La Conselleria acepta las recomendaciones, pero todavía no ha resuelto la solicitud ni ha ofrecido una alternativa adecuada
El Síndic de Greuges ha pedido a la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia que conceda de manera urgente el servicio de atención residencial solicitado por una persona con discapacidad y dependencia, cuya situación de urgencia fue reconocida en junio de 2024. La institución también reclama que, si no dispone de una plaza pública adecuada, le ofrezca una alternativa residencial real, viable y adaptada a sus necesidades.
La actuación del Síndic comenzó tras la queja presentada por el padre de un joven que tiene reconocido un grado 3 de dependencia y un 95 % de discapacidad, con movilidad reducida y necesidad de apoyo de una tercera persona. La familia solicitó atención residencial en abril de 2023 ante las dificultades para atenderlo en el domicilio. Los servicios sociales del Ayuntamiento de Alicante tramitaron la petición por la vía de urgencia y la Conselleria la estimó el 6 de junio de 2024. Sin embargo, más de dos años después, la Administración autonómica todavía no ha resuelto la asignación de la plaza.
La Conselleria explicó al Síndic que la solicitud no se había resuelto porque los recursos residenciales públicos adecuados al perfil de esta persona estaban ocupados al 100 %. También señaló que se encontraba en tercera posición en la lista de espera de casos urgentes, aunque esta posición podía variar por la disponibilidad de plazas y la entrada de nuevas solicitudes de urgencia social. Como alternativas, planteó el ingreso en un centro privado mediante una prestación vinculada al servicio, el acceso a un recurso situado fuera de la Comunitat Valenciana o la contratación de asistencia personal.
Estas opciones no han permitido resolver el problema. Según expuso la familia, la búsqueda de centros privados resultó infructuosa, bien por falta de plazas o porque los recursos no se ajustaban a las necesidades del joven. La asistencia personal tampoco había funcionado de forma estable, ya que en menos de un año se habían contratado hasta cinco profesionales distintos. La familia advirtió, además, de la situación de tensión y riesgo que afrontan tanto la persona afectada como sus progenitores y sus hermanos menores de edad.
Ante esta situación, el Síndic recomendó a la Conselleria que asegurase la existencia de recursos residenciales suficientes para personas con discapacidad, que analizase las plazas disponibles y adoptase las medidas necesarias para garantizar una atención adecuada. También le pidió que, cuando la red pública no pueda responder, colabore con las entidades del tercer sector para ampliar las alternativas de atención.
La institución reclamó igualmente que se apruebe, sin más demora, un procedimiento específico para asignar las plazas residenciales y que se elaboren protocolos capaces de ofrecer una respuesta rápida y eficaz en los casos de urgencia social. El Síndic considera necesario que este sistema garantice la transparencia, la objetividad y la seguridad jurídica, y que vaya acompañado de una herramienta informática que facilite la gestión de las solicitudes y las listas de espera.
La Conselleria aceptó las recomendaciones y comunicó que trabaja en un nuevo procedimiento de asignación de plazas y en una aplicación informática que, según su previsión, estará finalizada en febrero de 2027. También informó de una propuesta para ampliar la acción concertada con la financiación de 149 nuevas plazas en el ámbito de la discapacidad y los problemas graves de salud mental, así como de su intención de continuar colaborando con las entidades del tercer sector
No obstante, el Síndic considera que estas actuaciones todavía no se han traducido en una solución efectiva para la persona afectada. A pesar de que la Conselleria aceptó conceder urgentemente el servicio y buscar una alternativa si no existían plazas disponibles, la solicitud continúa sin resolverse y la familia sigue sin disponer de un recurso residencial adecuado ni de una previsión sobre cuándo podrá acceder a él.
La institución concluye que no resulta admisible mantener esta situación después de más de dos años desde el reconocimiento de la urgencia. Por ello, ha cerrado el expediente dejando constancia de que la Administración autonómica no ha realizado todas las actuaciones necesarias para atender de forma efectiva sus recomendaciones.
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