Investigamos los impagos a los centros de menores en la Comunitat Valenciana

El síndic de greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, se ha reunido hoy con los representantes de APIME (Asociación Profesional de Instituciones de Menores en la Comunitat Valenciana) en el curso de la tramitación de la queja de oficio sobre la demora en los pagos a los centros que atienden a menores tutelados por la Generalitat, abierta el pasado 28 de marzo.

De acuerdo con los representantes de APIME, las citadas demoras están obligando a estas entidades sin ánimo de lucro a recurrir a préstamos o líneas de crédito de la banca privada, teniendo que asumir sus respectivos intereses de deuda. Otras de las consecuencias de los retrasos son los impagos en las nóminas de los trabajadores o la limitación en las actividades de ocio de los menores. Además, algunas entidades, al no tener liquidez, pueden llegar a retrasarse en los pagos mensuales a la Seguridad Social, con su correspondiente penalización. Desde APIME señalan que esta demora en los pagos a los centros de menores es un problema estructural que se repite, año tras año, desde 1987.

Según la información a la que ha tenido acceso el Síndic, desde que finalizó el contrato que los centros de menores tenían con la Administración, la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas viene abonando las facturas por los servicios que estas entidades siguen prestando mediante el procedimiento extraordinario de pago por resarcimiento de enriquecimiento injusto. De un modo u otro, lo cierto es que a algunos centros se les adeuda las mensualidades desde el pasado mes de agosto y a otros, desde diciembre (dependiendo del mes en el que concluyó su respectivo contrato). En total, el importe aproximado de la deuda para los centros asociados de APIME asciende a 12.646.734 euros.

En relación con la queja que tramita el Síndic, el pasado 29 de marzo, Cholbi se dirigió a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas solicitándole, entre otras cosas, la relación de centros afectados por la finalización de este contrato, la situación actual de los pagos pendientes y fecha prevista de su liquidación. Asimismo, Cholbi quiere conocer la fecha prevista para formalizar el concierto que dé cobertura a la prestación del servicio de acogimiento residencial de menores que se encuentran bajo la tutela de la Generalitat.

Igualmente, los representantes de APIME han comunicado al Síndic que se han dirigido a la Fiscalía denunciando la falta de cobertura de las necesidades básicas de los menores bajo la tutela de la Generalitat.

El Síndic pide libros de texto accesibles para alumnos con discapacidad visual grave

El síndic de greuges de la Comunitat, José Cholbi, ha solicitado a la Conselleria de Educación que dé instrucciones a los centros docentes para que, a la hora de seleccionar editoriales de libros de texto, se tenga en cuenta la disponibilidad de materiales accesibles para el alumnado con discapacidad visual.

Esta es una de las recomendaciones dictadas por el defensor del pueblo valenciano en relación con la queja presentada por madres y padres de hijos con deficiencia visual grave. Los interesados pedían la mediación de esta institución para que estos menores pudieran disponer, desde el inicio de curso, de libros de texto accesibles en formato pdf de alta definición (formato de archivo más accesible a las necesidades funcionales relacionadas con la baja visión). Según los afectados, hasta la fecha, el acceso a este tipo de formato depende de la buena voluntad de las editoriales: “algunas lo suministran sin ningún problema, otras lo hacen tarde y otras no lo hacen”.

De acuerdo con la información a la que ha tenido acceso el Síndic, las necesidades de los estudiantes con discapacidad visual no suelen estar relacionadas con los contenidos de la programación curricular sino con los medios técnicos que necesitan para hacer accesibles dichos contenidos educativos. De ahí que el Síndic considere oportuno que la administración valenciana les facilite, con inmediatez, aquellos recursos y materiales tecnológicos de apoyo (tablets digitales) que sean necesarios para garantizarles una educación inclusiva de calidad, tal y como recoge el Decreto del Consell 104/2018.

Ver la resolución del Síndic de Greuges sobre este asunto.

El Síndic advierte que 42 menores tutelados de 0 a 3 años siguen en centros residenciales pese a contraindicarlo la ley de protección del menor

El Síndic de Greuges de la Comunitat valenciana, José Cholbi, acaba de hacer pública una investigación sobre el acogimiento familiar de menores de 0 a 6 años en la Comunitat Valenciana. Una cuestión que de manera constante examina esta institución para hacer seguimiento de la atención que presta el Consell a este grupo de menores especialmente vulnerables.

Desde su entrada en vigor en 2015, la ley de protección del menor se opone al ingreso de menores de 0-6 años en centros residenciales salvo en casos muy excepcionales, para los que la ley prevé estancias máximas de tres meses. No obstante, la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ha informado al Síndic que de los 508 menores de entre 0 y 6 años que tiene bajo su tutela, 76 de ellos se encuentran en acogimiento residencial. Una situación que no puede ser aceptada por el Síndic, a pesar de reconocer el avance respecto a la realidad analizada por esta institución en 2017 (en la que había 96 menores de 0 a 6 años en residencia).

Si nos centramos en los menores de 0 a 3 años, cuando las niñas y niños más necesitan un ambiente familiar para un adecuado desarrollo físico, psicológico y emocional, a fecha de la emisión del informe (noviembre 2018), la Conselleria comunicaba que había 42 menores acogidos en residencias, 25 de ellos en la provincia de Alicante y 17 en la de València. Y lo que más preocupa al Síndic: el 100% de estos acogimientos residenciales sobrepasaba el periodo máximo legal de tres meses.

De acuerdo con la Conselleria, entre los motivos de estos ingresos estarían: la diversidad funcional o física del menor, la estancia con el resto de hermanos, el estudio y valoración de retorno a la familia o la permanencia con la progenitora en piso de adolescentes, en esta última situación se encontrarían 7 de los 42 menores.

MÁS FAMILIAS DE ACOGIDA E IMPLANTACIÓN DEL ACOGIMIENTO FAMILIAR PROFESIONALIZADO

No obstante, para el Síndic la solución pasa por intensificar las acciones de captación, selección y formación de nuevas familias de acogida. Cholbi insiste en la necesidad de implantar el acogimiento familiar profesionalizado. Una modalidad, que funciona ya en otras comunidades, en la que se entabla una relación laboral con la persona acogedora que obligatoriamente debe tener una cualificación, experiencia y formación específica para atender adecuadamente a los menores con diversidad funcional u otro tipo de necesidad especial.

FALTA DE FAMILIAS DE URGENCIA Y DIAGNÓSTICO

Otra de las demandas del Síndic para evitar los ingresos en centros residenciales pasa por garantizar que la duración de los acogimientos familiares de urgencia-diagnóstico no supere los seis meses previstos por ley, periodo durante el cual la Administración debe resolver una medida de protección más estable para el menor.

En la actualidad, la permanencia de menores en este tipo de acogimiento se prolonga durante un año o incluso año y medio. Una dilación que no hace más que agravar la falta de familias de urgencia-diagnóstico, cuya finalidad es intervenir de forma inmediata en el momento en que un menor (especialmente de 0-6 años) es separado de sus padres. Además, otro de las trabas que se encuentran las familias de urgencia -diagnóstico es que una vez cumplido el plazo máximo legal de 6 meses de acogimiento de urgencia, se ven forzadas a aceptar el cambio de modalidad al acogimiento temporal, con las consecuentes repercusiones económicas y de disponibilidad.

MÁS CONTROL SOBRE EL ACOGIMIENTO EN FAMILIAS EXTENSAS

En la Comunidad Valenciana, el 85% de los acogimientos familiares se realizan en familia extensa (aquellas con vínculos de sangre con el menor). Una modalidad que en ocasiones puede tener asociado un riegos real que se produce cuando estas familias, por miedo a una posible retirada del menor e incluso a los padres biológicos, ocultan las dificultades y problemas que el menor puede estar atravesando hasta que la situación es insostenible.

El seguimiento de estos acogimientos se lleva a cabo por los Equipos Bases municipales, unos dispositivos que en muchas ocasiones se encuentran saturados y asumiendo nuevas competencias y que no pueden más que llevar a cabo seguimientos de baja intensidad y rigurosidad, haciendo aún más difícil detectar situaciones de desprotección.

En este sentido, el Síndic insta a una mayor formación y especialización de los equipos municipales responsables de la valoración y seguimiento de los acogimientos en familia extensa y allá donde fuera necesario, una mayor dotación de profesionales.

Accede a la resolución del Síndic sobre este asunto.

La Clínica Jurídica de la Universidad de Alicante visita la sede del Síndic

Hoy hemos recibimos la visita de un grupo de estudiantes de la Clínica Jurídica de Extranjería e Internacional y de la Clínica Jurídica de Interés público, ambas de la Universidad de Alicante. El alumnado ha venido acompañado por Lydia Esteve González, coordinadora de una de las clínicas jurídicas y profesora titular de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Alicante.

La Clínica Jurídica de la Universidad de Alicante es una iniciativa que se puso en marcha hace pocos años y que impulsa el compromiso solidario y de colaboración entre el alumnado, ofreciendo un asesoramiento jurídico gratuito y altruista (bajo la supervisión de un profesor) a las personas sin recursos o en situación de vulnerabilidad.

Desde el Síndic queremos agradecer el interés de estas dos Clínicas Jurídicas por profundizar en nuestra labor y reconocer su compromiso a la hora de formar a los futuros juristas en la responsabilidad social y en la sensibilización ante las desigualdades.

Abrimos una actuación ante las acumulaciones de plásticos y vertidos en la desembocadura del río Segura

El síndic de greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha abierto una investigación para conocer las medidas que van a adoptar las administraciones implicadas para impedir nuevos vertidos de residuos a los azarbes y la cuenca del río Segura.

De acuerdo con la información a la que ha tenido acceso el defensor del pueblo valenciano, estos vertidos estarían ocasionando, de manera reiterada, el depósito incontrolado de gran cantidad de residuos de envases de plástico en la zona cercana a desembocadura del río Segura, especialmente en la pantalla de retención de sólidos flotantes, en el término municipal de Guardamar. Un problema añadido e igualmente preocupante sería el de los vertidos al río de las sustancias contenidas en dichos envases de plástico.

A la vista de estas noticias, el Síndic ha solicitado información a diez ayuntamientos de la Vega Baja, concretamente a: Orihuela, Dolores, Callosa de Segura, Almoradí, Algorfa, Benejuzar, Benijofar, Formentera del Segura, San Fulgencio y Guardamar del Segura. También se ha dirigido a la Diputación de Alicante, a la Conselleria de Medio Ambiente y a la Confederación Hidrográfica del Segura (a esta última a efectos informativos), para solicitarles información sobre las actuaciones a realizar de manera coordinada y sobre los acuerdos y convenios impulsados a estos efectos.

El Síndic de Greuges investiga las deficiencias de la urbanización Montepinar de Orihuela

El síndic de greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha abierto una queja de oficio con el fin de investigar los problemas que padecen los vecinos de la urbanización Montepinar de Orihuela como consecuencia de la falta de recepción de las obras por parte del Ayuntamiento.

Según ha podido conocer el Síndic a través de los medios de comunicación, además de la falta de infraestructuras y servicios, existen viviendas sin cédula de habitabilidad, lo que imposibilita la contratación de suministros básicos.

A finales de la semana pasada, el síndic se dirigió al Ayuntamiento de Orihuela para solicitarle información sobre la situación descrita. Entre otras cuestiones, Cholbi quiere conocer el estado de ejecución de las obras de urbanización, así como el número de viviendas existentes sin la correspondiente autorización y aquellas que carecen de licencia de primera ocupación.

8M – Día Internacional de la Mujer

A pesar de los avances incuestionables para conseguir una igualdad real y efectiva entre mujeres y hombre, todavía nos queda mucho por hacer, son muchos las barreras que debemos vencer.

La violencia de género sigue siendo una autentica lacra social que adopta diferentes formas y abarca multitud de actos: desde los más evidentes como violencia física y sexual a otras más sutiles e incluso más normalizadas como es el acoso y el control económico o emocional. Todas ellas violaciones de los derechos humanos más básicos con graves consecuencias para la integridad física y mental de las víctimas, cuando no la muerte. Sobre este grave problema, destacamos la Declaración de las Defensorías del Pueblo autonómicas y nacional con motivo de las Jornadas de Coordinación que organizó el Síndic en Alicante el pasado mes de octubre.

El acceso al mercado laboral, la diferencia salarial y consecuentemente la brecha en las pensiones entre mujeres y hombres continúa reflejando la discriminación y la desigualdad que sufre la mitad de la sociedad. Sin lugar a dudas, la independencia económica es clave para conseguir que las mujeres ejerzan un control real sobre sus vidas, para que sean plenamente libres y para acercarnos a la deseada igualdad. Asimismo, la educación es un medio imprescindible para promover la igualdad de género y el empoderamiento de mujeres y niñas. Éstas deben participar de forma plena y eficaz en todos los niveles de toma de decisiones tanto en la vida política, económica cómo social.

Por todo ello, desde el Síndic creemos necesario un compromiso firme y coordinado por parte de las distintas Administraciones públicas a la hora de desarrollar políticas trasversales de igualdad y al mismo tiempo una mayor implicación de toda la sociedad para denunciar vulneraciones de derechos y exigir respuestas eficaces.

Planteamos la homologación del A2 de valenciano para alumnos de la Escuela de Adultos que aprobaron sus estudios antes del 2017

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha planteado a la Conselleria de Educación que homologue los estudios de valenciano realizados en los centros formativos para personas adultas con el certificado de nivel A2 de conocimiento de valenciano, siempre que dichos estudios fueran anteriores a la entrada en vigor de la Orden 7/2017/ de 2 de marzo y se hubiera superado la asignatura de lengua valenciana.

Esta es la respuesta del defensor del pueblo valenciano a la queja presentada por un ciudadano que finalizó sus estudios para la obtención del graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) en la escuela de adultos de Catral en el año 2012. El afectado había superado la asignatura de valenciano en el II nivel del 2º Ciclo de Formación Básica Permanente de Adultos y manifestaba sentirse discriminado por no poder obtener ninguna convalidación con los niveles más básicos- A1/A2 de este idioma; una situación que le perjudicaba a la hora de presentarse a los procesos selectivos de empleo público en la Comunitat Valenciana.

Efectivamente, el Síndic considera que el conocimiento y certificación de los niveles de conocimiento del valenciano sirven como méritos en un concurso, así como méritos para valorar las bolsas de empleo temporal de la Generalitat, debiéndose acreditar estos conocimientos lingüísticos mediante certificados o títulos homologados por la Generalitat.

La actual orden de la Conselleria, que entró en vigor en el 2017, regula los certificados oficiales de conocimiento de valenciano de la Junta Qualificadora, así como la homologación y la validación de títulos y certificados. Sin embargo, no se dice nada sobre la situación de alumnos que cursaron estudios en centros de formación de adultos antes de la entrada en vigor de la citada orden, siendo este el caso del ciudadano que acudió al Síndic. De ahí que Cholbi considere que se ha producido un vacío legal reglamentario que, en su opinión, se debería subsanar.

La Conselleria, por su parte, ha contestado al Síndic y se ha mostrado predispuesta a estudiar la situación e incluirla en una futura actualización normativa.

Accede al contenido íntegro de la resolución.

El Síndic investiga el funcionamiento de los Centros de Atención Temprana de la Comunitat Valenciana

El síndic de greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha pedido información a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas sobre el funcionamiento y las listas de espera en los Centros de Atención Temprana (CAT) en la Comunitat Valenciana. Unos recursos que prestan tratamiento asistencial y/o preventivo a menores de 0 a 6 años con problemas de desarrollo o riesgos de padecerlos por causa de origen prenatal, perinatal o postnatal.

El defensor del pueblo valenciano ha abierto esta actuación de oficio tras tener conocimiento de que, a raíz de una instrucción interna de la mencionada Conselleria, los Centros de Atención Temprana se ven obligados a atender a dos menores por cada una de las plazas que tienen concertadas, lo que podría repercutir en la calidad del servicio que se debe prestar tanto a los menores como a sus familias.

De acuerdo con la información a la que ha tenido acceso el Síndic, a pesar de haberse incrementado el número de menores atendidos (dos por cada plaza), la Administración no ha aumentado la ratio de profesionales de estos recursos. Tampoco habría reflejado esta situación en la convocatoria de concierto de diversidad funcional ni en las resoluciones individuales de concierto de los Centros de Atención Temprana.

Ante esta situación, el Síndic ha requerido un informe exhaustivo que pormenorice el número de niñas y niños que se encuentran en lista de espera para ser atendidos en los CAT, su edad, la fecha de solicitud y la valoración de la patología. Igualmente, se ha interesado por el número de plazas concertadas, la plantilla de personal y el número de niños. Por último, Cholbi también ha solicitado copia de la citada instrucción en la que se instruye a atender a dos menores por cada plaza concertada y los criterios de prioridad en la lista de espera, en caso de que hubiera.

Le otorgan la beca de comedor que le habían denegado

A principios de noviembre de 2018, recibimos en el Síndic de Greuges la queja de una ciudadana que relataba su periplo para conseguir la beca de comedor para su hija. Su situación personal era, cuanto menos, complicada; desempleada desde hace años y con un subsidio de 430 euros, de los cuales le habían descontado 153 euros como pago del comedor de su hija correspondiente a los meses de septiembre y octubre, mientras esperaba que le concedieran la beca a la cual tenía derecho.

Todo comenzó a principios del pasado mes de julio, cuando la autora de la queja presentó solicitud para que su hija pudiera optar a la beca comedor en su colegio. En el impreso autorizaba de forma expresa a la Conselleria a recabar toda la información necesaria sobre su persona (grado de minusvalía, declaración de la renta, etc).

En septiembre, su hija resultó “excluida” en la lista provisional de becados, desde el colegio le comunicaron que el motivo de la misma era que no habían podido consultar sus datos fiscales. Contrariada por la respuesta, ya que había autorizado a la Administración para recabar esa información, la interesada presentó en el colegio dicho certificado de IRPF para que lo adjuntaran a su solicitud dentro el plazo de reclamaciones.

Sin embargo, a principios de octubre se publicaron las listas definitivas y su hija seguía estando “excluida” de dicha beca, obligándola a presentar un recurso de reposición. Un mes más tarde, al no tener respuesta por parte de la Administración presentó queja ante el Síndic, quién se dirigió a la Administración educativa en dos ocasiones para solicitarle información al respecto.

Finalmente, la Conselleria comunicó al Síndic que el recurso se revisó y se comprobó que, efectivamente, la hija de la interesada tenía 20 puntos y, por tanto, le correspondía el 100% de la beca de comedor. Dando así por concluida nuestra actuación.

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