El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana ha organizado una Jornada bajo el título “La Defensa del Derecho Fundamental a una Buena Administración”, que se ha celebrado hoy en el Museo Arqueológico de Alicante, en la que expertos en la materia han analizado el cambio de paradigma en las relaciones entre la ciudadanía y la Administración.
El síndic de Greuges, Ángel Luna, y la vicepresidenta segunda del Consell y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, han sido los encargados de inaugurar este encuentro al que han asistido cerca de 200 personas.
En su intervención, Luna ha mostrado su preocupación por las quejas que recibe esta institución relacionadas con la falta de respuesta, las demoras en resolver o la petición de documentación que ya tiene la Administración, entre otras cosas. En muchas ocasiones, estas deficiencias en la tramitación de expedientes afectan a las personas más vulnerables.
El síndic ha lamentado que en estas actuaciones recurrentes «muchas veces solo se requiere un esfuerzo mínimo por parte del empleado público». Por ello, ha insistido en la importancia de positivizar, con normas éticas y de conducta, las obligaciones de los empleados públicos, no sólo de los altos cargos y dirigentes políticos. Asimismo, se ha mostrado partidario de aprobar una ley autonómica que garantice el cumplimiento real y efectivo del derecho a una buena administración.
Por su parte, la vicepresidenta segunda ha señalado durante su intervención, que el derecho a una buena administración engloba, entre otros, el derecho a “un tratamiento equitativo e imparcial de los asuntos administrativos y a una respuesta en un plazo razonable, así como a recibir servicios públicos de calidad”. Además, ha puesto en valor la labor del Síndic de Greuges como garante de estos derechos y también su trabajo en la prevención de una mala administración en la Comunitat Valenciana.
La construcción del derecho a una buena administración
La primera ponencia ha corrido a cargo del catedrático de Derecho Administrativo de la Universitat de Barcelona, Juli Ponce Solé, que ha alertado de «la falta de calidad institucional y del amplio margen de mejora de las Administraciones Públicas». Ponce ha señalado que «la buena gestión pública nos permite tener resultados que se traducen en valor público, en impactos positivos para el bienestar de la sociedad. En definitiva, en la garantía de los derechos y las libertades de la ciudadanía».
La jueza del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, María Lourdes Arastey, ha indicado durante su intervención que la buena administración es un precepto incluido en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, calificándolo de derecho subjetivo, «un principio general del Derecho y un valor de la Unión Europea». También ha reclamado el derecho de la ciudadanía a no tener que verse obligada a litigar para poder satisfacer sus derechos.
La última ponencia de la mañana ha corrido a cargo del magistrado del Tribunal Supremo Dimitry Teodoro Berberoff, que ha incidido en que el valor añadido de la buena administración es ser un principio de interpretación y un criterio orientador de las normas jurídicas.
Mesa redonda: ¿Se aplica el derecho a una buena administración?
Durante la sesión vespertina, ha tenido lugar una mesa redonda en la que los ponentes, moderados por el adjunto segundo del Síndic, Carlos Castillo, han compartido sus experiencias sobre la aplicación del derecho a una buena administración desde sus respectivas organizaciones. En ella han participado: Bárbara Aranda Carles, jefa adjunta en el Servicio Jurídico de la Agencia Tributaria; Álvaro Martínez Ávila, abogado General de la Abogacía de la Generalitat Valenciana; Eva Gutiérrez Casbas, directora del Área de lo Contencioso de la Diputación Provincial de Alicante; e Ignacio Gally, decano del Colegio de Abogados de Alicante.
Finalmente, el síndic, Ángel Luna, se ha encargado de clausurar la jornada y exponer las conclusiones más importantes de todo lo dicho por los expertos.
