El acoso escolar no es algo nuevo, sin embargo, el incremento progresivo del número de casos y la gravedad de los mismos han convertido este tipo de violencia en uno de los problemas más delicados a los que se enfrentan los menores, sus familias y las escuelas en la actualidad.

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, se ha dirigido al Ayuntamiento de Catral para pedirle que adopte las medidas necesarias para garantizar la aplicación efectiva del principio de igualdad y no discriminación de todos los vecinos y vecinas del municipio a la hora de utilizar las instalaciones deportivas municipales.

Así concluye la resolución del defensor del pueblo valenciano ante la queja presentada por los miembros de un club de futbol en relación al uso de las instalaciones deportivas municipales. En este sentido, los afectados manifestaban que su club está registrado en la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana y que venían solicitando sin éxito dichas instalaciones para llevar a cabo los entrenamientos y partidos oficiales.

Sobre este asunto, el Ayuntamiento de Catral informó al Síndic que no disponen de instalaciones suficientes para atender la solicitud de los interesados, puesto que las actuales se encuentran adscritas al otro club de fútbol de la localidad que viene haciendo uso  de ellas desde hace más de treinta años.

El Síndic, por su parte, tras recordar la normativa vigente de aplicación en este asunto, razona que el acceso a las instalaciones deportivas municipales tiene que atender a los principios de igualdad y no discriminación. El hecho de que con anterioridad las instalaciones hayan sido empleadas por el que era, hasta el momento, el único club que existía en la localidad no puede ser considerado como un argumento suficiente para otorgarle un mejor derecho de uso frente a nuevos clubs y, con ello, concederle el uso en exclusiva de las instalaciones deportivas.

De esta forma, el Síndic se muestra partidario de arbitrar fórmulas que permitan la participación, en régimen de igualdad, de toda la ciudadanía en este ámbito y, con ello, el adecuado y racional acceso de los mismos a las instalaciones de carácter municipal.

Ver el contenido de la resolución del Síndic sobre este asunto. 

El adjunto segundo del Síndic de Greuges, Carlos Morenilla, ha visitado esta semana varios centros específicos para menores con problemas de conducta en la Comunidad Valenciana. En concreto, ha visitado el Centro Baix Maestrat de Vinaròs, el Centro Anassim en Llanera de Ranes y el Centro Campanar de Valencia.

El motivo de las visitas es recabar información de primera mano para la tramitación de una investigación de oficio que está llevando a cabo el Síndic de Greuges para conocer la actuación de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas para adaptar a la nueva normativa el funcionamiento e intervención sobre menores con problemas de conducta acogidos en centros de protección específicos.

Este tipo de investigación de oficio en relación con el colectivo de menores en centros de protección o reforma es una actuación que el defensor del pueblo valenciano realiza de forma periódica, pues se trata de personas menores de edad que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad. 

El Síndic de Greuges abrió una queja de oficio el pasado mes de abril para conocer las modificaciones que estaba desarrollando la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, de manera transitoria y hasta la implantación de un nuevo modelo, mediante las cuales pasaba a asignar funciones de valoración de las personas en situación de dependencia a las trabajadores sociales de los Servicios Municipales de Atención a la Dependencia (SMAD). Como punto de partida, la iniciativa se ha empezado a desarrollar de forma pionera en los Ayuntamientos de la provincia de Alicante y progresivamente se extenderá el citado encargo a los Ayuntamientos de las provincias de Valencia y Castellón.

Uno de los datos que arroja la investigación llevada a cabo por esta institución es que tan solo un 56,2% de las personas valoradas como dependientes reciben las prestaciones a las que tienen derecho reconocido, lo que pone en evidencia que la demora más significativa en todo este proceso se produce en la Resolución PIA, es decir, en la asignación de prestaciones concretas que conlleva, necesariamente, la disponibilidad del presupuesto.

El Síndic de Greuges comparte con la Conselleria el indiscutible beneficio que supone, por su proximidad y conocimiento cercano de las necesidades de la ciudadanía, que los servicios sociales municipales se encarguen de la valoración de las personas que solicitan las ayudas de la dependencia. No obstante, los datos ofrecidos por los ayuntamientos consultados por el Síndic (todos ellos con una población superior a 30.000 habitantes, en los que se acumula el 48% de las solicitudes pendientes de valoración) son desoladores y el número de solicitudes valoradas hasta la fecha de acuerdo con los mismos es insignificante.

Los informes recibidos por los ayuntamientos analizados evidencian las dudas e inseguridades jurídicas expresadas por algunos de ellos, así como la dificultad para iniciar los procedimientos de valoración, en parte por la imposibilidad de acceder a los datos de las aplicaciones que la Conselleria utiliza para la gestión de la dependencia. Igualmente, los ayuntamientos echan en falta instrucciones respecto a la forma de actuar para desbloquear la situación y ordenar el procedimiento de valoración (descentralizado solo en parte).

Otra preocupación que comparten las entidades locales consultadas es que el coste económico derivado de las nuevas tareas excede al importe de la subvención de la Conselleria. Además no esconden su inquietud por la obligación de desempeñar una función de coordinación que afecta a otros municipios de la comarca y para la que no existe respaldo legal.  Todo ello sin saber si habrá continuidad del procedimiento a partir del 1 de enero del 2017.

Por todo lo expuesto y de acuerdo con los datos facilitados por todas las partes, el Síndic de Greuges ha formulado una serie de recomendaciones.

MEDIDAS NORMATIVAS Y ENCOMIENDA DE GESTIÓN

Entre las medidas recomendadas, el Síndic urge a adoptar medidas normativas y organizativas necesarias para que se puedan iniciar las funciones de valoración de acuerdo con el nuevo marco de competencias previsto por la Conselleria. La asignación de nuevas competencias se formalizó mediante la resolución de concesión de subvención anual para la financiación de los servicios sociales especializados de Atención a la Dependencia, ampliando las obligaciones que ya venían desempeñando y añadiendo la obligación de realizar la valoración de situación de dependencia.

Por eso, esta institución estima oportuno que esta nueva tarea esté formalizada en un documento de encomienda de gestión, en el que se detalle el alcance, contenido, condiciones, duración y control de eficiencia que se reserva la Conselleria, así como los medios personales, materiales y económicos que se asignen para ello.

CARÁCTER MULTIPROFESIONAL DE LOS EQUIPOS y ÓRGANOS TERRITORIALES DE VALORACIÓN

Asimismo, el defensor valenciano insta a garantizar el carácter multiprofesional  de los equipos de valoración y de los informes de evaluación que dan lugar a los dictámenes técnicos de valoración de dependencia.

A modo de sugerencia, el Síndic también plantea a la Conselleria la profundización del proceso de descentralización con la creación de órganos territoriales de valoración que permitan una mayor celeridad en la gestión y proximidad en los procesos de toma de decisiones.

REVISIÓN MODELO FINANCIACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA

El Síndic también reclama la revisión del modelo de financiación previsto en la Ley de Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia con el fin de hacer viable su aplicación efectiva.

Por último, de la información facilitada al defensor se desprende que estas medidas que, a modo de proyecto piloto han sido implantadas en la provincia de Alicante, carecen de mecanismos de evaluación conocidos, por lo que insta a establecer dichas evaluaciones que permitan juzgar la experiencia iniciada en la provincia de Alicante,  detectando los puntos fuertes y puntos de mejora para su posterior corrección e implantación en todo el territorio de la Comunitat Valenciana.

Consulta la resolución del Síndic sobre este asunto. 

Hoy ha sido una jornada especial en el Síndic. Durante unas horas hemos dejado a un lado los expedientes de queja y nuestros menesteres habituales para rendir homenaje a los trece estudiantes que han resultado premiados en la edición de este año de los concursos de dibujo y redacción del Síndic de Greuges. Un certamen dedicado expresamente para promocionar los derechos humanos entre los escolares de primaria y secundaria de toda la Comunidad Valenciana.

Queremos agradecer de manera muy especial a todos aquellos profesores, maestros, así como padres y madres que han animado a sus alumnos e hijos a participar en este certamen y que educan día a día en el respeto de los derechos humanos.

El síndic de greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, se ha dirigido  a las tres administraciones afectadas (Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, Consorcio de Residuos de La Marina y al Ayuntamiento de El Campello) para instarles a adoptar medidas “realmente eficaces para eliminar los fuertes olores que están afectando gravemente a la salud de los vecinos durante muchos años”.

Esta es la segunda vez que el defensor del pueblo valenciano ampara las denuncias de los vecinos de La Coveta y Venta Lanuza y pide a la Administración que actúe con firmeza para terminar con las graves molestias que estos llevan padeciendo desde hace muchos años por el intenso hedor emanado de la planta de residuos de Les Cañades en el municipio de El Campello.

Y es que, a pesar de las acciones emprendidas hasta el momento por parte de las Administraciones públicas implicadas, la grave contaminación odorífica no ha desaparecido y las personas afectadas siguen soportando injustamente este problema ambiental, llegando a dañar seriamente la salud de muchas de ellas. Además, el defensor del pueblo valenciano puntualiza que las primeras  quejas llegaron a esta institución hace ya más de 7 años (en 2009) y que “nuestra recomendación emitida en abril de 2011 no se ha cumplido de forma efectiva”. 

Por todo ello, el síndic también estima razonable y oportuno que la Administración cumpla y ejecute con rapidez las propuestas de mejora planteadas por las personas afectadas que se refieren a: el cumplimiento de los acuerdos plenarios del mes de febrero y noviembre de 2015, la dotación de medios materiales y personales a la Unidad de Medio Ambiente de la Policía Local de El Campello para que lleve a cabo labores de vigilancia y  prevención suficientes para evitar que los malos olores persistan; el control de camiones que acceden a la planta de basura; el estudio químico de sustancias y componentes y la compra de un olfotómetro de campo para poder realizar las mediciones y controles para presentar las correspondientes denuncias en caso de no cumplir con la normativa vigente.

Ver el contenido íntegro de la resolución del síndic sobre este asunto. 

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, se ha dirigido a la Universidad de Valencia para recomendarle que “estudie con urgencia una medida que permita que el acceso a las distintas especialidades y centros de prácticas de los alumnos de último curso de Medicina se realice sin menoscabo de derecho alguno”. En este sentido el defensor solicita a la Universidad de Valencia que enmiende un error burocrático “para que ningún alumno se vea perjudicado en una faceta clave para su desarrollo formativo y profesional.

Esta es la respuesta del defensor del pueblo valenciano a las quejas de algunas alumnas y alumnos afectados por un error en la baremación de créditos que alteraba de manera desfavorable el orden de su matrícula. Sustancialmente,  manifestaban su malestar por lo que estimaban una actuación injusta por parte de la Universidad de Valencia, que suponía una discriminación para algunos alumnos de último curso de Medicina.

Y es que este año, por primera vez, el Rectorado emitió una Orden a finales de julio con la finalidad de que los alumnos que habían cursado asignaturas vía ERASMUS o SICUE y cuyas notas les llegaban con posterioridad actuasen como si los créditos cursados hubieran sido superados en su totalidad, asignándoles cita de matrícula según esta previsión.

El citado criterio de corrección (contabilizar como aprobados todos los créditos) se aplicó a todos los alumnos ERASMUS y SICUE, incluso a aquellos que ya habían entregado sus notas y que, por tanto, ya tenían sumados los créditos superados. De esta manera sumaban dos veces los créditos.

Teniendo en cuenta que los créditos totales superados en la titulación suponen un 25% en el orden de la fecha  y hora de matriculación, las personas afectadas denunciaban que se estaba ofreciendo una ventaja injusta a los alumnos que habían cursado créditos el curso pasado en el exterior. Esta circunstancia perjudicaba especialmente a los alumnos de sexto curso de Medicina puesto que han de escoger hospital y las especialidades (con plazas muy limitadas), donde harán las prácticas durante todo el curso.

En el informe remitido al Síndic por la Universidad de Valencia, se aclaraba que durante los últimos años habían recibido quejas por parte del alumnado que participaba en programas de movilidad en relación al orden de matriculación, ya que la incorporación tardía de sus notas al expediente por causas ajenas a la Universidad les causaba una desventaja frente al resto. Por eso, este año habían decidido realizar una pequeña modificación que subsanara dicho perjuicio. No obstante, la propia Universidad de Valencia reconocía en su informe al Síndic que “se ha producido un error en la incorporación de las notas (…) que en algunos casos ha beneficiado a los estudiantes ERASMUS frente al resto”. Pero que, una vez analizado el impacto del mismo en la fecha y hora asignada para hacer la matrícula se había llegado a la conclusión de que el perjuicio para el resto de estudiantes “no había sido muy significativo”.

Y es eso en lo que los alumnos afectados discrepan, y mantienen que en tan solo un margen de media hora en el orden de matrícula ya se agotan las especialidades de libre elección que son las que condicionan la posibilidad de elegir unas u otras, además del centro hospitalario.  Según los afectados, una pequeña alteración en el orden de matrícula, sí que condiciona a la hora de escoger especialidad y hospital. Asimismo, lamentan que el gran esfuerzo realizado a lo largo de la carrera para labrar sus expedientes se pueda ver perjudicado por un error burocrático, que no depende de ellos.

La Resolución del Síndic sobre este asunto está disponible en nuestra web.  

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, como garante de los derechos de la infancia y adolescencia en la Comunidad Valenciana, ha calificado hoy de inmorales y lamentables los comentarios difundidos por redes sociales que deseaban la muerte al pequeño Adrián, un niño de ocho años que está luchando contra un cáncer. De esta forma, el defensor valenciano condena de forma rotunda este tipo de mensajes cuyo contenido supone una clara vulneración de los derechos reconocidos a la infancia por la Convención sobre los derechos del niño (ONU 1989)

La actuación del Síndic no puede limitarse a la reprobación del contenido de estos mensajes a los que nos referimos. Por este motivo , cumpliendo con las funciones que le atribuye la Ley que regula su funcionamiento, ha comunicado formalmente los hechos ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Valencia, solicitando el inicio de actuaciones por si los hechos pudieran ser constitutivos de un delito de incitación al odio y a la violencia.

En ningún caso se debe permitir la impunidad de aquellos actos que atentan contra el respeto a los Derechos Humanos y máxime cuando la persona afectada es un niño que además sufre una grave enfermedad.

Hoy lunes, 10 de octubre, se celebra en más de 100 países, el Día Mundial de la Salud Mental, una iniciativa puesta en marcha desde la Federación Mundial de la Salud Mental.

El Síndic de Greuges  de la Comunitat Valenciana quiere unirse a esta conmemoración exigiendo el reconocimiento efectivo de los derechos que todas las personas con problemas de enfermedad mental tienen reconocidos por la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad (ONU, 13 de diciembre de 2006).

Hoy también queremos reconocer y agradecer la dedicación y el compromiso de todas las entidades, familiares y profesionales, que trabajan día a día con el fin de lograr el completo cumplimiento de la Convención a las personas con problemas de salud mental.

Por nuestra parte, queremos recordar que la lucha por conseguir mayores niveles de calidad en las políticas que las administraciones públicas deben poner en funcionamiento para la atención a personas con problemas de salud mental es una constante en la actividad del Síndic de Greuges; nuestro Informe Especial “La Atención Residencial a Personas con Problemas de Salud Mental en la Comunitat Valenciana”, presentado en Les Corts el pasado mes de mayo, es un ejemplo más de nuestra implicación y compromiso en la defensa de sus derechos. Las treinta y una recomendaciones que contiene el Informe Especial, se hicieron llegar a las Instituciones implicadas al objeto de que se pronunciaran sobre las mismas e informaran respecto a su implantación práctica.

El Síndic de Greuges realiza un seguimiento periódico del nivel de cumplimiento de las recomendaciones emitidas en sus informes y quejas, con una especial dedicación a los colectivos más vulnerables, como el de personas con problemas de salud mental.

Desde el Síndic reconocemos los esfuerzos y felicitamos a la Administración autonómica por la elaboración y publicación de la Estrategia de Salud Mental de la Comunitat Valenciana 2016-2020, documento que viene a cubrir el vacío existente en planificación estratégica de esta materia desde el año 2001; pese a ello, mostramos nuestra preocupación por las importantes dificultades que, en materia de coordinación socio sanitaria, siguen existiendo en la Comunitat Valenciana y que dificultan sobremanera la implantación y eficiencia de los planes estratégicos diseñados.

Igualmente, esperamos que en breve la Administración pueda ponerse al día en los pagos a entidades cuya actividad tiene por objeto la atención a personas con problemas de salud mental. Estas demoras traen como consecuencia retrasos en los pagos de las nóminas de sus profesionales así como de los pagos a proveedores, lo que genera efectos negativos en la calidad de las prestaciones a las personas con problemas de salud mental y por tanto pueden suponer la vulneración de sus derechos.

El síndic de greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha abierto una actuación de oficio para investigar los problemas derivados de la aplicación del programa de banco de libros Xarxa Llibres. La oficina del defensor del pueblo valenciano ha recibido durante el último mes numerosas quejas de madres y padres de alumnos sobre este asunto. Sin embargo, según se desprende de las noticias aparecidas en los medios de comunicación, las quejas llegadas al Síndic no son casos aislados, por lo que esta institución ha decidido con la apertura de esta queja de oficio hacer extensiva la investigación a todo el territorio de la comunidad.

Las familias que se han dirigido al Síndic han puesto de manifiesto que la Administración educativa no está cumpliendo con su compromiso de hacerse cargo de los costes de los libros. Esta circunstancia sumada a que la mayoría de los centros no pueden adelantar el dinero necesario para la adquisición de libros y material curricular hace que el gasto vuelva a recaer en los padres.

Otras de las cuestiones que han llegado hasta el defensor es la originada por la entrada en vigor de la LOMCE, que ha obligado a las familias afectadas a comprar de nuevo lotes completos a pesar de haber devuelto los libros del curso anterior al colegio. Una situación similar es la de los alumnos que repiten curso, a los que no les sirven los libros del año anterior y se ven obligados a su renovación completa.

A juicio de las AMPA que se han dirigido a la institución, la normativa que regula las subvenciones destinadas al funcionamiento de bancos de libros de texto no ha llegado con la previsión necesaria a los centros, lo que ha provocado que algunos de ellos se vieran obligados al “copago” para completar los lotes de libros. Esta misma premura también ha ocasionado falta de organización y el aumento del volumen de trabajo de los equipos directivos de los centros y del personal docente de los mismos al inicio de este curso.

Ante las críticas sociales ocasionadas por la aplicación del programa Xarxa Llibres  y el hecho de que, casi un mes después del inicio del curso, siga habiendo alumnos que no disponen de todo el material escolar ha determinado la decisión del Síndic de iniciar una queja de oficio dirigida a la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte.