Luna pide a Vivienda que haga automática la ayuda al alquiler cuando no pueda conceder un piso público a los colectivos más vulnerables

El síndic de Greuges, Ángel Luna, ha dictado una resolución instando a la Conselleria de Vivienda a conceder de manera automática la ayuda al alquiler a las personas demandantes de vivienda pública, cuando no pueda facilitarles un alojamiento y cumplan los requisitos de pertenecer a una unidad de convivencia  especialmente vulnerable o en riesgo de exclusión  social.

El defensor insiste en que cuando una persona solicita una vivienda pública, la administración debe responderle en el plazo legal de seis meses y detallarle cómo va a resolver su problema habitacional.

Ante la petición de algo tan esencial como la vivienda, Luna considera “irrazonable” que la inscripción en el Registro de Demanda de Vivienda tenga una validez de dos años y que incluso se pueda prorrogar por otros dos más. Lo que se traduciría en que transcurridos dos o cuatro años, la administración puede que no haya sido capaz de ofrecer ninguna solución a la carencia de vivienda del ciudadano, contradiciendo así el sistema establecido por la ley valenciana de la Función Social de la Vivienda.

Por ello, esta institución ha manifestado reiteradamente que, una vez que la persona interesada ha expuesto su necesidad de vivienda, corresponde a la administración pública competente poner en marcha todo el abanico de acciones y  ayudas disponibles para satisfacer cuanto antes  el  derecho a una vivienda digna y asequible.

El Síndic propone incluir en los formularios de inscripción en el Registro de Demanda de Vivienda un apartado específico para  que, en caso de carencia de vivienda pública que adjudicar, se pueda solicitar alternativamente  alguna de las ayudas directas previstas por la Ley.  De este modo, no se obliga a la persona a estar pendientes de las convocatorias de ayudas que aparecen el DOGV para solicitarlas expresamente y se simplifican los trámites del procedimiento.

Esta resolución de recomendaciones es el resultado de la investigación que el Síndic inició en noviembre del año pasado para analizar cómo podían afectar a los derechos de las personas demandantes de vivienda pública algunas de las previsiones que contempla el nuevo decreto del Reglamento de Registro de Viviendas de la Comunitat Valenciana y Procedimiento de Adjudicación de Viviendas.

La queja de oficio se abrió para investigar el posible incumplimiento por parte del decreto analizado de la ley de la función social de la vivienda y la obligación de tramitar la inscripción en el Registro de Demanda de Vivienda solo por vía telemática. Respecto a esta última cuestión, el defensor ha sugerido a la Conselleria que proceda a modificar el decreto para revisar esa obligación, ya que supone una vulneración de la ley de procedimiento administrativo y puede implicar una discriminación a los colectivos más vulnerables por la falta de garantías del acceso, medios y conocimiento de la tecnología necesaria.

Consulta la resolución del Síndic sobre este asunto.

Vivienda acepta la recomendación del Sindic y concede la ayuda al alquiler a un ciudadano

El defensor del pueblo valenciano pidió a la Conselleria de Vivienda información sobre el estado de tramitación de esa ayuda, así como los motivos de dicha demora. A finales de noviembre, una vez analizada toda la información, el Síndic urgió a esa administración autonómica a que adoptara las medidas necesarias para resolver la solicitud de ayuda al alquiler de la persona afectada.

En enero de este año, la Conselleria trasladó al Síndic la aceptación de su recomendación. Asimismo, comunicaba que ya había resuelto la solicitud de ayuda del interesado y le habían concedido una ayuda por importe de 1795,50€.

Consulta nuestra actuación:

El Síndic urge al Ayuntamiento de Alicante a destinar a alquiler social una vivienda municipal vacía durante más de 10 años

A finales de julio de este año, el Síndic de Greuges recibió la queja de una vecina de Alicante en la que denunciaba la existencia de una vivienda municipal en el barrio Colonia Requena que llevaba 12 años sin utilizarse y tampoco había sido destinada a alquiler social. Además, manifestaba habérselo comunicado a su ayuntamiento, sin haber recibido respuesta.

Esta institución inició su investigación y solicitó informe al consistorio alicantino, cuya respuesta vino a corroborar lo expuesto en la queja presentada por la ciudadana. Entre la información que remitía, constaba un Informe del Servicio de Gestión Patrimonial, de fecha 16/6/2021 y dirigido al Patronato Municipal de la Vivienda, en el que comunicaba la existencia de otras dos viviendas municipales disponibles en la zona.

En su resolución, el defensor del pueblo valenciano destaca la importante demanda de alquiler social que existe en el municipio de Alicante  y urge a «agilizar los trámites para que estas viviendas puedan ser legalmente ocupadas por quienes más lo necesitan».

Luna recuerda al consistorio alicantino que, de acuerdo con la normativa sobre Patrimonio de las Administraciones Públicas, tiene la obligación legal de gestionar con eficacia y rentabilidad los bienes patrimoniales, como son las viviendas públicas municipales. Además, insiste en que esta gestión debe contribuir al desarrollo y ejecución de las distintas políticas públicas y, en particular, al de la política de vivienda.

Por todo ello, el Síndic recomienda al Ayuntamiento que, «teniendo en cuenta los años que ha estado sin uso la vivienda objeto de esta queja, se ponga cuanto antes a disposición de las personas más necesitadas, junto con las demás viviendas municipales que se encuentren vacías, a través de un alquiler social».

Leer la resolución sobre este asunto.

El Síndic urge a erradicar la brecha digital en el acceso a las ayudas al alquiler para jóvenes

En julio de este año, Cáritas presentó una queja ante el Síndic en la que denunciaba las dificultades tecnológicas de jóvenes en situación de vulnerabilidad a la hora de acceder a las ayudas de alquiler. Y es que, en las bases reguladoras de dicho programa de ayudas, se establecía la vía electrónica como única forma de tramitación.

(Base reguladora séptima de la Orden 372021, de 13 de mayo de esta Conselleria)
«La solicitud se realizará exclusivamente mediante formulario cumplimentado electrónicamente que estará disponible en la sede electrónica de la Generalitat, portal gva.es., no admitiéndose los formularios cumplimentados de otra forma.»

Este requisito, tal y como manifestaba Cáritas, «aboca a las personas más vulnerables que no disponen ni de soportes informáticos, ni de medios electrónicos ni de habilidades informáticas, a la imposibilidad de acceso a la solicitud de las ayudas».

El Síndic solicitó información a la Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática. Entre otras cosas, quería conocer las razones que justificasen la elección de dicho mecanismo electrónico para solicitar las ayudas. Tras agotar el plazo legal de un mes, el defensor no recibió el informe requerido.

En un escenario de incertidumbre económica como el causado por la pandemia del Covid, el defensor valenciano considera prioritario garantizar que las ayudas de acceso a una vivienda digna lleguen a aquellos sectores de la población que más lo necesitan. Partiendo de esa premisa, no parece que la mejor opción para conseguir este objetivo sea establecer una tramitación de ayudas exclusivamente electrónica. Es decir, las ayudas tienen que llegar a quienes de verdad las necesitan y no, necesariamente, a quienes sepan cómo encontrarlas, «porque a menudo a las necesidades de las personas se suma su falta de capacidad para relacionarse con las Administración o con el manejo de las nuevas tecnologías.»

Asimismo, el Síndic sigue insistiendo en que el acceso a una vivienda facilita el disfrute de otros derechos y constituye un factor imprescindible de protección frente a la pobreza. De la misma manera, la pérdida de un alojamiento estable y digno se convierte, en muchas ocasiones, en la puerta de entrada a situaciones de exclusión social que, desgraciadamente, como nos muestra la realidad, son difíciles de revertir.

A la vista de los resultados obtenidos, el Síndic recomienda a la Conselleria, entre otras cosas, que se plantee ampliar los mecanismos de tramitación, especialmente en futuras convocatorias, para que el acceso a estas ayudas no sea únicamente por vía telemática; de manera que se pueda garantizar la participación de los colectivos más desfavorecidos en el proceso de solicitud y concesión de las ayudas convocadas.

Consulta nuestra resolución sobre este asunto.

Vivienda acepta la recomendación del Síndic y permitirá a las personas mayores dependientes optar a una vivienda pública en alquiler

La intervención del Síndic se produce a raíz de la queja presentada por un ciudadano de 61 años y con un 75% de discapacidad. Su cuidadora es su pareja, reconocida por la Ley de Dependencia. El afectado mostraba su disconformidad con los baremos actuales para acceder al programa de vivienda en régimen de alquiler para personas mayores.

El Síndic pudo comprobar que, según la normativa vigente, uno de los requisitos para acceder a este programa, destinado a personas con más de 60 años, es “no necesitar de la concurrencia de terceras personas para el desarrollo de su actividad diaria”. Es decir, no necesitar la ayuda de una tercera persona. Una condición que el defensor considera que se debería eliminar, tal y como reivindica expresamente en su resolución a la Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática.

“RECOMENDAMOS que, en relación con las promociones destinadas al programa senior o para personas mayores de 60 años, suprima o derogue el requisito de no necesitar de la concurrencia de terceras personas para el desarrollo de su actividad diaria.”

Pues bien, esta Conselleria ha aceptado esta recomendación y ha comunicado al Síndic “el inicio de la revisión  y estudio de los requisitos de adjudicación de las viviendas en las promociones  del programa  senior  en  el  sentido  de  eliminar  el  requisito  de no necesitar concurrencia de terceras personas para el desarrollo de su actividad diaria”.

Consulta la resolución del Síndic sobre este asunto.

El Síndic insta a reconocer la “ayuda al alquiler Covid-19” a una persona que fue despedida durante el periodo de prueba en plena pandemia

En marzo de 2020 y como consecuencia de la pandemia, le despidieron del trabajo cuando se encontraba en “periodo de prueba”. Por esa razón, no pudo pagar el alquiler de su vivienda desde abril del 2020.

En junio de ese año, solicitó la ayuda para el alquiler de la vivienda que el Consell había aprobado dentro del paquete de medidas urgentes para paliar el impacto de la Covid-19 en los alquileres de vivienda habitual.

Sin embargo, la Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática denegó su solicitud por no quedar acreditado que se encontrara en situación de desempleo al estar en “periodo de prueba”. La persona interesada recurrió esta decisión en diciembre de 2020 y todavía no ha recibido respuesta.

Desde el Síndic defendemos que, de acuerdo con las medidas urgentes aprobadas por ley, a partir del 9 de marzo de 2020, la finalización del trabajo durante el periodo de prueba se considera como situación legal de desempleo. En consecuencia, instamos a la Conselleria a contestar a este ciudadano y a reconocerle la ayuda al alquiler de la vivienda habitual.

Consulta nuestra resolución sobre este caso.

El derecho a una vivienda digna a debate entre los defensores del pueblo iberoamericanos

Los adjuntos del Síndic de Greuges, Ángel Luna y Carlos Morenilla participan del 20 al 22 de noviembre en el XXIII Congreso de la Federación iberoamericana del Ombudsman (FIO) que este año organiza la oficina del Raonador del Ciutadà en Andorra. En la reunión de este año, a la que han asistido representantes de defensorías de derechos humanos de 21 países, se aborda como tema principal el derecho a una vivienda digna; un derecho recogido en los tratados internacionales más relevantes, así como en la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos.

En concreto, los defensores profundizarán sobre la problemática de las viviendas vacías, las viviendas de emergencias, los asentamientos irregulares, así como las diferentes actuaciones de las defensorías para garantizar la protección de personas vulnerables ante los desalojos y el acceso a servicios públicos domiciliarios.

Igualmente, durante el congreso también se han celebrado reuniones de trabajo de las diferentes redes temáticas de la FIO -las redes de Mujer; Niñez y Adolescencia; Migración y Trata; y Comunicadores (ComFIO).

La Conselleria se compromete con el Síndic a agilizar la tramitación y abono de unas ayudas para rehabilitación solicitadas por una ciudadana en 2010

Hace unos meses, acudió al Síndic una ciudadana como representante legal de un familiar que manifestaba que en julio de 2010 presentó solicitud para la concesión de una subvención personal para la rehabilitación del edificio donde residía el tutelado. Tras años sin saber nada, en agosto de 2013 se personó en la Conselleria para interesarse por el asunto. Pese a que la interesada aportó copia de la instancia, le indicaron que no tenían constancia de que se hubiese presentado dicha solicitud y que posiblemente se hubiese extraviado, aconsejándole que presentara una reclamación, como así hizo.

Según la ciudadana, en septiembre de 2013 fue informada de que habían encontrado la solicitud, pero que al haber concluido el plazo para solicitar las ayudas de rehabilitación, resultaba imposible incluirlas en el lote de ayudas y en consecuencia no podían concederle la subvención, manifestándole que estudiarían su caso y le darían una respuesta.

Años más tarde, ante la falta de respuesta satisfactoria a esta situación y la falta de diligencia en la tramitación de su solicitud, la interesada acudió al Síndic, quien, tras analizar toda la documentación aportada por las partes, instó a la Conselleria a impulsar la tramitación de dicho expediente  y a proceder al abono de las ayudas para la rehabilitación lo antes posible.

Recientemente, la Conselleria ha aceptado nuestra recomendación y nos ha comunicado que el pasado mes de septiembre se publicaron en el DOGV la instrucción para poder tramitar los expedientes de Planes de Vivienda anteriores que están pendientes de resolver.

Consulta la resolución del síndic sobre este asunto: http://www.elsindic.com/Resoluciones/10906354.pdf

Instamos a la Conselleria a que abone a una octogenaria la ayuda para rehabilitar su vivienda reconocida en 2011

El síndic de greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha dictado recientemente una recomendación dirigida a la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio para que abone, lo antes posible y de forma íntegra, la ayuda para rehabilitar la vivienda (RHB) reconocida a una octogenaria de Almoradí desde hace más de 7 años.

La mujer con 88 años y actualmente enferma, percibe como único ingreso su pensión de apenas 600 €. Según el escrito de queja presentado en el Síndic, la afectada solicitó un préstamo vinculado a dicha ayuda (RHB) para poder cubrir la reforma de su vivienda “pensando que recibiría la subvención concedida en un corto periodo de tiempo”. Ahora se encuentra con serias dificultades para afrontar los gastos de su enfermedad y cumplir con sus obligaciones de pago del préstamo. Todo esto sin haber percibido la subvención que tiene reconocida por la Administración desde 2011.

Ver resolución del Síndic sobre este asunto: http://www.elsindic.com/Resoluciones/10950504.pdf

El síndic reclama auxilio para las personas que malviven en una casa abandonada de Torrevieja

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, se ha dirigido al Ayuntamiento de Torrevieja para pedirle que adopte las medidas que sean necesarias para ayudar a las personas que se encuentran malviviendo sin condiciones de habitabilidad en un inmueble abandonado de la calle Pedro Lorca de este municipio. Una vez desalojada la vivienda, el defensor insta al consistorio a ordenar al propietario el vallado del solar en el que se encuentra la misma.

Así se pronuncia el Síndic tras una queja presentada en esta institución que denunciaba la situación que sufrían los vecinos colindantes con dicho inmueble debido a la basura que acumulaban las personas que allí habitaban, así como a otro tipo de problemas de convivencia – peleas, gritos y quema de mobiliario etc.

De acuerdo con el informe de la arquitecta municipal remitido al Síndic, la construcción es ilegal. El documento confirma que en ella malviven varias personas sin condiciones de higiene ni habitabilidad, puesto que no hay ni luz, ni agua, ni alcantarillado. De ahí que el defensor considere prioritario que los Servicios Sociales municipales adopten con urgencia todas las medidas que sean necesarias para prestar auxilio a estas personas.

Por otro lado, el defensor recuerda al consistorio que si bien es verdad que la ley obliga al propietario a mantener el solar en adecuadas condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro, no es menos cierto que también otorga atribuciones a los ayuntamientos para ordenar al propietario la ejecución de estos trabajos.

Consulta la resolución del Síndic sobre este asunto.