priorizan el enfrentamiento partidista frente a la solución de los problemas reales. En este contexto, el Síndic alerta de que, sin mecanismos claros de transparencia y control, las administraciones corren el riesgo de actuar al servicio de intereses particulares, alejándose del interés general y favoreciendo un uso privilegiado de los recursos públicos.

Además, Luna insiste en que sin transparencia no puede haber buena administración y la vulneración del derecho a una buena administración continúa siendo el principal motivo de queja de los ciudadanos. El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana ha hecho de la defensa del derecho a una buena administración uno de los ejes de su actuación. Recogido por la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y por la jurisprudencia del Tribunal Supremo de España, permite denunciar comportamientos inapropiados de las administraciones, cuando estos se amparan en la opacidad o la falta de respuesta.

De hecho, el 90% de las quejas que la ciudadanía presenta ante el Síndic denuncia, en primer lugar, la falta de respuesta a sus solicitudes y reclamaciones. Esta es una práctica habitual, incompatible con una administración que debe situar a las personas en el centro de su actuación. Esta falta de información no solo genera indefensión, sino que abre la puerta a la arbitrariedad, los errores y los abusos de poder.

Ayudas a la vivienda eliminadas en los presupuestos de la Generalitat

 Por último, es preciso mencionar la gravedad del creciente problema social de la vivienda que, aunque no en números absolutos, en porcentaje de quejas se ha duplicado con creces en los últimos cinco años. Si antes de la DANA de 2024 la situación de la vivienda ya era precaria, “ahora, las administraciones públicas tendrán que realizar enormes esfuerzos para, más allá de recomponer, mejorar una situación dramática”, ha manifestado el síndic.

Tal y como ha reiterado el Síndic en muchas resoluciones, la vivienda constituye un elemento básico en la vida de las personas, y si se carece de ella es imposible acceder a otros derechos fundamentales.

Por ello, este Informe anual 2025 hace referencia a la desagradable sorpresa que supuso advertir que la Ley de Presupuestos de la Generalitat correspondiente a 2025 eliminó el procedimiento para conceder ayudas ante la inexistencia de viviendas disponibles para adjudicar. Este procedimiento estuvo vigente durante los ejercicios 2023 y 2024 y se eliminó de forma incomprensible.

Esta institución ha trasladado a la Conselleria de Vivienda que esa medida es un grave paso atrás y limita seriamente las posibilidades de acceso a una vivienda para determinados colectivos.

ALGUNOS DATOS ESTADÍSTICOS DEL INFORME ANUAL 2025

Tabla 2.            Quejas de la ciudadanía iniciadas en 2025

 

2024 2025 Variación 2025-2024
Tipo Nº % Nº % Nº %
Admitidas 3.941 82,62 4.145 82,80 204 5,18
Inadmitidas 720 15,09 775 15,48 55 7,64
Trasladadas a otras defensorías 109 2,29 86 1,72 -23 -21,10
Total 4.770 100,00 5.006 100,00 236 4,95

 

Tabla 6.            Lugar de residencia de las personas que presentaron quejas en 2025

 

2024 2025 Variación 2025-2024
Provincia Hab. Nº % Q/100 k hab. Hab. Nº % Q/100 k hab. Hab. Nº % Q/100 k hab.
Alicante 1.991.259 2.043 42,83 102,60 2.033.566 2.154 43,03 105,92 42.307 111 5,43 3,32
Castellón 615.849 395 8,28 64,14 627.620 354 7,07 56,40 11.771 -41 -10,38 -7,74
Valencia 2.709.433 2.278 47,76 84,08 2.763.996 2.354 47,02 85,17 54.563 76 3,34 1,09
Comunitat Valenciana 5.316.541 4.716 98,87 88,70 5.425.182 4.862 97,12 89,62 108.641 146 3,10 0,92
Otros/No especificado – 54 1,13 – – 144 2,88 – – 90 166,67 –

 

Se utilizan las siguientes abreviaturas: Hab. (Habitantes), Nº (Número de quejas), % (Porcentaje de quejas), Q/100 k hab. (Quejas por 100.000 habitantes)

Los datos de población son los que proporciona el INE para los años 2024 y 2025.

El dato de quejas por 100.000 habitantes solo se ofrece para la Comunitat Valenciana y las provincias que la integran, pues carece de sentido para otros orígenes.

 

Tabla 8.            Materia de las quejas de la ciudadanía iniciadas en 2025 y admitidas a trámite

 

2024 2025 Variación 2025-2024
Materia Nº % Nº % Nº %
Servicios sociales 1.888 47,91 1.962 47,33 74 3,92
Sanidad 122 3,10 139 3,35 17 13,93
Educación 207 5,25 107 2,58 -100 -48,31
Vivienda 164 4,16 170 4,10 6 3,66
Empleo 247 6,27 341 8,23 94 38,06
Transparencia 432 10,96 412 9,94 -20 -4,63
Procedimientos administrativos 200 5,07 239 5,77 39 19,50
Hacienda pública 80 2,03 107 2,58 27 33,75
Servicios públicos y medio ambiente 317 8,04 399 9,63 82 25,87
Urbanismo 128 3,25 141 3,40 13 10,16
Industria, agricultura, comercio y turismo 19 0,48 19 0,46 0 0,00
Justicia y administración corporativa 27 0,69 33 0,80 6 22,22
Infancia y adolescencia 56 1,42 24 0,58 -32 -57,14
Deporte y cultura 39 0,99 26 0,63 -13 -33,33
Derechos lingüísticos 15 0,38 26 0,63 11 73,33
Total 3.941 100,00 4.145 100,00 204 5,18

 

Tabla 14           Grado de colaboración de las Administraciones investigadas (Consell y ayuntamientos) en quejas cerradas en 2025

 

Administración Total quejas Sí colabora No colabora % colabora
Vicepresidencia Primera y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda 2298 1476 822 64,23
Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo 197 164 33 83,25
Conselleria de Sanidad 171 153 18 89,47
Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia 131 131   100,00
Vicepresidencia Segunda y Conselleria para la Recuperación Económica y Social de la Comunitat Valenciana y de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio 66 34 32 51,52
Conselleria de Justicia y Administración Pública 52 46 6 88,46
Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio 25 22 3 88,00
Conselleria de Hacienda y Economía 17 14 3 82,35
Conselleria de Educación, Cultura y Universidades 11 11   100,00
Conselleria de Emergencias e Interior 7 5 2 71,43
Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca 3 3   100,00
Conselleria de Economía, Hacienda y Administración Pública 3 3   100,00
Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación 3   3 0,00
Conselleria de Justicia, Transparencia y Participación 2 2   100,00
Vicepresidencia Primera y Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad 2 2   100,00
Vicepresidencia Segunda y Conselleria para la Recuperación Económica y Social de la Com. Valenciana 1 1   100,00
Presidencia de la Generalitat Valenciana 7 7   100,00
Total Consell 2996 2074 922 69,23
LABORA (Servicio Valenciano de Empleo y Formación) 5 4 1 80,00
Universitat Jaume I 2 1 1 50,00
Universitat de València 2 1 1 50,00
Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl 1   1 0,00
Total otras entidades autonómicas 10 6 4 60,00
Ayuntamientos de la provincia de Alicante 802 496 306 61,85
Ayuntamientos de la provincia de Castellón 157 93 64 59,24
Ayuntamientos de la provincia de Valencia 751 480 271 63,91
Total ayuntamientos 1710 1069 641 62,51

 

Tabla 17.          Evolución de las materias de las quejas de la ciudadanía iniciadas cada año, de 2021 a 2025

 

Materia 2021 2022 2023 2024 2025 Variación 2025-2024
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %
Servicios sociales 1.040 36,34 1.032 35,49 1.264 41,66 1.888 47,91 1.962 47,33 74 3,92
Sanidad 172 6,01 147 5,06 121 3,99 122 3,10 139 3,35 17 13,93
Educación 96 3,35 125 4,30 76 2,50 207 5,25 107 2,58 -100 -48,31
Vivienda 78 2,73 87 2,99 132 4,35 164 4,16 170 4,10 6 3,66
Empleo 241 8,42 288 9,90 208 6,86 247 6,27 341 8,23 94 38,06
Transparencia 314 10,97 286 9,83 301 9,92 432 10,96 412 9,94 -20 -4,63
Procedimientos administrativos 193 6,74 223 7,67 259 8,54 200 5,07 239 5,77 39 19,50
Hacienda pública 95 3,32 98 3,37 74 2,44 80 2,03 107 2,58 27 33,75
Servicios públicos y medio ambiente 363 12,68 350 12,04 347 11,44 317 8,04 399 9,63 82 25,87
Urbanismo 117 4,09 115 3,95 113 3,72 128 3,25 141 3,40 13 10,16
Industria, agricultura, comercio y turismo 24 0,84 31 1,07 27 0,89 19 0,48 19 0,46 0 0,00
Justicia y administración corporativa 33 1,15 28 0,96 22 0,73 27 0,69 33 0,80 6 22,22
Infancia y adolescencia 37 1,29 34 1,17 50 1,65 56 1,42 24 0,58 -32 -57,14
Deporte y cultura 36 1,26 34 1,17 25 0,82 39 0,99 26 0,63 -13 -33,33
Derechos lingüísticos 23 0,80 30 1,03 15 0,49 15 0,38 26 0,63 11 73,33
Total 2.862 100 2.908 100 3.034 100 3.941 100 4.145 100 204 5,18

 

En las columnas referidas a los años:

  • Nº significa número de quejas
  • % significa porcentaje respecto del total de quejas de ese año.

En las columnas tituladas variación 2025-2024:

  • Nº significa diferencia entre el número de quejas en 2024 y 2025

Nº = nº quejas 2025 – nº quejas 2024

  • % significa porcentaje de variación respecto del número de quejas de la materia en 2024

% = (nº quejas 2025 – nº quejas 2024) / nº quejas 2024

Consulta el Informe anual 2025 en la web del Síndic.

Consulta el Informe especial Dana 2024 en la web del Síndic.

 

 

El Síndic urge al Ayuntamiento de Gandia a actuar por las molestias de un chalet usado para fiestas y alquiler turístico sin licencia

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha instado al Ayuntamiento de Gandia a adoptar medidas para poner fin a la actividad de una vivienda en el campo que presuntamente se utiliza para la celebración de fiestas y eventos sin contar con autorización administrativa.

La actuación del Síndic se inició tras la queja presentada por una vecina, que denunciaba las molestias por ruido procedentes de una casa situada en una zona rural, donde desde hace años se organizan fiestas con música amplificada en el exterior y gran afluencia de personas. Según la reclamante, el inmueble se alquila para este tipo de eventos pese a no figurar registrado como vivienda turística.

Tras solicitar información al Ayuntamiento, la institución ha constatado que la policía local ha intervenido en varias ocasiones por avisos relacionados con música a alto volumen. Asimismo, las comprobaciones municipales han confirmado que la vivienda no dispone de licencia de actividad y que el uso turístico es incompatible con la normativa urbanística aplicable a la parcela.

El Ayuntamiento ha trasladado los hechos a distintos departamentos municipales y a la Dirección General de Turismo de la Generalitat Valenciana para determinar posibles infracciones administrativas.

En su resolución, el Síndic considera que la administración local ha realizado actuaciones de investigación y control. No obstante, advierte de que no consta que se hayan adoptado todavía medidas concretas que garanticen el cese de una actividad no autorizada que estaría generando molestias a los vecinos.

Por ello, la institución ha insistido al Ayuntamiento de Gandia sobre la necesidad de actuar con rapidez y determinación para restaurar la legalidad y proteger los derechos de los vecinos al descanso, a la salud y a disfrutar de una vivienda y un entorno adecuados.

Consulta nuestra actuación sobre este asunto.

El Síndic pide a Educación que resuelva ya una solicitud de transporte escolar en un caso de custodia compartida

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha recomendado a la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades que resuelva a la mayor brevedad una solicitud de autorización excepcional de transporte escolar presentada por el padre de una alumna de ESO escolarizada en un IES de Bétera, en régimen de custodia compartida.

La queja se presentó porque la menor solo podía utilizar la parada de autobús correspondiente al domicilio en el que está empadronada, aunque reside de forma alterna en dos domicilios. La Administración educativa informó de que, según la normativa vigente, cada alumno dispone únicamente de una plaza de transporte escolar vinculada al domicilio habitual declarado a efectos de escolarización, por lo que no se permiten dos rutas ni dos paradas simultáneamente.

No obstante, la Resolución de 1 de julio de 2025 prevé la posibilidad de pedir una autorización excepcional de uso del transporte escolar, especialmente cuando en una localidad no exista transporte público regular que permita llegar al centro educativo. La resolución de estas peticiones corresponde a la Dirección General de Centros Docentes.

El defensor del pueblo valenciano recuerda que, si un órgano administrativo entiende que no es competente para resolver una solicitud, tiene la obligación de enviarla al órgano que sí pueda decidir y comunicarlo a la persona interesada. En este caso, considera que la Dirección Territorial debió trasladar la solicitud al órgano competente para que fuera este quien la resolviera.

Por ello, el Síndic ha recomendado a la Conselleria que, dado el tiempo transcurrido y lo avanzado del curso, resuelva cuanto antes la nueva petición presentada por el padre y que actúe con el máximo rigor cuando una solicitud deba ser enviada al órgano competente.

Consulta la resolución sobre este asunto.

El Síndic insta a Sanidad a garantizar una farmacia de guardia en Picassent

Luna reprocha la falta de respuesta a una reclamación ciudadana y recuerda que el municipio está obligado por ley a contar con este servicio

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha emitido una resolución en la que reprocha a la Conselleria de Sanidad no haber respondido dentro del plazo legal a una reclamación ciudadana y reclama que el municipio de Picassent disponga de una farmacia de guardia, tal y como establece la normativa vigente.

El origen del caso se sitúa en una queja presentada por un ciudadano ante la Conselleria de Sanidad en diciembre de 2024, en la que denunciaba la ausencia de una oficina de farmacia de guardia en el municipio, pese a que Picassent supera los 20.000 habitantes y cuenta con un centro de salud con atención continuada, circunstancias que obligan legalmente a disponer de este servicio, esencial para atender urgencias nocturnas y de fines de semana.

El Síndic ha constatado que la Conselleria de Sanidad no actuó ni respondió en plazo, pese a tratarse de un servicio esencial, recordando que esta falta de actuación vulnera el derecho de la ciudadanía a una buena administración.

La resolución aclara, además, que la reciente modificación de la normativa autonómica sobre la organización de las guardias farmacéuticas no elimina ni reduce esta obligación, por lo que no puede servir como justificación ni para la falta de cobertura del servicio ni para el retraso administrativo.

Por todo ello, el Síndic urge a la Conselleria de Sanidad a resolver de forma expresa la reclamación presentada, a verificar mediante inspección que Picassent dispone efectivamente de farmacia de guardia y a adoptar las medidas necesarias para corregir cualquier deficiencia detectada, garantizando así la asistencia farmacéutica permanente que exige la ley.

Consulta la resolución del Síndic sobre este asunto.

El Síndic urge al Ayuntamiento de Alicante a conceder una tarjeta de estacionamiento para un menor con discapacidad

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna González, ha recomendado al Ayuntamiento de Alicante que resuelva de forma inmediata la solicitud de una tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad presentada para un menor con discapacidad y movilidad reducida, una vez superado ampliamente el plazo máximo previsto en la normativa municipal.

El defensor del pueblo valenciano subraya que la tarjeta de estacionamiento es un recurso esencial para facilitar la movilidad, la autonomía personal y la participación social del menor. En este sentido, advierte de que la demora del Ayuntamiento en resolver la solicitud ha causado un perjuicio real y efectivo en un caso especialmente sensible, al afectar a un menor. Una situación que no hace más que incrementar la incertidumbre y la carga que soportan las familias con personas con diversidad funcional a su cargo, al limitar de forma directa el acceso a estos apoyos básicos en la vida cotidiana.

Por otra parte, Luna ha recordado al Ayuntamiento de Alicante su deber de colaboración con el Síndic, tras no atender los requerimientos de información formulados durante la tramitación de la queja.

Consulta la resolución de consideraciones de este caso.

 

El Síndic recomienda a Chóvar eliminar tarifas discriminatorias en la piscina municipal

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha recomendado al Ayuntamiento de Chóvar que revise y modifique la ordenanza reguladora de las tasas de la piscina municipal para garantizar un trato igualitario a todas las personas usuarias, con independencia de que estén o no empadronadas en el municipio.

La institución considera que establecer precios diferenciados por razón de empadronamiento vulnera el principio constitucional de igualdad y no resulta conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que sólo admite diferencias tarifarias cuando existan razones objetivas, proporcionadas y debidamente justificadas, como criterios económicos, y siempre con respaldo normativo adecuado.

Además, el Síndic insta al Ayuntamiento a responder de manera clara y motivada a las reclamaciones presentadas por la ciudadanía, recordando que la falta de contestación vulnera el derecho a una buena administración y el deber legal de resolver en plazo los escritos presentados ante la Administración.

Estas recomendaciones se producen tras la tramitación de una queja presentada por un representante de los residentes del municipio, en la que se denunciaba tanto la aplicación de bonificaciones a favor de las personas empadronadas como la ausencia de respuesta municipal a una reclamación previa.

Durante la investigación, el Ayuntamiento no remitió la información solicitada por el Síndic ni respondió a los requerimientos efectuados. Ante esta situación, el Síndic ha dejado constancia de la falta de colaboración del consistorio y recuerda que las administraciones públicas están obligadas a colaborar con esta institución y a responder justificadamente sobre la aceptación o rechazo de sus recomendaciones.

Consulta el expediente de queja sobre este asunto:

Conselleria se compromete con el Síndic a reforzar personal y agilizar trámites para reducir el atasco en valorar la discapacidad

La valoración oficial del grado de discapacidad es un paso imprescindible para acceder a ayudas, prestaciones y derechos sociales. Sin embargo, en la Comunitat Valenciana, decenas de miles de personas llevan más de un año esperando a que su expediente sea revisado. Esta situación ha generado un gran malestar social y un notable incremento de quejas ciudadanas relacionadas con este problema desde 2024.

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha cerrado hoy su investigación de oficio sobre las graves demoras en la valoración de la discapacidad con el compromiso de la Conselleria de Servicios Sociales de aceptar algunas de las recomendaciones propuestas para atajar el problema.

El defensor propuso nueve recomendaciones a la Conselleria, entre las que destacan la necesidad urgente de reforzar los recursos humanos, crear más equipos de valoración, acelerar la implantación de la nueva herramienta informática y mejorar la información a los solicitantes sobre los plazos de resolución de sus expedientes

Servicios Sociales ha aceptado seis de estas recomendaciones, aunque sin concretar plazos de cumplimiento. Cabe señalar que la Administración autonómica se ha comprometido a la contratación temporal de 24 nuevos profesionales para reforzar los Centros de Valoración y Orientación de Discapacidad en Castellón, Valencia y Alicante; a aprobar una nueva orden reguladora del procedimiento; a acelerar la implantación de una aplicación informática que facilite la gestión; y a colaborar con las organizaciones sociales del sector para mejorar la atención y el asesoramiento a las personas con discapacidad.

La Conselleria espera que estas medidas ayuden a reducir el volumen de expedientes pendientes, que supera los 61.000 en toda la Comunitat, según la información que ha proporcionado a esta institución. Una cifra que refleja la gravedad de la situación y la necesidad de adoptar medidas eficaces y urgentes.

Por contra, la Administración ha rechazado la recomendación de informar de manera individual a cada solicitante sobre el tiempo estimado para la resolución de su expediente, alegando que supondría una carga administrativa extra no prevista en la ley. También descarta crear más equipos de valoración a nivel de departamentos sociales y emitir resoluciones provisionales para quienes están pendientes de revisión, medidas que el Síndic considera razonables y necesarias para garantizar una buena administración y reducir la incertidumbre de las personas afectadas.

Luna ha recordado que el tiempo medio de espera para la valoración de la discapacidad es actualmente de un año y medio. Además, ha anunciado que hará un seguimiento del cumplimiento de las medidas aceptadas.

Consulta la resolución del Síndic sobre este asunto.

El Síndic advierte del riesgo de utilizar y estigmatizar a los menores migrantes en el debate político valenciano

La X Jornada sobre Infancia y Adolescencia, celebrada en Alicante, reúne a expertos que reivindican el respeto y los derechos de los jóvenes migrantes y abordan su integración

En plena negociación política para la investidura del nuevo presidente de la Generalitat Valenciana, el síndic de Greuges de la Comunitat, Ángel Luna, ha advertido sobre el riesgo de convertir a los menores migrantes en objeto de controversia y estigmatización. Durante la X Jornada sobre Infancia y Adolescencia, celebrada en la Universidad de Alicante, Luna subrayó que “no se puede negociar con el respeto a los derechos de los niños”, recordando que la protección de los más vulnerables debe prevalecer sobre cualquier interés partidista. El defensor insistió en que los menores migrantes no representan una amenaza ni una carga para la sociedad valenciana, sino que buscan oportunidades y merecen ser acogidos e integrados con dignidad.

La Facultad de Educación de la Universidad de Alicante acogió ayer la X Jornada del Síndic de Greuges sobre Infancia y Adolescencia, centrada en la acogida e integración de menores migrantes sin referentes familiares. El encuentro reunió a destacados expertos y profesionales del ámbito social, quienes analizaron los desafíos y buenas prácticas en la atención a estos jóvenes.

La conferencia inaugural estuvo a cargo de Elena Arce, directora del Área de Migraciones e Igualdad de Trato del Defensor del Pueblo de España, quien ofreció datos actualizados sobre menores migrantes no acompañados recogidos en el Informe del Defensor del Pueblo. Arce subrayó la importancia de garantizar la protección y el acompañamiento de estos menores, destacando la necesidad de políticas integrales y coordinadas.

A continuación, intervino Violeta Quiroga, trabajadora social y profesora de la Universidad de Barcelona, quien defendió la integración de los jóvenes migrantes en la sociedad española: “Necesitamos mano de obra extranjera, nuestra sociedad está envejeciendo, y qué mejor que los jóvenes que han llegado cuando eran muy jóvenes porque crecieron en nuestras casas.”

La mesa redonda contó con la participación de Calixto Herrera Rodríguez, de la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia del Gobierno de Canarias, y Juan Antonio Fuster Sánchez, director de la residencia Buenavista de Gandía (Fundación Amigó), quienes compartieron experiencias sobre la acogida y la intervención con menores migrantes en diferentes comunidades autónomas.

Ignacio Fariña Sarasqueta, director de Acogida e Integración de las Personas Inmigrantes del Gobierno Vasco, presentó la experiencia de éxito de un programa de apoyo a la emancipación de jóvenes migrantes en situación de riesgo social, destacando la Estrategia TRAPEZISTAK.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue el testimonio de Bader Hamdidi, joven marroquí de 18 años que llegó a España con 14 tras una dura travesía en patera. Bader relató su experiencia en centros de acogida, su formación y su integración laboral en la Comunitat Valenciana. “Venir a España está bien porque hay más oportunidades, pero no merece la pena tirarse al mar”, afirmó. Su historia sirvió para poner rostro y voz a la realidad de los menores migrantes y para reivindicar la importancia de la acogida y el acompañamiento en su proceso de integración.

La jornada concluyó con la intervención institucional de Ángel Luna, síndic de Greuges, quien reiteró la necesidad de defender los derechos de la infancia y la adolescencia, recordando que la protección de los menores migrantes es una responsabilidad compartida que debe estar por encima de cualquier debate político.

El Síndic recuerda a Vila-real su obligación de reservar plazas para personas con discapacidad en las ofertas de empleo público

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha recordado al Ayuntamiento de Vila-real que debe reservar al menos un 10 % de las plazas en sus ofertas de empleo público para ser cubiertas por personas con discapacidad, con independencia del sistema selectivo utilizado.

Así se recoge en dos resoluciones dictadas por el Síndic tras las quejas por la falta de esa reserva en las ofertas de empleo público ordinaria y complementaria aprobadas en 2022 por el Ayuntamiento, ambas destinadas a la estabilización de empleo temporal: una con 100 plazas y otra con 34.

El Ayuntamiento trasladó al Síndic que esa reserva no era aplicable a los procesos de estabilización por concurso de méritos previstos en la Ley 20/2021, de medidas urgentes para reducir la temporalidad en el empleo público. También señalaba que la plantilla municipal ya cumplía con la obligación de que al menos el 3 % de sus plazas estén ocupadas por personas con diversidad funcional y que las ofertas de empleo público ordinarias de 2022, 2023 y 2024 sí respetaron el cupo del 10 %.

El Síndic, en cambio, rechazó esta interpretación y consideró vulnerado el derecho de acceso al empleo público del colectivo de personas con discapacidad, ya que no se les permitió participar en procesos selectivos reservados en exclusiva, que debían suponer al menos el 10 % del total de plazas ofertadas. Además, Luna recordó que la Ley 4/2021, de la Función Pública Valenciana, obliga a reservar ese porcentaje mínimo en todas las ofertas de empleo público, con independencia del sistema selectivo que se utilice.

Tras analizar la respuesta municipal, el Síndic concluye que el Ayuntamiento no ha atendido sus recomendaciones, ya que no se pronuncia expresamente sobre las ofertas de estabilización objeto de las quejas y se limita a reiterar que cumple la normativa en las ofertas ordinarias.

Consulta las resoluciones del Síndic sobre este asunto: