El derecho a una vivienda digna a debate entre los defensores del pueblo iberoamericanos

Los adjuntos del Síndic de Greuges, Ángel Luna y Carlos Morenilla participan del 20 al 22 de noviembre en el XXIII Congreso de la Federación iberoamericana del Ombudsman (FIO) que este año organiza la oficina del Raonador del Ciutadà en Andorra. En la reunión de este año, a la que han asistido representantes de defensorías de derechos humanos de 21 países, se aborda como tema principal el derecho a una vivienda digna; un derecho recogido en los tratados internacionales más relevantes, así como en la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos.

En concreto, los defensores profundizarán sobre la problemática de las viviendas vacías, las viviendas de emergencias, los asentamientos irregulares, así como las diferentes actuaciones de las defensorías para garantizar la protección de personas vulnerables ante los desalojos y el acceso a servicios públicos domiciliarios.

Igualmente, durante el congreso también se han celebrado reuniones de trabajo de las diferentes redes temáticas de la FIO -las redes de Mujer; Niñez y Adolescencia; Migración y Trata; y Comunicadores (ComFIO).

La Conselleria se compromete con el Síndic a agilizar la tramitación y abono de unas ayudas para rehabilitación solicitadas por una ciudadana en 2010

Hace unos meses, acudió al Síndic una ciudadana como representante legal de un familiar que manifestaba que en julio de 2010 presentó solicitud para la concesión de una subvención personal para la rehabilitación del edificio donde residía el tutelado. Tras años sin saber nada, en agosto de 2013 se personó en la Conselleria para interesarse por el asunto. Pese a que la interesada aportó copia de la instancia, le indicaron que no tenían constancia de que se hubiese presentado dicha solicitud y que posiblemente se hubiese extraviado, aconsejándole que presentara una reclamación, como así hizo.

Según la ciudadana, en septiembre de 2013 fue informada de que habían encontrado la solicitud, pero que al haber concluido el plazo para solicitar las ayudas de rehabilitación, resultaba imposible incluirlas en el lote de ayudas y en consecuencia no podían concederle la subvención, manifestándole que estudiarían su caso y le darían una respuesta.

Años más tarde, ante la falta de respuesta satisfactoria a esta situación y la falta de diligencia en la tramitación de su solicitud, la interesada acudió al Síndic, quien, tras analizar toda la documentación aportada por las partes, instó a la Conselleria a impulsar la tramitación de dicho expediente  y a proceder al abono de las ayudas para la rehabilitación lo antes posible.

Recientemente, la Conselleria ha aceptado nuestra recomendación y nos ha comunicado que el pasado mes de septiembre se publicaron en el DOGV la instrucción para poder tramitar los expedientes de Planes de Vivienda anteriores que están pendientes de resolver.

Consulta la resolución del síndic sobre este asunto: http://www.elsindic.com/Resoluciones/10906354.pdf

Instamos a la Conselleria a que abone a una octogenaria la ayuda para rehabilitar su vivienda reconocida en 2011

El síndic de greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha dictado recientemente una recomendación dirigida a la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio para que abone, lo antes posible y de forma íntegra, la ayuda para rehabilitar la vivienda (RHB) reconocida a una octogenaria de Almoradí desde hace más de 7 años.

La mujer con 88 años y actualmente enferma, percibe como único ingreso su pensión de apenas 600 €. Según el escrito de queja presentado en el Síndic, la afectada solicitó un préstamo vinculado a dicha ayuda (RHB) para poder cubrir la reforma de su vivienda “pensando que recibiría la subvención concedida en un corto periodo de tiempo”. Ahora se encuentra con serias dificultades para afrontar los gastos de su enfermedad y cumplir con sus obligaciones de pago del préstamo. Todo esto sin haber percibido la subvención que tiene reconocida por la Administración desde 2011.

Ver resolución del Síndic sobre este asunto: http://www.elsindic.com/Resoluciones/10950504.pdf

El síndic reclama auxilio para las personas que malviven en una casa abandonada de Torrevieja

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, se ha dirigido al Ayuntamiento de Torrevieja para pedirle que adopte las medidas que sean necesarias para ayudar a las personas que se encuentran malviviendo sin condiciones de habitabilidad en un inmueble abandonado de la calle Pedro Lorca de este municipio. Una vez desalojada la vivienda, el defensor insta al consistorio a ordenar al propietario el vallado del solar en el que se encuentra la misma.

Así se pronuncia el Síndic tras una queja presentada en esta institución que denunciaba la situación que sufrían los vecinos colindantes con dicho inmueble debido a la basura que acumulaban las personas que allí habitaban, así como a otro tipo de problemas de convivencia – peleas, gritos y quema de mobiliario etc.

De acuerdo con el informe de la arquitecta municipal remitido al Síndic, la construcción es ilegal. El documento confirma que en ella malviven varias personas sin condiciones de higiene ni habitabilidad, puesto que no hay ni luz, ni agua, ni alcantarillado. De ahí que el defensor considere prioritario que los Servicios Sociales municipales adopten con urgencia todas las medidas que sean necesarias para prestar auxilio a estas personas.

Por otro lado, el defensor recuerda al consistorio que si bien es verdad que la ley obliga al propietario a mantener el solar en adecuadas condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro, no es menos cierto que también otorga atribuciones a los ayuntamientos para ordenar al propietario la ejecución de estos trabajos.

Consulta la resolución del Síndic sobre este asunto.

INFORME VIVIENDA PÚBLICA El Síndic estima en 7100 los hogares valencianos que se encuentran al límite de pobreza de vivienda y que pueden requerir de apoyo público urgente

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana ha entregado hoy al presidente de Les Corts, Enric Morera, un informe especial sobre la situación de la vivienda pública en la Comunitat Valenciana. Se trata de un estudio monográfico que analiza en profundidad el panorama actual de la vivienda gestionada por las administraciones públicas -principalmente la nueva Entitat Valenciana de l’Habitatge i Sòl (antiguo EIGE) y ayuntamientos- para fines sociales, es decir, para atender a los colectivos más vulnerables y en riesgo de exclusión social.

El documento también evalúa en profundidad la problemática de la pobreza asociada a la vivienda en los hogares valencianos. Todo ello con un análisis de datos desagregados geográficamente por provincias y zonas. El documento cuantifica el parque de vivienda pública, su distribución espacial y su uso. También detalla las principales características de la población demandante de vivienda pública, su zonificación y estratificación, así como un estudio de las condiciones, características y ubicación de las viviendas públicas que dan satisfacción a dicha demanda.

Para la recopilación de los datos publicados en este informe, el Síndic ha contado con la participación del Instituto de Economía Internacional de la Universidad de Alicante. El equipo dirigido por la profesora Paloma Taltavull se ha encargado de realizar un profundo estudio económico, sociológico y estadístico que constituye el fundamento de las recomendaciones con las que concluye el informe el defensor del pueblo valenciano.

CONCLUSIONES

La principal conclusión del trabajo es que el parque de vivienda pública es insuficiente para atender a la demanda de vivienda de los colectivos más desfavorecidos, especialmente en una etapa de crisis. El acceso a una vivienda digna continúa siendo en la actualidad una de las principales preocupaciones de la sociedad valenciana, y así lo constata el Síndic a través  de las quejas recibidas por la ciudadanía sobre esta materia. Más allá del número -que oscila entre las 100-150 quejas anuales- el defensor destaca la gravedad de las situaciones denunciadas. La mayoría de ellas hacen referencia a la desprotección de familias que no pueden acceder a una vivienda por sus propios medios y que esperan durante años la adjudicación de una vivienda social, sin que en la mayoría de los casos se les facilite un recurso de emergencia alternativo, que en general no existe.

A pesar de estar reconocido en la Constitución y en las leyes que desarrollan esta materia, el  disfrute efectivo del derecho a la vivienda dista todavía de ser real. En este sentido, la crisis económica ha evidenciado y potenciado las carencias estructurales que presentan las políticas públicas en esta materia, colocando a muchas personas en una situación de extrema pobreza y de privación de los derechos más fundamentales al haber perdido su vivienda a consecuencia de las dificultades financieras.

La política de vivienda en España y en la Comunitat Valenciana ha priorizado tradicionalmente el acceso  de las clases medias a la vivienda en régimen de propiedad (VPO), frente a las políticas de acceso en régimen de alquiler. Sin embargo, el Síndic lleva años insistiendo en un enfoque más social de la política de vivienda que facilite el acceso a una vivienda digna a los colectivos más vulnerables y en riesgo de exclusión social.

PARQUE PÚBLICO DE VIVIENDA EN LA COMUNITAT VALENCIANA

El informe del Síndic cuantifica el parque de vivienda pública en la Comunitat Valenciana en unas 65.000 unidades. De ellas, el 54% se encuentra bajo la gestión de la nueva Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl (antiguo EIGE) mientras que el resto se encontraría bajo la gestión de institutos de la vivienda en las principales ciudades y/o directamente gestionadas por los ayuntamientos. No obstante, no existe un censo oficial donde se contabilice el número real de vivienda social gestionada por las distintas administraciones públicas, algo que el Síndic echa en falta y considera necesario, ya que ayudaría a tomar decisiones de construcción y asignación con mayor precisión y equidad. Además insiste en que este censo o registro debería ser dinámico, público y accesible a toda la ciudadanía valenciana.

De las 65.000 unidades, el 94% está ocupada y existe un remanente que oscila el  4%- 5%, entre viviendas vacías, por rehabilitar y/o para recuperar. Este porcentaje suponen aproximadamente unas 3500 viviendas para toda la Comunidad Valenciana, que podrían ser efectivamente utilizables para cubrir necesidades súbitas de vivienda. Una cifra insuficiente para cubrir las necesidades de vivienda que se siguen produciendo como resultado de los procesos de lanzamiento de los hogares y de los niveles de pobreza resultantes de la crisis.

En este sentido, el informe del Síndic estima en 7100 los hogares que se encuentran en el límite de la pobreza en vivienda, es decir, que en cualquier momento y ante cualquier cambio negativo en sus condiciones económicas podrían requerir apoyo público inmediato. Por tanto, el déficit de vivienda pública sobre las computadas existentes para atender nuevas demandas de urgencia estaría aproximadamente en 3.700 unidades, que se concentrarían principalmente en la provincia de Alicante y en la de Valencia, básicamente en las capitales.

No obstante, si se amplía el cómputo de necesidades a los hogares en riesgo, es decir, aquellos que asumen unos pagos por vivienda excesivos en relación con su renta (población en housing stress), una eventual contracción del ciclo económico podría provocar que estos hogares se quedaran sin viviendas y consecuentemente que aumentara las necesidades de vivienda a cifras superiores a las 20.000 unidades. Sobre estos datos, el informe destaca que existe un desajuste territorial entre la demanda y la oferta de vivienda pública en detrimento del sur.

VIVIENDA Y POBREZA

El informe revela que el impacto de la crisis sobre la pobreza ha sido mucho más severo en toda la Comunitat Valenciana que en el resto de España. Una pobreza directamente asociada a la pérdida de ingresos y a la incapacidad de cubrir las necesidades fundamentales del hogar. El número de hogares sin ingresos alcanzó un máximo en 2013, con un total de 44.028 registrados por la ECV.

La proporción de hogares pobres en Alicante es superior a la media de la Comunitat Valenciana, situándose alrededor del 22% en todo el período; en Valencia, la proporción es inferior a esta cifra (16.5%), y en Castellón es la provincia en que la propensión a la pobreza se acelera súbitamente tras el impacto de la segunda oleada de la crisis económica y esto se refleja en el número de hogares pobres, que se elevan desde el 17% a casi el 30% en 2013.

Como resultado de estos niveles de empobrecimiento y desajustes económicos, una parte relevante de familias valencianas perdió su vivienda a través de desahucios,  lanzamientos y/o dación en pago. Consecuentemente, la crisis ha provocado una variación en la fórmula de tenencia de los hogares valencianos, reduciendo los hogares en propiedad y aumentando los propietarios que pagan por su vivienda (rehipotecas o cambios de vivienda) y los que se encuentran en alquiler a precio de mercado.

Evolución de la tenencia de vivienda en la Comunidad Valenciana 2006-2015

Paralelamente, la situación generó un aumento súbito de la demanda de vivienda social con un parque público que no pudo dar abasto a tanta demanda. Con ello, parte de los hogares que por sus condiciones requerían de una vivienda social, se han visto obligados a pagar precios de mercado.

RECOMENDACIONES

El síndic concluye el informe especial con dieciséis recomendaciones dirigidas a la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio para su estudio, valoración y adopción con la finalidad de garantizar de forma real y efectiva el derecho subjetivo a una vivienda digna.

Una de las principales recomendaciones es incrementar el parque de vivienda pública en alquiler así como las dotaciones presupuestarias para hacer efectivo el derecho a la vivienda  asequible, digna y adecuada.  También considera imprescindible contar con recursos de emergencia que permitan la actuación inmediata en los casos de pérdida de vivienda mientras se exploran otras actuaciones más estables.

Al amparo de la Ley de Función Social de la Vivienda de la Comunitat Valenciana que entró en vigor hace apenas un año, el Síndic insta a poner en funcionamiento el sistema de ayudas al alquiler y así, proceder al abono de las mismas a aquellas personas a quienes no se les pueda adjudicar una vivienda pública en alquiler por insuficiencia del parque público.

El informe también pone de manifiesto la falta de datos reales sobre el parque público de vivienda en la Comunidad Valenciana -que  en este trabajo ha sido estimado con métodos estadísticos- así como la tipología  y número de hogares demandantes. De ahí que el Síndic insista en la necesidad de elaborar estudios con datos fiables y exactos sobre la oferta y demanda actual y potencial de vivienda pública, así como la necesidad de contar con registros dinámicos, públicos y accesibles que permitan conocer con precisión qué viviendas integran el parque público, cuál es su ubicación geográfica y cuál es su estado de ocupación. Según el defensor “estos registros o censos permitirían tomar decisiones de construcción y asignación con mayor precisión y equidad”.

Por último, la institución también subraya la estrecha relación que debe existir entre la política de vivienda y las políticas sociales y apela a poner en funcionamiento programas de acompañamiento social a los adjudicatarios de vivienda pública para abordar la situación de pobreza que padece el hogar demandante de vivienda de una manera integral (inserción social, laboral, sanitaria, asunción de datos asociados a la vivienda, etc.).

El informe está publicado en esta página web: Informe vivienda pública 2018

 

El Síndic investiga la situación de insalubridad del Barrio Miguel Hernández

El síndic de greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha abierto hoy una queja de oficio para investigar y supervisar la actuación de la administración ante la situación de insalubridad denunciada por los medios de comunicación en el barrio Miguel Hernández de Alicante. Se trata, al parecer, de la proliferación de chinches en algunas viviendas así como la falta de limpieza y desinfección en zonas comunes del citado barrio.

Según las noticias a las que ha tenido acceso el defensor, los dirigentes vecinales habrían denunciado hace unos meses esta situación ante la administración autonómica y local sin obtener una respuesta satisfactoria.

Por todo ello, el Síndic de Greuges se dirigirá en los próximos días tanto al Ayuntamiento de Alicante como a la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE) para solicitarle información sobre las actuaciones que tienen previsto desplegar para lograr la limpieza y desinfección de las zonas afectadas.

No es la primera vez que el defensor del pueblo lleva cabo actuaciones en esta zona de la ciudad. Sin ir más lejos, en el año 2016, tramitó la queja de una vecina que denunciaba el mal estado de conservación de las zonas comunes del barrio (aceras, arbolado, bancos y demás mobiliario urbano), así como problemas de inseguridad ciudadana y ocupación ilegal de viviendas públicas vacías. El Síndic recomendó tanto al Ayuntamiento de Alicante y a la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio que, dentro de sus respectivas competencias, adoptaran todas las actuaciones necesarias para atender las necesidades del entonces barrio José Antonio de Alicante, en materia de rehabilitación, regeneración y renovación urbana de la zona.