El Síndic recomienda a Chóvar eliminar tarifas discriminatorias en la piscina municipal

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha recomendado al Ayuntamiento de Chóvar que revise y modifique la ordenanza reguladora de las tasas de la piscina municipal para garantizar un trato igualitario a todas las personas usuarias, con independencia de que estén o no empadronadas en el municipio.

La institución considera que establecer precios diferenciados por razón de empadronamiento vulnera el principio constitucional de igualdad y no resulta conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que sólo admite diferencias tarifarias cuando existan razones objetivas, proporcionadas y debidamente justificadas, como criterios económicos, y siempre con respaldo normativo adecuado.

Además, el Síndic insta al Ayuntamiento a responder de manera clara y motivada a las reclamaciones presentadas por la ciudadanía, recordando que la falta de contestación vulnera el derecho a una buena administración y el deber legal de resolver en plazo los escritos presentados ante la Administración.

Estas recomendaciones se producen tras la tramitación de una queja presentada por un representante de los residentes del municipio, en la que se denunciaba tanto la aplicación de bonificaciones a favor de las personas empadronadas como la ausencia de respuesta municipal a una reclamación previa.

Durante la investigación, el Ayuntamiento no remitió la información solicitada por el Síndic ni respondió a los requerimientos efectuados. Ante esta situación, el Síndic ha dejado constancia de la falta de colaboración del consistorio y recuerda que las administraciones públicas están obligadas a colaborar con esta institución y a responder justificadamente sobre la aceptación o rechazo de sus recomendaciones.

Consulta el expediente de queja sobre este asunto:

Conselleria se compromete con el Síndic a reforzar personal y agilizar trámites para reducir el atasco en valorar la discapacidad

La valoración oficial del grado de discapacidad es un paso imprescindible para acceder a ayudas, prestaciones y derechos sociales. Sin embargo, en la Comunitat Valenciana, decenas de miles de personas llevan más de un año esperando a que su expediente sea revisado. Esta situación ha generado un gran malestar social y un notable incremento de quejas ciudadanas relacionadas con este problema desde 2024.

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha cerrado hoy su investigación de oficio sobre las graves demoras en la valoración de la discapacidad con el compromiso de la Conselleria de Servicios Sociales de aceptar algunas de las recomendaciones propuestas para atajar el problema.

El defensor propuso nueve recomendaciones a la Conselleria, entre las que destacan la necesidad urgente de reforzar los recursos humanos, crear más equipos de valoración, acelerar la implantación de la nueva herramienta informática y mejorar la información a los solicitantes sobre los plazos de resolución de sus expedientes

Servicios Sociales ha aceptado seis de estas recomendaciones, aunque sin concretar plazos de cumplimiento. Cabe señalar que la Administración autonómica se ha comprometido a la contratación temporal de 24 nuevos profesionales para reforzar los Centros de Valoración y Orientación de Discapacidad en Castellón, Valencia y Alicante; a aprobar una nueva orden reguladora del procedimiento; a acelerar la implantación de una aplicación informática que facilite la gestión; y a colaborar con las organizaciones sociales del sector para mejorar la atención y el asesoramiento a las personas con discapacidad.

La Conselleria espera que estas medidas ayuden a reducir el volumen de expedientes pendientes, que supera los 61.000 en toda la Comunitat, según la información que ha proporcionado a esta institución. Una cifra que refleja la gravedad de la situación y la necesidad de adoptar medidas eficaces y urgentes.

Por contra, la Administración ha rechazado la recomendación de informar de manera individual a cada solicitante sobre el tiempo estimado para la resolución de su expediente, alegando que supondría una carga administrativa extra no prevista en la ley. También descarta crear más equipos de valoración a nivel de departamentos sociales y emitir resoluciones provisionales para quienes están pendientes de revisión, medidas que el Síndic considera razonables y necesarias para garantizar una buena administración y reducir la incertidumbre de las personas afectadas.

Luna ha recordado que el tiempo medio de espera para la valoración de la discapacidad es actualmente de un año y medio. Además, ha anunciado que hará un seguimiento del cumplimiento de las medidas aceptadas.

Consulta la resolución del Síndic sobre este asunto.

El Síndic advierte del riesgo de utilizar y estigmatizar a los menores migrantes en el debate político valenciano

La X Jornada sobre Infancia y Adolescencia, celebrada en Alicante, reúne a expertos que reivindican el respeto y los derechos de los jóvenes migrantes y abordan su integración

En plena negociación política para la investidura del nuevo presidente de la Generalitat Valenciana, el síndic de Greuges de la Comunitat, Ángel Luna, ha advertido sobre el riesgo de convertir a los menores migrantes en objeto de controversia y estigmatización. Durante la X Jornada sobre Infancia y Adolescencia, celebrada en la Universidad de Alicante, Luna subrayó que “no se puede negociar con el respeto a los derechos de los niños”, recordando que la protección de los más vulnerables debe prevalecer sobre cualquier interés partidista. El defensor insistió en que los menores migrantes no representan una amenaza ni una carga para la sociedad valenciana, sino que buscan oportunidades y merecen ser acogidos e integrados con dignidad.

La Facultad de Educación de la Universidad de Alicante acogió ayer la X Jornada del Síndic de Greuges sobre Infancia y Adolescencia, centrada en la acogida e integración de menores migrantes sin referentes familiares. El encuentro reunió a destacados expertos y profesionales del ámbito social, quienes analizaron los desafíos y buenas prácticas en la atención a estos jóvenes.

La conferencia inaugural estuvo a cargo de Elena Arce, directora del Área de Migraciones e Igualdad de Trato del Defensor del Pueblo de España, quien ofreció datos actualizados sobre menores migrantes no acompañados recogidos en el Informe del Defensor del Pueblo. Arce subrayó la importancia de garantizar la protección y el acompañamiento de estos menores, destacando la necesidad de políticas integrales y coordinadas.

A continuación, intervino Violeta Quiroga, trabajadora social y profesora de la Universidad de Barcelona, quien defendió la integración de los jóvenes migrantes en la sociedad española: “Necesitamos mano de obra extranjera, nuestra sociedad está envejeciendo, y qué mejor que los jóvenes que han llegado cuando eran muy jóvenes porque crecieron en nuestras casas.”

La mesa redonda contó con la participación de Calixto Herrera Rodríguez, de la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia del Gobierno de Canarias, y Juan Antonio Fuster Sánchez, director de la residencia Buenavista de Gandía (Fundación Amigó), quienes compartieron experiencias sobre la acogida y la intervención con menores migrantes en diferentes comunidades autónomas.

Ignacio Fariña Sarasqueta, director de Acogida e Integración de las Personas Inmigrantes del Gobierno Vasco, presentó la experiencia de éxito de un programa de apoyo a la emancipación de jóvenes migrantes en situación de riesgo social, destacando la Estrategia TRAPEZISTAK.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue el testimonio de Bader Hamdidi, joven marroquí de 18 años que llegó a España con 14 tras una dura travesía en patera. Bader relató su experiencia en centros de acogida, su formación y su integración laboral en la Comunitat Valenciana. “Venir a España está bien porque hay más oportunidades, pero no merece la pena tirarse al mar”, afirmó. Su historia sirvió para poner rostro y voz a la realidad de los menores migrantes y para reivindicar la importancia de la acogida y el acompañamiento en su proceso de integración.

La jornada concluyó con la intervención institucional de Ángel Luna, síndic de Greuges, quien reiteró la necesidad de defender los derechos de la infancia y la adolescencia, recordando que la protección de los menores migrantes es una responsabilidad compartida que debe estar por encima de cualquier debate político.

El Síndic recuerda a Vila-real su obligación de reservar plazas para personas con discapacidad en las ofertas de empleo público

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha recordado al Ayuntamiento de Vila-real que debe reservar al menos un 10 % de las plazas en sus ofertas de empleo público para ser cubiertas por personas con discapacidad, con independencia del sistema selectivo utilizado.

Así se recoge en dos resoluciones dictadas por el Síndic tras las quejas por la falta de esa reserva en las ofertas de empleo público ordinaria y complementaria aprobadas en 2022 por el Ayuntamiento, ambas destinadas a la estabilización de empleo temporal: una con 100 plazas y otra con 34.

El Ayuntamiento trasladó al Síndic que esa reserva no era aplicable a los procesos de estabilización por concurso de méritos previstos en la Ley 20/2021, de medidas urgentes para reducir la temporalidad en el empleo público. También señalaba que la plantilla municipal ya cumplía con la obligación de que al menos el 3 % de sus plazas estén ocupadas por personas con diversidad funcional y que las ofertas de empleo público ordinarias de 2022, 2023 y 2024 sí respetaron el cupo del 10 %.

El Síndic, en cambio, rechazó esta interpretación y consideró vulnerado el derecho de acceso al empleo público del colectivo de personas con discapacidad, ya que no se les permitió participar en procesos selectivos reservados en exclusiva, que debían suponer al menos el 10 % del total de plazas ofertadas. Además, Luna recordó que la Ley 4/2021, de la Función Pública Valenciana, obliga a reservar ese porcentaje mínimo en todas las ofertas de empleo público, con independencia del sistema selectivo que se utilice.

Tras analizar la respuesta municipal, el Síndic concluye que el Ayuntamiento no ha atendido sus recomendaciones, ya que no se pronuncia expresamente sobre las ofertas de estabilización objeto de las quejas y se limita a reiterar que cumple la normativa en las ofertas ordinarias.

Consulta las resoluciones del Síndic sobre este asunto:

Los Defensores del Pueblo reclaman medidas urgentes contra el riesgo suicida y la segregación escolar

Las Defensorías del Pueblo han concluido en Zaragoza sus XXXVIII Jornadas de Coordinación, organizadas por la Justicia de Aragón, con la aprobación de las Conclusiones Técnicas sobre “Vulnerabilidad en las aulas”, un documento que subraya la obligación de las Administraciones públicas de garantizar la equidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades en el sistema educativo, adoptando medidas urgentes frente al riesgo suicida, la segregación escolar y el acoso.

En el marco de esas jornadas, el síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, fue el encargado de dirigir la mesa redonda titulada “Acoso y soledad en la infancia y la adolescencia”. Asimismo, el técnico de Educación del Síndic, Pedro García, intervino en otra de las mesa redonda en la que se analizaron los recursos y estrategias necesarios para atender al alumnado más vulnerable.

Las conclusiones aprobadas recogen quince recomendaciones dirigidas a las Administraciones educativas y sanitarias, entre las que destacan:

Garantizar la equidad y la inclusión en todas las etapas educativas, promoviendo la escolarización en centros ordinarios y considerando la educación especial como excepcional y subsidiaria.
Asegurar la detección precoz y la atención temprana del alumnado con necesidades educativas especiales, dotando de recursos personales y materiales suficientes.
Prevenir los problemas de salud mental y el riesgo suicida en adolescentes y jóvenes, extremando la coordinación entre los ámbitos educativo, sanitario y social.
Reforzar la lucha contra el acoso escolar, con un mensaje de “rechazo absoluto” a toda forma de violencia y dotando de medios al Coordinador o Coordinadora de bienestar y protección del alumnado.
Evitar la segregación escolar, estableciendo medidas para una distribución equilibrada del alumnado vulnerable en los procesos de admisión y mejorando la acogida y la inclusión.
Promover la gratuidad de la educación infantil (0-3 años) y garantizar una oferta suficiente de plazas de calidad.
Definir criterios pedagógicos sobre el uso de dispositivos móviles y tecnologías digitales (TRIC), asegurando que la implantación de la Inteligencia Artificial respete los derechos humanos y la igualdad de oportunidades.

Las Defensorías del Pueblo concluyen que la educación, como derecho fundamental debe ser garantizada en condiciones de igualdad para todos los niños, niñas y adolescentes, con especial atención a quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad.

Consulta el documento completo de las Conclusiones de las XXXVIII Jornadas de Coordinación de Defensores del Pueblo.

El Síndic reclama al Ayuntamiento de Alicante espacios dignos y una mejor coordinación para el reparto de alimentos a personas vulnerables

Luna propone habilitar locales municipales, reforzar la colaboración con entidades sociales y aumentar las ayudas económicas

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, urge al Ayuntamiento de Alicante a adoptar medidas concretas que garanticen que el reparto de alimentos a personas en situación de vulnerabilidad se realice en condiciones dignas, seguras y coordinadas, tras constatar que la falta de recursos y de planificación municipal obliga a decenas de personas a depender de la solidaridad ciudadana en plena vía pública.

La actuación de oficio del Síndic —iniciada a raíz de la comunicación de la Red de Entidades para la Atención de Personas Sin Hogar de Alicante (REPASHA)— pone de manifiesto que el reparto de alimentos en la calle responde a una necesidad social no cubierta por la administración. El informe destaca que, ante la desaparición progresiva de comedores sociales y la insuficiencia de los recursos municipales, son las entidades sociales quienes atienden cada día a entre 150 y 200 personas que no pueden costearse su alimentación básica.

El defensor advierte que la ausencia de espacios adecuados y la falta de coordinación entre el Ayuntamiento y las organizaciones sociales genera riesgos sanitarios, problemas de seguridad y molestias vecinales. Por ello, recomienda al consistorio habilitar locales municipales y ofrecer soporte logístico —como carpas, vallas o recursos materiales— para que el voluntariado pueda desempeñar su labor en condiciones óptimas y respetuosas con la dignidad de los beneficiarios.

Asimismo, Luna insta al Ayuntamiento a reforzar la colaboración con REPASHA, convocando reuniones para coordinar días, horas y lugares de reparto, y a valorar un incremento de las ayudas económicas individualizadas a familias vulnerables, como alternativa al reparto en la vía pública.

El informe de conclusiones del Síndic subraya que la intervención policial en el incidente ocurrido en enero —que concluyó con la disolución de una concentración y una sanción a la organizadora posteriormente revocada por la Delegación del Gobierno— fue un episodio puntual. Más allá de ese acontecimiento concreto, el defensor considera necesario que el Ayuntamiento disponga de ubicaciones idóneas y permanentes para este tipo de acciones solidarias. Además, insiste en que el reparto de alimentos debería realizarse, preferentemente, en espacios cerrados y acotados, que ofrezcan mayores garantías de seguridad y salubridad.

Luna concluye que el reparto de comida en la calle es el reflejo de un sistema de protección social insuficiente, y llama al Ayuntamiento de Alicante a transformar esta realidad mediante una respuesta coordinada, digna y segura, en colaboración con el tercer sector.

Consulta nuestra actuación.

El Síndic urge al Ayuntamiento de Oliva a actuar con firmeza frente al ruido de los locales de ocio en la playa

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha emitido una resolución en la que recomienda al Ayuntamiento de Oliva adoptar con rapidez y determinación todas las medidas necesarias para verificar y erradicar las molestias acústicas derivadas del funcionamiento de diversos locales de ocio en la playa de esta localidad.

La actuación del Síndic se originó tras la queja de una vecina que desde 2022 denuncia ruidos, música a alto volumen y alteraciones del descanso vecinal, así como botellones y comportamientos incívicos en las inmediaciones de su vivienda. Entre las fuentes de molestia señaladas, la afectada menciona un chiringuito instalado cerca de su domicilio —que considera ubicado en una zona de protección dunar—, además de un pub y una zona con música en vivo y foodtrucks. Según explica, había presentado numerosas quejas ante el Ayuntamiento, aportando fotografías y vídeos que acreditan las molestias.

El Ayuntamiento de Oliva informó al Síndic de que había desarrollado operativos conjuntos de la Policía Local y la Guardia Civil para controlar los horarios, el ruido y las aglomeraciones en la zona. No obstante, la persona interesada considera que las medidas no han resultado efectivas y que las molestias continúan.

El Síndic recuerda que la Ley de Protección contra la Contaminación Acústica prohíbe que los locales transmitan al exterior niveles sonoros superiores a los permitidos y que la legislación faculta a los ayuntamientos para ordenar la suspensión o clausura de aquellos establecimientos que incumplan la normativa. Asimismo, advierte que los ruidos excesivos pueden afectar gravemente a la salud y vulnerar derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio, la protección de la salud, el derecho a un medio ambiente adecuado y el derecho a una vivienda digna, según ha reconocido el Tribunal Constitucional.

En su resolución, el Síndic subraya que los vecinos que viven junto a estos locales de ocio están soportando unas molestias que no tienen por qué tolerar. A pesar de haber recurrido reiteradamente al Ayuntamiento por las vías legales disponibles, no han obtenido una solución efectiva, pese a que la propia administración no niega la existencia del problema. Los vecinos, señala el defensor, ven pasar el tiempo sin una respuesta satisfactoria, lo que constituye un caso de mala administración y afecta a su derecho a una buena administración, así como a la protección de su salud y entorno.

Por todo ello, el Síndic recomienda al Ayuntamiento de Oliva emitir una respuesta expresa, motivada y congruente a todas las peticiones formuladas por la persona afectada desde 2022; ejercer sus competencias inspectoras para determinar la realidad de las molestias por contaminación acústica; y adoptar las medidas correctoras necesarias para eliminar dichas molestias y garantizar el pleno respeto de los derechos de los vecinos afectados.

El Síndic recuerda que las administraciones públicas deben actuar con diligencia, empatía y eficacia ante los problemas que sufren las personas.

La resolución completa puede consultarse en el siguiente enlace.

El Síndic reprocha a la Universidad Miguel Hernández que incumpla la reserva de plazas docentes para personas con discapacidad en su oferta de empleo 2025

Luna reclama a la Universidad que modifique sus convocatorias y garantice el acceso igualitario

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha instado a la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche a modificar su oferta de empleo público para garantizar la reserva legal de plazas docentes destinadas a personas con discapacidad. En su resolución, el defensor del pueblo valenciano reprocha a la UMH no haber alcanzado el porcentaje mínimo del 7% exigido por la normativa vigente y señala que la universidad tampoco permitió al ciudadano recurrente subsanar la documentación ni alegar sobre el fondo de la cuestión.

Luna, tras una exhaustiva investigación, ha constatado que la UMH no ha respetado el porcentaje mínimo del 7% de plazas reservadas para personas con discapacidad, tal y como establece el artículo 59 del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP). De las 118 plazas ofertadas en 2025, sólo 4 se destinan a este colectivo, lo que representa apenas un 3,38%, muy por debajo del mínimo legal. Además, el porcentaje de personal docente e investigador con discapacidad en la universidad es del 1,04%, lejos del objetivo del 2% fijado por la normativa.

El ciudadano denunció la falta de respuesta y la inadmisión de su recurso por «falta de legitimación», a pesar de haber intentado acreditar su interés legítimo. El Síndic considera que la UMH vulneró su derecho a la buena administración y a la tutela administrativa efectiva, al no permitirle subsanar la causa de inadmisión ni alegar sobre el fondo del asunto. Además, el defensor critica que la universidad interprete de forma restrictiva quién puede recurrir estas ofertas, generando indefensión y obligando a los ciudadanos a litigar para defender sus derechos.

Ante esta situación, Luna ha formulado varias consideraciones y propuestas dirigidas a la UMH: resolver los recursos de reposición en el plazo de un mes mediante resoluciones motivadas y notificadas; eliminar los obstáculos que dificulten la tutela administrativa efectiva, permitiendo a los ciudadanos alegar y subsanar defectos; reservar el 7% de las plazas ofertadas para personas con discapacidad, con el objetivo de alcanzar el 2% de efectivos totales; y modificar las ofertas de empleo público de 2025 para incluir la reserva legal en las plazas aún no convocadas.

La finalidad de la reserva de plazas, como medida de discriminación positiva o inversa, también es la de conseguir que las Administraciones Públicas de nuestro país sean fiel reflejo de la sociedad a la que sirven.

Esta actuación pone de relieve la importancia de garantizar el acceso igualitario al empleo público y la protección de los derechos de las personas con discapacidad, tal y como exige la Constitución y el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana

[Resolución Queja UMH]

El Síndic reprocha al Ayuntamiento de Jávea que no reserve plazas para personas con discapacidad

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha hecho pública una resolución en la que reprocha al Ayuntamiento de Jávea que vulnere el derecho de acceso al empleo público de las personas con discapacidad. Además, le reprende por incumplir su deber de colaboración con esta institución.

Luna inició esta investigación tras recibir la queja de un ciudadano que denunciaba la ausencia de plazas reservadas para personas con discapacidad en la Oferta de Empleo Público de 2024 y la falta de respuesta al recurso administrativo que había presentado.

El Síndic concluye que el Ayuntamiento vulneró el derecho de acceso al empleo público al omitir la reserva legal del 10% de plazas para personas con discapacidad. Asimismo, recuerda que toda Administración está obligada a responder los recursos que presenten los ciudadanos en plazo, de forma clara y motivada, y que debe informar sobre cómo se pueden reclamar las decisiones administrativas adoptadas, como las ofertas de empleo.

La resolución del Síndic insiste en la obligación legal de reservar al menos el 10% de las plazas en las ofertas de empleo público para personas con discapacidad. Adicionalmente, sugiere al Ayuntamiento que reconsidere su decisión inicial sobre el recurso del ciudadano, dándole la oportunidad de alegar o corregir posibles errores, y que, si todavía quedaran plazas por convocar de la oferta de 2024, la modificara para incluir esa reserva del 10% para personas con discapacidad.

Pese a ello, el Ayuntamiento de Jávea no ha comunicado al Síndic si acepta o rechaza las recomendaciones, incumpliendo su obligación legal de responder en el plazo máximo de un mes.

Consulta las resoluciones de esta actuación:

El Síndic pide al Defensor del Pueblo que acuda al Constitucional en defensa de la autonomía de la AVL

Luna considera que la Generalitat ha desvirtuado el papel estatutario de la Acadèmia Valenciana de la Llengua, por la vía de la Ley de Presupuestos

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha pedido formalmente al Defensor del Pueblo que presente un recurso de inconstitucionalidad contra el apartado de los presupuestos de la Generalitat Valenciana de 2025 que afecta directamente a la Acadèmia Valenciana de la Llengua. Luna considera que, mediante una drástica reducción y redistribución arbitraria de fondos, se ha vulnerado la autonomía de la AVL y se ha puesto en riesgo su función como garante de los derechos lingüísticos en la Comunitat.

La AVL ha solicitado amparo al Síndic tras ver cómo el Gobierno valenciano modificaba de forma unilateral el anteproyecto de presupuesto que había remitido, recortando un 25% su dotación global y alterando profundamente la distribución de los fondos. El informe remitido por la presidencia de la Acadèmia denuncia que esta actuación no solo infringe la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat, sino que también vulnera el Estatuto de Autonomía y la propia ley de creación de la AVL.

El Síndic, tras analizar el informe, ha concluido que “por la vía de la Ley de Presupuestos, se desvirtúa la función y el diseño estatutario de la Acadèmia”, y ha decidido trasladar el caso al Defensor del Pueblo para que lo lleve ante el Tribunal Constitucional.

Entre los cambios más graves, y que suponen un ataque directo a la independencia de la Acadèmia Valenciana de la Llengua, destaca el establecimiento de líneas de subvención concretas para ayuntamientos concretos, identificados en el presupuesto, dirigidas a realizar jornadas sobre el Reino de València y la cultura valenciana, sin que la AVL haya participado de esta decisión. Del mismo modo, la agresión a la autonomía de la institución estatutaria se evidencia de forma palmaria en el Capítulo 7 destinado a la rehabilitación de la sede de Lo Rat Penat, una entidad que no respeta la normativa oficial.

En el informe que la Acadèmia ha remitido al Síndic, también consta la supresión total del Capítulo de Inversiones Reales, la reducción del 94% en los gastos de funcionamiento y la eliminación de las líneas de subvención propias de la institución.

El Síndic de Greuges entiende que esta situación compromete seriamente la operatividad de la Academia y su función dentro del entramado institucional de la Comunitat Valenciana. Una institución de autogobierno, como es la Academia, cuya ley de regulación requiere para su aprobación de una mayoría cualificada en Les Corts, no puede ver condicionada su función esencial por una ley presupuestaria aprobada por mayoría simple en la Cámara.

Con esta iniciativa, el Síndic de Greuges se posiciona como garante de los derechos y libertades reconocidos en el Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana y del necesario equilibrio institucional que el propio Estatut establece.

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