El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana se ha dirigido al Ayuntamiento de Alicante para recomendarle que adopte todas las medidas legales que sean necesarias para eliminar la contaminación acústica que padecen injustamente los vecinos por los ruidos generados por los motores de un hipermercado y por las actividades de carga y descarga de mercancías con vehículos de gran tonelaje.

De esta forma responde el defensor del pueblo valenciano a un ciudadano que denunció ante esta institución las insoportables molestias acústicas que padece en su vivienda como consecuencia de la actividad de este establecimiento. Según el afectado, los motores que tiene instalados el supermercado funcionan las 24 horas del día  todos los días del año, emitiendo ruidos de diferente volumen según época del año y condiciones meteorológicas, por lo que no se trata de un problema puntual de ruidos, sino de una modificación del medio ambiente. A estas molestias se les une la actividad diaria de carga y descarga de los camiones frigoríficos para abastecer dicho supermercado, lo que “perturba de manera importante el modo de vida” de los afectados, obligándoles a vivir con las ventanas cerradas e impidiéndoles el uso y disfrute del jardín. 

Sobre este asunto, el consistorio alicantino informó al Síndic de los resultados negativos de una primera medición y adelantó al defensor que, ante la reiteración de la denuncia, ha solicitado una comprobación de la misma.

Respecto a los problemas de ruido, desde el Síndic no nos cansamos de repetir que, tal y como vienen declarando los tribunales de justicia, la contaminación acústica por encima de los límites legales inciden perniciosamente sobre el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio, así como los derechos constitucionales a la protección de la salud, a un medio ambiente adecuado y a una vivienda digna. Por lo que resulta totalmente ineludible su firme protección por parte de los poderes públicos.

Con el objeto de evitar las molestias acústicas causadas injustamente a los vecinos afectados, la normativa vigente valenciana establece que, previa audiencia al interesado, se podrá declarar la clausura y cierre del local, así como requerir la adopción de medidas correctoras que eviten las molestias. Igualmente, dicha legislación habilita a los ayuntamientos para ordenar la suspensión inmediata del funcionamiento de la fuente perturbadora hasta que sean corregidas las deficiencias existentes.

En el caso que nos ocupa, al Síndic no le consta que la actividad cuente con el preceptivo permiso municipal para utilizar vehículos con peso superior a 12 toneladas. De la misma manera, el defensor recuerda que está prohibida la realización de operación de carga y descarga que superen en horario nocturno, en las zonas residenciales o de uso comunitario y docente los límites legales establecidos.

Consulta la resolución del Síndic sobre este asunto.

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana se ha vuelto a dirigir al Ayuntamiento de Benicarló por segunda vez para que apruebe una ordenanza municipal que regule las plazas de estacionamiento para las personas con discapacidad en su municipio, incluyendo los criterios para otorgar plazas de aparcamiento personalizadas, garantizando así el derecho de estos vecinos a ser atendidos en condiciones de igualdad y objetividad.

El defensor del pueblo valenciano retomó este asunto tras recibir un escrito del ciudadano que originariamente presentó una queja a principios del 2015. En el mismo comunicaba que el ayuntamiento no solo no había cumplido con el compromiso adquirido con el Síndic en septiembre de 2015 de aprobar la norma mencionada, sino que además había suprimido dos plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida tras autorizar la terraza de un bar en dicha zona.

Esta institución es especialmente sensible con problemas de discriminación y con los colectivos más vulnerables entre los que se encuentran las personas con discapacidad. El simple estudio de la normativa que sobre estas personas ha ido surgiendo al amparo de la Constitución pone de manifiesto la obligación ineludible de los poderes públicos de perseguir y garantizar la mejora de la calidad de vida de este grupo heterogéneo de personas. Un colectivo que, en mayor o menor medida, precisa garantías suplementarias para vivir con plenitud de derechos o para participar en igualdad de condiciones en la vida económica, social y cultural. Las personas con discapacidad deben poder llevar una vida normal, accediendo a los mismos lugares, ámbitos, bienes y servicios que están a disposición de cualquier persona normal.

En este caso concreto, el Síndic estima que ha trascurrido un tiempo más que suficiente desde que el Ayuntamiento de Benicarló se comprometió, en septiembre de 2015, a adaptar y mejorar la ordenanza existente,  por lo insta a la corporación a que apruebe sin más dilación dicha norma.

Igualmente, el defensor valenciano entiende que la eliminación de plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida supone un retroceso en las políticas de inclusión de este colectivo, por lo que insta a fijar dos nuevas plazas de estas características salvo que se acredite que las cinco existentes eran excesivas.

Ver contenido íntegro de la resolución del Síndic sobre este asunto.

El síndic de greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, recibió hace unos meses la queja de un vecino de la Ribera Alta en la que, aunque reconocía la buena voluntad del centro educativo, denunciaba deficiencias en la atención a su hijo con una epilepsia resistente a los fármacos.  Durante este curso en 1º de Bachillerato, el menor ha contado con una educadora a media jornada, una dedicación parcial que según el padre no es suficiente por la idiosincrasia de la enfermedad que padece su hijo. Además, desde principios de noviembre, por problemas de ajustes con la medicación, el menor sufre episodios de crisis prácticamente a diario. Ante este nuevo escenario,  la familia dispensó al centro la medicación de rescate (vital para el menor ante una crisis convulsiva) que al poco tiempo le fue devuelta con el beneplácito de la inspección educativa alegando que “no están obligados a la administración de medicamentos”.

Asimismo, el padre también trasladó al defensor del pueblo valenciano varios incidentes que han provocado la apertura de expedientes al alumno y que ilustran la necesidad de una atención permanente para su hijo. Se trata de crisis epilépticas que merman su capacidad de control, lo que provoca estallidos de ira, seguidos de huida y posterior desfallecimiento,  con pérdida de conciencia. 

Por un lado, el Síndic de Greuges aplaude la iniciativa conjunta de la Conselleria de Sanidad Universal y la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de crear un protocolo de atención sanitaria específica al alumnado con enfermedad crónica en centros de educación obligatoria. El citado protocolo supone que cada centro de educación obligatoria dependiente de la administración educativa tienen adscrito un centro de salud de referencia  con el que trabajará de forma coordinada para valorar las necesidades de atención sanitaria de manera particular y establecerán las instrucciones oportunas en cada caso.

Ahora bien, las circunstancias de este caso concreto, avaladas por los múltiples informes médicos y con presencia de crisis de diferentes niveles a lo largo del día, hacen que el menor no pueda permanecer solo en ningún momento ni separarse de su medicación. Por lo que esta institución estima necesario la asistencia de un profesional de apoyo a tiempo completo  para evitar daños irreparables en el menor y no ocasionar situaciones de estrés y tensión tanto al menor como a los compañeros y al profesorado ante las conductas impredecibles del mismo.

Por todo ello, el Síndic de Greuges, ha recomendado a la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte que con carácter de urgencia, dote a este IES de un educador/a a tiempo completo para atender las necesidades vitales del alumno. Igualmente, el defensor también cree necesario que el personal docente del centro en cuestión esté cualificado para una posible intervención sanitaria hacia el mismo. Por último, Cholbi ha instado a que se revisen los expedientes relacionados con este menor, puesto que los episodios de indisciplina podrían responder a una manifestación de su enfermedad y de la medicación pautada y no de actitudes conductuales negativas. 

Asimismo, esta institución viene haciendo suyas las reivindicaciones de asociaciones de padres y madres de alumnos con necesidades educativas especiales que exigen para sus hijos, muchos de ellos enfermos crónicos, una atención que supere cualquier obstáculo y permita su normalización escolar. En definitiva, la dotación de profesionales específicos de apoyo, así como de los recursos materiales y ayudas técnicas precisas para alcanzar los objetivos curriculares legalmente establecidos para todo el alumnado.

Ver contenido íntegro de la resolución del Síndic sobre este caso.

 

 

El síndic de greuges, José Cholbi, ha recibido hoy al president de Les Corts Valencianes en la que ha sido la primera visita de Enric Morera a la sede del defensor del pueblo valenciano. En el acto institucional de hoy también han participado los adjuntos primero y segundo del Síndic, Ángel Luna y Carlos Morenilla, respectivamente.

Durante la visita, Morera ha destacado la importancia de la Sindicatura en tanto que supone “un instrumento muy útil para quejarse y para reclamar los derechos” que la ciudadanía tiene otorgados por ley. Igualmente, el presidente del parlamento valenciano ha reconocido la labor que está llevando a cabo esta institución y la trascendencia “para la arquitectura institucional del Les Corts y de la Generalitat de tener una Sindicatura que trabaja de una forma tan sensible”.

Por su parte, el síndic de greuges, José Cholbi, como alto comisionado de Les Corts Valencianes, se ha mostrado muy orgulloso y satisfecho por la visita de Enric Morera a la institución. Ha destacado la buena sintonía y diálogo que existe con el actual presidente, que ha mostrado siempre “una excelente predisposición y colaboración” a la hora de facilitar la actividad y el trabajo que se lleva a cabo desde la Sindicatura. 

El síndic de greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha recibido con satisfacción la respuesta de la Administración en la que acepta “en su integridad” la recomendación del defensor del pueblo valenciano que urgía impulsar la aprobación del plan especial de protección del Bien de Interés Cultural (BIC) “Conjunto Histórico de Vila Joiosa”.

La actuación del Síndic en este asunto vino motivada por la queja que presentó un ciudadano en la que manifestaba que había transcurrido 12 años desde que el “Conjunto Histórico de Vila Joiosa” fue declarado Bien de Interés Cultural sin que hasta la fecha se haya presentado y aprobado el preceptivo plan especial de protección de dicho BIC.

Desde el Síndic recordamos que el patrimonio cultural valenciano es una de las principales señas de identidad de nuestro pueblo y el testimonio de su contribución a la cultura universal. Por lo tanto, los bienes que lo integran constituyen un legado patrimonial de inapreciable valor, cuya conservación y enriquecimiento corresponde a todos los valencianos y especialmente a las instituciones y los poderes públicos que lo representan, en este caso, a la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, a la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio y al Ayuntamiento de La Vila Joiosa.   

Esta protección del patrimonio viene recogida tanto en la Constitución española que atribuye a los poderes públicos la responsabilidad de garantizar la conservación y enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de España y de los pueblos que la integran, como la ley de Patrimonio Cultural Valenciano que establece la obligación de  Generalitat y las distintas administraciones públicas de la comunidad de colaborar entre sí para la lograr dicha protección.

Consecuentemente, a mediados de mayo esta Institución recomendó a las tres administraciones con competencias en el asunto que, en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptaran las medidas oportunas para impulsar la aprobación del plan especial de protección del Bien de Interés Cultural (BIC) “Conjunto Histórico de Vila Joiosa”.

Adjuntamos resolución del Síndic sobre este asunto. 

El síndic de greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, y la alcaldesa de Xixona, Isabel López, han firmado hoy un convenio de colaboración entre las dos entidades que representan con el objeto de mejorar la protección de los derechos y libertades de las personas. La firma del documento ha tenido lugar en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial y a la misma han asistido miembros de la Corporación municipal y representantes de asociaciones culturales, deportivas y humanitarias, así como el adjunto primero del Síndic, Ángel Luna.

Por su parte, el Ayuntamiento de Xixona se compromete, entre otras cosas, a remitir en tiempo y forma la información requerida por el Síndic en relación con las quejas que se encuentran en tramitación. Asimismo, el consistorio asignará a una persona como interlocutora fija en las relaciones con del defensor valenciano a fin de canalizar y agilizar la colaboración y el intercambio de información y, de esta forma, acortar los tiempos de respuesta, lo que repercutirá directamente en beneficio de ciudadanía.

Del mismo modo, será compromiso del Síndic destacar expresamente la positiva colaboración del Ayuntamiento de Xixona con esta institución en su Informe Anual, publicitar en su página web el resultado de las quejas resueltas de forma favorable para el ciudadano o ciudadana que afecten al consistorio xixonenc, así como mantener un constante intercambio de información con el personal técnico de la Administración local.  

Tanto el síndic como la alcaldesa han expresado su deseo de potenciar y mejorar sus comunicaciones a través de los medios telemáticos para reducir los plazos de resolución de las quejas y de incrementar su colaboración de acuerdo con los principios de cooperación, asistencia, eficacia, información recíproca y lealtad institucional.

Por último, el sindic ha querido agradecer el trabajo del centro ocupacional de Xixona que han elaborado un buzón muy original donde depositar las quejas y sugerencias sobre el funcionamiento del municipio. El buzón es una representación de la Torre Grossa de Xixona, así como de la industria y tradiciones locales. 

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana recibió hace dos meses la queja de un ciudadano relativa a la falta de seguridad en el camino L’Atall en el municipio de Oropesa del Mar. Un vial que, aunque originalmente tenía un carácter rural, en la actualidad es muy concurrido ya que al tratarse de una recta sin obstáculos y sin badenes elevados, según el afectado, se utiliza como alternativa más rápida a la avenida Barcelona que discurre paralela y que está aumentada de badenes, pasos elevados y semáforos.

Aunque en el año 2014 instalaron 4 señales de limitación de velocidad a 30 km/h (dos en cada sentido), la realidad es que “ningún coche las respeta y la mayoría circulan a más de 100 km/h”, lo que ha causado más de un accidente en la zona.

Tras el estudio del expediente de queja, el defensor del pueblo valenciano consideraba que la prevención de los accidentes de tráfico es esencial y debe ser una prioridad por lo que recomendó al Ayuntamiento de Oropesa que, con el objeto de incrementar la seguridad vial del camino L’Atall, instalaran dispositivos reductores de velocidad para conseguir que los vehículos respetaran la limitación de velocidad de 30 km/h.

Esta semana, el Síndic de Greuges ha recibido con satisfacción la aceptación de su recomendación por parte de dicho Ayuntamiento. En la misma, el consistorio comunica al defensor que “en fechas próximas se va a proceder a la instalación de dos dispositivos prefabricados reductores de velocidad”. 

Además van a reforzar la señalización adoptando medidas complementarias tales como: el marcado de líneas laterales y ejes discontinuos para mejor definición de los carriles, el marcador horizontal de velocidad limitada a 30 km/h cada 200 metros, todo ello con material reflectante para facilitar la visibilidad nocturna; instalación de carteles de alta visibilidad fluorescentes con señales de peatones en calzada, etc.

Ver el contenido íntegro de la resolución del Síndic sobre este asunto. 

En el marco de la elaboración del Informe del Síndic sobre la atención integral a la violencia de género, hoy hemos mantenido una reunión de trabajo con expertas de la Universidad de Alicante y profesionales que atienden en los diferentes niveles de intervención a las víctimas en la Comunidad Valenciana.

En el encuentro de hoy, hemos puesto en común y hemos debatido sobre los recursos y procesos existentes que favorecen la consecución de los objetivos y también aquellos que suponen una barrera para los mismos. De la misma forma, hemos profundizado sobre los aspectos externos (bien de carácter legislativo, económico o de coordinación) que favorecen u obstaculizan el buen funcionamiento de la red de atención a las víctimas de violencia de género. 

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha solicitado a las tres Administraciones implicadas (Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, Conselleria de Vivienda y Obras Públicas y Vertebración del Territorio  y Ayuntamiento de Orihuela) que, en el ámbito de sus respectivas competencias, adopten todas las medidas necesarias para evitar el ejercicio de la actividad de una planta de basuras de Orihuela por ser incompatible con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), no tener ni la declaración de interés comunitario ni las preceptivas licencias ambientales y de tratamiento de residuos. Asimismo le urge a ordenar la reposición o restauración de las cosas al ser y estado anteriores a las infracciones cometidas y a resolver los correspondientes expedientes sancionadores. 

El defensor del pueblo valenciano abrió una queja de oficio después de tener conocimiento a través de los medios de comunicación de la denuncia de Greenpeace por la existencia de una planta de basuras que estaba funcionando sin licencia en la zona conocida como “Vereda de las Puntas” de Orihuela. De este modo, Cholbi solicitó informes sobre este asunto tanto al Ayuntamiento de Orihuela como a la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural. 

En su contestación, la administración local reconocía que no se podía autorizar la actividad puesto que necesitaría la obtención previa de una declaración de interés comunitario, para lo que haría falta una superficie mínima de 1 hectárea con la que no cuenta. Además, dicha actividad se encuentra entre las consideradas incompatibles con el PGOU/90 de Orihuela.

Por su parte, la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio climático y Desarrollo Rural confirmaba al Síndic que la mercantil carecía de autorización administrativa para el tratamiento de residuos en las instalaciones referidas y que estaban a la espera del informe de ratificación de la policía para resolver el procedimiento sancionador.

De acuerdo con el Síndic, esta situación debe ser abordada desde una perspectiva tanto urbanística como ambiental. “Nos encontramos ante el ejercicio de una actividad incompatible con el PGOU de Orihuela y que, además, se está desarrollando en suelo no urbanizable sin la preceptiva declaración de interés comunitario, cuyo otorgamiento, al parecer, tampoco es posible por no cumplir con el requisito de la superficie mínima. Tampoco constan las autorizaciones ambientales ni la de tratamiento de residuos, lo que la ley contempla como infracción muy grave.”

Consulta el contenido íntegro de la resolución del Síndic sobre este asunto.

 

 

Actualmente, estamos siendo testigos de la mayor crisis humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial; una situación que afecta de manera especialmente drástica a miles de menores que huyen del horror de la guerra, de la miseria y del miedo. Niños y niñas que en muchos casos se ven obligados a iniciar este éxodo en solitario o que durante el tránsito en busca de una vida digna pierden a sus seres más queridos. Ante tanta vulnerabilidad, los Estados no pueden pasar por alto los compromisos internacionales adquiridos sobre los derechos de estos menores a una especial protección y auxilio.

Hoy también queremos visibilizar el sufrimiento de las niñas y niños víctimas de violencia de género. La nueva ley del menor les confiere una mayor protección al considerarlos víctimas directas de esta violencia dentro del hogar, una violencia que no es necesariamente física sino que en muchos casos es psicológica y emocional, ocasionando a los menores daños y secuelas a corto y largo plazo. Desgraciadamente, existen muchos más tipos de agresiones tales como la explotación sexual, la pedofilia, la pornografía infantil…  Demasiadas niñas y niños siguen siendo víctimas de la tortura, de conflictos armados, de trabajos forzados o de abandono.

Es una obligación ineludible de los poderes públicos evitar y perseguir todas estas violaciones intolerables de los derechos más básicos de los menores y dar cumplimiento a todas leyes y tratados internacionales que establecen como prioridad el interés superior del menor. La sociedad, por su parte, también juega un papel importante en este grave problema, denunciar los abusos y no ser cómplice con nuestro silencio, tolerancia o pasividad.