Pedimos mejorar la salud mental infantojuvenil con más inversión, planificación y coordinación

En los últimos años se ha producido un claro aumento de la demanda asistencial en el área de salud mental infantil. Cada año son más los menores atendidos. Entre las posibles causas de esta tendencia al alza, los expertos apuntan a que hay más información, mayor sensibilización y se pide ayuda antes, además de los avances en el diagnóstico, así como la incidencia que tiene para la salud de los más pequeños las vivencias traumáticas o problemas socio familiares.

En cualquier caso, de  la Estrategia de Salud Mental de la Comunitat Valenciana 2016-2020 se desprende que antes de los 14 años ya han aparecido la mitad de los problemas de salud mental y a los 17 años el 70% de los trastornos ya han debutado por lo que la prevención, detección y atención en edades tempranas debe ser una prioridad para abordar las situaciones de forma oportuna.

La asistencia a menores con problemas de salud mental en nuestra comunidad se realiza principalmente desde la Conselleria de Sanidad, aunque también desde la Conselleria de Educación y la de Igualdad y Políticas Inclusivas. De ahí que durante la tramitación de esta investigación el Síndic se haya dirigido a estos tres departamentos autonómicos en busca de información.  También ha contado con la experiencia de los profesionales del ámbito sanitario, social y educativo que forman parte del Observatorio del Menor del Síndic a fin de conocer las dificultades con las que se encuentran en su práctica diaria.

ATENCIÓN SANITARIA

En sus conclusiones, Cholbi reconoce un aumento evidente de los recursos sanitarios disponibles,  pero advierte que no son suficientes. Los indicadores disponibles muestran, por ejemplo, que la Comunidad Valenciana cuenta con 4 psiquiatras por cada 100.000 habitantes, cuando la OMS fija en 14 el número de profesionales de psiquiatría recomendados para atender a esta población; lo mismo pasaría con el número de psicólogos, enfermeros de salud mental, etc.

Según el informe remitido por la Conselleria de Sanidad Universal (julio 2017), los dispositivos específicos para atender a menores con problemas de salud mental en toda la Comunitat Valenciana son: 23 Unidades de Salud Mental Infanto-Adolescente (USMIA), 3 unidades de hospitalización (UPH) y 2 hospitales de día (HD) que atendieron durante el año 2016 a un total de 24.239 menores de edad. Unos recursos que el Síndic considera escasos teniendo en cuenta las listas de espera, la presión asistencial de los profesionales y la creciente demanda de los mismos. De ahí que solicite a la administración sanitaria más USMIA, más profesionales destinados a las mismas,  y en especial un aumento de psicólogos para mejorar la atención terapéutica. También insta a implantar una red suficiente de hospitales de día – inexistente en la provincia de Valencia- y de recursos residenciales de media estancia para menores de edad.

Además, el Síndic considera prioritario elaborar un Plan de Salud Mental Infanto-juvenil que desarrolle lo dispuesto en la Estrategia de Salud Mental de la Comunitat Valenciana 2016-2020. Un plan que, indudablemente, debe ir ligado a una dotación adecuada de medios económicos y personales y que también debe reforzar la coordinación del personal sanitario con los profesionales de servicios sociales y de educación para una atención integral de niños y adolescentes.

ATENCIÓN SOCIAL A MENORES VULNERABLES

En su resolución, el Síndic lamenta no haber recibido el informe solicitado a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas a pesar de habérselo requerido en repetidas ocasiones. Las cuestiones que le planteaba el defensor estaban relacionadas con la atención a la salud mental de los menores sujetos a medida de protección.

A pesar de no contar con los datos oficiales solicitados, y de la información aportada por el Observatorio del Menor, el Síndic considera insuficiente la atención que reciben tanto los menores tutelados como los que se encuentran en situación de riesgo social y pide un protocolo que permita un acceso preferente y específico de estos menores a las USMIA.

En el caso de los menores víctimas de violencia de género, el Síndic considera imprescindible que estos accedan a los profesionales de salud mental pese la negativa del progenitor agresor, una situación inadmisible -por las consecuencias que puede tener para el desarrollo personal, familiar, y social la no intervención- que también se ha detectado en el seno del Observatorio del Menor del Síndic.

ATENCIÓN EDUCATIVA

Por su parte, la Conselleria de Educación indicaba en su informe que, a efectos escolares,  los menores con problemas de salud mental son evaluados por el servicio psicopedagógico escolar (SPE), encargado de identificar sus necesidades educativas y de proponer un Plan de Actuación individualizado con las medidas, recursos y apoyos que requieren.

No obstante, el Síndic viene tramitando quejas referidas a la atención que recibe el alumnado con necesidades educativas especiales e insiste en la necesidad de aumentar la dotación de orientadores y psicopedagogos tanto en los centros de educación primaria como en los institutos de secundaria a fin de implantar medidas preventivas, de detección y atención temprana a estos problemas. Asimismo, considera necesario actualizar la normativa en materia de atención escolar a alumnos con problemas de salud mental, atendiendo al principio de inclusión educativa.

Respecto a las nuevas Unidades Terapéuticas para atender al alumnado con problemas graves de salud mental que la conselleria quiere implantar y que, con carácter experimental, ya está en funcionamiento en el centro de educación especial de Castellón, el Síndic advierte de las críticas recibidas por parte de algunos profesionales sanitarios y pedagogos que consideran que estas unidades no responden a la filosofía de la educación inclusiva e integradora. Por lo que la institución propone evaluar las experiencias de las mismas con carácter previo a su implantación definitiva.

Ver la resolución del Síndic sobre la salud mental infanto-juvenil.

El síndic presenta su Informe Anual 2017 en les Corts

Durante el 2017, el Síndic de Greuges llevó a cabo un total de 30.136 actuaciones en defensa de los derechos de la ciudadanía, de las cuales 17.544 corresponden a quejas tramitadas por la institución (17.505 quejas de parte y 39 quejas de oficio) y 12.592 a consultas atendidas por su Oficina de Atención Ciudadana. Durante ese periodo, el Síndic dictó 6.476 resoluciones para mejorar las actuaciones y el servicio ofrecido por la Administración local y autonómica.

Así lo recoge el Informe Anual 2017 de la institución que José Cholbi ha entregado hoy al president de Les Corts Valencianes, Enric Morera y que posteriormente ha dado a conocer a los medios de comunicación.

Quejas %
Quejas presentadas por la ciudadanía 17.505 58,09%
Quejas iniciadas de oficio 39 0,13%
Consultas recibidas por la Oficina de Atención Ciudadana 12.592 41,78%
Total 30.136 100,00%

 

2013 2014 2015 2016 2017
Quejas 19.134 13.029 13.604 14.143 17.544
Consultas atención ciudadana 15.836 21.490 14.589 14.162 12.592
TOTAL ACTUACIONES 34.970 34.519 28.193 28.305 30.136

Evolución del trabajo del Síndic

 

Otro dato a destacar del documento es el importante grado de aceptación por parte de las administraciones públicas a las recomendaciones o sugerencias dictadas por el Síndic de Greuges durante el 2017, ya que de un total de 6.290 resoluciones respondidas al tiempo de redactar el presente Informe, se han aceptado 5.803, lo que supone un grado de aceptación de 92,3%.

 

Recomendaciones y sugerencias emitidas 6.476
Recomendaciones y sugerencias respondidas 6.290
Recomendaciones y sugerencias aceptadas 5.803
Recomendaciones y sugerencias no aceptadas 454
Recomendaciones y sugerencias parcialmente aceptadas 33

 

En cuanto a la procedencia geográfica de las quejas presentadas, los datos son los siguientes: el 1,36% de las quejas proceden de la provincia de Castellón, el 35,99% de la provincia de Valencia y el 62,65% de la provincia de Alicante.

  %
Provincia de Alicante 10.863 62,65%
Provincia de Castellón 235 1,36%
Provincia de Valencia 6.241 35,99%
Total 17.339 100,00%

PRINCIPALES QUEJAS  POR ÁREAS

El 59% de los problemas que ha investigado el Síndic en 2017 están relacionados con la prestación de servicios públicos básicos del Estado de Bienestar, es decir, con educación, sanidad, atención a la dependencia, servicios sociales, infancia, vivienda e igualdad.

Las principales materias sobre las que han tratado las quejas estudiadas por el Síndic en este último año son las siguientes:

  • Educación con un total de 6.661 quejas, de ellas 5.765 corresponden a acciones colectivas por la supresión de unidades concertadas de bachillerato en centros de la Comunitat Valenciana y por la disconformidad con el nuevo modelo lingüístico educativo valenciano conocido por “plurilingüismo”. También han llegado al Síndic las quejas por la atención deficitaria a menores con necesidades educativas especiales, ya sean por falta de profesionales de audición y lenguaje, de educadores o de profesionales de enfermería para proporcionar los apoyos específicos que requieren.  Asimismo, también han llegado quejas por los problemas que plantean los límites de edad en la escolarización de alumnado con necesidades educativas especiales. En cuanto a la educación infantil, las quejas más frecuentes son por la falta de personal para solventar los problemas de higiene en las aulas de 3 años.

 

  • En materia de Medio Ambiente la institución tramitó un total de 2.891 quejas, siendo 1.322 de ellas por el tratamiento de aguas residuales en la Isla de Tabarca. También han sido muy habituales las quejas de contaminación acústica por el ocio nocturno,  casales festeros, comportamiento incívico entre vecinos, ruidos de tráfico etc. Otras hacen referencia a problemas de acceso a la información medioambiental, tratamiento de emisiones tóxicas y residuos de industrias, el plan eólico, etc.

 

  • En el área de Sanidad hemos recibido un total de 2.290 quejas, 1.183 de ellas corresponden a la actuación colectiva de padres de menores de edad que se quejaban por la falta de desfibriladores y otras medidas de atención a emergencias sanitarias en las instalaciones deportivas donde jugaban sus hijos. Otras quejas están relacionadas con las listas de espera sanitarias, acceso a técnicas de reproducción asistida, infraestructuras sanitarias, salud mental infanto-juvenil, los límites edad en los servicios de atención temprana a menores y  responsabilidad patrimonial.

 

  • El área de Tráfico acumula este año un total de 1.808 quejas, siendo 1.675 de ellas una acción colectiva por problemas en las avenidas Pérez Galdós y Giorgeta de Valencia.

 

  • Las quejas relacionadas con la aplicación de ley de atención a la dependencia aumentan este año hasta las 937 quejas. Las más habituales se refieren a los retrasos en el reconocimiento de las prestaciones reconocidas en esta ley. Asimismo, hemos empezado a recibir quejas relacionadas con los retrasos en la grabación de solicitudes debido a las consecuencias negativas que tiene para los ciudadanos la discrepancia de fechas. También son frecuentes las quejas en materia de responsabilidad patrimonial por fallecimiento de solicitante de la declaración de dependencia una vez excedido el plazo legal para resolver su solicitud.

 

  • En la materia de Servicios Locales constan un total de 937 quejas. La mayoría de ellas – 706 – son una acción colectiva por la ausencia de servicio público regular de transporte entre la isla de Tabarca y la península. El resto de quejas tienen que ver con el suministro de agua potable, la recogida de basura, el mantenimiento y ornato de vías públicas y espacios urbanos, el transporte municipal y la gestión de expedientes sancionadores.

 

  • Las quejas de Empleo Público son un total de 338 y guardan relación con los derechos de empleados públicos, comisiones de servicio, integración de personas con discapacidad en la función pública, funcionarios interinos, bolsas de trabajo, etc.

 

  • En Servicios Sociales hemos recibido 281 quejas sobre: retrasos en la valoración del grado de discapacidad, renta garantizada de ciudadanía, familias numerosas y monoparentales, familias de acogida, puntos de encuentro familiar, etc.

 

  • Urbanismo acumula un total de 279 quejas sobre: acceso a la información urbanística, demoras en conceder permisos y licencias, obras ilegales, tramitación y aprobación de planes urbanísticos e instrumentos de ordenación, limpieza y conservación de solares etc.

 

  • En el área de Régimen Jurídico hemos recibido 253 quejas que versan sobre: transparencia y participación ciudadana, buen gobierno, contratación, responsabilidad patrimonial, falta de acceso de información pública a concejales en la oposición, etc.

 

  • En Hacienda Pública constan un total de 157 quejas sobre: tributos gestionados por ayuntamientos (IBI, plusvalía, tasa de basuras, etc.) y también impuestos gestionados por la hacienda autonómica (impuestos sobre transmisiones patrimoniales, impuestos sobre sucesiones y donaciones, etc.).

 

  • En relación con los problemas de Vivienda pública, se presentaron 133 quejas debida a las demoras en acceder a una vivienda pública por parte de los colectivos más desfavorecidos. Unas demoras que se cuentan por años en la mayoría de los casos.

QUEJAS DE OFICIO

Respecto a las treinta y nueve investigaciones de oficio abiertas durante el 2017, la gran mayoría de ellas están relacionadas con los derechos de personas o colectivos en situación de desprotección, en riesgo de exclusión social o en situaciones de especial vulnerabilidad. Entre otros asuntos, este año hemos supervisado: la atención a menores ex tutelados; situación del centro de recepción de menores Alacant; la falta de docentes en educación especial; la atención a la salud mental infanto-juvenil; el funcionamiento de los puntos de encuentro familiar; la atención a las mujeres víctimas de violencia de género; inspección de centros residenciales de personas mayores; o la participación de menores extranjeros en deporte federado; la insalubridad de las viviendas del EIGE en barrio Miguel Hernández de Alicante, y ;  la falta de cirujanos pediátricos en hospitales de la CV, entre otras tantas.

INFORMES ESPECIALES

Al trabajo relacionado con la tramitación ordinaria de las quejas hay que añadir la presentación de tres informes especiales y/o monográficos que fueron entregados a Les Corts Valencianes durante el año pasado bajo los siguientes títulos:

  • El papel de los servicios sociales generales en la lucha contra la pobreza y la exclusión social en los municipios valencianos durante la crisis, presentado en enero de 2017.
  • El ejercicio de la tutela de menores por las administraciones públicas valencianas, entregado en un mes más tarde, en febrero de 2017
  • La atención y la protección a las mujeres víctimas de violencia de género en la Comunitat Valenciana, que lo hicimos público en junio de 2017.

Cada uno de estos documentos concluye con un conjunto de propuestas de mejoras dirigidas a las administraciones con competencia en cada uno de los asuntos tratados.

COLABORACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN

En cuanto al grado de colaboración de las administraciones públicas valencianas con  esta Institución, queremos significar que sigue siendo muy elevado y satisfactorio. No obstante, el Informe Anual 2017 detalla trece administraciones que no han contestado a nuestras peticiones de información tras varios requerimientos, obligándonos a dictar resoluciones sin conocer el parecer de la administración denunciada. En esta situación se encontrarían:

Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas (en 133 quejas); Ayuntamiento de Elda (en 7 quejas), Ayuntamiento de Lliria (en 3 quejas); Ayuntamiento de Monforte del Cid (3 quejas); Ayuntamiento de Moncada (2 quejas); Conselleria de Sanidad Universal (1 queja); SUMA Gestión Tributaria (1 queja); Ayuntamiento Benaguasil (1 queja); Ayuntamiento de Catarroja (1 queja);   Ayuntamiento de Mutxamel (1 queja); Ayuntamiento de Náquera (1 queja); Ayuntamiento de Peñíscola (1 queja); Ayuntamiento de Rojales (1 queja).

También damos cuenta de aquellas administraciones que no han dado respuesta a nuestras recomendaciones, sugerencias o recordatorios de deberes legales tras repetidos intentos de obtener respuesta. Esta sería la situación de:

La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas (en 95 resoluciones); Ayuntamiento de Elda (8 resoluciones, aunque en 3 recibimos respuesta tras comunicar el cierre); Conselleria de Sanidad Universal (2 resoluciones, aunque en una de ellas recibimos informe tras comunicar el cierre); Ayuntamiento de Catarroja (2 resoluciones); Ayuntamiento de Lliria (2 resoluciones, en una de ellas recibimos respuesta tras comunicar el cierre); Ayuntamiento de Moncada ( 2 resoluciones); Ayuntamiento de Mutxamel ( 2 resoluciones); Ayuntamiento de Orihuela (2 resoluciones); Conselleria de Educación (1 resolución); Coselleria de Vivienda (1 resolución); SUMA Gestión Tributaria (1 resolución); Ayuntamiento de Alginet (1 resolución); Ayuntamiento de Alicante (1 resolución), Ayuntamiento de Aielo de Malferit (1 resolución); Ayuntamiento de Bellreguard (1 resolución); Ayuntamiento de Burjasot (1 resolución); Ayuntamiento de Carcaixent (1 resolución que contestan tras comunicar el cierre); Ayuntamiento de Chiva (1 resolución); Ayuntamiento de Daimús (1 resolución); Ayuntamiento de Daya Nueva (1 resolución); Ayuntamiento de Oliva (1 resolución, que contestan tras comunicar el cierre de la queja); Ayuntamiento de Peñíscola (1 resolución); Ayuntamiento de Rojales (1 resolución); Ayuntamiento de Serra (1 resolución); Ayuntamiento de Torrevieja (1 resolución); Ayuntamiento de València (1 resolución); Ayuntamiento de Vinalesa (1 resolución).

En las dos situaciones descritas, hay expedientes en los hemos recibido el informe requerido después de haber dictado la resolución, y otros en los la Administración viene a contestar a nuestra resolución una vez que ya hemos cerrado la queja.

En cualquier caso y sobre esta falta de colaboración, el Síndic advierte de la idiosincrasia de esta institución y de la obligación de la administración a colaborar con la misma para su correcto funcionamiento: “La peculiar naturaleza de esta institución, cuyas resoluciones no gozan de fuerza para obligar a su cumplimiento, requiere de un elevado grado de colaboración de las administraciones y organismos sujetos a su control. De otra forma, el Síndic puede llegar a ser una voz que clama en el desierto, viéndose obligado a gritar cada vez más fuerte para que sus denuncias alcancen el suficiente grado de notoriedad”.

NOTA: Todas las resoluciones a las que hacemos mención en nuestro Informe Anual 2017 pueden ser consultadas en nuestra página web haciendo clic sobre el número de queja (en la versión digital). Igualmente, todos los informes especiales publicados durante el 2017 también se encuentran disponibles en nuestra web para su consulta y/o descarga.

El Informe Anual 2017 del Síndic de Greuges está disponible en esta página web.

 

INFORME VIVIENDA PÚBLICA El Síndic estima en 7100 los hogares valencianos que se encuentran al límite de pobreza de vivienda y que pueden requerir de apoyo público urgente

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana ha entregado hoy al presidente de Les Corts, Enric Morera, un informe especial sobre la situación de la vivienda pública en la Comunitat Valenciana. Se trata de un estudio monográfico que analiza en profundidad el panorama actual de la vivienda gestionada por las administraciones públicas -principalmente la nueva Entitat Valenciana de l’Habitatge i Sòl (antiguo EIGE) y ayuntamientos- para fines sociales, es decir, para atender a los colectivos más vulnerables y en riesgo de exclusión social.

El documento también evalúa en profundidad la problemática de la pobreza asociada a la vivienda en los hogares valencianos. Todo ello con un análisis de datos desagregados geográficamente por provincias y zonas. El documento cuantifica el parque de vivienda pública, su distribución espacial y su uso. También detalla las principales características de la población demandante de vivienda pública, su zonificación y estratificación, así como un estudio de las condiciones, características y ubicación de las viviendas públicas que dan satisfacción a dicha demanda.

Para la recopilación de los datos publicados en este informe, el Síndic ha contado con la participación del Instituto de Economía Internacional de la Universidad de Alicante. El equipo dirigido por la profesora Paloma Taltavull se ha encargado de realizar un profundo estudio económico, sociológico y estadístico que constituye el fundamento de las recomendaciones con las que concluye el informe el defensor del pueblo valenciano.

CONCLUSIONES

La principal conclusión del trabajo es que el parque de vivienda pública es insuficiente para atender a la demanda de vivienda de los colectivos más desfavorecidos, especialmente en una etapa de crisis. El acceso a una vivienda digna continúa siendo en la actualidad una de las principales preocupaciones de la sociedad valenciana, y así lo constata el Síndic a través  de las quejas recibidas por la ciudadanía sobre esta materia. Más allá del número -que oscila entre las 100-150 quejas anuales- el defensor destaca la gravedad de las situaciones denunciadas. La mayoría de ellas hacen referencia a la desprotección de familias que no pueden acceder a una vivienda por sus propios medios y que esperan durante años la adjudicación de una vivienda social, sin que en la mayoría de los casos se les facilite un recurso de emergencia alternativo, que en general no existe.

A pesar de estar reconocido en la Constitución y en las leyes que desarrollan esta materia, el  disfrute efectivo del derecho a la vivienda dista todavía de ser real. En este sentido, la crisis económica ha evidenciado y potenciado las carencias estructurales que presentan las políticas públicas en esta materia, colocando a muchas personas en una situación de extrema pobreza y de privación de los derechos más fundamentales al haber perdido su vivienda a consecuencia de las dificultades financieras.

La política de vivienda en España y en la Comunitat Valenciana ha priorizado tradicionalmente el acceso  de las clases medias a la vivienda en régimen de propiedad (VPO), frente a las políticas de acceso en régimen de alquiler. Sin embargo, el Síndic lleva años insistiendo en un enfoque más social de la política de vivienda que facilite el acceso a una vivienda digna a los colectivos más vulnerables y en riesgo de exclusión social.

PARQUE PÚBLICO DE VIVIENDA EN LA COMUNITAT VALENCIANA

El informe del Síndic cuantifica el parque de vivienda pública en la Comunitat Valenciana en unas 65.000 unidades. De ellas, el 54% se encuentra bajo la gestión de la nueva Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl (antiguo EIGE) mientras que el resto se encontraría bajo la gestión de institutos de la vivienda en las principales ciudades y/o directamente gestionadas por los ayuntamientos. No obstante, no existe un censo oficial donde se contabilice el número real de vivienda social gestionada por las distintas administraciones públicas, algo que el Síndic echa en falta y considera necesario, ya que ayudaría a tomar decisiones de construcción y asignación con mayor precisión y equidad. Además insiste en que este censo o registro debería ser dinámico, público y accesible a toda la ciudadanía valenciana.

De las 65.000 unidades, el 94% está ocupada y existe un remanente que oscila el  4%- 5%, entre viviendas vacías, por rehabilitar y/o para recuperar. Este porcentaje suponen aproximadamente unas 3500 viviendas para toda la Comunidad Valenciana, que podrían ser efectivamente utilizables para cubrir necesidades súbitas de vivienda. Una cifra insuficiente para cubrir las necesidades de vivienda que se siguen produciendo como resultado de los procesos de lanzamiento de los hogares y de los niveles de pobreza resultantes de la crisis.

En este sentido, el informe del Síndic estima en 7100 los hogares que se encuentran en el límite de la pobreza en vivienda, es decir, que en cualquier momento y ante cualquier cambio negativo en sus condiciones económicas podrían requerir apoyo público inmediato. Por tanto, el déficit de vivienda pública sobre las computadas existentes para atender nuevas demandas de urgencia estaría aproximadamente en 3.700 unidades, que se concentrarían principalmente en la provincia de Alicante y en la de Valencia, básicamente en las capitales.

No obstante, si se amplía el cómputo de necesidades a los hogares en riesgo, es decir, aquellos que asumen unos pagos por vivienda excesivos en relación con su renta (población en housing stress), una eventual contracción del ciclo económico podría provocar que estos hogares se quedaran sin viviendas y consecuentemente que aumentara las necesidades de vivienda a cifras superiores a las 20.000 unidades. Sobre estos datos, el informe destaca que existe un desajuste territorial entre la demanda y la oferta de vivienda pública en detrimento del sur.

VIVIENDA Y POBREZA

El informe revela que el impacto de la crisis sobre la pobreza ha sido mucho más severo en toda la Comunitat Valenciana que en el resto de España. Una pobreza directamente asociada a la pérdida de ingresos y a la incapacidad de cubrir las necesidades fundamentales del hogar. El número de hogares sin ingresos alcanzó un máximo en 2013, con un total de 44.028 registrados por la ECV.

La proporción de hogares pobres en Alicante es superior a la media de la Comunitat Valenciana, situándose alrededor del 22% en todo el período; en Valencia, la proporción es inferior a esta cifra (16.5%), y en Castellón es la provincia en que la propensión a la pobreza se acelera súbitamente tras el impacto de la segunda oleada de la crisis económica y esto se refleja en el número de hogares pobres, que se elevan desde el 17% a casi el 30% en 2013.

Como resultado de estos niveles de empobrecimiento y desajustes económicos, una parte relevante de familias valencianas perdió su vivienda a través de desahucios,  lanzamientos y/o dación en pago. Consecuentemente, la crisis ha provocado una variación en la fórmula de tenencia de los hogares valencianos, reduciendo los hogares en propiedad y aumentando los propietarios que pagan por su vivienda (rehipotecas o cambios de vivienda) y los que se encuentran en alquiler a precio de mercado.

Evolución de la tenencia de vivienda en la Comunidad Valenciana 2006-2015

Paralelamente, la situación generó un aumento súbito de la demanda de vivienda social con un parque público que no pudo dar abasto a tanta demanda. Con ello, parte de los hogares que por sus condiciones requerían de una vivienda social, se han visto obligados a pagar precios de mercado.

RECOMENDACIONES

El síndic concluye el informe especial con dieciséis recomendaciones dirigidas a la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio para su estudio, valoración y adopción con la finalidad de garantizar de forma real y efectiva el derecho subjetivo a una vivienda digna.

Una de las principales recomendaciones es incrementar el parque de vivienda pública en alquiler así como las dotaciones presupuestarias para hacer efectivo el derecho a la vivienda  asequible, digna y adecuada.  También considera imprescindible contar con recursos de emergencia que permitan la actuación inmediata en los casos de pérdida de vivienda mientras se exploran otras actuaciones más estables.

Al amparo de la Ley de Función Social de la Vivienda de la Comunitat Valenciana que entró en vigor hace apenas un año, el Síndic insta a poner en funcionamiento el sistema de ayudas al alquiler y así, proceder al abono de las mismas a aquellas personas a quienes no se les pueda adjudicar una vivienda pública en alquiler por insuficiencia del parque público.

El informe también pone de manifiesto la falta de datos reales sobre el parque público de vivienda en la Comunidad Valenciana -que  en este trabajo ha sido estimado con métodos estadísticos- así como la tipología  y número de hogares demandantes. De ahí que el Síndic insista en la necesidad de elaborar estudios con datos fiables y exactos sobre la oferta y demanda actual y potencial de vivienda pública, así como la necesidad de contar con registros dinámicos, públicos y accesibles que permitan conocer con precisión qué viviendas integran el parque público, cuál es su ubicación geográfica y cuál es su estado de ocupación. Según el defensor “estos registros o censos permitirían tomar decisiones de construcción y asignación con mayor precisión y equidad”.

Por último, la institución también subraya la estrecha relación que debe existir entre la política de vivienda y las políticas sociales y apela a poner en funcionamiento programas de acompañamiento social a los adjudicatarios de vivienda pública para abordar la situación de pobreza que padece el hogar demandante de vivienda de una manera integral (inserción social, laboral, sanitaria, asunción de datos asociados a la vivienda, etc.).

El informe está publicado en esta página web: Informe vivienda pública 2018

 

Pedimos mejoras en el servicio de basuras en Orihuela Costa

El síndic de greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, se ha dirigido al Ayuntamiento de Orihuela para instarle a “realizar las actuaciones necesarias para dotar el servicio de recogida de residuos sólidos de los medios técnicos y personales necesarios para prestar el servicio con eficacia y eficiencia en Orihuela Costa”.

De esta forma responde el defensor del pueblo valenciano a la queja presentada por la Federación de Asociaciones de Orihuela Costa (FAOC) ante esta institución. En ella denunciaban las deficiencias existentes en materia de recogida de residuos en esta zona, así como la insuficiencia y obsolescencia de los contenedores, el depósito incontrolado de basuras y la suciedad en la vía pública.

Por su parte, el Ayuntamiento remitió un informe al Síndic en el que detallaba los esfuerzos realizados para mejorar este servicio en el municipio. Unas actuaciones municipales que según esta federación de vecinos no se perciben en zona de Orihuela Costa. Pese a lo detallado en el informe municipal, esta federación reiteraba su denuncia ante el Síndic  e insistía en que las deficiencias persistían en la zona de Orihuela Costa.

En su resolución, el Síndic valora positivamente las actuaciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Orihuela. No obstante,  Cholbi recuerda que la recogida de residuos es un servicio público obligatorio, y por tanto, exigible por los propios vecinos. Un servicio que debe prestarse con eficacia y eficiencia, por lo que el Ayuntamiento deberá realizar las actuaciones que sean necesarias para que éste mejore en la zona de Orihuela Costa.

Ver el contenido de la resolución: http://www.elsindic.com/Resoluciones/10919921.pdf

El Síndic urge a Torrevieja a mejorar la accesibilidad de la ciudad

Cholbi atiende la queja de un vecino y pide al Ayuntamiento que supervise y elimine las barreras arquitectónicas

El síndic de greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha remitido al Ayuntamiento de Torrevieja una resolución con cuatro recomendaciones encaminadas a hacer efectivos los derechos de las personas con movilidad reducida y facilitar el desplazamiento y el acceso de las mismas en las vías y edificios de Torrevieja.

Entre las recomendaciones efectuadas, el defensor apremia a la Administración local a concretar “el anunciado Plan de Accesibilidad Integral del municipio” con la debida dotación presupuestaria. Además de este plan, el Síndic considera que el Ayuntamiento debería desarrollar políticas transversales de accesibilidad que involucren a todos los departamentos para así garantizar los derechos de las personas con diversidad funcional desde todas las áreas de gestión.

Asimismo, en otra de las recomendaciones, el Síndic pide “diligencia y eficacia” a la hora de concurrir a todas aquellas ayudas y subvenciones que ofertan otras administraciones (diputaciones, ministerios, fondos europeos, etc.) en materia de accesibilidad.

La intervención del Síndic tiene su origen en la queja presentada por un ciudadano que manifestaba la vulneración de los derechos de las personas con problemas de movilidad en Torrevieja así como la escasa inversión de este Ayuntamiento para eliminar las barreras arquitectónicas en la vía pública. En su escrito, el afectado detallaba una serie de puntos sobre los que no se había llevado a cabo ninguna actuación y que, por tanto, eran inaccesibles. Precisamente, sobre esta última cuestión, Cholbi ha solicitado al consistorio que supervise todas las áreas y lugares denunciados y que lleve a cabo las actuaciones oportunas para ajustarse a la normativa vigente en materia de accesibilidad.

El defensor recuerda en su resolución el derecho, reconocido por ley, de las personas con discapacidad a vivir de forma independiente y a participar plenamente en todos los aspectos de la vida. En opinión del Síndic, la falta de accesibilidad de los entornos y servicios constituye, sin duda, una forma sutil a la vez que indudable de discriminación, ya que se limita no solo la autonomía de estas personas sino también su capacidad de participar en la vida social, laboral y cultural en igualdad de condiciones.  De ahí que los poderes públicos tengan la obligación legal de adoptar las medidas pertinentes para asegurar la accesibilidad universal, en igualdad de condiciones con las demás personas.

 

Ver el contenido íntegro de la resolución del Síndic:

http://www.elsindic.com/Resoluciones/10917181.pdf

El Síndic investiga las medidas para la protección de datos en el centro de valoración de personas con discapacidad de Alicante

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha abierto una queja de oficio para conocer las medidas de seguridad de “nivel alto” adoptadas por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas para proteger los datos personales de salud que contienen los expedientes de personas en el Centro de Valoración de Alicante. La apertura de esta investigación se produce a raíz de la noticia publicada en un medio de comunicación que revelaba que había miles de expedientes ubicados en las zonas de paso del citado inmueble.

Según ha podido conocer el Síndic, se trataría de expedientes con información muy sensible considerada como “nivel alto” por tratarse de documentos que contienen datos sobre la salud de las personas que solicitaron la valoración de su grado de discapacidad. Precisamente para proteger esa información confidencial, la ley establece medidas de seguridad específicas como por ejemplo armarios o archivadores ubicados en áreas de acceso protegido.

Otra cuestión que preocupa al Síndic sobre este asunto es la destrucción de los expedientes de personas que ya han fallecido. Para el defensor, la eliminación de estos expedientes podría complicar el cumplimiento de las numerosas y reiteradas recomendaciones dictadas por esta institución sobre la obligación que tiene la Conselleria de Igualdad de indemnizar a los familiares de aquellas personas que fallecieron esperando que se resolviera su valoración y por tanto sin poder recibir las prestaciones reconocidas en la ley.

Con el fin de investigar estos hechos, el Síndic ha solicitado a la Conselleria que le informe sobre el procedimiento establecido para evitar la destrucción de los expedientes correspondientes a personas fallecidas cuando todavía no ha prescrito la responsabilidad patrimonial de la Administración.

Abrimos una investigación ante las dificultades para ubicar el centro de acogida de menores en Paterna

El síndic de greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha abierto hoy una queja de oficio para conocer las medidas adoptadas por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas para implantar el nuevo modelo de acogimiento residencial de menores, así como la colaboración prestada por los distintos ayuntamientos a los que se ha dirigido.

Desde el Síndic se sigue con gran inquietud las noticias publicadas en los medios de comunicación sobre las dificultadas evidenciadas a la hora de ubicar un centro de acogida de menores en la localidad de Paterna. En este sentido, el Síndic recuerda que esta Conselleria es la responsable, entre otras cosas, del desarrollo e implantación del sistema de protección a la infancia y adolescencia en la Comunitat Valenciana. Para llevar a cabo esta competencia, requiere de la colaboración y coordinación de otras administraciones públicas –tanto autonómicas como locales.

En julio de 2017, la Conselleria de Igualdad presentó el Nuevo Modelo de Acogimiento Residencial  de Infancia y Adolescencia, con el objetivo de implantar nuevas formas de intervención con los menores que se encuentran acogidos y mejorar la atención a los mismos. Entre otras medidas, el nuevo modelo prevé la promoción de centros con plazas reducidas y ubicadas en lugares en los que la normalización asistencial se convierta en una realidad.

Sin duda, para la implantación de este nuevo modelo, es imprescindible contar con la implicación activa de los ayuntamientos en los que van a ser ubicados. De ahí que el defensor del pueblo de la Comunitat Valenciana se vaya a dirigir en los próximos días no solo a la citada Conselleria sino también al Ayuntamiento de Paterna para recabar información sobre la planificación e información facilitada por parte de la Administración autonómica, así como la coordinación y colaboración con el Ayuntamiento de esta localidad.

Asimismo, con esta queja de oficio el Síndic también pretende conocer otras incidencias relacionadas con la ubicación de centros de menores en otros municipios de la Comunitat Valenciana tales como l’Eliana o Lliria.

Día Internacional de la Mujer

Las trabajadoras del Síndic de Greuges nos hemos unido hoy para reclamar igualdad real, porque a pesar de los esfuerzos y los avances conseguidos todavía son muchos los obstáculos que nos quedan por salvar.

Queremos que todas las mujeres podamos acceder al mercado laboral en igualdad de condiciones y llegar tan lejos como nos propongamos, porque la independencia económica es clave para que ejerzamos un control real de nuestras vidas. Necesitamos medidas para que la maternidad no sea una barrera en nuestra carrera profesional. Reclamamos igualdad salarial porque es absurdo que por el mismo trabajo ganemos menos dinero. Ansiamos acabar con todo tipo de violencia que se ejerce contra nosotras, desde la más evidente como la violencia física y/o sexual a la más sutil y normalizada como el control económico y/o emocional. Queremos ejercer y disfrutar de nuestros derechos sin tener que reclamarlos una y otra vez.

En definitiva, luchamos por una igualdad efectiva entre hombres y mujeres, una reivindicación compartida también por nuestros compañeros de trabajo que hoy, y siempre, nos han apoyado.

Dependencia – La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas se compromete con el Síndic a mejorar la gestión de prestación de cuidados en el entorno familiar

A principios de febrero, el Síndic de Greuges recomendó a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas una serie de medidas encaminadas a solventar las carencias detectadas por el defensor durante la tramitación de una queja de oficio sobre la prestación de cuidados no profesionales para atender a personas en situación de dependencia.

En concreto, el defensor del pueblo valenciano denunciaba que durante los tres últimos años el número de sesiones formativas específicas para los cuidadores no profesionales había disminuido notablemente, pasando de 180  acciones formativas en 2014 a tan solo 16 en 2016. Y en este sentido recomendaba a la administración a asegurar esta formación específica y reconocida por ley.

Desde el Síndic también insistíamos en la necesidad de desarrollar un protocolo para hacer seguimiento del PIA en el que se especifique, al menos, la periocidad y el contenido básico del informe de seguimiento a realizar, así como el órgano competente de llevarlo a cabo.

Igualmente, otra de las conclusiones a las que llegaba el Síndic tras analizar los datos ofrecidos por la administración es que  la asignación de esta prestación económica para cuidados en el entorno familiar, lejos de ser excepcional como establece la ley, supera el 50% de las prestaciones otorgadas durante el año 2017. De ahí que el defensor recomiende a la Conselleria que adopte medidas para asegurar que esta tipología de prestación responda, en todo caso, a la mejor cobertura de necesidades psico-afectivas y a las derivadas de la situación de dependencia de las personas valoradas.

Un conjunto de recomendaciones que has sido aceptada en su totalidad por la Administración autonómica.

http://www.elsindic.com/Resoluciones/10911349.pdf

Castellón – Pedimos la exención del impuesto de circulación para una persona con discapacidad

El síndic de greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, se ha dirigido al Ayuntamiento de Castellón para pedirle que exima del pago del impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM o más conocido por impuesto de circulación) a un ciudadano con discapacidad acreditada.

El afectado presentó una queja ante esta institución después de que el consistorio desestimara su solicitud de exención de este impuesto por no considerar válido el  certificado emitido por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) que acreditaba su incapacidad permanente total.

De acuerdo con el informe remitido por el Ayuntamiento de Castellón, su ordenanza fiscal del IVTM especifica que la solicitud de exención debe ir acompañada por un “certificado oficial acreditativo del grado y clase de minusvalía expedido por la Conselleria de Bienestar Social o el correspondiente organismo de la Comunidad Autónoma (…)”. Precisamente por esa razón no admitieron el  certificado del INSS presentado por el interesado.

Sin embargo, el Síndic razona en su resolución que, de acuerdo con la legislación vigente (Real Decreto 1414/2006 de 1 de diciembre), el INSS es un órgano competente para acreditar el grado de minusvalía igual o superior al 33% y que, por tanto, su resolución debería haber sido admitida por el Ayuntamiento de Castellón que, consecuentemente, debería haber concedido al interesado la exención del impuesto.

El Síndic también recuerda a este Ayuntamiento que la Constitución española garantiza el principio de jerarquía normativa, de modo que una norma de rango inferior –la ordenanza del Ayuntamiento- no pueden contradecir ni vulnerar lo dispuesto en otra de rango superior –Real Decreto 1414/2006 de 1 de diciembre-. Y en base a este razonamiento, ha recomendado a la administración castellonense que conceda la exención del IVTM al autor de la queja.

Consulta la resolución del Síndic sobre este asunto:

http://www.elsindic.com/Resoluciones/10909955.pdf