El Síndic considera “acertada” la decisión de Igualdad de reconocer la discapacidad con el certificado de la Seguridad Social

El síndic de greuges (e. f.) de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha aplaudido la decisión de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de modificar la orden que regula la tarjeta acreditativa de la condición de persona con discapacidad. Este cambio, que el defensor valenciano viene planteando en sus resoluciones, supone un gran avance a la hora de acreditar la discapacidad y de evitar demoras innecesarias en el reconocimiento de los derechos de las personas en esta situación.

A partir de ahora las personas que tengan reconocida por la Seguridad Social una pensión de incapacidad permanente en el grado total, absoluta o gran invalidez serán beneficiarios de la tarjeta acreditativa de la condición de discapacidad. Es decir, ya no tendrán que pasar por una valoración de la Conselleria, que no siempre reconocía el 33% de la discapacidad y que, en el mejor de los casos, acarreaba unas demoras de unos dos años.

Esta traba burocrática también queda suprimida para los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una jubilación o retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.

Así viene recogido en la nueva Orden 4/2019, de 23 de julio, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que se publica hoy en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana.

Sagunto se compromete con el Síndic a eximir del impuesto de circulación a las personas que acrediten la discapacidad con el certificado de la Seguridad Social

El síndic de greuges e.f. de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha aplaudido la decisión adoptada por el Ayuntamiento de Sagunto de buscar una fórmula legal que permita a las personas que acrediten la discapacidad con el certificado del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) disfrutar de los beneficios fiscales a los que tienen derecho, tales como la exención del impuesto de circulación.

La actuación del defensor valenciano se inició el pasado mes de marzo al recibir la queja de un vecino a quien el Ayuntamiento de Sagunto le había denegado la exención de impuestos sobre vehículo de tracción mecánica por discapacidad. El consistorio argumentaba que el certificado de discapacidad de la Conselleria de Igualdad caducaba con anterioridad a la fecha de devengo del impuesto y, aunque el afectado también aportó el certificado del INSS de incapacidad permanente en el grado de absoluta para todo trabajo, el Ayuntamiento se negaba a aceptar este documento como acreditación de su discapacidad.

Lamentablemente, no es el único expediente tramitado por el Síndic sobre esta problemática. Esta institución ha recibido quejas similares de ciudadanos que residen en diferentes municipios de la Comunidad Valenciana y que se enfrentan a la misma traba: su ayuntamiento no les reconoce la resolución del INSS como documento acreditativo de su discapacidad. Si a este obstáculo burocrático se le añaden las demoras que arrastra la Conselleria para resolver el grado de discapacidad, el resultado se traduce en una situación de incertidumbre y bucle constante en la que se vulneran los derechos de las personas con discapacidad.

En todas estas situaciones, el Síndic viene advirtiendo a los ayuntamientos afectados, que según la normativa vigente (Art. 4.2 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre) los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez son consideradas personas con discapacidad en grado igual o superior al 33%.

En el caso del Ayuntamiento de Sagunto, el Síndic le instaba a aceptar las resoluciones de incapacidad permanente en los grados de absoluta, total o de gran invalidez como certificados de minusvalía con un grado igual o superior a un 33 %. Una petición que el consistorio ha aceptado y que se plasmará con una modificación en su respectiva ordenanza.

Ver la resolución del Síndic sobre este asunto.

El Síndic insta a eliminar las listas de espera en Centros de Atención Temprana y garantizar el acceso urgente

El síndic de greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha pedido a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que proceda con urgencia a eliminar las listas de espera para ser atendido en los Centros de Atención Temprana (CAT). También insta a dejar sin efecto la instrucción que obliga a atender a dos menores por cada una de las plazas concertadas, al considerar que dichas condiciones no garantiza la atención integral e individualizada que precisan los menores usuarios y sus familias.

El defensor del pueblo valenciano entiende que esta demora en la asignación de plaza en un CAT, además de suponer una vulneración de los derechos de las niñas y niños afectados, puede provocar efectos negativos y, en algunos casos, irreversibles en su desarrollo. “No olvidemos que se trata de niños muy pequeños, con edades que oscilan entre los 0 y 6 años que presentan trastornos del desarrollo, discapacidad o diversidad funcional”. De ahí que considere prioritario que la Conselleria actualice con urgencia las condiciones y requisitos de funcionamiento de los CAT, cuya regulación vigente se remonta al año 2001, registrando un claro desfase en cuanto a las nuevas necesidades cuantitativas y cualitativas de la población a atender.

De acuerdo con el informe remitido por la Conselleria, la provincia de Alicante y de Castellón son las que sufren las mayores demoras. En Castellón, por ejemplo, hay niños en lista de espera desde octubre de 2017. Se trata principalmente de niños que tienen entre 1 y 4 años.

Provincia Nº CAT Nº plazas Nº niños atendidos Lista de espera (31/01/2019)
València 24 1187 2091 28
Castellón 5 265 418 106
Alicante 16 960 1679 345
TOTAL 45 2412 4188 479

 

Dicho informe también destacaba el incremento de presupuesto asignado y de plazas de atención temprana, pasando de las 115 plazas en la provincia de Castellón en 2015 a las 405 previstas para final de este año. Pese a los evidentes esfuerzos llevados a cabo por la Administración, estos resultan insuficientes teniendo en cuenta el elevado número de niños y niñas que se encuentran a la espera de ser atendidos.

Consulta la resolución del Síndic sobre este asunto: https://www.elsindic.com/Resoluciones/11027103.pdf

El Síndic pide libros de texto accesibles para alumnos con discapacidad visual grave

El síndic de greuges de la Comunitat, José Cholbi, ha solicitado a la Conselleria de Educación que dé instrucciones a los centros docentes para que, a la hora de seleccionar editoriales de libros de texto, se tenga en cuenta la disponibilidad de materiales accesibles para el alumnado con discapacidad visual.

Esta es una de las recomendaciones dictadas por el defensor del pueblo valenciano en relación con la queja presentada por madres y padres de hijos con deficiencia visual grave. Los interesados pedían la mediación de esta institución para que estos menores pudieran disponer, desde el inicio de curso, de libros de texto accesibles en formato pdf de alta definición (formato de archivo más accesible a las necesidades funcionales relacionadas con la baja visión). Según los afectados, hasta la fecha, el acceso a este tipo de formato depende de la buena voluntad de las editoriales: “algunas lo suministran sin ningún problema, otras lo hacen tarde y otras no lo hacen”.

De acuerdo con la información a la que ha tenido acceso el Síndic, las necesidades de los estudiantes con discapacidad visual no suelen estar relacionadas con los contenidos de la programación curricular sino con los medios técnicos que necesitan para hacer accesibles dichos contenidos educativos. De ahí que el Síndic considere oportuno que la administración valenciana les facilite, con inmediatez, aquellos recursos y materiales  tecnológicos de apoyo (tablets digitales) que sean necesarios para garantizarles una educación inclusiva de calidad, tal y como recoge el Decreto del Consell 104/2018.

Ver la resolución del Síndic de Greuges sobre este asunto.

 

El Síndic investiga el funcionamiento de los Centros de Atención Temprana de la Comunitat Valenciana

El síndic de greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha pedido información a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas sobre el funcionamiento y las listas de espera en los Centros de Atención Temprana (CAT) en la Comunitat Valenciana. Unos recursos que prestan tratamiento asistencial y/o preventivo a menores de 0 a 6 años con problemas de desarrollo o riesgos de padecerlos por causa de origen prenatal, perinatal o postnatal.

El defensor del pueblo valenciano ha abierto esta actuación de oficio tras tener conocimiento de que, a raíz de una instrucción interna de la mencionada Conselleria, los Centros de Atención Temprana  se ven obligados a atender a dos menores por cada una de las plazas que tienen concertadas, lo que podría repercutir en la calidad del servicio que se debe prestar tanto a los menores como a sus familias.

De acuerdo con la información a la que ha tenido acceso el Síndic, a pesar de haberse incrementado el número de menores atendidos (dos por cada plaza), la Administración no ha aumentado la ratio de profesionales de estos recursos. Tampoco habría reflejado esta situación en la convocatoria de concierto de diversidad funcional ni en las resoluciones individuales de concierto de los Centros de Atención Temprana.

Ante esta situación, el Síndic ha requerido un informe exhaustivo que pormenorice el número de niñas y niños que se encuentran en lista de espera para ser atendidos en los CAT, su edad, la fecha de solicitud y la valoración de la patología. Igualmente, se ha interesado por el número de plazas concertadas, la plantilla de personal y  el número de niños.  Por último, Cholbi también ha solicitado copia de la citada instrucción en la que se instruye a atender a dos menores por cada plaza concertada y los criterios de prioridad en la lista de espera, en caso de que hubiera.

Abrimos una queja de oficio por las demoras generalizadas en el reconocimiento de la discapacidad

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha abierto una actuación de oficio por el incumplimiento generalizado de los plazos legales para emitir la resolución del grado de discapacidad. Las quejas presentadas por la ciudadanía ante el Síndic sobre esta cuestión se han triplicado, pasando de 60 quejas durante el año 2017 a 192 quejas durante el 2018, razón por la cual el defensor ha decidido iniciar esta investigación.

De los expedientes de queja tramitados por el Síndic se desprende que, en algunos centros de valoración, las demoras llegan a superar los dieciséis meses, cuando se trata de un procedimiento considerado de emergencia ciudadana y su resolución no debería tardar más de tres.

La propia Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas reconoce estos retrasos en la resolución de expedientes, tanto en valoración inicial como de revisión de grado de discapacidad. Así lo recogen los informes remitidos por este departamento al Síndic durante la tramitación de las quejas en este último año. Unos retrasos que la administración achaca al elevado número de solicitudes recibidas en relación con los medios existentes en los distintos centros de valoración.

La respuesta no termina de satisfacer al defensor, quien considera que se están provocando graves perjuicios a las personas con discapacidad que ven demorado el reconocimiento de sus derechos y el acceso a determinadas prestaciones. Además, algunas de estas ayudas y beneficios (por ejemplo para acceder al empleo público o a la Universidad, deducciones fiscales, etc.) no tienen prevista su aplicación retroactiva, lo que obligaría a los afectados a iniciar trámites más complejos.

Asimismo, diversos colectivos de profesionales de la Conselleria de Sanidad han mostrado su preocupación ante el Síndic por falta de coordinación entre estos y los profesionales de los centros de valoración y orientación de la discapacidad de la Conselleria de Igualdad.

Por todo ello, el Síndic se ha dirigido a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas para solicitar información pormenorizado y conocer el número exacto de solicitudes de valoración que tuvieron entrada durante los tres últimos años (2016-2018), de solicitudes resueltas y pendientes de resolver durante ese periodo, así como el número de centros de valoración de  discapacidad existentes en la Comunitat Valenciana y de profesionales que conforman los equipos de valoración en cada uno de los centros.

CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO- El Síndic urge a pagar las ayudas de empleo a personas con discapacidad

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, se ha dirigido a la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo para pedirle que proceda a la “urgente resolución y pago” de las ayudas concedidas en 2018 tanto en materia de costes salariales, como en adaptación de puestos de trabajo y unidades de apoyo de los centros especiales de empleo (CEE).

La investigación del defensor del pueblo valenciano pone el foco en las demoras en los pagos de las subvenciones de los centros especiales de empleo (CEE); unos centros que tienen como función principal proporcionar a las personas con discapacidad un trabajo productivo, remunerado y adecuado a sus características personales con el fin de facilitar su integración laboral en el mercado ordinario de trabajo.

Según los datos facilitados por la propia Conselleria, a finales de octubre de 2018, el 95% de las ayudas por los costes salariales de trabajadores con diversidad funcional estaban ya concedidas. Sin embargo, tan solo el 5% habían sido abonadas.  En peor situación se encontraban los expedientes relacionados con las ayudas para adaptación de puestos de trabajo y las ayudas de unidades de apoyo, que en el mes de octubre se encontraban todavía en fase de tramitación.

El Síndic considera que la demora en la resolución de los expedientes de ayudas puede afectar a la aplicación efectiva del derecho al trabajo y al empleo de este colectivo en situación de especial vulnerabilidad y con una difícil inserción laboral. De ahí que también haya recomendado a la administración autonómica que regule mecanismos administrativos para agilizar la convocatoria, resolución y pago de estas ayudas dirigidas a garantizar el derecho al trabajo y al empleo de las personas con diversidad funcional.

Consulta el contenido de la resolución del Síndic sobre este asunto.

Urgimos a agilizar las valoraciones de discapacidad

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha instado a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas a que, tras 18 meses de demora, resuelva urgentemente el expediente de discapacidad del promotor de una queja y que proceda a valorar el grado de las limitaciones de sus actividades diarias.

El defensor del pueblo valenciano también le recuerda a la Administración su obligación legal de resolver en plazo –en este caso, tres meses- e insiste en que el incumplimiento de esta obligación aumenta la incertidumbre y el sufrimiento de las personas con diversidad funcional y de sus familiares, en un momento de dificultades económicas como el actual.

En lo que llevamos de año, el Síndic de Greuges de la C.V. ha tramitado 182 expedientes de queja relativos a los retrasos que se producen a la hora de realizar las valoraciones necesarias para resolver sobre el grado de discapacidad. Unas demoras que ya fueron puestas de manifiesto por esta institución en los informes anuales de años anteriores.

En su resolución, el Síndic reconoce los esfuerzos realizados por la Conselleria para agilizar las valoraciones. Sin embargo, situaciones como la de esta persona, que presentó la solicitud de reconocimiento de grado de discapacidad en abril de 2017 y todavía no ha sido resuelta, “son claro ejemplo de que los citados esfuerzos siguen siendo insuficientes.”

Ver el contenido íntegro de esta resolución y otra similar en de la provincia de Alicante:
http://www.elsindic.com/Resoluciones/10988913.pdf (València)
http://www.elsindic.com/Resoluciones/10992739.pdf (Alicante)

La Conselleria nos informa que ha reconocido a un menor de 11 años el grado de discapacidad del 36%, tras reclamar su madre la reducción del grado

La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ha aceptado nuestra recomendación de que resolviera de manera urgente la reclamación previa administrativa presentada por una madre contra la resolución de reducción de grado de discapacidad de su hijo de 11 años.

El menor nació de forma prematura, lo que le provocó un retraso neuromuscular y una hidrocefalia, razón por la que en 2008 le concedieron una minusvalía del 33%. Tres años más tarde, en 2011, al haber sido diagnosticado además con el síndrome de Asperger, le otorgaron un grado de minusvalía del 37%.

Fue en agosto de 2017 cuando resolvieron de nuevo la minusvalía de su hijo, reduciéndola al 10%. Una situación inexplicable, según la promotora de la queja, puesto que rebajaron el grado de discapacidad en contra de los informes médicos y sin que ningún profesional de la Administración viera a su hijo.

A finales de agosto de 2017, esta madre presentó, en fecha y forma, la reclamación previa contra dicha resolución y en noviembre de ese mismo año presentó queja en el Síndic ante la falta de contestación a su reclamación.

Ver la resolución del Síndic sobre este asunto: http://www.elsindic.com/Resoluciones/10921372.pdf

Reunión del Observatorio de la Vulnerabilidad del Síndic

El Observatorio de la Vulnerabilidad del Síndic ha analizado en la reunión de hoy las modificaciones al Estatuto de Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana. Para ello, hemos contado con el testimonio del presidente del CERMI en la Comunitat Valenciana, Luis Vañó que se ha felicitado por el consenso alcanzado en les Corts Valencianes a la hora de adecuar el Estatuto de las Personas con Discapacidad a la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, siendo la primera comunidad autónoma en hacerlo.

Durante la reunión de hoy también hemos informado al plenario sobre las quejas tramitadas desde el Síndic en torno a las ayudas de la dependencia y a las valoraciones de discapacidad.