El próximo lunes, el Síndic de Greuges entrega los premios a las alumnas y alumnos galardonados en los concursos de dibujo y redacción que se han celebrado durante el año 2017. El acto de entrega de premios tendrá lugar en la Sede Universitaria Ciudad de Alicante de la UA, y de acuerdo con el fallo del jurado, las/los premiados/as de esta edición son:

Concurso de Dibujo

Categoría Educación Primaria:

• «Todos los niños somos iguales«. Noé Picazo Santi-Andreu. CEIP Maestro Victorio Montes, Venta del Moro, València
• «Derechos Humanos«. Lledó Rocher Bello, CEIP Sant Bernat de Carlet, València
• «Derechos Humanos en nuestras manos«. Alba Pacheco Giménez. CEIP Les Foies del Grao de Gandia, València
• «Fight for your rights» Natasha Abril Rojo, CEIP Les Foies del Grao de Gandia, València
• «No maneges el món» Lluna Pallarés García, CEIP Alcántara de Xúquer, València

Categoría Educación Secundaria:

• «Un derecho no es lo que alguien te debe dar…un derecho es lo que nadie te debe quitar«. Andrea Pardo, Institución Cultural Domus de Godella, València
• «Derechos para todos«. Olivia Gallego Toscano, Liceo Francés de Alicante
• «Vive y deja vivir«. Aarón Maestro Griñán, IES El Caminàs de Castellón
• «Próxima parada … Futuro«. Desiré Navarro, IES Rei en Jaume de Alzira, València
• «Els Drets Humans«. Mabel Calatayud, Colegio María de los Ángeles Suárez de Calderón del Grao de Gandia, València

VI Concurso de Redacción

Categoría Educación Secundaria:

• «La Esencia«. Ana Torres Brines, IES Jaume II el Just, Tavernes de la Valdigna, València
• «Los Derechos Humanos«. Laura Ferrari Alloza, Colegio La Magdalena, Castellón
• «Un sueño mortal«. Lola Buenache Romero, Liceo Corbí, València
• «La historia inolvidable«. Cristina López Balanzategui, IES Cabo de la Huerta, Alicante
• «Derechos Humanos universales«. Inés Ferrando Sanchís, Colegio Almedia, Callosa d’en Sarrià, Alicante

Categoria de Bachiller

• «Drets Humans«. Sofía Bellés Blanes, IES José Vilaplana, Castellón
• «Històries de terror«. Lidia Tàrrega Mondejar, IES Pere d’Esplugues, La Pobla Llarga, València
• «Una utopia«. Jara Montero Muñoz, IES Pere d’Esplugues, La Pobla Llarga, València
• «La Màquina«. Sandra Navarro García, IES María Ibars, Dénia, Alicante
• «La Igualtat«. María Belén Nieto Ráez, IES Manuel Sanchís Guarner, Silla, València

Hace unos meses tanto la Conselleria de Educación como el Ayuntamiento de Alicante aceptaron la petición del Síndic de elaborar un proyecto de intervención sobre la Zona Norte de Alicante y garantizar con financiación pública el proyecto de mediación que se desarrolla en dos institutos del barrio. No obstante, recientemente recibíamos noticias de los equipos directivos del IES Gran Via y IES Virgen del Remedio que nos confirmaban que la subvención concedida por una entidad privada finalizaba el 31 de mayo y con ella quedaba en el aire la continuidad de este programa.

En este contexto, desde el Síndic convocamos una reunión con todas las partes implicadas, (desde el Ayuntamiento de Alicante, Consellerias de Educación y la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas hasta los representantes de los institutos antes mencionados). El objetivo era buscar una solución consensuada y coordinada a los actuales problemas de financiación. Algo que parece viable teniendo en cuenta la buena voluntad mostrada por todas las partes.

La fórmula consensuada apunta hacia un proyecto a dos velocidades; por un lado se necesita una primera actuación de carácter urgente que sea capaz de dar continuidad al trabajo de integración que se viene realizando en los dos institutos y que esté funcionando en septiembre y una segunda fase que proporcione estabilidad al programa que, de acuerdo con el portavoz del gobierno municipal, Natxo Bellido, debería incluirse en el Proyecto de la Zona Norte que a su vez se circunscribirá en el próximo Plan de Inclusión de la ciudad de Alicante. Igualmente, ha considerado necesario expandir este proyecto a todos los IES de la Zona Norte de Alicante.

Tanto la Conselleria de Educación como la de Igualdad y Políticas Inclusivas han puesto sobre la mesa las distintas vías de financiación y solución que pueden aportar. Ahora queda establecer y concretar la fórmula de colaboración interinstitucional para que este compromiso no quede en papel mojado. Para ello, el Síndic ha emplazado a una próxima reunión que se celebrará en nuestra sede el próximo 5 de julio.

En marzo de 2016, la institución del Síndic de Greuges firmó una carta de adhesión como socios del proyecto europeo Hands Up cuyo objetivo es la promoción de la eliminación del castigo físico sobre los niños. El proyecto, cofinanciado por la Comisión Europea, está impulsado por la organización portuguesa APDES (Agencia Piaget para el desarrollo) y en él participan la Universidad de Alicante junto a otras instituciones públicas de Portugal, Alemania, Bulgaria y Grecia.

En el marco de este proyecto, el adjunto segundo del Síndic de Greuges, Carlos Morenilla, ha asistido hoy al acto organizado por la Universidad de Alicante con motivo del Día Internacional de la Infancia. Con el título “Miradas contra el castigo físico”, en el evento de hoy se han dado a conocer las obras presentadas al concurso de carteles para la eliminación del castigo físico.

A continuación facilitamos el enlace de la página web de Hands Up

Hace unos meses un vecino de Vila-real acudió al Síndic solicitando nuestra mediación para resolver un problema originado por el mal estado de conservación de un solar en la calle Borriol colindante con su vivienda, unos hechos que ya fueron denunciados ante el consistorio y que se vienen arrastrando desde 2007.

Según el afectado, en dicho solar se realizó “una excavación sin consolidación perimetral, desaguado de agua ni ornato correspondiente”. Como consecuencia, actualmente “existen humedades y riesgo potencial de desprendimiento” de su edificio ante un talud que excede de tres metros y que se encuentra a tan solo 50 cm de los cimientos de dicho inmueble. Igualmente, el afectado detalla la falta de seguridad y la actual peligrosidad existente en la parcela puesto que “no está restringido su paso” y se puede acceder a la misma con facilidad.

En el transcurso de la tramitación de la queja, el Ayuntamiento de Vila-real comunicó al defensor del pueblo valenciano que, mediante decreto de Alcaldía, se requirió al SAREB, como propietaria del solar, para que rellenara el foso existente hasta alcanzar la cota de la calle “de modo que el agua de lluvia no discurra hacia los edificios colindantes”, y a vallar el mismo con cerramiento permanente. Por su parte, el SAREB alega que está en un proceso judicial y que no actuará hasta que tenga la posesión de la finca, lo que según el vecino que acudió al Síndic podría alargarse más de un año.

En su resolución, el síndic considera que si bien es verdad que la ley obliga al propietario a mantener el solar en adecuadas condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro, no es menos cierto que también otorga atribuciones a la Administración para que acuerde la ejecución subsidiaria de los trabajos a costa del propietario. Es decir, que la Administración realice los trabajos y que posteriormente se los repercuta al propietario del solar.

Por todo ello, el Síndic recomienda al Ayuntamiento de Vila-real que “atendiendo al peligro de derribo de la vivienda colindante debido al mal estado de conservación del solar, acuerde la ejecución subsidiaria de los trabajos estrictamente necesarios para evitar dicho peligro, a costa de la entidad SAREB”.

La resolución del Síndic sobre este caso está publicada en nuestra web.

El síndic de greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, se ha dirigido al Ayuntamiento de Paterna para recomendarle que exima del pago del Impuesto de Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana (conocido como plusvalía) a una vecina de dicha localidad que acudió al defensor por lo que consideraba una actuación abusiva de la Administración local.

En su escrito de queja al Síndic, la afectada explicaba que hace un año se vio obligada a entregar su casa para saldar la deuda hipotecaria a la que no podía hacer frente. Al cabo de unos meses recibió una carta del Ayuntamiento de Paterna requiriéndole el pago del impuesto de la plusvalía, lo que llevó a la afectada a presentar un recurso de reposición contra la liquidación ante el consistorio y adjuntó el documento notarial de la operación en el que se detallaba la exención de dicho impuesto. Sin embargo, la Administración local desestimó dicha petición.

Sobre esta problemática el Síndic recuerda que el Real Decreto-Ley 8/2014 declaró exentas de pago las transmisiones de la vivienda habitual realizadas en ejecuciones hipotecarias judiciales o notariales, es decir, eximía del pago de la plusvalía municipal a las personas que se vieran afectadas por la dación en pago de su vivienda habitual.

En el caso concreto que nos ocupa, el defensor del pueblo valenciano indica que “la dación en pago realizada por esta vecina fue por necesidad, fruto de la situación económica en la que se encontraba” y añade  que “no se trata de una operación que le haya reportado ningún beneficio ni aumentado su capacidad económica, ya que la contraprestación es única y exclusivamente la extinción de una deuda y la pérdida de la vivienda”.

El defensor del pueblo valenciano es plenamente consciente de las circunstancias económicas actuales que especialmente sufren las personas en situación de riesgo de exclusión social. Por eso, pide a las Administraciones Públicas que se sensibilicen con las personas que, por su situación socioeconómica, profesional o laboral, se han visto obligadas a solicitar la dación en pago y han hecho una entrega forzosa de su vivienda habitual ante la imposibilidad de hacer frente a sus compromisos de pago de la deuda hipotecaria adquirida.

La resolución del Síndic sobre este asunto está disponible en nuestra web.

El síndic de greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha recibido hoy en la sede de la Sindicatura a la superiora provincial de las Hermanas Terciarias Capuchinas, Inmaculada Sancho, y a la coordinadora de los centros de menores de esta congregación en toda España, Regina del Peral. Una  congregación que gestiona el centro de acogida La Resurrección de Segorbe que fue cerrado hace dos semanas y otros tres más en la provincia de Castellón y Valencia.

En el escrito de queja presentando esta mañana ante el defensor del pueblo valenciano, las terciarias lamentan las consecuencias de las medidas adoptadas por la Administración autonómica sobre los 18 menores hasta hace poco allí acogidos, que “han sido trasladados, sin previo aviso, a otros centros ubicados en otras localidades pero que siguen teniendo que viajar a diario a Segorbe para acudir a sus respectivos centros educativos, centro de salud, etc.” y también sobre los propios trabajadores y titulares del centro “cuya profesionalidad se está cuestionando”.

Tras registrar la queja presentada, el Síndic dará curso a la misma siguiendo con el procedimiento habitual de la institución.

Los fallos del jurado de los concursos de dibujo y redacción del Síndic de Greuges se harán público el próximo día 2 de junio.

A raíz de las noticias publicadas en diferentes medios de comunicación sobre el cierre de centros, traslado de menores tutelados, posibles situaciones de maltrato, etc. , el síndic de greuges de la Comunidad Valenciana, José Cholbi, comparte con la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas su preocupación sobre la atención que se está prestando a los menores en situación de desprotección y que actualmente se encuentran acogidos en centros residenciales y considera positivo que los servicios de inspección sean capaces de detectar anomalías en los recursos de atención a menores. Desde el Síndic se sigue con gran inquietud los hechos denunciados por la Conselleria y se supervisará, como se viene haciendo en el ejercicio de sus funciones, la atención que reciben los menores que se han visto afectados directa o indirectamente por las actuaciones de la Administración.

No obstante, el defensor del pueblo valenciano quiere poner de manifiesto que desde esta institución ya se ha advertido en numerosas ocasiones a los distintos gobiernos de la Generalitat sobre las anomalías y deficiencias que afectan al actual sistema de protección a la infancia y ha propuesto reiteradamente medidas para la subsanación de las mismas.

Sin ir más lejos, y en relación con los hechos denunciados en los medios de comunicación, el Síndic se pronunció en julio de 2015 sobre el deficiente sistema de supervisión e inspección de los centros de protección de menores. En su resolución, el Síndic denunciaba el incumplimiento sistemático de la obligación legal de la Administración de realizar el seguimiento y supervisión con una periodicidad de seis meses en el caso de los centros de acogida de menores y de tres cuando se trata de centros que atienden a menores con problemas de conducta.  Por ello, recomendaba a la actual Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas el aumento de dotación de personal de los servicios de inspección así como el establecimiento de una metodología que asegurara el efectivo cumplimiento de esta obligación legal.

La Conselleria aceptó en septiembre de 2015 la recomendación del Síndic comprometiéndose a dotar con más personal las unidades administrativas dedicadas a la atención del menor, así como  a realizar mejoras organizativas y procedimentales que aseguraran el cumplimiento de la misma.

Asimismo, durante una de las últimas visitas cursadas por el defensor del pueblo valenciano a los diferentes centros de protección de menores de la Comunitat Valenciana, esta institución detectó importantes deficiencias en las instalaciones y la seguridad del Centro Els Estels (Alicante), que la propia Administración reconoció en su informe. Por eso, en cumplimiento con la recomendación que dictó el Síndic en septiembre de 2016, la Conselleria se comprometió a realizar una reforma integral del edificio sin que hasta la fecha el defensor del pueblo valenciano tenga constancia de la ejecución de la misma.

Otra de las preocupaciones que comparte el Síndic con la Conselleria es la obligación legal de potenciar el acogimiento familiar y evitar el residencial en menores de cero a seis años y muy especialmente en los menores de tres. Tras detectar en noviembre de 2016 que 83 menores de estas edades se encontraban internados en centros de protección (39 de ellos menores de 3 años) y que en la mayoría de los casos se superaba el periodo máximo legal de estancia, el Síndic recomendó una actuación inmediata y decidida de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas para dar cumplimiento a la obligación legal de no acordar el acogimiento residencia para menores de cero a seis años.

Por último, el Síndic recuerda que viene exigiendo hace años la necesidad imperiosa de revisar el actual sistema de protección a la infancia y de adecuarlo a las necesidades de los menores dentro del actual marco legislativo estatal. Igualmente considera oportuno destacar la implicación y la profesionalidad de la gran mayoría de los trabajadores que pese a los déficits del sistema son capaces de atender adecuadamente las necesidades de los menores acogidos.

Actualmente, el Síndic de Greuges tiene abierta quejas sobre:

• La atención a los menores tutelados que residen en los recursos de Emaús (2 quejas)
• La atención a menores afectados por los traslados de Buñol
• Una actualización de la queja sobre la atención a menores extranjeros no acompañados en la Comunidad Valenciana.

Adjuntamos algunas resoluciones e informes sobre menores en situación de desprotección:

• Resolución del Síndic sobre la supervisión de centros de acogida de menores en la Comunitat Valenciana (julio 2015)
• Resolución del Síndic sobre centros de protección específica de menores con problemas de conducta. (marzo 2017)
• Acogimiento familiar y residencial de menores de 0 a 6 años (enero 2017)
• Situación del Centro de Acogida de Menores  Els Estels (septiembre 2016)
• Resolución del Síndic sobre el ejercicio de la tutela de menores (julio 2016)
• Informe Especial de la atención de menores de 0 a 6 años (noviembre de 2012)
• Resolución del Síndic sobre protección a menores extranjeros no acompañado (julio 2012)

El síndic de greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, se ha dirigido tanto al Ayuntamiento de Valencia como a la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (dependiente de Presidencia de la Generalitat) para pedirles que adopten medidas “reales y efectivas” que eviten la contaminación acústica generada por los locales de ocio nocturno de la zona del Cabanyal, la práctica del botellón, así como el cumplimiento de los horarios de apertura y cierre de los mismos.

Esta es la resolución del defensor del pueblo valenciano a la queja presentada por una comunidad de propietarios de la zona que acudió al Síndic ante las insoportables molestias acústicas que desde hace dos años vienen padeciendo durante los fines de semana. Y es que en las inmediaciones de sus viviendas existen varios locales de ocio que provocan directa e indirectamente importantes molestias que perturban las vidas personales y familiares y que se agrava en la época estival con el calor y la necesidad de tener las ventanas abiertas durante la noche.

Según relatan los vecinos afectados, el descampado situado en frente de sus casas ha sido el lugar de encuentro de los jóvenes para hacer botellón. Una práctica que ahora se está desplazando a los domingos a partir de las seis de la mañana en la que “se montan fiestas ilegales que en ocasiones duran hasta el mediodía sin que nadie haga algo por remediarlo”. Una práctica que genera además del ruido unas consecuencias adversas añadidas como la suciedad que queda en la zona (botellas, cristales, vasos, preservativos, compresas, orín, vómitos, etc.) o la inseguridad sembrada por peleas, drogas y griterío.

Asimismo, los vecinos denuncian que los locales de ocio de la zona también se encuentran deficientemente insonorizados y que incumplen los horarios de apertura y cierre, lo que no hace más que empeorar y perturbar el descanso de los vecinos.

El ayuntamiento conoce este problema. Los vecinos han presentado numerosas denuncias y quejas ante el mismo sin obtener una respuesta satisfactoria. Aunque reconocen que en los últimos meses han notado cierta mejora en cuanto a la atención policial, la siguen considerando escasa. Cuando se personan, “los agentes se limitan a observar como medida persuasoria y solo en raras ocasiones proceden a la identificación y/o denuncia de los asistentes”. Una actuación que los vecinos consideran insuficiente, puesto que en cuanto la policía se marcha los jóvenes vuelven a las andadas.

Tanto la Generalitat como el Ayuntamiento de Valencia han trasladado al defensor valenciano las actuaciones efectuadas para solucionar este problema. Unas medidas, como las órdenes de cese de ambientación musical o multas por incumplimiento de la normativa que, según alegan los vecinos, no se llegan a cumplir o no son efectivas.

Sobre esta última cuestión el Síndic ya se manifestado en reiteradas ocasiones en otros expedientes, “hay que evitar aquellas situaciones en las que resulta más rentable ir pagando unas sanciones de reducido importe que respetar el límite máximo de decibelios permitidos y cumplir el horario de cierre.”

Por todo ello, el defensor del pueblo valenciano se ha dirigido tanto al Ayuntamiento de Valencia como a la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (dependiente de Presidencia de la Generalitat) para pedirles que adopten medidas “reales y efectivas” para solucionar este problema. Una recomendación que ya ha aceptado Presidencia de la Generalitat, que ha comunicado las nuevas actuaciones y se ha comprometido a efectuar un seguimiento más cercano a los locales y la zona referida.

Ver la resolución del Síndic sobre este asunto.

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana ha recibido hoy cartas de once menores tutelados por la Generalitat Valenciana que residen actualmente en centros o pisos de la Asociación Emaús en las que piden su mediación ante lo que consideran una vulneración de sus derechos.

Todos ellos tienen un denominador común: son niñas y niños que han sufrido situaciones muy duras a lo largo de sus cortas vidas y que ahora, ante los nuevos cambios ajenos a su voluntad que se avecinan, se sienten enormemente angustiados y asustados. También tienen claro que quieren ejercer su derecho a opinar y decidir sobre su futuro y consideran que  se está jugando con sus vidas sin tenerles en cuenta.

Estos once menores han trasladado al Síndic que los educadores, con los que la mayoría llevan viviendo varios años, se han convertido en sus únicos referentes que junto a sus compañeros de centro han pasado a ser lo más parecido a una familia. Personas que se preocupan por ellos, que les dan cariño y en las que pueden depositar su confianza; razón por la cual sería muy doloroso tenerse que separar de todos ellos. Asimismo, algunos de los menores han manifestado su temor ante la posibilidad de que les separen de sus hermanos con los que actualmente conviven.

El Síndic se ha pronunciado recientemente, al hilo de una resolución sobre los centros de menores con problemas de conducta, sobre las consecuencias del recorrido que hacen los niños y niñas por distintas medidas, recursos y centros de protección. Algo que el defensor llega a calificar de “maltrato institucional”.  “No olvidemos que son niños y niñas muy dañados a nivel emocional, psicológico que han pasado por vivencias familiares muy duras hasta finalmente encontrarse en desamparo. Cuando pasan a ser tutelados por la Administración, estos menores comienzan otra odisea, el peregrinaje por las distintas medidas, recursos y centros de protección. Todo este vaivén e incertidumbre mantenida sobre su futuro tiene consecuencias irreversibles en su desarrollo emocional y cognitivo.”