El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana ha dirigido una serie de recomendaciones a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas para mejorar la gestión y tramitación de Renta Garantizada de Ciudadanía, una prestación cuya finalidad es prestar un apoyo económico que permita favorecer la inserción socio laboral de las personas que carezcan de recursos suficientes para mantener un adecuado bienestar social y familiar.

Hoy en día, el acceso a la Renta Garantizada de Ciudadanía proporciona a las personas que se encuentran en situación de pobreza y exclusión una base imprescindible para la participación en la vida de la comunidad, para volver a conectar con el mundo del trabajo y para vivir una vida digna. Se trata, por tanto, de la última instancia, el único apoyo financiero disponible tanto para las personas que no pueden acceder a un trabajo remunerado como para aquellas que han trabajado y han agotado las prestaciones a las que tienen derecho.

Según los datos de la Encuesta de Población Activa correspondiente al tercer trimestre de 2015, el 9,4 %de los hogares de la Comunidad Valenciana tiene a todos sus miembros en paro (187.900 hogares) y el número de familias sin ningún tipo de ingreso en la Comunidad Valenciana se situó, en marzo de 2015 en 19.000 familias con hijos menores de 16 años a su cargo. Los solicitantes de prestación de Renta Garantizada de Ciudadanía han ido aumentando anualmente, llegando a los 22.981 en el año 2014.

El Síndic considera que la actual gestión del programa de Renta Garantizada de Ciudadanía ha provocado la pérdida de su finalidad última que no es otra que la inserción socio laboral de sus perceptores. Esta distorsión queda claramente reflejada en la renuncia de la propia Administración a convocar las comisiones mixtas encargadas de elaborar los planes de inserción laboral de los beneficiarios de la prestación, con lo que la RGC queda reducida a una mera prestación económica, abandonando la posibilidad de apoyar la inserción laboral de los ciudadanos/as a los que se le concedió esta prestación.

En este sentido, el Síndic recomienda la reactivación de las comisiones mixtas (Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas y Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo) que son las responsables de la elaboración de los planes de inserción laboral. Asimismo, ha solicitado la activación de la comisión de seguimiento de la Renta Garantizada de Ciudadanía para que, a través de los procesos de evaluación, este programa se ajuste de forma permanente a las nuevas necesidades.

Por otro lado, según los últimos informes de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, en este momento hay 14.000 solicitudes de Renta Garantizada de Ciudadanía pendientes de resolución. Sobre esta cuestión, el defensor del pueblo valenciano le ha recordado a la Administración su obligación legal de resolver en plazo y le ha pedido que amplíe el presupuesto asignado a este programa a fin de resolver a la mayor celeridad las solicitudes actualmente pendientes. La demora excesiva en la resolución de expedientes “aumenta, aún más si cabe, el sufrimiento soportado por las personas sin recursos y sus familias”. En relación a este retraso, el Síndic reprocha a la anterior Conselleria de Bienestar Social su intención de reconocer efectos económicos desde la fecha de resolución y no desde la presentación de la solicitud “intentando evitar, de esta manera, los efectos económicos derivados de una mala práctica”.

Desde esta institución también se apuesta por la revisión de las condiciones de acceso y de las cuantías asignadas a la prestación (en especial, las cuantías asignadas por hijo/a y su posible situación de discapacidad), de tal forma que ésta se adapte al nuevo perfil de usuario/a y que realmente asegure unas condiciones de vida digna.

Por último, el defensor pide que se promueva y amplíe la colaboración con los ayuntamientos para agilizar la tramitación de las solicitudes y de la posterior entrega y distribución de la prestación pública en concepto de Renta Garantizada de Ciudadanía.

Consulta el contenido íntegro de la resolución del Síndic sobre esta materia. 

El síndic de greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha abierto una queja de oficio relacionada con el cuidado y protección de las personas mayores en la Comunidad Valenciana. 

Esta institución ha tenido conocimiento, a través de quejas particulares ante el Síndic y de los medios de comunicación, de algunas situaciones lamentables en las que personas mayores y/o con algún grado de dependencia han sido agredidas físicamente por sus cuidadores o se han producido abusos de confianza o engaños que han provocado el expolio económico de las personas cuidadas, aprovechándose de su debilidad física y/o mental y soledad. 

Ante la situación descrita, el defensor del pueblo valenciano ha abierto una investigación con la finalidad de conocer la actuación y las medidas que se están adoptando por parte de los servicios sociales municipales y autonómicos, así como la coordinación entre ambos en la supervisión de esta asistencia en el ámbito doméstico.

En opinión del defensor valenciano, la Administración ha de asumir un nuevo reto, la supervisión de las relaciones entre persona cuidadora y persona cuidada, en un momento en que la esperanza de vida aumenta sensiblemente y cada vez es mayor el número de personas ancianas que recurren a esta ayuda asistencial en su propio domicilio. Por lo tanto, debemos garantizar que la persona necesitada de cuidados no quede a expensas de la voluntad de su cuidador si no hay un entorno familiar o social próximo que vigile esa relación.

El síndic de greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha recibido con gran satisfacción la respuesta de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo aceptando una reivindicación que de forma recurrente llevaba planteando el defensor del pueblo valenciano a la Administración a fin de que eliminase la tasa para poder ejercer su derecho a reclamar.

Durante los últimos años han sido numerosas las quejas presentadas ante el Síndic tanto por ciudadanos como por asociaciones de consumidores manifestando su disconformidad con la tasa que, como usuarios, se veían obligados a abonar por adelantado para poder efectuar una reclamación sobre el suministro de gas y/o el de electricidad.

En todos los expedientes estudiados sobre esta cuestión, esta institución ha considerado que “la relación entre el consumidor y el suministrador del servicio se encuentra en desequilibrio, siendo el consumidor la parte más débil, por lo que resulta ineludible la obligación de la Administración a garantizar su protección”. Así pues, según el Síndic, “con la imposición de una tasa para poder formular reclamaciones, se está violando los derechos de los consumidores, generando una situación de total indefensión de los mismos (sobre todo de aquellos con escasos recursos económicos) ante las empresas distribuidoras”.

En las numerosas quejas presentadas por los ciudadanos ante el Síndic, se observa que las empresas energéticas evitan responder a los consumidores para resolver estas reclamaciones, obligando al ciudadano a dirigirse a la Dirección General de Energía, con la imposición de una tasa de 20 euros para poder ejercer su derecho a reclamar. El Síndic entiende que difícilmente se puede conseguir una adecuada protección de los derechos de la ciudadanía en materia energética si les impedimos reclamar, imponiendo para ello una barrera disuasoria a modo de tasa.

Por todo ello, el defensor valenciano se dirigió a la entonces Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo requiriéndoles una defensa efectiva de los consumidores y usuarios. Igualmente, le volvía a proponer la eliminación de la tasa impuesta al ciudadano para poder ejercer su derecho a reclamar. Por último, en el caso concreto del expediente en cuestión, solicitaba la devolución de la tasa que realizó el ciudadano ante la falta de competencia que había manifestado la Administración en el asunto.

En su respuesta, la actual Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo hace suyos los planteamientos del Síndic de Greuges y comparte la necesidad de dotar a los consumidores de servicios y suministros básicos de una protección eficaz. En este sentido, expone que “con la eliminación de esta tasa el consumidor vuelve a la situación anterior al 1 de enero de 2011, de la que no debió salir en nuestra opinión”. Asimismo, la Administración informa al Síndic que se han iniciado los trámites oportunos para devolver la tasa al promotor de la queja. 

Ver el contenido íntegro de la resolución del Síndic sobre esta cuestión.

El síndic de greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, abrió una investigación tras recibir la queja de una ciudadana sobre la falta de respuesta tanto del Ayuntamiento de Mutxamel como de la entonces Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente a su denuncia sobre la existencia de un vertedero en el término municipal de Mutxamel. Según la afectada, el vertido de basura y escombro es continuo, por lo que la situación empeora con el paso de los días. Además, se da la circunstancia de que dicho vertedero ilegal se encuentra a escasos metros de un depósito de agua potable y de unos invernaderos. 

El defensor del pueblo valenciano, tras solicitar información a las respectivas administraciones y hacer un estudio de la situación denunciada, recomendó al consistorio mutxamelero que ejerciera sus competencias en materia de inspección y sanción, y que requiriese a los propietarios la limpieza de los terrenos, o en su caso, a los responsables de los vertidos.

Asimismo, Cholbi se dirigió a la Conselleria para que en el caso de que los propietarios no llevaran a cabo la reposición de los terrenos y la gestión de los residuos dentro del plazo otorgado, fuera la propia Administración la que lo ejecutara, repercutiendo el coste al obligado y “sin perjuicio de instruir el correspondiente expediente de infracción administrativa”, tal y como establece la normativa vigente.

En relación con la situación de este vertedero ilegal, tanto el Ayuntamiento de Mutxamel como la Conselleria se han comprometido con el Síndic a intervenir con la mayor urgencia dentro de sus respectivas competencias y, de esta forma, dar cumplimiento a las recomendaciones de esta institución. 

Consulta el contenido íntegro de nuestra resolución sobre este asunto.

La Junta de Coordinación del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana ha aprobado hoy la creación del Observatorio para la Defensa de los Derechos de las Personas en Situación de Vulnerabilidad; un espacio común en el que mantener contacto permanente con profesionales y entidades que desarrollan su labor en el ámbito de la discapacidad, la dependencia, la atención a personas mayores y a otros colectivos en situación de especial vulnerabilidad como pueden ser las personas en riesgo de exclusión social.

El objetivo principal del Observatorio será conocer, analizar y valorar los problemas que, diariamente, afectan a los grupos sociales arriba mencionados y motivar la actuación del defensor cuando la situación lo requiera. Será, por tanto, un instrumento de apoyo a la labor del Síndic a la hora de vigilar los escenarios de riesgo que pudieran derivar en situaciones de vulneración de derechos y de elaborar recordatorios de deberes legales, recomendaciones y sugerencias dirigidas a las administraciones públicas valencianas.

Asimismo, este órgano de participación está concebido como un espacio donde analizar las tendencias de futuro que puedan condicionar los derechos y libertades de estas personas, de manera que sea factible proponer a la Administración actuaciones preventivas. Igualmente, también es objetivo del observatorio hacer la institución del Síndic más visible y accesible a estos colectivos, así como realizar una labor de sensibilización y concienciación sobre la defensa de la igualdad de oportunidades y de la no discriminación.

El Observatorio de la Vulnerabilidad del Síndic funcionará en pleno y en comisiones de trabajo. El pleno tendrá una representación plural de los distintos sectores de la sociedad civil interesados en la promoción y protección de los derechos de las personas mayores, personas con discapacidad, personas con dependencia y de otros colectivos en situación de vulnerabilidad. Por tanto, estarán representadas las organizaciones sociales y profesionales (de médicos, abogados, psicólogos, trabajadores sociales, educadores sociales, etc.), las ONG de defensa de los derechos de los colectivos indicados, organizaciones sindicales, las universidades y expertas/os en la materia. Sus reuniones tendrán carácter trimestral, quedando abierta la posibilidad de celebrar sesiones extraordinarias a petición de alguno/a de sus integrantes y atendiendo a la urgencia del asunto a tratar. También se prevé la creación de comisiones de trabajo cuando las características de los asuntos a tratar lo requieran.

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha recibido con satisfacción la respuesta de la Conselleria de Educación, Investigación y Cultura en la que acepta la recomendación de esta institución para que, con carácter general, se dote a los centros de educación especial con personal de enfermería que dé cobertura sanitaria al alumnado con necesidades educativas especiales en el propio centro escolar y durante toda la jornada lectiva.

La intervención del defensor del pueblo valenciano se inició tras recibir varias quejas tanto de las AMPA y como de madres y padres a título individual sobre la atención sanitaria que reciben sus hijas/os con necesidades educativas especiales en los siguientes centros educativos: CP de Educación Especial Tomás Llácer de Alcoi, el CEIP Gargassindi de Calp, CEIP Lo Morant de Alicante, CEE Virgen de la Luz de Elche, CEE Santo Ángel de la Guarda de Alicante, CEE Raquel Payá de Denia, CEIP Antonio Sequeros de Orihuela, CPEE Tamarit de Elche, CPEE Secanet de Villajoyosa, CPEE Sanchís Banús de Ibi, CEE Miguel de Cervantes de Elda.

De acuerdo con los interesados, actualmente solamente algunos centros de educación especial cuentan con enfermeros escolares y en muchos casos no dan una cobertura completa durante toda la jornada escolar. Todos ellos coinciden a la hora de señalar que las actuaciones puntuales son completamente insuficientes ya que sus necesidades son en muchos casos impredecibles, y la falta de una asistencia sanitaria rápida y adecuada puede devenir en consecuencias irreversibles que pueden costar la vida a estos alumnos. 

Indudablemente, el Síndic comparte con estas familias la convicción de que es imprescindible ofrecer una atención sanitaria continua y en el propio centro de educación especial, ya que estas personas tienen importantes discapacidades, asociadas en muchos casos con problemas graves y/o crónicos de salud, como parálisis cerebral, enteropatías, distrofias musculares metabólicas, etc. Por tanto, se trata de alumnado que precisa cuidados sanitarios constantes que deben ser dispensados por personal cualificado. 

Desde esta institución, han sido constantes las resoluciones dirigidas a la administración pública valenciana para que disponga de los recursos materiales y humanos precisos con el fin de que el alumnado con necesidades educativas especiales (temporales o permanentes) pueda alcanzar los objetivos establecidos y para que reciba una atención especializada con arreglo a los principios de no discriminación y normalización educativa.

Por lo que el Síndic de Greuges ha valorado positivamente el compromiso que ha adquirido la Conselleria de Educación de dotar, con carácter general, a los centros de educación especial con personal de enfermería en el propio centro y durante toda la jornada lectiva.

El síndic de greuges, José Cholbi, se ha dirigido esta semana a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas para hacerle llegar un total de nueve recomendaciones para mejorar la situación actual en la se encuentran las familias de acogida en la Comunidad Valenciana y por extensión los menores que viven en ellas.

Las familias de acogida atienden a menores que previamente han sido declarados en situación de desamparo. Es muy importante subrayar que aunque estas familias ejercen la guarda y custodia del menor, la tutela sigue siendo ejercida por la Generalitat Valenciana, quien debe asumir todos los deberes y derechos que le otorga el Código Civil.

Para el Síndic, estas familias, tanto las extensas como las ajenas, son un ejemplo de solidaridad y compromiso con la sociedad y en concreto con nuestros menores, ya que prestan un servicio voluntario y atienden al menor o a los menores en su propio hogar, asumiendo las obligaciones de velar por él, alimentarlo, educarlo y procurarle una formación integral. Asimismo, el defensor recuerda que para poder inscribirse en el Registro de Familias Educadoras de la Comunitat Valenciana, éstas deben participar primero en sesiones de formación y acreditar su idoneidad mediante un informe técnico.

Según el defensor valenciano, la acogida de uno o varios menores en un núcleo familiar no solo tiene unas consecuencias económicas para estas familias sino que también supone un conjunto de incidencias en la dinámica relacional y en la estabilidad de las mismas. “NI la cuantía de estas ayudas, ni la sistemática de su percepción la hacen merecedora de ser considerada como la motivación principal; bien al contrario, la falta de rigurosidad en el pago y la baja cuantía de las mismas se convierten en un problema para las familias” afirma el síndic en su resolución.

A lo expuesto anteriormente, se le añade otro obstáculo, las trabas administrativas que generan perjuicios no sólo materiales sino de tiempo y dedicación. Y es que las familias de acogida deben dirigirse a distintas administraciones (educación, sanidad, etc.) para poder hacer efectivas las ayudas que deberían percibir de forma más ágil por el simple hecho de prestar su colaboración a la Generalitat en el desempeño de su cargo como tutor de los menores declarados en desamparo.

Por tanto, el Síndic entiende que la Generalitat está obligada a prestar todos los apoyos necesarios (económicos, técnicos, formativos, etc.) para garantizar el éxito de esta medida de protección y así dar respuesta eficaz al interés superior del menor, que además está bajo su tutela. En consecuencia, el Síndic ha recomendado a la Conselleria que regule la obligatoriedad de compensar los gastos producidos por el acogimiento familiar de menores tanto la familia extensa como ajena, reflejando en la propia resolución administrativa de acogimiento la cuantía y duración de dicha compensación económica.

Asimismo, insta a eliminar las trabas burocráticas de forma que la resolución administrativa de acogimiento familiar sea suficiente para acceder a las ayudas y prestaciones gestionadas por las distintas administraciones. Esta institución también apuesta por equiparar las cuantías asignada a familia ajena y extensa, por establecer criterios de calidad en los procesos de seguimiento y apoyo técnico, así como por implantar mecanismos de colaboración para establecer una relación fluida entre Administración y entidades y colectivos representativos de las familias de acogida.

DEUDAS TRIBUTARIAS DE LAS FAMILIAS ACOGEDORAS

Otro problema del que también hemos tenido conocimiento en esta institución es la denegación de las ayudas a las familias de acogida que contraen deudas tributarias. Sobre este asunto, el defensor valenciano no tiene dudas, “el principal perjudicado es el menor, que en absoluto es responsable de la deuda contraída”. Y es que pequeñas deudas tributarias de unos 300 euros impiden recibir ayudas de unos 3000 euros anuales que reportarían mayores beneficios al menor acogido. Por eso el Síndic ha pedido a la Conselleria que excluya las deudas tributarias de las familias acogedoras como criterio de denegación de las ayudas previstas en beneficio del menor.

Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la mujer, la institución del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana quiere unirse a todas aquellas personas, asociaciones y administraciones comprometidas con la concienciación y erradicación de esta lacra social. De este modo, el defensor del pueblo valenciano se adhiere este año a la campaña promovida por el Secretariado General de Naciones Unidas: ÚNETE “Pinta el mundo de naranja: pon fin a la violencia contra mujeres y niñas”, y siguiendo este eslogan la sede del Síndic se iluminará de este color del 25 de noviembre al 10 de diciembre.

La violencia de género es una pandemia mundial que adopta muchas formas y abarca multitud de actos: desde los más evidentes como el matrimonio forzado, la mutilación genital, la trata de mujeres y niñas, la violencia sexual y física, a otras formas más sutiles e incluso naturalizadas como es el acoso y el control emocional o económico. Todas ellas violaciones de los más básicos derechos humanos con graves consecuencias para la integridad física y mental de las víctimas. Una violencia que, lamentablemente, sigue cercenando la vida de muchas mujeres.

Es verdad que durante los últimos años hemos logrado avances en esta lucha. Sin ir más lejos, el 12 de agosto de este año ha entrado en vigor la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, que establece por primera vez, el reconocimiento de los menores que viven en un entorno familiar donde está presente la violencia de género como víctimas directas del maltrato. Este reconocimiento conlleva la modificación, a través de la disposición final tercera, de la ley integral contra la violencia de género, que ahora extiende las medidas de protección integral (cuya finalidad es prevenir, sancionar y erradicar esta violencia y prestar asistencia) a los menores víctimas de esta violencia. Con los nuevos cambios legislativos, los jueces pueden adoptar las medidas, como la suspensión de la patria potestad o la custodia de menores, destinadas a garantizar la seguridad, integridad y recuperación de los menores y de las mujeres.

No obstante, a pesar de los esfuerzos realizados y avances conseguidos, nos queda mucho camino por recorrer. Toda la sociedad, en la medida de nuestras posibilidades y responsabilidades, debemos comprometernos en la lucha para eliminar la violencia contra las mujeres y especialmente las administraciones públicas, que deben adoptar políticas y medidas transversales de género de manera coordinada, dotadas de suficiente presupuesto que sean capaces de ofrecer una solución eficaz e integral a este problema. 

El síndic de greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, se ha dirigido recientemente a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas para solicitarle que “articule un sistema de información que permita en cada momento conocer el número de plazas disponibles en cada centro residencial y la prevalencia de cada usuario y sus circunstancias”, eso sí, respetando siempre la intimidad y confidencialidad de las personas. 

Esta es la respuesta del defensor del pueblo valenciano a la queja presentada por la madre de una joven de 22 años que padece parálisis cerebral, valorada con un grado 2 nivel 2 de dependencia. Según la autora de la queja, presentó una solicitud para que su hija obtuviese plaza en un determinado centro ocupacional hace unos cuatro años, cuando la joven estaba en edad escolar y a día de hoy sigue sin conseguirla. En opinión de la interesada, dado el tiempo transcurrido dese la solicitud, ya deberían haberle ofrecido una plaza, pues tenía constancia de que habían entrado personas que la solicitaron con posterioridad. Por todo ello, y a fin de conocer la situación de la lista de espera en el centro solicitado y los criterios de preferencia establecidos, solicitó la mediación del Síndic.

El defensor del pueblo valenciano considera que esta situación denunciada no es excepcional y que genera numerosos problemas en el seno de muchas familias así como desconfianza hacia la Administración. Esta institución entiende que es razonable que la Administración priorice los trámites para los ingresos en las residencias o en los centros residenciales y los califique de urgencia en los casos de las personas valoradas de dependencia y las personas tuteladas por la Generalitat. En este caso concreto, la persona afectada es una joven con grado de dependencia 2 nivel 2, y a pesar de la gravedad, el Síndic asume que los criterios profesionales decidan adelantar en la lista de espera a personas que, habiendo solicitado el ingreso con posterioridad y teniendo el mismo grado y nivel de dependencia, acumulen otras circunstancias que determinen que su ingreso sea prioritario. Ahora bien, el defensor puntualiza en su resolución que es importante detallar y explicar los motivos de dicha priorización. 

Como respuesta a la solicitud de información del Síndic, la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas informó oportunamente sobre la situación de la interesada en la lista de espera, así como los criterios establecidos para el ingreso. No obstante, el Síndic va un paso más allá al considerar que la Conselleria debe actuar con la máxima transparencia y dar la posibilidad a los afectados de que puedan conocer en todo momento su posición en la lista de espera en el centro que han solicitado plaza. Asimismo, también cree necesario que se amplíen los recursos sociales destinados a las personas en situación de dependencia para evitar las listas de espera, que en ocasiones retrasa en años la adjudicación de una plaza en estos recursos específicos. 

Se puede consultar el contenido íntegro de la resolución del Síndic sobre este asunto.

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha sido el encargado de finalizar la Jornada de Protección a la Infancia que se ha celebrado hoy en el Aula de Cultura de la Fundación Caja Mediterráneo de Alicante con motivo del Día Internacional de los Derechos del Niño que se celebra el próximo viernes. Cholbi ha agradecido su participación a todos los ponentes que han intervenido durante el encuentro así como a la vicepresidenta de la Generalitat y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Monica Oltra, por su predisposición y voluntad, a pesar de los problemas de agenda, en inaugurar la jornada. 

Mónica Oltra ha comenzado su intervención poniendo de manifiesto la labor fundamental que desarrolla la institución del Síndic de Greuges a la hora de canalizar las posibles vulneraciones de los derechos de la ciudadanía por parte de la Administración. Asimismo, Oltra ha puesto de manifiesto la actual invisibilidad de los niños en la sociedad y se ha apostado por darles voz y ofrecerles la posibilidad de colaborar en las políticas de la infancia. Según la vicepresidente “nuestro compromiso con los niños es que todos tengan la oportunidad de afrontar el futuro con las máximas garantías”. Para ello, Oltra ha señalado que los presupuestos para el próximo año contemplan, entre otras cosas, mejoras en el sistema de protección de menores y el aumento de prestaciones económicas por acogimiento familiar. Además, la consellera se ha mostrado partidaria del acogimiento familiar frente al modelo residencial, tal y como venimos aconsejando desde la institución del Síndic hace ya muchos años.

Tras la inauguración, Jorge Cardona, catedrático de Derecho Internacional Público de la UV y miembro del Comité de Derechos del Niño de la ONU, ha intervenido para explicar la labor que se lleva a cabo desde este órgano de las Naciones Unidas, y más concretamente el protocolo facultativo a la Convención de los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones. Cardona ha aplaudido la reforma legal de menor en lo relativo al concepto de “el interés superior del menor”. En este sentido, ha señalado que con la nueva ley que modifica el sistema de protección a la infancia, el interés superior del niño pasa a ser un derecho y deja de ser un “principio interpretativo”.

Por su parte, Teresa Gisbert, fiscala jefa de la Fiscalía Provincial de Valencia, ha hecho un análisis exhaustivo de todas las novedades y mejoras que han introducido tanto la Ley 26/2015, de 28 de julio como la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio. Gisbert ha prestado especial atención al reconocimiento del menor como víctima en los casos de violencia de género, de tal forma que el maltratador no podrá asumir la custodia del menor. Asimismo ha destacado también las novedades que recoge la ley en lo referente a la trata de seres humanos, ya que se amplía de treinta a noventa días el período de reflexión que se da a las víctimas de trata de seres humanos, para que decidan si desean cooperar con las autoridades en la investigación del delito, y, en su caso, en el procedimiento penal.

Por último, Mercé Martínez i Llopis, directora general de Servicios Sociales ha anunciado las principales medidas que se van a adoptar desde la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, tales como potenciar y fomentar el acogimiento familiar, por considerarle el recurso más efectivo . También ha anunciado la implantación de los servicios de atención primaria  (SEAFI SSEAD) dentro de los servicios sociales municipales y la apuesta decidida por las nuevas tecnologías en la red pública de servicios sociales generales y especializados. También ha incluido entre los objetivos marcados por su Conselleria la creación de recursos de emancipación de los menores al cumplir los 18 años.