El Síndic de Greuges ha recibido hoy numerosas quejas de representantes, trabajadores y miembros de Apsa, una conocida asociación alicantina que trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. 

En este sentido, en los escritos de quejas que han presentado hoy ante el Sindic, las personas afectadas piden la mediación del defensor valenciano ante la Generalitat para que les pague lo antes posible la deuda mantenida con Apsa y con todas las entidades que están en la misma situación. Asimismo solicitan, entre otras cosas, que la consignación presupuestaria de los programas y servicios de atención a personas con discapacidad o enfermedad mental respondan al 100% del coste real del mantenimiento de estos centros. Que se establezca un sistema de financiación estable que garantice y dé estabilidad a los centros, servicios y programas, junto con un calendario de pagos prefijado y un compromiso de abono estabale.

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana se ha dirigido a Radio Televisión Valenciana (RTVV) para que le explique los criterios que sigue a la hora de informar a los afectados por el ERE únicamente en castellano. José Cholbi ha tenido conocimiento, a través de la queja de una persona afectada, de que los despedidos del canal autonómico reciben su finiquito en castellano y que al reclamar que se le dirijan las comunicaciones en valenciano, fuentes del ente les comunican que toda la documentación relativa al ERE está redactada en castellano.

José Cholbi, como defensor del pueblo valenciano, ha admitido a trámite la queja presentada por un redactor periodista de Canal 9 en la que denuncia que desde RTVV se resisten a enviarle las notificaciones de su despido en valenciano, a pesar de haberlo reclamado ante la subdirección de Recursos Humanos.

Según el autor de la queja, desde la citada subdirección de Recursos Humanos le comunicaron por escrito que la documentación se había elaborado solamente en castellano, idioma oficial en la Comunidad Valenciana -dice-, y que si me negaba a firmar la recepción de la carta de despido lo harían dos testimonios por mí, y que ya traducirían la documentación y la enviarían a mi domicilio. 

Más adelante, el autor de la queja informa que, pese al tiempo transcurrido desde la recepción de su escrito de despido, no ha recibido la documentación que solicita en valenciano. Y recuerda por ello al síndic José Cholbi que RTVV «incumple» el artículo 7.1 de la Ley 4/1983, de 23 de noviembre, de uso y enseñamiento del valenciano, que señala el valenciano como lengua propia de la Comunidad Valenciana.

José Cholbi ha admitido la queja por considerar que reúne los requisitos establecidos en dicha Ley y le pide a RTVV que le informe de este asunto lo antes posible.

 

El síndic de Greuges, José Cholbi, ha abierto una queja de oficio para investigar la situación actual de las aulas prefabricadas del CEIP Majón Cervantes de Alicante.

El defensor del pueblo de la Comunidad Valenciana ha tenido conocimiento de la situación a través de los medios de comunicación, que han alertado de las numerosas goteras en las instalaciones prefabricadas de este centro que, al parecer, impiden impartir clase con normalidad. 

El edificio originario está pendiente de ser rehabilitado tras la aparición de grietas en sus instalaciones de tal entidad que determinaron el traslado del alumnado, por medidas de seguridad, a instalaciones prefabricadas, en las que llevan ya más de cuatro años, y con el riesgo de pasar toda la etapa de educación infantil y primaria en dichas instalaciones, ya de por sí deterioradas, como parecen evidenciar las constantes apariciones en prensa de noticias al respecto.

Por su parte, el Ayuntamiento de Alicante tiene el informe de viabilidad de la Generalitat que autoriza el proyecto de adecuación/rehabilitación del centro desde el pasado curso, pero sin que las mismas se hayan llevado a cabo. Esta circunstancia ha determinado que, a su vez, no se acometan reformas en las aulas prefabricadas. 

El Ayuntamiento y la Diputación de Valencia van a destinar este año algo más de cinco millones de euros al programa de teleasistencia domiciliaria a pesar de que ambas administraciones públicas no recibirán ninguna subvención del IMSERSO. El Síndic de Greuges, José Cholbi, ha recibido una información muy completa de los programas del Ayuntamiento y la Diputación y, ante ella, quiere destacar el papel de ambas en el mantenimiento de uno de los servicios más necesarios para las personas mayores y otros colectivos desasistidos.

En concreto, la Diputación de Valencia, que preside Alfonso Rus, ha decidido presupuestar para el ejercicio de 2013 la cantidad de 2.310.127 euros, cantidad repartida en función de las necesidades de todas las poblaciones de la provincia de Valencia, con excepción de la capital. En el año 2012, el IMSERSO aportó 1.326.539 euros mientras que la Diputación presupuestó 2.157.489 euros, mientras que la Conselleria de Bienestar Social destinó 514.470 euros. El IMSERSO y la Conselleria han suprimido esa aportación para el presente año. Con estas cantidades se atendía a un total de 16.289 beneficiarios.

Por su parte, el Ayuntamiento de Valencia, que preside Rita Barberá, ha decidido asumir el coste total del servicio para dar cobertura a las 4.605 personas usuarias de terminal de teleasistencia, de tal modo que se continúe facilitando el servicio a las personas mayores y personas con discapacidad que actualmente son beneficiarias del programa. La cantidad destinada se aproxima al 1.300.000 euros. En el año 2012, el Ayuntamiento recibió del IMSERSO 661.493 euros, mientras que la aportación municipal superaba los 600.000 euros.

José Cholbi, como defensor del pueblo valenciano, se ha dirigido a la consellera de Bienestar Social para recomendarle que coordine las actuaciones de las distintas administraciones públicas para unificar las medidas a adoptar, y que arbitre las medidas necesarias para la elaboración de un Plan de Financiación concertado con las entidades locales, que haga posible la viabilidad y estabilidad del servicio.

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana ha conseguido que el Ayuntamiento de Catarroja habilite despachos para todos los grupos de la oposición municipal. Asimismo, José Cholbi ha logrado que el equipo de gobierno ponga a disposición de todos los concejales la documentación solicitada y puedan acceder a los archivos del consistorio.

La intervención del síndic, José Cholbi, se ha producido a raíz de la queja presentada por los portavoces de la oposición municipal del Ayuntamiento de Catarroja en la que denunciaban la decisión de la alcaldesa, Soledad Ramón Sánchez, de no facilitarles espacios para poder desarrollar su labor municipal y reunirse de forma independiente con los ciudadanos y asociaciones del municipio, así como para realizar sus funciones de representación pública.

En la misma queja, los grupos que integran la oposición municipal en este ayuntamiento añadían que de forma reiterada han solicitado a la Alcaldía-Presidencia, así como en la sesión extraordinaria del pleno celebrado a mediados del mes de junio del año 2011 donde se constituyeron los grupos municipales y el resto de órganos, espacios en la Casa Consistorial, tal y como se establece en el Real Decreto del año 1986 por el que se aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales. Sin embargo, a fecha de la presentación de la queja (el pasado 14 del presente mes) y a pesar de la petición reiterada por todos los grupos políticos de la oposición, no se dispone ni de despachos ni de espacio alguno donde poder reunirse con los vecinos o poder estudiar los diferentes expedientes administrativos.

En la resolución del Síndic, José Cholbi recordaba al ayuntamiento la obligación que tiene de cumplir la Ley, razonando, uno por uno, todos aquellos artículos y normas que obligan al consistorio a aceptar las peticiones de la oposición, siempre y cuando éstas estén dentro de lo que establecen las leyes municipales.

Finalmente, el síndic recomendaba a la alcaldesa de Catarroja, que en los términos previstos en la vigente normativa facilite a los concejales del Ayuntamiento el acceso a la documentación precisa para el ejercicio de su cargo y la asignación de despachos para el cumplimiento de sus funciones.

La alcaldesa de Catarroja ha respondido a José Cholbi informando que ha habilitado los espacios necesarios para que los concejales puedan desempeñar su función, aceptando la recomendación formulada por el Síndic de Greuges, y que asimismo, acepta la petición de poner a disposición de todos los grupos municipales la documentación que soliciten.

Consultar la Resolución del Síndic al Ayuntamiento de Catarroja

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana se ha dirigido al Consell para reclamarle que unifique los criterios de las diferentes administraciones públicas en la prestación del programa de teleasistencia domiciliaria. Asimismo, José Cholbi exige a la Conselleria de Bienestar Social que dote de presupuesto un servicio que considera imprescindible por la gran importancia que éste tiene, tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, en atención a personas mayores y otros colectivos desfavorecidos.

José Cholbi, como defensor del pueblo valenciano, abrió una queja de oficio a fin de evaluar la repercusión y medidas previstas por las Administraciones Públicas implicadas, al objeto de evitar la suspensión del programa, tanto a personas que ya venían siendo beneficiarias del mismo como a posibles nuevos beneficiarios.

La apertura de la queja de oficio tiene su justificación en la eliminación, en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado del presente año, de la partida presupuestaria que el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales e Igualdad destinaba a la financiación del Servicio de Teleasistencia Domiciliaria.

 Cabe recordar que en el año 2012, dicho Ministerio destinó 30 millones de euros a la firma de un acuerdo de colaboración entre el IMSERSO y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para la prestación del servicio de teleasistencia a domicilio en todo el territorio español. La supresión de esta partida presupuestaria afecta a los convenios que el IMSERSO suscribía con Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos de la Comunidad Valenciana, para la prestación del mencionado servicio.

 A no existir para este año consignación presupuestaria de la partida del programa de teleasistencia domiciliaria, la Federación de Municipios y Provincias comunicó a todas las Administraciones Públicas afectadas que con fecha 31 de diciembre de 2012 se ponía fin a dicho programa. Y que en base a ello, quedaba a criterio de las Diputaciones Provinciales y los Ayuntamientos la prestación del servicio.

 Lógicamente, y pese al considerable esfuerzo de las tres Diputaciones de la Comunidad Valenciana y los Ayuntamientos de las capitales de provincia, el servicio se ha visto considerablemente afectado puesto que las Administraciones tienen que seguir prestando dicho servicio con presupuestos sustancialmente reducidos. Y ello, sin perjuicio de la repercusión que tienen para sus propios presupuestos.

En este sentido, José Cholbi reconoce el tremendo esfuerzo de las diputaciones de Valencia, Castellón y Alicante para mantener el servicio a los usuarios atendidos en el año 2012, incluidos aquellos casos que excedieron de los establecidos en el convenio con el IMSERSO y la FEMP, ésta ultima, a través de convenios especiales con la Conselleria de Bienestar Social.

 Solicitada por el Síndic de Greuges toda la información del servicio de teleasistencia domiciliaria prestado por las Administraciones Públicas, José Cholbi ha conocido que para la Diputación de Castellón resulta imposible asumir el coste íntegro derivado de la prestación durante este año y descarta la posibilidad de establecer un sistema de prepago.

 Por su parte, el Ayuntamiento de Castellón ha informado al síndic que estudia posibles medidas para absorber los nuevos usuarios derivados del servicio que gestionaba el año pasado la Diputación Provincial de Castellón, medidas que considera complejas.

 La Diputación de Valencia aumenta su presupuesto para este año, que pasa de cerca de 2.100.000 euros a algo más de 2.300.000 euros, mientras que el Ayuntamiento de Valencia asume como presupuesto propio la totalidad del coste del servicio para los 4.605 beneficiarios, aunque no concreta si podrá asumir nuevas altas que se produzcan este año.

 La Diputación Provincial de Alicante ha informado a José Cholbi que mantendrá la prestación del servicio como hasta la fecha, incrementando el presupuesto destinado a Servicio de Teleasistencia Domiciliaria para este ejercicio por un importe superior al 1.200.000 euros, lo que le permite establecer un nuevo convenio con Cruz Roja Española al objeto de garantizar la continuidad del servicio.

 Finalmente, el síndic fue informado por el Ayuntamiento de Alicante de la adopción de medidas de urgencia para asegurar la prestación del servicio inicialmente hasta el 31 de julio del presente año.

 Con toda la información mencionada, el Síndic de Greuges se ha dirigido a la Conselleria de Bienestar Social para recomendarle que coordine las actuaciones de las distintas Administraciones Públicas para la unificación de medidas a adoptar respecto al citado servicio, al objeto de evitar disparidad de criterios en cuanto a la definición e implantación del servicio en la Comunidad Valenciana.

 José Cholbi le pide a la Conselleria que elabore un programa general único para toda la Comunidad Valenciana referido al servicio de teleasistencia en el que queden establecidas las bases y normas de acceso y prestación de servicio, así como los mínimos de calidad que han de cumplirse para garantizar su prestación en condiciones dignas y adecuadas.

 Finalmente, el síndic demanda a la consellera Asunción Sánchez Zaplana que arbitre las medidas necesarias para la elaboración de un Plan de Financiación Concertado con las entidades locales que haga posible la viabilidad y estabilidad del servicio.

 

 

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana se ha dirigido al Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant para que le remita toda la información necesaria sobre la instalación de una antena de telefonía móvil en un edificio del céntrico paseo de La Rambla. José Cholbi quiere conocer los efectos de dicha instalación en la comunidad de vecinos, toda vez que sus portavoces han alertado al defensor del pueblo valenciano sobre la posibilidad de que la radiación de la antena sea peligrosa. En el citado edificio han muerto dos vecinos de tumores cerebrales fulminantes, tal y como informan dichos portavoces.

Los autores de la queja se lamentan de que en repetidas ocasiones se han dirigido a la corporación municipal, que preside Manuel Aracil, sin que hasta la fecha hayan recibido respuesta. Solicitaban conocer si la antena de telefonía móvil tiene licencia de obras municipal y de actividad, así como los controles, de existir, que se hayan hecho sobre los niveles de radioactividad de la misma.

En el escrito dirigido por José Cholbi al Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant, el síndic pide a la corporación municipal que remita a la institución copia de la Ordenanza Municipal reguladora de la instalación de las antenas de telefonía móvil; copia de las licencias de obras y actividad otorgadas por el Ayuntamiento a la antena objeto de la alarma entre los vecinos, y un informe técnico sobre si la antena cumple con lo prescrito en el reglamento que establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas, con medidas de funcionamiento que minimicen en la mayor medida posible los niveles de emisión sobre espacios sensibles, tales como escuelas, centros de salud, hospitales o parques públicos.

Finalmente, José Cholbi recuerda al Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant la obligación que tiene de contestar a los escritos de los vecinos que hayan sido registrados en los servicios municipales correspondientes.

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana ha recibido hoy la visita de un grupo de usuarios y trabajadores del Hospital de Día de Salud Mental Parque Lo Morant de Alicante. José Cholbi Diego ha explicado a los asistentes las funciones del Alto Comisionado de las Cortes Valencianas y se ha ofrecido a colaborar en todas las iniciativas relacionadas con la defensa de los derechos y las libertades de los usuarios de este centro.

Asimismo, tanto usuarios como trabajadores se han interesado por el proceso que sigue la presentación, tramitación y resolución de las quejas que presenta la ciudadanía ante el Síndic. 

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha mantenido una reunión de trabajo con el alcalde de Morella, Rhamsés Ripollés, que ha venido acompañado del representante de la Escuela Taller, Mauri Royo y de la agente de Empleo y Desarrollo Local, que han trasladado al síndic su preocupación por “los impagos de la Generalitat Valenciana en la ciudad de Morella”.