El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana ha entregado hoy al presidente de Les Corts, Enric Morera, un informe especial sobre la situación de la vivienda pública en la Comunitat Valenciana. Se trata de un estudio monográfico que analiza en profundidad el panorama actual de la vivienda gestionada por las administraciones públicas -principalmente la nueva Entitat Valenciana de l’Habitatge i Sòl (antiguo EIGE) y ayuntamientos- para fines sociales, es decir, para atender a los colectivos más vulnerables y en riesgo de exclusión social.
El documento también evalúa en profundidad la problemática de la pobreza asociada a la vivienda en los hogares valencianos. Todo ello con un análisis de datos desagregados geográficamente por provincias y zonas. El documento cuantifica el parque de vivienda pública, su distribución espacial y su uso. También detalla las principales características de la población demandante de vivienda pública, su zonificación y estratificación, así como un estudio de las condiciones, características y ubicación de las viviendas públicas que dan satisfacción a dicha demanda.
Para la recopilación de los datos publicados en este informe, el Síndic ha contado con la participación del Instituto de Economía Internacional de la Universidad de Alicante. El equipo dirigido por la profesora Paloma Taltavull se ha encargado de realizar un profundo estudio económico, sociológico y estadístico que constituye el fundamento de las recomendaciones con las que concluye el informe el defensor del pueblo valenciano.
CONCLUSIONES
La principal conclusión del trabajo es que el parque de vivienda pública es insuficiente para atender a la demanda de vivienda de los colectivos más desfavorecidos, especialmente en una etapa de crisis. El acceso a una vivienda digna continúa siendo en la actualidad una de las principales preocupaciones de la sociedad valenciana, y así lo constata el Síndic a través de las quejas recibidas por la ciudadanía sobre esta materia. Más allá del número -que oscila entre las 100-150 quejas anuales- el defensor destaca la gravedad de las situaciones denunciadas. La mayoría de ellas hacen referencia a la desprotección de familias que no pueden acceder a una vivienda por sus propios medios y que esperan durante años la adjudicación de una vivienda social, sin que en la mayoría de los casos se les facilite un recurso de emergencia alternativo, que en general no existe.
A pesar de estar reconocido en la Constitución y en las leyes que desarrollan esta materia, el disfrute efectivo del derecho a la vivienda dista todavía de ser real. En este sentido, la crisis económica ha evidenciado y potenciado las carencias estructurales que presentan las políticas públicas en esta materia, colocando a muchas personas en una situación de extrema pobreza y de privación de los derechos más fundamentales al haber perdido su vivienda a consecuencia de las dificultades financieras.
La política de vivienda en España y en la Comunitat Valenciana ha priorizado tradicionalmente el acceso de las clases medias a la vivienda en régimen de propiedad (VPO), frente a las políticas de acceso en régimen de alquiler. Sin embargo, el Síndic lleva años insistiendo en un enfoque más social de la política de vivienda que facilite el acceso a una vivienda digna a los colectivos más vulnerables y en riesgo de exclusión social.
PARQUE PÚBLICO DE VIVIENDA EN LA COMUNITAT VALENCIANA
El informe del Síndic cuantifica el parque de vivienda pública en la Comunitat Valenciana en unas 65.000 unidades. De ellas, el 54% se encuentra bajo la gestión de la nueva Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl (antiguo EIGE) mientras que el resto se encontraría bajo la gestión de institutos de la vivienda en las principales ciudades y/o directamente gestionadas por los ayuntamientos. No obstante, no existe un censo oficial donde se contabilice el número real de vivienda social gestionada por las distintas administraciones públicas, algo que el Síndic echa en falta y considera necesario, ya que ayudaría a tomar decisiones de construcción y asignación con mayor precisión y equidad. Además insiste en que este censo o registro debería ser dinámico, público y accesible a toda la ciudadanía valenciana.
De las 65.000 unidades, el 94% está ocupada y existe un remanente que oscila el 4%- 5%, entre viviendas vacías, por rehabilitar y/o para recuperar. Este porcentaje suponen aproximadamente unas 3500 viviendas para toda la Comunidad Valenciana, que podrían ser efectivamente utilizables para cubrir necesidades súbitas de vivienda. Una cifra insuficiente para cubrir las necesidades de vivienda que se siguen produciendo como resultado de los procesos de lanzamiento de los hogares y de los niveles de pobreza resultantes de la crisis.
En este sentido, el informe del Síndic estima en 7100 los hogares que se encuentran en el límite de la pobreza en vivienda, es decir, que en cualquier momento y ante cualquier cambio negativo en sus condiciones económicas podrían requerir apoyo público inmediato. Por tanto, el déficit de vivienda pública sobre las computadas existentes para atender nuevas demandas de urgencia estaría aproximadamente en 3.700 unidades, que se concentrarían principalmente en la provincia de Alicante y en la de Valencia, básicamente en las capitales.
No obstante, si se amplía el cómputo de necesidades a los hogares en riesgo, es decir, aquellos que asumen unos pagos por vivienda excesivos en relación con su renta (población en housing stress), una eventual contracción del ciclo económico podría provocar que estos hogares se quedaran sin viviendas y consecuentemente que aumentara las necesidades de vivienda a cifras superiores a las 20.000 unidades. Sobre estos datos, el informe destaca que existe un desajuste territorial entre la demanda y la oferta de vivienda pública en detrimento del sur.
VIVIENDA Y POBREZA
El informe revela que el impacto de la crisis sobre la pobreza ha sido mucho más severo en toda la Comunitat Valenciana que en el resto de España. Una pobreza directamente asociada a la pérdida de ingresos y a la incapacidad de cubrir las necesidades fundamentales del hogar. El número de hogares sin ingresos alcanzó un máximo en 2013, con un total de 44.028 registrados por la ECV.
La proporción de hogares pobres en Alicante es superior a la media de la Comunitat Valenciana, situándose alrededor del 22% en todo el período; en Valencia, la proporción es inferior a esta cifra (16.5%), y en Castellón es la provincia en que la propensión a la pobreza se acelera súbitamente tras el impacto de la segunda oleada de la crisis económica y esto se refleja en el número de hogares pobres, que se elevan desde el 17% a casi el 30% en 2013.
Como resultado de estos niveles de empobrecimiento y desajustes económicos, una parte relevante de familias valencianas perdió su vivienda a través de desahucios, lanzamientos y/o dación en pago. Consecuentemente, la crisis ha provocado una variación en la fórmula de tenencia de los hogares valencianos, reduciendo los hogares en propiedad y aumentando los propietarios que pagan por su vivienda (rehipotecas o cambios de vivienda) y los que se encuentran en alquiler a precio de mercado.
Paralelamente, la situación generó un aumento súbito de la demanda de vivienda social con un parque público que no pudo dar abasto a tanta demanda. Con ello, parte de los hogares que por sus condiciones requerían de una vivienda social, se han visto obligados a pagar precios de mercado.
RECOMENDACIONES
El síndic concluye el informe especial con dieciséis recomendaciones dirigidas a la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio para su estudio, valoración y adopción con la finalidad de garantizar de forma real y efectiva el derecho subjetivo a una vivienda digna.
Una de las principales recomendaciones es incrementar el parque de vivienda pública en alquiler así como las dotaciones presupuestarias para hacer efectivo el derecho a la vivienda asequible, digna y adecuada. También considera imprescindible contar con recursos de emergencia que permitan la actuación inmediata en los casos de pérdida de vivienda mientras se exploran otras actuaciones más estables.
Al amparo de la Ley de Función Social de la Vivienda de la Comunitat Valenciana que entró en vigor hace apenas un año, el Síndic insta a poner en funcionamiento el sistema de ayudas al alquiler y así, proceder al abono de las mismas a aquellas personas a quienes no se les pueda adjudicar una vivienda pública en alquiler por insuficiencia del parque público.
El informe también pone de manifiesto la falta de datos reales sobre el parque público de vivienda en la Comunidad Valenciana -que en este trabajo ha sido estimado con métodos estadísticos- así como la tipología y número de hogares demandantes. De ahí que el Síndic insista en la necesidad de elaborar estudios con datos fiables y exactos sobre la oferta y demanda actual y potencial de vivienda pública, así como la necesidad de contar con registros dinámicos, públicos y accesibles que permitan conocer con precisión qué viviendas integran el parque público, cuál es su ubicación geográfica y cuál es su estado de ocupación. Según el defensor “estos registros o censos permitirían tomar decisiones de construcción y asignación con mayor precisión y equidad”.
Por último, la institución también subraya la estrecha relación que debe existir entre la política de vivienda y las políticas sociales y apela a poner en funcionamiento programas de acompañamiento social a los adjudicatarios de vivienda pública para abordar la situación de pobreza que padece el hogar demandante de vivienda de una manera integral (inserción social, laboral, sanitaria, asunción de datos asociados a la vivienda, etc.).
El informe está publicado en esta página web: Informe vivienda pública 2018
