El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha recomendado a la Conselleria de Justicia y Administración Pública que mejore de forma urgente el sistema de cita previa del Registro Civil de Alicante, y de otros con el mismo problema. Pide que se garantice que la ciudadanía pueda obtener cita o, en su defecto, información clara sobre las alternativas, además de dotar a los registros con los medios materiales y humanos necesarios.
La investigación se inició tras la queja de una persona que intentó durante meses conseguir cita para abrir un expediente matrimonial sin éxito. La aplicación informática no funcionaba correctamente y la atención recibida tampoco ofreció soluciones útiles.
El Síndic advierte que el derecho a contraer matrimonio es un derecho básico y no debe verse limitado por un sistema que, lejos de facilitar, se convierte en un obstáculo. Por ello, Luna insiste en que la Conselleria debe actuar de inmediato para garantizar un servicio ágil, claro y cercano a la ciudadanía. “La Conselleria dispone de competencias suficientes para actuar, por lo que debe mejorar el sistema de atención a la ciudadanía sin demora”, señala la resolución.
Las quejas sobre las dificultades para conseguir cita previa en los registros civiles de la Comunidad Valenciana son habituales y reflejan un servicio percibido como lento, confuso y poco próximo a la ciudadanía. Por ello, el Síndic insiste en que el sistema de cita previa debe ser una herramienta para organizar mejor los recursos, pero siempre en beneficio de la ciudadanía y nunca como una barrera de acceso.
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El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha requerido a la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda que resuelva con carácter urgente la solicitud de revisión del grado de una persona con una discapacidad del 68% reconocida en el año 2020. Dado el agravamiento de su situación, solicitó hace más de 10 meses una revisión y el reconocimiento de necesidad de ayuda de tercera persona.
En el transcurso de la investigación, la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda informó al Síndic que en el centro base de Alicante se estaban resolviendo, en ese momento, solicitudes de abril de 2023. Un dato que pone de manifiesto la grave demora en dar respuesta a las solicitudes de valoración de grado de discapacidad. Y es que, situaciones como la descrita, no sólo afectan al ciudadano que presentó esta queja, sino a muchas otras personas con discapacidad que esperan la resolución de sus expedientes para poder acceder a los derechos, prestaciones y recursos esenciales que les corresponden para así mejorar sus condiciones de vida y conseguir su inclusión sociolaboral. Así se desprende de las numerosas quejas tramitadas en el Síndic sobre esta problemática en las que la administración demora la resolución en más de un año.
La Conselleria, por su parte, justificaba esta tardanza en la «creciente afluencia de solicitudes, motivo por el cual se sigue un orden riguroso». Un argumento que no es compartido por el Síndic, que considera que la administración autonómica ha incurrido en un grave incumplimiento de sus obligaciones legales al demorar significativamente la resolución de solicitudes de revisión de grado de discapacidad. Por ello, Luna le recomienda que implemente un plan de choque que resuelva estos expedientes en el plazo de tres meses establecido por ley.
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El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha dirigido varias recomendaciones al Ayuntamiento de Alicante para que adopte, con determinación y prontitud, las medidas pertinentes para prestar todos los servicios públicos a los que está obligado en la partida del Moralet, y especialmente al abastecimiento de agua potable.
La actuación del defensor del pueblo valenciano se originó tras la queja de un representante de la asociación de vecinos de la zona que denunciaba la inactividad del ayuntamiento ante la falta de suministro de agua potable en la partida del Moralet. Un problema, que según el representante vecinal afectaba a unos 1.200 residentes de la zona que tiene la calificación de suelo urbano y uso residencial.
En el informe municipal remitido a esta institución se daba cuenta de la complejidad urbanística de esta partida. De ahí que el Síndic sugiera al Ayuntamiento que lleve a cabo extensiones de red que puedan servir como puntos de acometida de servicio a las parcelas cercanas, aunque no estén sujetas a la concesión de licencias de edificación. También pide que se ejecuten depósitos de almacenamiento de agua potable o bien que establezcan convenios de suministro con otros ayuntamientos. Todo ello con el objetivo de disponer del servicio esencial de agua potable en las viviendas del Moralet.
Igualmente, Luna urge a la administración local a responder de forma expresa y motivada a la asociación de vecinos afectada, a notificarles la resolución adoptada y a detallarse los recursos que pueden ejercer para defender sus derechos en caso de discrepancia.
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El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha recibido la contestación del Ayuntamiento de Alicante aceptando las recomendaciones emitidas por el defensor del pueblo valenciano en relación con los problemas de inseguridad ciudadana y falta de pavimentación en la Zona Norte de Vistahermosa.
La actuación del Síndic se originó tras la queja presentada por la Nueva Asociación de Vecinos de la Zona Norte de Vistahermosa en la que denunciaban la inactividad del ayuntamiento alicantino ante los problemas que venían sufriendo desde hace años relacionados con la prostitución, el tráfico y consumo de sustancias tóxicas, así como la dejación en los cuidados de las calles y parcelas, incluidas las de titularidad pública.
Tras el estudio del expediente, el Síndic urgió al Ayuntamiento de Alicante a contestar las reclamaciones de la asociación de vecinos y a adoptar las medidas policiales, sancionadoras o de intervención que fueran necesarias para la convivencia de los vecinos de la zona. En materia de pavimentación de vías públicas y otros servicios urbanísticos, Luna apremiaba al consistorio a redactar y aprobar los proyectos necesarios para la prestación del citado servicio por tratarse de una competencia obligatoria de la administración local.
El Ayuntamiento ha trasladado al Síndic la aceptación de las recomendaciones y ha comunicado que ya está en contacto con la referida asociación de vecinos y que la Policía Local continuará con la labor de vigilancia e inspección de la zona, con el levantamiento de las actas de infracciones pertinentes.
No obstante, Luna informa a la asociación que si el Ayuntamiento no llevase a cabo las recomendaciones aceptadas y adopta medidas concretas en un plazo de tres meses, podrán acudir nuevamente al Síndic.
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El Ayuntamiento de Alicante acepta íntegramente la resolución del Síndic y devuelve los ingresos indebidamente percibidos en un expediente de liquidación de plusvalía por la transmisión de un inmueble.
La persona afectada presentó una queja ante el defensor del pueblo valenciano en la que denunciaba haber recibido, sin mediar más información, un apremio de SUMA por un importe de 861,81€ (779,86€ de principal, 77,99€ de recargo y 3,96€ de costas). Ante esta situación, recurrió el apremio. El ayuntamiento lo anuló, ordenando la devolución del recargo, los intereses y las costas por un total de 83,41€. A pesar de haber anulado la providencia de apremio, no le había notificado la liquidación para su pago en periodo voluntario, provocándole una situación de indefensión.
Tras el estudio del expediente, el síndic insto al ayuntamiento a devolverle todo lo cobrado -el principal, los recargos, intereses y costas (861,81€)- y a notificar debidamente la liquidación del referido impuesto en período voluntario. Una recomendación que ha sido íntegramente aceptada por la administración.
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El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Angel Luna, ha solicitado al Ayuntamiento de Alicante que modifique, con carácter urgente, la Ordenanza Municipal sobre protección de ruidos y vibraciones del año 1991 y la adapte a la actual normativa autonómica sobre contaminación acústica. Además, le apremia a adoptar todas las medidas inspectoras, preventivas y sancionadoras que sean necesarias para eliminar la contaminación acústica existente en la zona del casco antiguo.
Así de contundente ha sido la respuesta del Síndic a la denuncia presentada por una asociación de vecinos, que se quejaban de la falta de respuesta e inactividad del Ayuntamiento ante las molestias que vienen sufriendo como consecuencia del funcionamiento de los establecimientos de ocio ubicados en su zona.
Precisamente, en la presentación del Informe Anual, Luna fue especialmente duro con la falta de respuesta de las Administraciones, calificándola de «comportamiento inaceptable» y de «ninguneo» a la ciudadanía; una práctica que conduce al descrédito de las instituciones. En este caso, el defensor ha advertido al Ayuntamiento que tiene la obligación legal de dar respuesta a todos los escritos presentados por los ciudadanos con celeridad, agilidad y eficacia, notificándoles las actuaciones realizadas o las que prevea realizar.
En la resolución, el Síndic critica que en el informe municipal no conste la realización de inspecciones efectuadas en los establecimientos para comprobar el cumplimiento de las condiciones de la ambientación musical y que tampoco figure la realización de mediciones sonométricas para comprobar los niveles de ruido procedente de los distintos locales.
Por todo ello, el defensor considera necesario que el ayuntamiento revise las licencias o autorizaciones con las que cuentan los establecimientos de la zona, y que compruebe si corresponden con la actividad que los locales vienen ejerciendo. Insiste en que estas actuaciones deben ir acompañadas de la adopción de medidas preventivas y sancionadoras; lo que implica la realización de inspecciones sobre el funcionamiento de los establecimientos y la medición de los niveles sonoros de los equipos de sonido, así como el control estricto del cumplimiento de los horarios de cierre de los locales.
El Síndic concluye su resolución proponiendo al consistorio que valore la posibilidad de declarar la zona acústicamente saturada.
Consulta la resolución del Síndic: 11948641.pdf (elsindic.com)
El sindic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha instado a la Conselleria de Vivienda a adoptar medidas que aseguren las condiciones de seguridad, habitabilidad y salubridad en una vivienda social ubicada en la calle Padre Cerdá en el barrio Miguel Hernández de Alicante.
El defensor del pueblo valenciano inició su actuación tras recibir la queja de la vecina afectada que había solicitado, sin éxito, a dicha Conselleria que realizara los trabajos para reparar las filtraciones que afectaban su casa y que procedían del piso superior.
En el informe remitido al Síndic, la propia administración autonómica reconocía que la reparación de la vivienda debería realizarse de manera inmediata, debido a que se veía comprometida la seguridad, habitabilidad y salubridad de los ocupantes de los inmuebles y de los viandantes. Sin embargo, no indicaba que hubiese llevado a cabo las obras de reparación imprescindibles para solventar la situación descrita. El informe también puntualizaba que, para poder subsanar las filtraciones que afectaban a la vivienda, era necesario que previamente se procediera a la limpieza y retirada de basuras acumuladas en el piso superior. Y señalaba que, mientras no prosperara el procedimiento iniciado por la Conselleria para que los servicios sociales municipales se hicieran cargo de las personas que residen en el piso superior y se vaciara la vivienda, no se podría actuar y proceder a su reparación.
Por eso, el defensor también pide a la Consell que requiera a los servicios sociales del Ayuntamiento de Alicante que se hagan cargo de las personas que residen en la vivienda superior y que se proceda a vaciar la vivienda causante de la insalubridad.
Consulta nuestra actuación: 11885913.pdf (elsindic.com)
Una vecina de Alicante presentó queja ante el Síndic en la que denunciaba el funcionamiento ilegal de un vertedero en el camino de Alcoraya. Antes de acudir a esta institución, lo había comunicado al Ayuntamiento, sin que hasta el momento éste hubiese realizado ninguna actuación.
Admitimos la queja a trámite y, en octubre de este año, solicitamos un informe al Ayuntamiento de Alicante para saber si había comprobado los hechos denunciados y, en su caso, si había adoptado las medidas oportunas en relación con el funcionamiento sin licencia de dicho vertedero.
Hasta el momento, el Ayuntamiento de Alicante no ha remitido a esta institución la información requerida, incumpliéndose el plazo legal máximo de un mes. Por ello, carecemos de información suficiente para determinar el órgano competente en materia de inspección, dado que no disponemos de información específica de las características de la actividad objeto de la queja.
En cualquier caso, y dado que la denuncia de la interesada se dirigió al Ayuntamiento de Alicante, desde el Síndic hemos instado al Ayuntamiento a realizar una visita de inspección para comprobar los hechos denunciados y, en su caso, a clausurar la actividad sin perjuicio de las sanciones que procedan. Es más, en caso de que la actividad requiriera de autorización ambiental integrada, el ayuntamiento deberá remitir la denuncia y el resultado de la inspección a la Conselleria competente en materia de medio ambiente, para que ésta lleve a cabo las actuaciones que procedan.
Igualmente, el Síndic ha recordado al consistorio su obligación legal de facilitar a esta institución los expedientes, los datos, los informes y cuanta documentación les sea solicitada para el esclarecimiento de los hechos sobre los que se está indagando.
Consulta nuestra actuación sobre este asunto.
La asociación de vecinos Portell de la Moleta presentó una queja ante el Síndic de Greuges en la que denunciaba el deficiente funcionamiento de varios servicios públicos. Antes de acudir a esta institución, había expuesto esta situación al Ayuntamiento de Alicante sin haber obtenido un resultado satisfactorio.
En su resolución, el Síndic de Greuges recuerda que el alumbrado público, la recogida de residuos, la limpieza viaria, el abastecimiento domiciliario de agua potable, el acceso a los núcleos de población y la pavimentación de las vías públicas son servicios públicos cuya prestación es obligatoria para el Ayuntamiento de Alicante. En este sentido, los vecinos tienen derecho a exigir la prestación de los mismos ya que resultan indispensables para garantizar el derecho a una vivienda digna.
Si bien es cierto que las limitaciones presupuestarias pueden retrasar o dificultar temporalmente la financiación de las obras, también lo es que ese aplazamiento no puede ser indefinido, ya que eso significaría que la prestación de los servicios públicos obligatorios se retrasaría eternamente.
En el informe que el Ayuntamiento de Alicante remite al Síndic no se concreta cuándo se van a iniciar los trabajos en El Portell de la Moleta (Polígono B) para instalar el alumbrado público, pavimentar y rotular las vías públicas, suministrar agua potable a las viviendas, limpiar y desbrozar todo el sector B e incrementar la vigilancia policial en la zona.
Por todo lo expuesto anteriormente, el defensor del pueblo valenciano recomienda al consistorio alicantino que inicie cuanto antes los trabajos para prestar de forma efectiva los servicios públicos mencionados.
Consulta la resolución del Síndic sobre este asunto.
A finales de julio de este año, el Síndic de Greuges recibió la queja de una vecina de Alicante en la que denunciaba la existencia de una vivienda municipal en el barrio Colonia Requena que llevaba 12 años sin utilizarse y tampoco había sido destinada a alquiler social. Además, manifestaba habérselo comunicado a su ayuntamiento, sin haber recibido respuesta.
Esta institución inició su investigación y solicitó informe al consistorio alicantino, cuya respuesta vino a corroborar lo expuesto en la queja presentada por la ciudadana. Entre la información que remitía, constaba un Informe del Servicio de Gestión Patrimonial, de fecha 16/6/2021 y dirigido al Patronato Municipal de la Vivienda, en el que comunicaba la existencia de otras dos viviendas municipales disponibles en la zona.
En su resolución, el defensor del pueblo valenciano destaca la importante demanda de alquiler social que existe en el municipio de Alicante y urge a «agilizar los trámites para que estas viviendas puedan ser legalmente ocupadas por quienes más lo necesitan».
Luna recuerda al consistorio alicantino que, de acuerdo con la normativa sobre Patrimonio de las Administraciones Públicas, tiene la obligación legal de gestionar con eficacia y rentabilidad los bienes patrimoniales, como son las viviendas públicas municipales. Además, insiste en que esta gestión debe contribuir al desarrollo y ejecución de las distintas políticas públicas y, en particular, al de la política de vivienda.
Por todo ello, el Síndic recomienda al Ayuntamiento que, «teniendo en cuenta los años que ha estado sin uso la vivienda objeto de esta queja, se ponga cuanto antes a disposición de las personas más necesitadas, junto con las demás viviendas municipales que se encuentren vacías, a través de un alquiler social».
Leer la resolución sobre este asunto.
