El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha recibido una queja de la Agrupación de Jóvenes Abogados de Alicante en la muestra su rechazo por la reciente aprobación de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia.

En este sentido, Cholbi ha dado traslado a la defensora del Pueblo, Soledad Becerril, de la queja de la Agrupación de Jóvenes Abogados de Alicante, puesto que ésta tiene competencias para plantear un recurso de inconstitucionalidad. Este colectivo considera que la imposición de estas nuevas tasas dificulta en exceso el ejercicio del derecho a ejercer a la Justicia. Según afirman en su escrito de queja bajo ningún pretexto puede pretenderse descongestionar los juzgados a costa de la indefensión masiva e irreversible de los ciudadanos. 

Entre otros aspectos de esta normativa, Cholbi incide en el efecto disuasorio de la misma, ya que son muchas las personas que no cumplen con los requisitos para tener derecho a la justicia gratuita y que, sin embargo, por las dificultades de pagar unas elevadas tasas, no van a poder acudir a la Justicia para ejercer sus derechos o defender sus intereses legítimos.

En algunos casos, el importe de la tasa es más elevado que la cuantía de lo que se discute en el procedimiento –multas de tráfico, liquidaciones tributarias de escasa cuantía, etc.-, lo que provocará que muchos asuntos de cuantía económica escasa no se puedan plantear ante la Justicia porque resulte antieconómico.

Asimismo, el síndic también ha resaltado los elevados importes que contempla esta norma y que no distinguen entre la distinta capacidad económica de las personas que acuden a la Justicia. A partir de ahora, todos tendrán que pagar las mismas cantidades con independencia de su nivel de ingresos, ha concluido José Cholbi. 

El pasado 16 de noviembre de 2012 el  Síndic de Greuges presentó, ante Les Corts Valencianes, el Informe Especial elaborado sobre la atención que se presta a los menores de edades comprendidas entre los 0-6 años  desde el Sistema de Protección a la Infancia de la Comunitat Valenciana.

En el informe del Síndic de Greuges se realiza un recorrido por las cuestiones más relevantes referidas a la legislación de protección de menores y a la organización y funcionamiento del Sistema de Protección a la Infancia en la Comunitat Valenciana.

La protección de menores y en especial la de los menores de edades tempranas ( 0-6 años) requiere, según el informe del Síndic, una especial atención debido a la vulnerabilidad en la que pudieran encontrarse tanto por la falta de atención necesaria como por las repercusiones que la misma puede tener en su desarrollo físico, psicológico y emocional.

En este informe se hace especial referencia a la importancia de desarrollar medidas de prevención y medidas de preservación familiar, es decir, apostar claramente por todas aquellas respuestas que eviten que los/as niños/as sean separados de sus familias. Reducir o evitar los factores de riesgo a los que se pudieran ver sometidos estos menores, tanto en el contexto familiar como social, es una tarea que compete no sólo a la entidad pública con responsabilidad en materia de protección de menores, que en el caso de la Comunitat Valenciana es la Conselleria de Justicia y Bienestar Social, sino que compete al resto de administraciones implicadas y en especial a la Conselleria de Educación y la Conselleria de Sanidad. La coordinación entre administraciones públicas es una necesidad recurrente y básica en el desarrollo de políticas preventivas en particular y en la consolidación del sistema de protección a la infancia en general. 

Las Entidades locales, a través de la red de servicios sociales generales y especializados, juegan un papel fundamental en la atención a situaciones de desprotección que son abordables sin separar al menor de su familia. El Síndic de Greuges, en su informe, hace una especial referencia a los Servicios Especializados de Atención a la Familia e Infancia (SEAFIs). Estos servicios implantados por la Generalitat, en colaboración con las entidades locales, se convierten en un recurso fundamental para evitar separar al menor de su familia; pero también cobran una especial relevancia en los procesos de reagrupamiento familiar cuando, por motivos de desprotección grave, se ha tenido que separar al menor de su familia, pero se prevé que el retorno es la medida que mejor responde al interés del menor. La red de SEAFIs se ha ido configurando en nuestra Comunitat desde 1998 pero, a juicio del Síndic, su ampliación y mejora debe convertirse en el eje de crecimiento de las políticas de protección a la infancia en la Comunitat Valenciana.

Desgraciadamente, los/as niños/as, se ven sometidos, en demasiadas ocasiones a situaciones de desprotección grave, que requieren que la Administración Pública aplique medidas de protección que suponen la separación de sus familias. Esta separación puede ser temporal o definitiva. En el caso de que se considere la temporalidad de la separación, la Conselleria de Justicia y Bienestar Social asume la tutela y ejerce sus obligaciones de guarda del menor bien en un centro (acogimiento residencial) o bien a través de una familia acogedora previamente formada y seleccionada ( acogimiento familiar).

En el informe del Síndic de Greuges se hace especial referencia a la necesidad de mejora y desarrollo de los programas de acogimiento familiar como medida más adecuada para la atención a los menores de 0-6 años que deban ser separados de sus familias. Las necesidades de apego y referencia emocional de los/as niños/as de edad temprana deben ser cubiertas, según el Síndic de Greuges, desde contextos de seguridad para el niño y, desde luego, las familias de acogida son la mejor respuesta que desde la Administración Pública se debe dar a estos/as niños/as.

Así se recoge en la proposición de Ley de actualización de la Legislación sobre Protección a la Infancia que actualmente se debate en el Congreso de los Diputados. En esta proposición de Ley se plantean, entre otras muchas medidas, que los menores de 0-3 años que deban ser separados de sus padres serán atendidos en todos  los casos, en acogimiento familiar, y lo serán prioritariamente, los menores de 4 a 6 años.

Por ello, el Síndic de Greuges, reconociendo la importancia que tiene y debe tener en un futuro próximo los programas de acogimiento familiar, recomienda en su informe, que desde la Conselleria de Justicia y Bienestar Social, se estudien y adopten las medidas necesarias para mejorar y ampliar este tipo de programas.

Pese a la priorización de los programas de acogimiento familiar, el Síndic considera indispensable el mantenimiento, mejora y especialización de los centros de protección en los que son atendidos estos menores. En ocasiones nos encontraremos que será difícil o no conveniente, al menos inicialmente, atender a menores en el programa de acogimiento familiar (menores con necesidades especiales), por lo que deberán ser atendidos desde los programas de acogimiento residencial y para ello los centros deben estar suficientemente dotados tanto a nivel material como del personal suficiente y preparado para cubrir las especiales necesidades de los menores de esta franja de edad ( 0-6 años) .

La adopción de menores cuya situación haga prever como imposible o inadecuado el retorno a su familia biológica, se considera en el informe del Síndic de Greuges, como la medida que garantiza mayor estabilidad a los/as niños/as de edad temprana que se encuentran en esta situación. Por este motivo, el Síndic recomienda una serie de medidas que garanticen la agilidad y seguridad jurídica de los procedimientos de adopción nacional.

El Síndic de Greuges recoge toda una serie de propuestas de mejora que han sido indicadas por los profesionales de programas, centros y servicios que han sido visitados durante la tramitación del informe especial. Para el Síndic, la participación de los profesionales del sector, tanto del ámbito público como privado, en la planificación y evaluación del Sistema de Protección a la Infancia en la Comunitat Valenciana, adquiere una mayor relevancia, si cabe, en estos momentos de dificultad económica. La profesionalidad y experiencia de los mismos supone un valor añadido que debe ser incorporado por la Conselleria de Justicia y Bienestar Social, como un elemento básico de su actuación en el sector de protección a la infancia.

Las necesidades de los/as niños/as en situación de desprotección varían constantemente y de forma muy rápida .En muchas ocasiones, las administraciones públicas se ven desbordadas por los citados cambios. Por ello, en el informe del Síndic se incide en la necesidad de mejorar la formación de los profesionales y en el desarrollo de líneas de investigación, siempre conectadas con la práctica profesional, a fin de procurar la mejora continua  de las prestaciones y el aumento de la capacidad de previsión y atención a nuevas necesidades que se presenten en la atención a los menores de 0-6 años desde el Sistema de Protección a la Infancia en la Comunitat Valenciana. 

Consultar el Informe Especial del Síndic sobre menores de 0-6 años

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha recibido con satisfacción un escrito del Ayuntamiento de Ibi en el que acepta la recomendación que el defensor le remitió a finales de septiembre de este año, en el que le instaba a retirar, sin más demora, una torre de alta tensión en la calle Camino Viejo de Onil.

En dicha recomendación, Cholbi daba la razón a un vecino de Ibi que denunció hace unos meses que se había otorgado una licencia para instalar una torre de alta tensión en la calle Camino Viejo de Onil. De acuerdo con el afectado, y según el informe topográfico y pericial de fecha 24 de febrero de 2011, la instalación era ilegal.

Asimismo, el afectado aportó al defensor diversas fotografías que evidencian la cercanía de la torre con su vivienda, así como la total ocupación de la acera, lo que resulta inaccesible para las personas con discapacidad.

En este sentido, Cholbi mantiene que esta torre de alta tensión incumple lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, Reguladora del Sector Eléctrico, donde se establece que las instalaciones eléctricas deberán tener en cuenta la protección de las personas y la integridad y funcionalidad de los bienes que puedan resultar afectados por las instalaciones. Asimismo, concluye con que la ubicación de la torre, además de impedir el tránsito por la acera a personas con discapacidad, resulta peligrosa por su cercanía a la vivienda del autor de la queja, por lo que resultaría necesario quitarla para evitar los riesgos y las molestias (posibles incendios, explosiones o ruidos) que se producen a los vecinos colindantes.

Ver el contenido íntegro de la resolución del Síndic de Greuges. 

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha abierto una queja de oficio para estudiar la repercusión de la previsible desaparición, en los Presupuestos Generales del Estado 2013, de la partida presupuestaria que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, destinaba a la financiación del servicio de teleasistencia a domicilio.

En 2012, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, destinó 30 millones de euros a la firma de un acuerdo de colaboración entre el IMSERSO y la Federación Española de Municipios y Provincias para la prestación del servicio de teleasistencia a domicilio en todo el territorio español. La supresión de esta partida presupuestaria afecta a los convenios que el IMSERSO suscribía con Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos de la Comunitat Valencia, para la prestación del servicio de teleasistencia.

Por parte del Síndic de Greuges, se considera imprescindible el mantenimiento del servicio de teleasistencia por la gran importancia que éste tiene, tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, en la atención a personas mayores. Por este motivo, en el día de hoy, ha mantenido una reunión de trabajo con representantes de la Diputación de Alicante y del Ayuntamiento de Alicante a fin de poder calibrar la repercusión y medidas previstas para poder dar continuidad al servicio, información que sirve de base para el inicio de la queja de oficio en la que se valorará la situación en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana.

El Síndic de Greuges, José Cholbi, y el presidente de la Unión de Consumidores, Pedro Hernández, han firmado hoy, en Alicante, un convenio de colaboración con el objetivo de mejorar la defensa y promoción de los derechos de la ciudadanía y los servicios de los consumidores y usuarios de la Comunidad Valenciana.

En lo que se refiere a la protección y defensa de los consumidores y usuarios, Cholbi ha señalado que esta institución ha venido actuando en aquellos casos en los que se ha producido una vulneración de los derechos de los mismos por falta de celo de la administración. En este sentido, Cholbi ha recordado que la administración debe controlar de forma directa las prestaciones del sector privado que sean consideradas servicios de interés general, como por ejemplo los suministros de agua, electricidad, gas o telefonía.

Entre los sectores que más denuncian los consumidores y usuarios ante el defensor del pueblo de la Comunidad Valenciana destacan las reclamaciones del suministro de luz y gas, servicios de telefonía (sobre todo debido a una prestación de servicios deficitaria o por disconformidad con la facturación bien por exceso o por la periocidad de la misma), vivienda y, de forma destacada este año 2012, los productos financieros.

De acuerdo con el Síndic, la grave crisis económica que padecemos hace que las personas requieran una mayor ayuda por parte de organizaciones como la UCCV, o de instituciones como el Síndic de Greuges, que encuentran su razón de ser en el servicio a la ciudadanía.

De igual modo, el presidente de la UCCV, ha resaltado la necesidad de uso y demanda de información por parte de los usuarios en estos tiempos, así como la responsabilidad e importancia que adquiere el trabajo de las organizaciones e instituciones que atiendes las reclamaciones de la ciudadanía. 

Por último, Cholbi ha incidido en el trabajo complementario que llevan a cabo tanto el Síndic de Greuges como la UCCV y, ha mostrado su voluntad de canalizar y remitir recíprocamente aquellos casos donde las posibles limitaciones competenciales impiden dar una solución efectiva al ciudadano/a. 

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha recibido con satisfacción la respuesta del Ayuntamiento de Valencia en la que aceptan una recomendación del defensor en la que solicita que siga incrementando la vigilancia policial en esta zona a fin de eliminar o aminorar al máximo posible las molestias acústicas generadas a altas horas de la madrugada en la vía pública. 

La investigación del Síndic se inició tras recibir numerosas quejas de personas afectadas que denunciaban las insoportables molestias acústicas nocturnas que padecen los vecinos de la zona en sus viviendas como consecuencia de la actividad desarrollada por una discoteca, que permanece abierta hasta altas horas de la madrugada.

Según el testimonio de los afectados, muchos usuarios de este establecimiento permanecen en la calle durantes horas, consumiendo bebidas alcohólicas y vociferando en horas de descanso nocturno. Y añaden, vomitan y orinan en las paredes, en los contenedores de basura y entradas de garajes. A pesar de la actividad desarrollada por la policía, los vecinos insisten en que las molestias acústicas siguen siendo insoportables en la actualidad.

Respecto al fenómeno social del botellón, el Síndic mantiene que no basta con regular, mediante las oportunas ordenanzas, la protección del medio ambiente, la prohibición de la venta de alcohol fuera de los establecimientos que tengan licencia, el cumplimiento de los horarios de apertura, la colocación de mesas y sillas en la vía pública, sino que, con los medios adecuados para hacer efectivas dichas ordenanzas, es necesario que se impida que se sobrepasen los límites de emisión de ruido, procediendo al cierre de los establecimientos que lo incumplan e incluso dispersando las concentraciones de jóvenes cuando se sobrepasan dichos límites.

Además, Cholbi considera que no se trata de ejercer una presión policial, sino, dentro de los límites de dicha función, denunciar una y otra vez las infracciones administrativas, incomodar y disuadir sin descanso a los jóvenes en su comportamientos incívicos y no favorecer dichas concentraciones; porque los derechos de los jóvenes a expresarse y reunirse encuentra sus límites en los derechos de los demás ciudadanos al descanso y a la propia vida entendida en el sentido amplio.

 El Ayuntamiento por su parte ha garantizado al Síndic que la Policía Local va a continuar incrementando la vigilancia policial en la zona a fin de eliminar o minorar al máximo las molestias acústicas generadas a altas horas de la madrugada.

Ver el contenido íntegro de la resolución del Síndic.

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, en su condición de defensor de los derechos fundamentales de las personas, urge a todas las partes implicadas a solucionar a la mayor brevedad posible el problema de los desahucios, solución que en opinión de José Cholbi debe llegar con nuevas medidas que garanticen el derecho fundamental de las personas a disponer de una vivienda digna.

José Cholbi, como defensor del pueblo de la Comunitat Valenciana, pide un gran pacto de Estado que lleve a los grupos parlamentarios a resolver el drama que representan los desahucios para tantas y tantas familias que sufren las graves consecuencias de la crisis.

Asimismo, Cholbi solicita que se den todas las garantías para una tasación justa e independiente de los inmuebles a la hora de constituir la hipoteca y elevar el valor del inmueble para la adjudicación en subasta al acreedor. El síndic es consciente de que la política de desahucios no ha funcionado como debería, algo que obliga a no permanecer en silencio y pedir nuevas medidas a la mayor brevedad posible que permitan encontrar una solución inmediata para que ninguna familia en paro y con problemas económicos por la crisis se quede en la calle porque no puede hacer frente a su deuda hipotecaria. Es una situación dramática por la que están pasando muchas familias, que se rebelan contra lo que califican como una gran injusticia social.

Finalmente, José Cholbi subraya que el llamado Código de Buenas Prácticas que pretendía dar una alternativa a la pérdida de la vivienda para las personas situadas en el umbral de exclusión, se ha revelado insuficiente e ineficaz porque exige unos requisitos que pocos ciudadanos pueden cumplir y por la resistencia de las entidades financieras a aplicarlo.

Tras la entrada en vigor del Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, que recoge las medidas de racionalización del sistema de dependencia, el Síndic de Greuges ha recibido numerosas quejas y consultas sobre la rigurosa aplicación del criterio de excepcionalidad de la prestación para los cuidadores no profesionales. Al parecer, hasta la fecha, la Conselleria de Justicia y Bienestar Social venía concediendo esta prestación, que en la Ley tiene carácter de excepcionalidad, de forma generalizada; lo que ha posibilitado que las personas en situación de dependencia puedan haber sido cuidadas por sus familiares. Al parecer, el criterio de excepcionalidad exigido por la Conselleria, en la actualidad, está siendo aplicado en su sentido más riguroso.

Según las personas afectadas que han acudido al Síndic, los Programas Individuales de Atención con opción a cuidador no profesional que no hubieran sido resueltos hasta el momento, independientemente de la fecha de solicitud (algunas de ellas con más de dos años), deberán ser revisados y modificados conforme a las nuevas directrices de la Conselleria de Justicia y Bienestar Social.

A la vista de esta situación, Cholbi ha decidido abrir una queja de oficio, a la vez que seguirá tramitando cuantas quejas individuales le lleguen en este sentido.

El Síndic, por su parte, ha mostrado su preocupación por si este nuevo criterio de la Conselleria puede suponer, no ya la paralización de expedientes iniciados hace dos y hasta tres años, sino un retroceso en su tramitación, puesto que se encuentran con que tienen que elaborar una nueva Resolución, incrementando así la demora que acumulan dichos expedientes.

Este es el caso, investigado por el Síndic, de una ciudadana de 102 años que, tras dos años y medios de tramitación, ha visto como debe esperar a que se le revise el recurso de cuidador que ya tenía aprobado, ante la desesperación de sus familiares, que están realizando un gran esfuerzo económico para atender a una persona que necesita cuidados las 24 horas del día.

El Síndic considera que los cuidadores no profesionales vienen realizando una importante función social que, por un lado, supone un considerable ahorro de fondos públicos en materia social y sanitaria, puesto que se trata del recurso más económico para la Administración y, por otro, han venido supliendo la insuficiencia de recursos públicos (centros de día, residencias…) para dar servicio a la demanda existente.

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha abierto una queja de oficio, alertado por los medios de comunicación, para investigar las dificultades con las que se encuentran más de 50 alumnos del colegio público Virgen de los Desamparados de Orihuela. Al parecer, estos escolares, residentes en diversas pedanías de esta localidad, se ven obligados a diario a cambiar de autonomía para ir a clase, al quitar una de las dos rutas de trasporte escolar, y tener que adaptar la única ruta existente a las diferentes paradas, lo que supone un aumento de recorrido y un incremento del tiempo empleado.

Según se desprende de las noticias publicadas, las obras del AVE, que tienen previsto durar dos años, obliga a los alumnos de la pedanía Vereda Liorna a desplazarse hasta la Región de Murcia para luego volver a la ruta hacia el centro escolar (en la Comunidad Valenciana). Además, destaca el aumento de peligrosidad para los escolares, debido al gran número de rotondas, acequias y azarbes por los que trascurren, así como el tráfico continuo de vehículos pesados. Esta situación está provocando que el autobús llega al centro escolar con retraso y que los alumnos entren en sus respectivas clases cuando ya están iniciadas.

El cambio de criterio para la concesión de las ayudas del comedor y transporte escolar debido, sin duda, a la actual coyuntura económica, ha provocado la entrada de numerosas quejas en el defensor del pueblo de la Comunidad Valenciana. El denominador común en todas ellas no es otro que la disconformidad de los padres de alumnos con la denegación a sus hijos de los servicios de transporte y comedor escolar.

Por todo ello, el síndic se ha dirigido tanto al Ayuntamiento de Orihuela como a la Conselleria de Educación para determinar si cuanto ha quedado dicho obedece a la supresión de alguna ruta escolar en la ciudad de Orihuela y que pudiera afectar a los alumnos del CEIP Virgen de los Desamparados o a otros centros docentes ubicados en las diferentes pedanías de la localidad.

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha admitido a trámite una queja formulada por la Asociación de Vecinos Franciscanos-Oliveretes de Alicante. En ella, dicha asociación critica la pasividad municipal ante las denuncias que han interpuesto durante los últimos meses por prácticas de consumo de alcohol (más conocida por botellón),durante los sábados al medio día en la Plaza 25 de mayo de Alicante.

Asimismo, los afectados relatan en su escrito las molestias que, por ruido y suciedad, deben soportar injustamente debido a la concentración de personas bebiendo alcohol en las inmediaciones del Mercado Central.

Con el objeto de contrastar las declaraciones realizadas por esta asociación, Cholbi se ha dirigido al Ayuntamiento de Alicante solicitándole información sobre estos hechos. En concreto, el defensor demanda informe sobre las medidas adoptadas para constatar la realidad de las denuncias formuladas, y en su caso las medidas adoptadas para paliar estas prácticas de consumo de alcohol en la vía pública y las molestias derivadas de las mismas, en consonancia con lo prescrito en la Ordenanza municipal vigente y el resto de normativa aplicable.