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Casi cinco años de espera para una vivienda: el Síndic exige soluciones reales

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, lo viene reiterando: el derecho a la vivienda es un derecho subjetivo reconocido por ley y, como tal, obliga a las administraciones públicas a garantizar una solución real y efectiva cuando una persona acredita necesidad.

La institución ha tramitado la queja de una familia con menores de edad que llevaba casi cinco años inscrita como demandante de vivienda pública, tras presentar solicitudes en 2020, 2021 y 2025, sin haber obtenido una respuesta que resolviera de forma efectiva su situación.

En su resolución, el Síndic reitera su doctrina en materia de acceso a la vivienda: en la Comunitat Valenciana este derecho tiene carácter subjetivo y obliga a las administraciones a actuar cuando existe una necesidad acreditada. La mera permanencia en una lista de espera no satisface el derecho reconocido por la ley.

La resolución del defensor del pueblo valenciano insiste en que el sistema previsto en la Ley de Función Social de la Vivienda exige una actuación integral ante situaciones de necesidad habitacional. No basta con mantener a la persona inscrita; debe ofrecerse una respuesta concreta que garantice el acceso efectivo a una vivienda digna. La falta de disponibilidad inmediata de vivienda pública no puede justificar la ausencia de respuesta. Cuando no es posible adjudicar una vivienda del parque público, deben activarse los mecanismos alternativos previstos en la normativa, incluidas ayudas económicas u otras soluciones habitacionales.

Asimismo, Luna subraya que, cuando existen menores en la unidad familiar, su interés superior debe ser prioritario en todas las decisiones administrativas relacionadas con el acceso a la vivienda.

El Síndic dirigió recomendaciones tanto al Ayuntamiento de Alicante como a la Conselleria competente en materia de vivienda, instando a ambas administraciones a ofrecer una solución efectiva y a no limitarse a mantener a la familia en lista de espera.

A la Conselleria le recordó la obligación de dictar resoluciones en plazo, activar ayudas alternativas cuando no haya vivienda disponible y adoptar medidas para reforzar el parque público. Al Ayuntamiento le exigió una actuación coordinada y una respuesta concreta ante la situación de necesidad planteada.

En la resolución de cierre, tanto el Ayuntamiento de Alicante como la Conselleria aceptaron las recomendaciones formuladas y se comprometieron a adoptar las actuaciones necesarias.

Consulta el expediente:

El Síndic urge al Ayuntamiento de Alicante a conceder una tarjeta de estacionamiento para un menor con discapacidad

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna González, ha recomendado al Ayuntamiento de Alicante que resuelva de forma inmediata la solicitud de una tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad presentada para un menor con discapacidad y movilidad reducida, una vez superado ampliamente el plazo máximo previsto en la normativa municipal.

El defensor del pueblo valenciano subraya que la tarjeta de estacionamiento es un recurso esencial para facilitar la movilidad, la autonomía personal y la participación social del menor. En este sentido, advierte de que la demora del Ayuntamiento en resolver la solicitud ha causado un perjuicio real y efectivo en un caso especialmente sensible, al afectar a un menor. Una situación que no hace más que incrementar la incertidumbre y la carga que soportan las familias con personas con diversidad funcional a su cargo, al limitar de forma directa el acceso a estos apoyos básicos en la vida cotidiana.

Por otra parte, Luna ha recordado al Ayuntamiento de Alicante su deber de colaboración con el Síndic, tras no atender los requerimientos de información formulados durante la tramitación de la queja.

Consulta la resolución de consideraciones de este caso.

 

El Síndic reclama al Ayuntamiento de Alicante espacios dignos y una mejor coordinación para el reparto de alimentos a personas vulnerables

Luna propone habilitar locales municipales, reforzar la colaboración con entidades sociales y aumentar las ayudas económicas

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, urge al Ayuntamiento de Alicante a adoptar medidas concretas que garanticen que el reparto de alimentos a personas en situación de vulnerabilidad se realice en condiciones dignas, seguras y coordinadas, tras constatar que la falta de recursos y de planificación municipal obliga a decenas de personas a depender de la solidaridad ciudadana en plena vía pública.

La actuación de oficio del Síndic —iniciada a raíz de la comunicación de la Red de Entidades para la Atención de Personas Sin Hogar de Alicante (REPASHA)— pone de manifiesto que el reparto de alimentos en la calle responde a una necesidad social no cubierta por la administración. El informe destaca que, ante la desaparición progresiva de comedores sociales y la insuficiencia de los recursos municipales, son las entidades sociales quienes atienden cada día a entre 150 y 200 personas que no pueden costearse su alimentación básica.

El defensor advierte que la ausencia de espacios adecuados y la falta de coordinación entre el Ayuntamiento y las organizaciones sociales genera riesgos sanitarios, problemas de seguridad y molestias vecinales. Por ello, recomienda al consistorio habilitar locales municipales y ofrecer soporte logístico —como carpas, vallas o recursos materiales— para que el voluntariado pueda desempeñar su labor en condiciones óptimas y respetuosas con la dignidad de los beneficiarios.

Asimismo, Luna insta al Ayuntamiento a reforzar la colaboración con REPASHA, convocando reuniones para coordinar días, horas y lugares de reparto, y a valorar un incremento de las ayudas económicas individualizadas a familias vulnerables, como alternativa al reparto en la vía pública.

El informe de conclusiones del Síndic subraya que la intervención policial en el incidente ocurrido en enero —que concluyó con la disolución de una concentración y una sanción a la organizadora posteriormente revocada por la Delegación del Gobierno— fue un episodio puntual. Más allá de ese acontecimiento concreto, el defensor considera necesario que el Ayuntamiento disponga de ubicaciones idóneas y permanentes para este tipo de acciones solidarias. Además, insiste en que el reparto de alimentos debería realizarse, preferentemente, en espacios cerrados y acotados, que ofrezcan mayores garantías de seguridad y salubridad.

Luna concluye que el reparto de comida en la calle es el reflejo de un sistema de protección social insuficiente, y llama al Ayuntamiento de Alicante a transformar esta realidad mediante una respuesta coordinada, digna y segura, en colaboración con el tercer sector.

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El Síndic exige al Ayuntamiento de Alicante la contratación urgente de personal para restablecer los servicios sociales

Luna concluye que el consistorio desmanteló servicios esenciales para la atención de la población más vulnerable desde enero de 2025, incumplió la ley y obstaculizó la investigación con una actitud opaca y evasiva

El síndic de Greuges, Ángel Luna, ha emitido una dura resolución sobre la situación de los servicios sociales municipales en Alicante, tras una investigación de oficio iniciada en enero de este año. El detonante fue el cese de 175 profesionales adscritos al Contrato Programa 2021–2024, que finalizó el 31 de diciembre de 2024. Esta decisión, tomada por el Ayuntamiento, ha tenido consecuencias directas en la atención a personas en situación de vulnerabilidad, generando listas de espera de hasta cuatro meses y una merma significativa en la calidad de los servicios prestados.

La investigación del Síndic revela que el consistorio alicantino no sólo ha incumplido la ratio mínima de personal exigida por la Ley 3/2019 de Servicios Sociales Inclusivos, sino que además ha mostrado una preocupante falta de colaboración institucional. A pesar de los reiterados requerimientos de información, el Ayuntamiento ha ofrecido respuestas incompletas, imprecisas y, en muchos casos, contradictorias con actas oficiales. Esta actitud ha dificultado gravemente el trabajo del Síndic, que denuncia la opacidad del consistorio y su negativa a asumir responsabilidades en un ámbito tan sensible como el de los servicios sociales.

En su resolución, el Síndic recuerda que el Ayuntamiento de Alicante está obligado por ley a garantizar que los servicios sociales cuenten con el personal necesario para atender adecuadamente a la ciudadanía, especialmente en áreas como dependencia, personas en riesgo de exclusión, infancia, discapacidad y salud mental.

Asimismo, el defensor reclama al consistorio que proceda de forma urgente a contratar al personal necesario, que evalúe el impacto de la situación en la población usuaria y que adopte medidas para paliar las consecuencias generadas. También pide a la Conselleria que cumpla con su deber de ejercer funciones de inspección, control de calidad y potestad sancionadora para asegurar el cumplimiento de la ley.

El impacto de esta reducción de plantilla —que afecta a casi el 50 % del personal de servicios sociales según la memoria municipal de 2023— ha sido especialmente grave en servicios esenciales como el de atención a personas con enfermedad mental (SASEM), el equipo de intervención con infancia y adolescencia (EEIIA), el equipo de atención a mayores en riesgo (EIMAD), el servicio de acogida, la asesoría jurídica y la atención a entidades sociales. La ciudadanía más vulnerable ha visto deteriorada la atención que recibe, en un contexto demográfico marcado por el envejecimiento y la alta dependencia, como recoge el propio Plan Estratégico Zonal de los Servicios Sociales de Alicante 2023–2026.

Más de 300.000 euros devueltos por falta de ejecución de programas y de contratación

En la información aportada por el Ayuntamiento de Alicante queda de manifiesto que este devolvió más de 309.000 euros a la Conselleria de Igualdad en 2025 por no justificar parte de la subvención recibida en el marco del Contrato Programa 2021-2024. Esta devolución se debió a la falta de ejecución de programas sociales comprometidos y a la no contratación del personal previsto, como psicólogos, educadores sociales y agentes de igualdad. También quedaron sin justificar fondos destinados a iniciativas como Barrios Inclusivos, Ayuda a Domicilio, Menjar a Casa, Igualdad y LGTBI.

Aunque el pasado 15 de julio se aprobó un nuevo Contrato Programa para el periodo 2025-2028, a día de hoy no consta la incorporación del personal necesario según la ley de servicios sociales, una situación que se arrastra desde el 1 de enero de este año.

La Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, por su parte, informó al Ayuntamiento de la continuidad del Contrato Programa para el periodo 2025–2028, garantizando la financiación retroactiva desde el 1 de enero de este año. Además, emitió circulares y certificados presupuestarios, y ofreció reuniones técnicas para asegurar la estabilidad laboral del personal. Sin embargo, el Ayuntamiento no incorporó a los profesionales en su plantilla ni adoptó medidas para evitar los despidos, incumpliendo así sus obligaciones legales y provocando una situación de colapso en los servicios sociales municipales.

El Síndic concluye que el Ayuntamiento ha incumplido su deber de garantizar la prestación de los servicios sociales de atención primaria básica y específica de su competencia, ha vulnerado los derechos de las personas usuarias al no asegurar la continuidad de la atención, y ha ignorado las obligaciones de consolidación de plantilla previstas en la normativa vigente. Además, denuncia que la Conselleria, pese a haber actuado con mayor diligencia, no ha adoptado medidas firmes para revertir las deficiencias detectadas ni para garantizar una respuesta rápida ante el problema.

La crisis de los servicios sociales en Alicante no es fruto de una contingencia inesperada, sino de una falta de previsión y de gestión institucional que ha comprometido gravemente la atención a quienes más la necesitan. El Síndic advierte que esta situación podría constituir una infracción muy grave, al superar el umbral del 20 % de incumplimiento de plantilla establecido por la ley, y exige responsabilidades a ambas administraciones para restablecer cuanto antes la legalidad y la dignidad en la atención social.

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El Síndic pide mejoras urgentes en el sistema de cita previa del Registro Civil de Alicante

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha recomendado a la Conselleria de Justicia y Administración Pública que mejore de forma urgente el sistema de cita previa del Registro Civil de Alicante, y de otros con el mismo problema. Pide que se garantice que la ciudadanía pueda obtener cita o, en su defecto, información clara sobre las alternativas, además de dotar a los registros con los medios materiales y humanos necesarios.

La investigación se inició tras la queja de una persona que intentó durante meses conseguir cita para abrir un expediente matrimonial sin éxito. La aplicación informática no funcionaba correctamente y la atención recibida tampoco ofreció soluciones útiles.

El Síndic advierte que el derecho a contraer matrimonio es un derecho básico y no debe verse limitado por un sistema que, lejos de facilitar, se convierte en un obstáculo. Por ello, Luna insiste en que la Conselleria debe actuar de inmediato para garantizar un servicio ágil, claro y cercano a la ciudadanía. “La Conselleria dispone de competencias suficientes para actuar, por lo que debe mejorar el sistema de atención a la ciudadanía sin demora”, señala la resolución.

Las quejas sobre las dificultades para conseguir cita previa en los registros civiles de la Comunidad Valenciana son habituales y reflejan un servicio percibido como lento, confuso y poco próximo a la ciudadanía. Por ello, el Síndic insiste en que el sistema de cita previa debe ser una herramienta para organizar mejor los recursos, pero siempre en beneficio de la ciudadanía y nunca como una barrera de acceso.

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El Síndic reprocha al Consell la grave demora del centro de valoración de discapacidad de Alicante

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha requerido a la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda que resuelva con carácter urgente la solicitud de revisión del grado de una persona con una discapacidad del 68% reconocida en el año 2020. Dado el agravamiento de su situación, solicitó hace más de 10 meses una revisión y el reconocimiento de necesidad de ayuda de tercera persona.

En el transcurso de la investigación, la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda informó al Síndic que en el centro base de Alicante se estaban resolviendo, en ese momento, solicitudes de abril de 2023. Un dato que pone de manifiesto la grave demora en dar respuesta a las solicitudes de valoración de grado de discapacidad.  Y es que, situaciones como la descrita, no sólo afectan al ciudadano que presentó esta queja, sino a muchas otras personas con discapacidad que esperan la resolución de sus expedientes para poder acceder a los derechos, prestaciones y recursos esenciales que les corresponden para así mejorar sus condiciones de vida y conseguir su inclusión sociolaboral. Así se desprende de las numerosas quejas tramitadas en el Síndic sobre esta problemática en las que la administración demora la resolución en más de un año.

La Conselleria, por su parte, justificaba esta tardanza en la «creciente afluencia de solicitudes, motivo por el cual se sigue un orden riguroso». Un argumento que no es compartido por el Síndic, que considera que la administración autonómica ha incurrido en un grave incumplimiento de sus obligaciones legales al demorar significativamente la resolución de solicitudes de revisión de grado de discapacidad. Por ello, Luna le recomienda que implemente un plan de choque que resuelva estos expedientes en el plazo de tres meses establecido por ley.

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El Síndic insta al Ayuntamiento de Alicante a prestar el suministro de agua potable en el Moralet

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha dirigido varias recomendaciones al Ayuntamiento de Alicante para que adopte, con determinación y prontitud, las medidas pertinentes para prestar todos los servicios públicos a los que está obligado en la partida del Moralet, y especialmente al abastecimiento de agua potable.

La actuación del defensor del pueblo valenciano se originó tras la queja de un representante de la asociación de vecinos de la zona que denunciaba la inactividad del ayuntamiento ante la falta de suministro de agua potable en la partida del Moralet. Un problema, que según el representante vecinal afectaba a unos 1.200 residentes de la zona que tiene la calificación de suelo urbano y uso residencial.

En el informe municipal remitido a esta institución se daba cuenta de la complejidad urbanística de esta partida. De ahí que el Síndic sugiera al Ayuntamiento que lleve a cabo extensiones de red que puedan servir como puntos de acometida de servicio a las parcelas cercanas, aunque no estén sujetas a la concesión de licencias de edificación. También pide que se ejecuten depósitos de almacenamiento de agua potable o bien que establezcan convenios de suministro con otros ayuntamientos. Todo ello con el objetivo de disponer del servicio esencial de agua potable en las viviendas del Moralet.

Igualmente, Luna urge a la administración local a responder de forma expresa y motivada a la asociación de vecinos afectada, a notificarles la resolución adoptada y a detallarse los recursos que pueden ejercer para defender sus derechos en caso de discrepancia.

Consulta nuestra resolución sobre este asunto.

Aceptan las recomendaciones del Síndic para solventar los problemas de inseguridad y falta de pavimentación de la Zona Norte de Vistahermosa en Alicante

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha recibido la contestación del Ayuntamiento de Alicante aceptando las recomendaciones emitidas por el defensor del pueblo valenciano en relación con los problemas de inseguridad ciudadana y falta de pavimentación en la Zona Norte de Vistahermosa.

La actuación del Síndic se originó tras la queja presentada por la Nueva Asociación de Vecinos de la Zona Norte de Vistahermosa en la que denunciaban la inactividad del ayuntamiento alicantino ante los problemas que venían sufriendo desde hace años relacionados con la prostitución, el tráfico y consumo de sustancias tóxicas, así como la dejación en los cuidados de las calles y parcelas, incluidas las de titularidad pública.

Tras el estudio del expediente, el Síndic urgió al Ayuntamiento de Alicante a contestar las reclamaciones de la asociación de vecinos y a adoptar las medidas policiales, sancionadoras o de intervención que fueran necesarias para la convivencia de los vecinos de la zona. En materia de pavimentación de vías públicas y otros servicios urbanísticos, Luna apremiaba al consistorio a redactar y aprobar los proyectos necesarios para la prestación del citado servicio por tratarse de una competencia obligatoria de la administración local.

El Ayuntamiento ha trasladado al Síndic la aceptación de las recomendaciones y ha comunicado que ya está en contacto con la referida asociación de vecinos y que la Policía Local continuará con la labor de vigilancia e inspección de la zona, con el levantamiento de las actas de infracciones pertinentes.

No obstante, Luna informa a la asociación que si el Ayuntamiento no llevase a cabo las recomendaciones aceptadas y adopta medidas concretas en un plazo de tres meses, podrán acudir nuevamente al Síndic.

Consulta todo el expediente:

Aceptan la recomendación del Síndic y le devuelven los ingresos indebidamente cobrados por liquidación de una plusvalía

El Ayuntamiento de Alicante acepta íntegramente la resolución del Síndic y devuelve los ingresos indebidamente percibidos en un expediente de liquidación de plusvalía por la transmisión de un inmueble.

La persona afectada presentó una queja ante el defensor del pueblo valenciano en la que denunciaba haber recibido, sin mediar más información, un apremio de SUMA por un importe de 861,81€ (779,86€ de principal, 77,99€ de recargo y 3,96€ de costas). Ante esta situación, recurrió el apremio. El ayuntamiento lo anuló, ordenando la devolución del recargo, los intereses y las costas por un total de 83,41€. A pesar de haber anulado la providencia de apremio, no le había notificado la liquidación para su pago en periodo voluntario, provocándole una situación de indefensión.

Tras el estudio del expediente, el síndic insto al ayuntamiento a devolverle todo lo cobrado -el principal, los recargos, intereses y costas (861,81€)- y a notificar debidamente la liquidación del referido impuesto en período voluntario. Una recomendación que ha sido íntegramente aceptada por la administración.

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El Síndic pide actualizar la Ordenanza sobre protección de ruidos de Alicante del año 1991

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Angel Luna, ha solicitado al Ayuntamiento de Alicante que modifique, con carácter urgente, la Ordenanza Municipal sobre protección de ruidos y vibraciones del año 1991 y la adapte a la actual normativa autonómica sobre contaminación acústica. Además, le apremia a adoptar todas las medidas inspectoras, preventivas y sancionadoras que sean necesarias para eliminar la contaminación acústica existente en la zona del casco antiguo.

Así de contundente ha sido la respuesta del Síndic a la denuncia presentada por una asociación de vecinos, que se quejaban de la falta de respuesta e inactividad del Ayuntamiento ante las molestias que vienen sufriendo como consecuencia del  funcionamiento de los establecimientos de ocio ubicados en su zona.

Precisamente, en la presentación del Informe Anual, Luna fue especialmente duro con la falta de respuesta de las Administraciones, calificándola de «comportamiento inaceptable» y de «ninguneo» a la ciudadanía; una práctica que conduce al descrédito de las instituciones. En este caso, el defensor ha advertido al Ayuntamiento que tiene la obligación legal de dar respuesta a todos los escritos presentados por los ciudadanos con celeridad, agilidad y eficacia, notificándoles las actuaciones realizadas o las que prevea realizar.

En la resolución, el Síndic critica que en el informe municipal no conste la realización de inspecciones efectuadas en los establecimientos para comprobar el cumplimiento de las condiciones de la ambientación musical y que tampoco figure la realización de mediciones sonométricas para comprobar los niveles de ruido procedente de los distintos locales.

Por todo ello, el defensor considera necesario que el ayuntamiento revise las licencias o autorizaciones con las que cuentan los establecimientos de la zona, y que compruebe si corresponden con la actividad que los locales vienen ejerciendo. Insiste en que estas actuaciones deben ir acompañadas de la adopción de medidas preventivas y sancionadoras; lo que implica la realización de inspecciones sobre el  funcionamiento de los establecimientos y la medición de los niveles sonoros de los equipos de sonido, así como el control estricto del cumplimiento de los horarios de cierre de los locales.

El Síndic concluye su resolución proponiendo al consistorio que valore la posibilidad de declarar la zona acústicamente saturada.

Consulta la resolución del Síndic: 11948641.pdf (elsindic.com)