Con el reto de hacer la institución más eficiente y accesible, Ángel Luna tomará posesión como síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana el próximo martes 5 de diciembre.
Luna, que desde el pasado mes de julio ocupaba el cargo en funciones, será el quinto síndic de Greuges de la Comunitat, tras Arturo Lizón (quien puso en marcha la institución en 1993 y estuvo hasta 1998), Luis Fernando Saura (de 1998 a 2000, fecha en que falleció), Bernardo del Rosal (2001 a 2006) y José Cholbi (2009-2019).
En la historia de la institución también han ejercido como defensores, pero de forma interina, Emilia Caballero y Carlos Morenilla, que como adjunta primera y adjunto segundo desempeñaron un tiempo esas funciones.
El pleno de Les Corts Valencianes eligió ayer a Ángel Luna como Alto Comisionado encargado de velar por el cumplimiento y respeto de los derechos y libertades de los ciudadanos con el apoyo de más de dos tercios de los parlamentarios de la Cámara autonómica. Luna ha sido adjunto primero al Síndic de Greuges desde 2014.
La ley del Síndic de Greuges establece que le corresponde a este nombrar, previo dictamen favorable de la Comisión de Peticiones de Les Corts, dos sindicaturas adjuntas, primera y segunda, que deben responder al mérito, la capacidad y la igualdad entre mujeres y hombres.
El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana ha recomendado al Ayuntamiento de Valencia que, en el ejercicio de su autonomía local, revise de inmediato sus tarifas públicas fijando precios más ventajosos para los miembros de familias numerosas y personas con discapacidad acreditada.
Esta resolución parte de dos quejas presentada por una madre de tres hijos de 7, 5 y 3 años de edad, el menor de ellos con una discapacidad reconocida del 67%, que ya en 2018 denunció la falta de ayudas a las familias numerosas o con hijos con discapacidad para realizar actividades deportivas en recintos municipales de Valencia.
En aquel entonces, y recogiendo la voluntad de Protección a las Familias Numerosas expresada en la legislación nacional y autonómica, el Síndic recomendó al Ayuntamiento de Valencia implantar en sus ordenanzas una perspectiva familiar al fijar los precios públicos, con el objetivo que resulten más beneficiosos para las familias numerosas. El Ayuntamiento aceptó en febrero de 2019 modificar la regulación de los precios públicos municipales correspondientes al uso de las instalaciones deportivas, al objeto de incorporar las citadas bonificaciones.
Sin embargo, a pesar del compromiso adquirido por el Ayuntamiento de Valencia, la persona promotora de la queja volvió a presentar una nueva el pasado mes de junio manifestando que no se había producido ninguna modificación en las tarifas del polideportivo municipal de su barrio donde sus tres hijos acuden a natación, uno de ellos por prescripción médica al tener una discapacidad.
El Consistorio valenciano argumenta que en breve se iniciará el proceso de modificación de la ordenanza de precios públicos de aplicación en las instalaciones deportivas municipales, indicando que está previsto puedan entrar en vigor en 2020. Ante esta respuesta, el Síndic le recomienda que revise de inmediato las tarifas aplicadas sin necesidad de demorar su entrada en vigor hasta el próximo curso escolar 2020-21, y que reintegre a las familias y personas beneficiadas los que importes que procedan.
En contestación a los requerimientos efectuados por el Síndic de Greuges, el Ayuntamiento de Jávea ha aceptado conceder las licencias de ocupación a las 30 viviendas del edificio, zonas comunes y aparcamientos de la comunidad de propietarios Casas del Montanar solicitadas hace 20 años.
La comunidad de propietarios se dirigió en septiembre de 2018 al Síndic señalando que en septiembre de 2008 pidió las licencias de primera ocupación de las viviendas que, a su vez, ya había solicitado la promotora del inmueble en abril de 1999. El motivo de su queja era que, pese al tiempo transcurrido, no se habían concedido las citadas licencias ni tampoco información del Ayuntamiento de Jàvea sobre las posibles deficiencias para obtener los permisos de ocupación.
Tras la intervención del Síndic, el Ayuntamiento de Jávea ha concluido que resulta injustificado dilatar aún más la concesión de las licencias de ocupación del edificio.
El pleno del Observatorio para la Defensa de los derechos de las Personas en Situación de Vulnerabilidad del Síndic de Greuges ha puesto en marcha hoy un grupo de trabajo para estudiar la suficiencia económica en la Comunidad Valenciana, centrándose en las prestaciones de Emergencia y la Renta Valenciana de Inclusión.
Esta es la primera parte de una actuación más amplia cuya finalidad es elaborar, a lo largo del año 2020, un informe sobre “La lucha contra la pobreza y la desigualdad en la Comunitat Valenciana”.
En la reunión del Observatorio de diciembre se expondrá y debatirá el resultado del trabajo, que en su segunda fase analizará la pobreza energética. El acceso a la vivienda y los desahucios será el último de los asuntos objeto del estudio.
Ante las dificultades que padecen los 700 alumnos del colegio Pedro Duque de Alicante para acceder al centro, el Síndic de Greuges ha abierto una queja de oficio con el fin de saber qué actuaciones tiene previstas el Ayuntamiento para resolver el problema.
El descampado que da acceso al centro está sin urbanizar y carece de desagües, por lo que la reciente gota fría ha originado lodazales por los que transitan los escolares. Los medios de comunicación han publicado la noticia y se han hecho eco de la preocupación de los padres, quienes temen que las aguas estancadas y sin salida en algunos tramos del solar acaben convirtiéndose en nido ideal para el mosquito tigre.
Para evitar el descampado, que se convierte en un barrizal en cuanto llueve, las familias optan por hacer una larguísima cola a lo largo de toda la estrecha acera que rodea el centro educativo, porque la puerta de entrada es pequeña y no permite la entrada en grupos. Esta situación provoca que el comienzo de las clases se retrase, puesto que se requiere una media de 15 minutos para despejar la acera hasta que entra al colegio el último de los menores.
El pleno del Observatorio del Menor del Síndic de Greuges ha debatido hoy la situación de la trata de menores en la Comunidad Valenciana, una realidad oculta difícil de detectar y proteger, y de la que no existen datos oficiales.
La trata es un negocio de compra-venta de personas con fines de explotación diversos: sexual, laboral, para la mendicidad, el tráfico de órganos, etcétera. “Los menores son las víctimas más ocultas de las redes, los más difíciles de detectar y proteger”, así lo ha manifestado la abogada Mónica Gutiérrez, de la Sección del Menor del Colegio Oficial de Abogados de Valencia, quien ha expuesto el tema.
La necesidad de crear recursos especializados, así como considerar a los menores extranjeros no acompañados en situación de riesgo de trata, tal y como ya recomendó el Defensor del Pueblo en 2017 han sido algunas de las cuestiones que han centrado la reunión.
El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana (e.f.), Ángel Luna, ha abierto una queja de oficio para conocer las actuaciones que se están desarrollando por parte de la Conselleria de Educación y del Ayuntamiento de Alicante para evitar la penosa situación en la que tienen que estudiar los alumnos de primaria del Colegio público La Cañada de Fenollar, de Alicante.
Los menores iniciaron el curso escolar el pasado lunes día 9 en unas carpas al aire libre a la espera de que acaben de instalarles en los nuevos barracones del centro educativo.
Esta institución está muy preocupada por la prolongada utilización de las aulas prefabricadas para impartir docencia, de ahí que durante este año 2019 se hayan abierto tres quejas de oficio por este asunto. Sin embargo, en este caso ni siquiera se trata de barracones sino de que los alumnos de primaria reciben clases bajo una simple carpa o toldo.
En consecuencia, el síndic ha solicitado a la Consellería de Educación y al Ayuntamiento de Alicante que remita un informe sobre las actuaciones a aplicar para solucionar el problema.
El síndic de greuges (e. f.) de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha aplaudido la decisión de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de modificar la orden que regula la tarjeta acreditativa de la condición de persona con discapacidad. Este cambio, que el defensor valenciano viene planteando en sus resoluciones, supone un gran avance a la hora de acreditar la discapacidad y de evitar demoras innecesarias en el reconocimiento de los derechos de las personas en esta situación.
A partir de ahora las personas que tengan reconocida por la Seguridad Social una pensión de incapacidad permanente en el grado total, absoluta o gran invalidez serán beneficiarios de la tarjeta acreditativa de la condición de discapacidad. Es decir, ya no tendrán que pasar por una valoración de la Conselleria, que no siempre reconocía el 33% de la discapacidad y que, en el mejor de los casos, acarreaba unas demoras de unos dos años.
Esta traba burocrática también queda suprimida para los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una jubilación o retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.
Así viene recogido en la nueva Orden 4/2019, de 23 de julio, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que se publica hoy en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana.
El síndic de greuges e.f. de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha aplaudido la decisión adoptada por el Ayuntamiento de Sagunto de buscar una fórmula legal que permita a las personas que acrediten la discapacidad con el certificado del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) disfrutar de los beneficios fiscales a los que tienen derecho, tales como la exención del impuesto de circulación.
La actuación del defensor valenciano se inició el pasado mes de marzo al recibir la queja de un vecino a quien el Ayuntamiento de Sagunto le había denegado la exención de impuestos sobre vehículo de tracción mecánica por discapacidad. El consistorio argumentaba que el certificado de discapacidad de la Conselleria de Igualdad caducaba con anterioridad a la fecha de devengo del impuesto y, aunque el afectado también aportó el certificado del INSS de incapacidad permanente en el grado de absoluta para todo trabajo, el Ayuntamiento se negaba a aceptar este documento como acreditación de su discapacidad.
Lamentablemente, no es el único expediente tramitado por el Síndic sobre esta problemática. Esta institución ha recibido quejas similares de ciudadanos que residen en diferentes municipios de la Comunidad Valenciana y que se enfrentan a la misma traba: su ayuntamiento no les reconoce la resolución del INSS como documento acreditativo de su discapacidad. Si a este obstáculo burocrático se le añaden las demoras que arrastra la Conselleria para resolver el grado de discapacidad, el resultado se traduce en una situación de incertidumbre y bucle constante en la que se vulneran los derechos de las personas con discapacidad.
En todas estas situaciones, el Síndic viene advirtiendo a los ayuntamientos afectados, que según la normativa vigente (Art. 4.2 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre) los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez son consideradas personas con discapacidad en grado igual o superior al 33%.
En el caso del Ayuntamiento de Sagunto, el Síndic le instaba a aceptar las resoluciones de incapacidad permanente en los grados de absoluta, total o de gran invalidez como certificados de minusvalía con un grado igual o superior a un 33 %. Una petición que el consistorio ha aceptado y que se plasmará con una modificación en su respectiva ordenanza.
Ver la resolución del Síndic sobre este asunto.
El síndic de greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha abierto una queja de oficio para investigar las demoras en la tramitación y en la expedición de los títulos de familia numerosa y familia monoparental. Unos retrasos que se producen tanto en la primera solicitud de alta del carnet como en las sucesivas renovaciones del mismo.
Desde hace aproximadamente unos tres años, esta institución viene constatando un incremento del número de quejas relacionadas con este asunto y ha constatado, además, que durante algunos meses la administración autonómica alcanza a cumplir los plazos legales previstos, pero, transcurrido un tiempo, vuelven a producirse los retrasos, que en ciertos períodos llegan a alcanzar más de ocho meses.
Sin duda, estas demoras en la tramitación de títulos de familias monoparentales y numerosas ocasionan graves trastornos económicos a las personas beneficiarias, con consecuencias inmediatas que no siempre son fáciles de subsanar con posterioridad: la pérdida de bonificaciones sociales y fiscales, la no aplicación de descuentos, la imposibilidad de conseguir ciertos puntos en una baremación de acceso a determinados recursos o prestaciones, etc.
Por todo ello, el Síndic se ha dirigido a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas para solicitarle información al respecto y en particular para preguntarle por las medidas que está aplicando o tiene previsto aplicar para solucionar de forma permanente este problema y garantizar la protección y ayuda que estos colectivos tienen reconocidos por ley.
