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El Síndic reclama al Ayuntamiento de Alicante espacios dignos y una mejor coordinación para el reparto de alimentos a personas vulnerables

Luna propone habilitar locales municipales, reforzar la colaboración con entidades sociales y aumentar las ayudas económicas

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, urge al Ayuntamiento de Alicante a adoptar medidas concretas que garanticen que el reparto de alimentos a personas en situación de vulnerabilidad se realice en condiciones dignas, seguras y coordinadas, tras constatar que la falta de recursos y de planificación municipal obliga a decenas de personas a depender de la solidaridad ciudadana en plena vía pública.

La actuación de oficio del Síndic —iniciada a raíz de la comunicación de la Red de Entidades para la Atención de Personas Sin Hogar de Alicante (REPASHA)— pone de manifiesto que el reparto de alimentos en la calle responde a una necesidad social no cubierta por la administración. El informe destaca que, ante la desaparición progresiva de comedores sociales y la insuficiencia de los recursos municipales, son las entidades sociales quienes atienden cada día a entre 150 y 200 personas que no pueden costearse su alimentación básica.

El defensor advierte que la ausencia de espacios adecuados y la falta de coordinación entre el Ayuntamiento y las organizaciones sociales genera riesgos sanitarios, problemas de seguridad y molestias vecinales. Por ello, recomienda al consistorio habilitar locales municipales y ofrecer soporte logístico —como carpas, vallas o recursos materiales— para que el voluntariado pueda desempeñar su labor en condiciones óptimas y respetuosas con la dignidad de los beneficiarios.

Asimismo, Luna insta al Ayuntamiento a reforzar la colaboración con REPASHA, convocando reuniones para coordinar días, horas y lugares de reparto, y a valorar un incremento de las ayudas económicas individualizadas a familias vulnerables, como alternativa al reparto en la vía pública.

El informe de conclusiones del Síndic subraya que la intervención policial en el incidente ocurrido en enero —que concluyó con la disolución de una concentración y una sanción a la organizadora posteriormente revocada por la Delegación del Gobierno— fue un episodio puntual. Más allá de ese acontecimiento concreto, el defensor considera necesario que el Ayuntamiento disponga de ubicaciones idóneas y permanentes para este tipo de acciones solidarias. Además, insiste en que el reparto de alimentos debería realizarse, preferentemente, en espacios cerrados y acotados, que ofrezcan mayores garantías de seguridad y salubridad.

Luna concluye que el reparto de comida en la calle es el reflejo de un sistema de protección social insuficiente, y llama al Ayuntamiento de Alicante a transformar esta realidad mediante una respuesta coordinada, digna y segura, en colaboración con el tercer sector.

Consulta nuestra actuación.

El Síndic urge al Ayuntamiento de Oliva a actuar con firmeza frente al ruido de los locales de ocio en la playa

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha emitido una resolución en la que recomienda al Ayuntamiento de Oliva adoptar con rapidez y determinación todas las medidas necesarias para verificar y erradicar las molestias acústicas derivadas del funcionamiento de diversos locales de ocio en la playa de esta localidad.

La actuación del Síndic se originó tras la queja de una vecina que desde 2022 denuncia ruidos, música a alto volumen y alteraciones del descanso vecinal, así como botellones y comportamientos incívicos en las inmediaciones de su vivienda. Entre las fuentes de molestia señaladas, la afectada menciona un chiringuito instalado cerca de su domicilio —que considera ubicado en una zona de protección dunar—, además de un pub y una zona con música en vivo y foodtrucks. Según explica, había presentado numerosas quejas ante el Ayuntamiento, aportando fotografías y vídeos que acreditan las molestias.

El Ayuntamiento de Oliva informó al Síndic de que había desarrollado operativos conjuntos de la Policía Local y la Guardia Civil para controlar los horarios, el ruido y las aglomeraciones en la zona. No obstante, la persona interesada considera que las medidas no han resultado efectivas y que las molestias continúan.

El Síndic recuerda que la Ley de Protección contra la Contaminación Acústica prohíbe que los locales transmitan al exterior niveles sonoros superiores a los permitidos y que la legislación faculta a los ayuntamientos para ordenar la suspensión o clausura de aquellos establecimientos que incumplan la normativa. Asimismo, advierte que los ruidos excesivos pueden afectar gravemente a la salud y vulnerar derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio, la protección de la salud, el derecho a un medio ambiente adecuado y el derecho a una vivienda digna, según ha reconocido el Tribunal Constitucional.

En su resolución, el Síndic subraya que los vecinos que viven junto a estos locales de ocio están soportando unas molestias que no tienen por qué tolerar. A pesar de haber recurrido reiteradamente al Ayuntamiento por las vías legales disponibles, no han obtenido una solución efectiva, pese a que la propia administración no niega la existencia del problema. Los vecinos, señala el defensor, ven pasar el tiempo sin una respuesta satisfactoria, lo que constituye un caso de mala administración y afecta a su derecho a una buena administración, así como a la protección de su salud y entorno.

Por todo ello, el Síndic recomienda al Ayuntamiento de Oliva emitir una respuesta expresa, motivada y congruente a todas las peticiones formuladas por la persona afectada desde 2022; ejercer sus competencias inspectoras para determinar la realidad de las molestias por contaminación acústica; y adoptar las medidas correctoras necesarias para eliminar dichas molestias y garantizar el pleno respeto de los derechos de los vecinos afectados.

El Síndic recuerda que las administraciones públicas deben actuar con diligencia, empatía y eficacia ante los problemas que sufren las personas.

La resolución completa puede consultarse en el siguiente enlace.

El Síndic reprocha a la Universidad Miguel Hernández que incumpla la reserva de plazas docentes para personas con discapacidad en su oferta de empleo 2025

Luna reclama a la Universidad que modifique sus convocatorias y garantice el acceso igualitario

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha instado a la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche a modificar su oferta de empleo público para garantizar la reserva legal de plazas docentes destinadas a personas con discapacidad. En su resolución, el defensor del pueblo valenciano reprocha a la UMH no haber alcanzado el porcentaje mínimo del 7% exigido por la normativa vigente y señala que la universidad tampoco permitió al ciudadano recurrente subsanar la documentación ni alegar sobre el fondo de la cuestión.

Luna, tras una exhaustiva investigación, ha constatado que la UMH no ha respetado el porcentaje mínimo del 7% de plazas reservadas para personas con discapacidad, tal y como establece el artículo 59 del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP). De las 118 plazas ofertadas en 2025, sólo 4 se destinan a este colectivo, lo que representa apenas un 3,38%, muy por debajo del mínimo legal. Además, el porcentaje de personal docente e investigador con discapacidad en la universidad es del 1,04%, lejos del objetivo del 2% fijado por la normativa.

El ciudadano denunció la falta de respuesta y la inadmisión de su recurso por «falta de legitimación», a pesar de haber intentado acreditar su interés legítimo. El Síndic considera que la UMH vulneró su derecho a la buena administración y a la tutela administrativa efectiva, al no permitirle subsanar la causa de inadmisión ni alegar sobre el fondo del asunto. Además, el defensor critica que la universidad interprete de forma restrictiva quién puede recurrir estas ofertas, generando indefensión y obligando a los ciudadanos a litigar para defender sus derechos.

Ante esta situación, Luna ha formulado varias consideraciones y propuestas dirigidas a la UMH: resolver los recursos de reposición en el plazo de un mes mediante resoluciones motivadas y notificadas; eliminar los obstáculos que dificulten la tutela administrativa efectiva, permitiendo a los ciudadanos alegar y subsanar defectos; reservar el 7% de las plazas ofertadas para personas con discapacidad, con el objetivo de alcanzar el 2% de efectivos totales; y modificar las ofertas de empleo público de 2025 para incluir la reserva legal en las plazas aún no convocadas.

La finalidad de la reserva de plazas, como medida de discriminación positiva o inversa, también es la de conseguir que las Administraciones Públicas de nuestro país sean fiel reflejo de la sociedad a la que sirven.

Esta actuación pone de relieve la importancia de garantizar el acceso igualitario al empleo público y la protección de los derechos de las personas con discapacidad, tal y como exige la Constitución y el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana

[Resolución Queja UMH]

El Síndic reprocha al Ayuntamiento de Jávea que no reserve plazas para personas con discapacidad

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha hecho pública una resolución en la que reprocha al Ayuntamiento de Jávea que vulnere el derecho de acceso al empleo público de las personas con discapacidad. Además, le reprende por incumplir su deber de colaboración con esta institución.

Luna inició esta investigación tras recibir la queja de un ciudadano que denunciaba la ausencia de plazas reservadas para personas con discapacidad en la Oferta de Empleo Público de 2024 y la falta de respuesta al recurso administrativo que había presentado.

El Síndic concluye que el Ayuntamiento vulneró el derecho de acceso al empleo público al omitir la reserva legal del 10% de plazas para personas con discapacidad. Asimismo, recuerda que toda Administración está obligada a responder los recursos que presenten los ciudadanos en plazo, de forma clara y motivada, y que debe informar sobre cómo se pueden reclamar las decisiones administrativas adoptadas, como las ofertas de empleo.

La resolución del Síndic insiste en la obligación legal de reservar al menos el 10% de las plazas en las ofertas de empleo público para personas con discapacidad. Adicionalmente, sugiere al Ayuntamiento que reconsidere su decisión inicial sobre el recurso del ciudadano, dándole la oportunidad de alegar o corregir posibles errores, y que, si todavía quedaran plazas por convocar de la oferta de 2024, la modificara para incluir esa reserva del 10% para personas con discapacidad.

Pese a ello, el Ayuntamiento de Jávea no ha comunicado al Síndic si acepta o rechaza las recomendaciones, incumpliendo su obligación legal de responder en el plazo máximo de un mes.

Consulta las resoluciones de esta actuación:

El Síndic pide al Defensor del Pueblo que acuda al Constitucional en defensa de la autonomía de la AVL

Luna considera que la Generalitat ha desvirtuado el papel estatutario de la Acadèmia Valenciana de la Llengua, por la vía de la Ley de Presupuestos

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha pedido formalmente al Defensor del Pueblo que presente un recurso de inconstitucionalidad contra el apartado de los presupuestos de la Generalitat Valenciana de 2025 que afecta directamente a la Acadèmia Valenciana de la Llengua.  Luna considera que, mediante una drástica reducción y redistribución arbitraria de fondos, se ha vulnerado la autonomía de la AVL y se ha puesto en riesgo su función como garante de los derechos lingüísticos en la Comunitat.

La AVL ha solicitado amparo al Síndic tras ver cómo el Gobierno valenciano modificaba de forma unilateral el anteproyecto de presupuesto que había remitido, recortando un 25% su dotación global y alterando profundamente la distribución de los fondos. El informe remitido por la presidencia de la Acadèmia denuncia que esta actuación no solo infringe la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat, sino que también vulnera el Estatuto de Autonomía y la propia ley de creación de la AVL.

El Síndic, tras analizar el informe, ha concluido que “por la vía de la Ley de Presupuestos, se desvirtúa la función y el diseño estatutario de la Acadèmia”, y ha decidido trasladar el caso al Defensor del Pueblo para que lo lleve ante el Tribunal Constitucional.

Entre los cambios más graves, y que suponen un ataque directo a la independencia de la Acadèmia Valenciana de la Llengua, destaca el establecimiento de líneas de subvención concretas para ayuntamientos concretos, identificados en el presupuesto, dirigidas a realizar jornadas sobre el Reino de València y la cultura valenciana, sin que la AVL haya participado de esta decisión. Del mismo modo, la agresión a la autonomía de la institución estatutaria se evidencia de forma palmaria en el Capítulo 7 destinado a la rehabilitación de la sede de Lo Rat Penat, una entidad que no respeta la normativa oficial.

En el informe que la Acadèmia ha remitido al Síndic, también consta la supresión total del Capítulo de Inversiones Reales, la reducción del 94% en los gastos de funcionamiento y la eliminación de las líneas de subvención propias de la institución.

El Síndic de Greuges entiende que esta situación compromete seriamente la operatividad de la Academia y su función dentro del entramado institucional de la Comunitat Valenciana. Una institución de autogobierno, como es la Academia, cuya ley de regulación requiere para su aprobación de una mayoría cualificada en Les Corts, no puede ver condicionada su función esencial por una ley presupuestaria aprobada por mayoría simple en la Cámara.

Con esta iniciativa, el Síndic de Greuges se posiciona como garante de los derechos y libertades reconocidos en el Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana y del necesario equilibrio institucional que el propio Estatut establece.

 

El Defensor del Pueblo y el Síndic de Greuges piden a las administraciones colaboración y coordinación entre ellas en la reconstrucción tras la DANA

Gabilondo, acompañado de Luna, anuncia una actuación de oficio para saber si se prevé una Comisión de Coordinación, tal y como establece la normativa

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha mantenido hoy una reunión de trabajo con Ángel Gabilondo, defensor del Pueblo. El encuentro se ha centrado en la colaboración y coordinación de ambas instituciones en la supervisión de las actuaciones de la Administración central y autonómica en el proceso de reconstrucción de la dana y en la defensa de los derechos de la ciudadanía afectada.

Durante la reunión, celebrada en el Síndic de Greuges en Alicante, Ángel Gabilondo ha destacado la colaboración y coordinación que mantienen las dos instituciones y ha apelado a las administraciones estatal y autonómica, a que trabajen también coordinadamente “en toda su dimensión”. “En el Estado de las Autonomías es muy importante que la Administración General del Estado, el Gobierno de España, y la CCAA, la Generalitat Valenciana, impulsen todos los mecanismos de coordinación y cooperación que son necesarios y que ello sea percibido por la sociedad”, ha afirmado.

Asimismo, Gabilondo ha señalado que “nuestra supervisión de la recuperación empieza en primer lugar por decir que hay que cumplir todos los mecanismos y todos los procesos señalados por la ley”. Por ello, ha anunciado que la institución que preside va a iniciar una actuación de oficio “para preguntar a las administraciones estatal y autonómica si hay alguna iniciativa en torno a la creación de una Comisión de Coordinación, tal y como establece la normativa aprobada al respecto”.

Por su parte, Ángel Luna ha compartido con el defensor las tres quejas de oficio que abrió sobre la dana a principios de enero en materia de servicios sociales, educación y vivienda.

Luna: «La Dana ha puesto de manifiesto el fracaso de la Administración en la protección del derecho a la vida»

  • El Síndic critica la falta de cooperación y lealtad institucional entre los responsables de las administraciones públicas para afrontar la catástrofe
  • El defensor autonómico presenta su Informe Anual 2024, con un aumento de un 32,9% en las consultas y un 21,28% en las quejas recibidas respecto al año anterior
  • Las quejas referentes a Servicios Sociales ya suponen casi la mitad de las que tramita la institución

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, acompañado de la adjunta primera, Concha Bru, y del segundo, Carlos Castillo, ha presentado hoy en Les Corts su Informe Anual 2024 en el que denuncia que «la excepcional pérdida de vidas humanas que provocó la Dana ha puesto de manifiesto el fracaso de la Administración en la protección del derecho a la vida». Ángel Luna también ha censurado la falta de solidaridad y leal cooperación institucional entre los responsables de las diferentes administraciones para afrontar la catástrofe.

El Informe del defensor autonómico constata que durante 2024 hubo un gran aumento en el número de consultas y quejas de la ciudadanía. Las consultas crecieron más del 30%, llegando a 18.600, y las quejas recibidas aumentaron más del 20%, alcanzando las 4.770. Además, el Síndic abrió 15 quejas de oficio en 2024, la mayoría sobre Infancia y Adolescencia. Estas quejas se enfocan en las medidas y recursos para cuidar a los niños que deben ser separados de sus padres y son cuidados por familias acogedoras o en residencias, bajo la responsabilidad de la Administración autonómica.

A lo largo del año pasado, las quejas sobre servicios sociales y transparencia fueron las más numerosas, y se han incrementado considerablemente respecto a ejercicios anteriores. Tanto es así que las quejas relativas a Servicios Sociales que ha recibido el Síndic en 2024 ya suponen el 47, 91% del total.

Descoordinación y ausencia de prioridades en la respuesta a la Dana

El defensor autonómico, en el ejercicio de sus funciones, hubiera investigado cómo se gestionó la emergencia causada por la DANA, pero la Ley del Síndic no permite que intervenga si ya hay acciones judiciales en curso sobre el tema. Así pues, serán los juzgados y tribunales los encargados de decidir el alcance de las presuntas responsabilidades de cada administración, y de sus titulares, en la gestión de la catástrofe.

No obstante, quedan actuaciones e inactividades administrativas que deben ser analizadas por esta defensoría.  De hecho, en la reunión del Observatorio de la Infancia y Adolescencia del Síndic celebrada el 16 de diciembre de 2024, algunos trabajadores públicos y profesionales de diversos sectores asistentes manifestaron que la ausencia de riendas institucionales estaba provocando que se funcionara en el «caos». Miembros del Observatorio fueron contundentes al señalar que la falta de ordenación de las prioridades de intervención, y de las más elementales medidas de coordinación entre administraciones, estaban provocando la pérdida de eficacia de los considerables esfuerzos realizados.

Luna ha señalado que «la extrema polarización política que se ha instalado en nuestras instituciones resulta fatal en momentos en que se necesitan esfuerzos coordinados y generosos». La falta de coordinación entre administraciones, junto con una especie de carrera por visibilizar las diferentes ayudas, ha causado confusión y desasosiego en la ciudadanía, obligando a los afectados a lidiar con trámites innecesarios y contradictorios. «Es inaceptable que, en momentos de crisis, las administraciones no trabajen juntas de manera efectiva», afirma el defensor.

Casi todas las deficiencias que vienen impidiendo satisfacer el derecho a una buena administración se han hecho presentes en las actuaciones posteriores a la catástrofe. El Síndic entiende que la mejor respuesta a los daños provocados por la DANA pasa por aplicar el derecho a una buena administración en todas y cada una de las actuaciones que deben llevar a término los entes públicos.

El impacto de la Dana no puede hacer olvidar otros asuntos que han venido afectando al ejercicio de los derechos y libertades en la Comunitat Valenciana a lo largo del año 2024.

Una vez más, el Síndic incide en el derecho a una buena administración, que viene defendiendo desde que inició su mandato. «La buena administración es incompatible con la falta de respuesta, la motivación insuficiente y la inacción administrativa, que no sólo son ejemplos de mala administración, sino que suponen un incumplimiento de las obligaciones legales, pudiendo generar situaciones de grave indefensión a la ciudadanía», declara Ángel Luna.

En la inmensa mayoría de las quejas que presenta la ciudadanía, lo primero que se observa es la falta de respuesta de la Administración a sus peticiones. Este silencio crea inseguridad jurídica e indefensión moral, obligando a la persona afectada a recurrir a los tribunales en desventaja. Según la experiencia de esta institución, la falta de respuesta directa a una persona es la principal manera de violar su derecho a una buena administración.

Descomunal aumento de las quejas sobre dependencia

Por otra parte, cabe destacar el descomunal aumento de las quejas en materia de Servicios sociales, más del 49% respecto a 2023, especialmente en la gestión de la dependencia, diversidad funcional y renta valenciana de inclusión. El Síndic lleva pidiendo en los últimos años que se revisen estos procedimientos, pero no se han hecho cambios.

En concreto, en el año 2024 esta institución recibió 1.305 quejas derivadas de la deficiente tramitación de las prestaciones de dependencia, frente a las 697 del año anterior debido al mismo asunto. Este incremento “resulta absolutamente desmesurado”, declara Luna.

También la gestión de las valoraciones de discapacidad o diversidad funcional está provocando retrasos en el reconocimiento de derechos, vulnerando las leyes. De acuerdo con los datos facilitados por la propia Conselleria de Servicios Sociales, en el momento de redactar este Informe Anual los expedientes pendientes de resolver que han excedido el plazo legal para hacerlo superan los 50.000, en toda la Comunitat Valenciana. “Una cifra escandalosa”, apunta Luna. Dada la gravedad de la situación, el Síndic ha decidido abrir una queja de oficio sobre el tema, de la que se dará cuenta en el Informe Anual de 2025.

Estas tres materias, dependencia, discapacidad y renta valenciana de inclusión, resultan ser el paradigma de los derechos sociales, la conquista más importante del Estado social y democrático de derecho, alcanzada durante las últimas décadas.

Sin adecuada respuesta en Vivienda

Asimismo, es forzoso volver de nuevo al problema del acceso a una vivienda digna. El acceso a una vivienda digna es esencial para garantizar la mayoría de los derechos fundamentales, como esta institución ha repetido en numerosas ocasiones en sus resoluciones. Sin vivienda, estos derechos no son posibles.

Además, el Síndic censura el comportamiento de la administración autonómica, porque no está respondiendo adecuadamente a las quejas de la ciudadanía, ignorando sus obligaciones en materia de vivienda. “No responde a las recomendaciones que le formulamos ni, lo que es peor, a las personas afectadas.”

Evolución deplorable en Transparencia

Como ya hemos señalado, la segunda materia por número de quejas recibidas es la de Transparencia, que se han incrementado por encima del 43%.

La falta de transparencia responde a comportamientos injustificados y arbitrarios que afectan negativamente a la democracia y a la ciudadanía. La democracia se deteriora porque se impide la participación de todos los partidos y se evita la rendición de cuentas de las acciones de gobierno. Por su parte, la ciudadanía se siente decepcionada al ver que los partidos están más enfocados en sus luchas políticas que en resolver los problemas de las personas. Esto genera desafección hacia el sistema institucional y la actividad política.

Por otra parte, en los casos en que finalmente las administraciones responden, el derecho de acceso a la información pública pierde valor y utilidad si se producen retrasos en la entrega de la documentación solicitada.

Deficiencias en residencias de mayores

Por otra parte, existen otros problemas de la ciudadanía que el Síndic ha abordado durante 2024. Entre ellos, la atención residencial a la que tienen derecho las personas mayores. Cuando hay deficiencias en las infraestructuras y servicios, o cuando la Administración no actúa adecuadamente, se afecta el bienestar y las necesidades de estas personas. Muchas quejas señalan el deterioro de las instalaciones y el incumplimiento de los contratos, lo que deja a los mayores en una situación de vulnerabilidad y afecta a su salud y seguridad.

Demoras en la asistencia sanitaria

Asimismo, cabe señalar los retrasos en la asistencia sanitaria -en la realización de pruebas e intervenciones quirúrgicas y en la aplicación de tratamientos médicos- entre las quejas recibidas por el Síndic a lo largo de 2024 en materia de Sanidad, al igual que en años anteriores.

 

ALGUNOS DATOS ESTADÍSTICOS DEL INFORME ANUAL 2024

En el Informe Anual 2024 se pueden consultar los datos estadísticos al completo

Tabla 2

Quejas de la ciudadanía iniciadas en 2024

2023 2024 Variación 2024-2023
Tipo Nº % Nº % Nº %
Admitidas 3.034 77,14 3.941 82,62 907 29,89
Inadmitidas 742 18,87 720 15,09 -22 -2,96
Trasladadas a otras defensorías 157 3,99 109 2,29 -48 -30,57
Total 3.933 100,00 4.770 100,00 837 21,28

 

Tabla 6

Lugar de residencia de las personas que presentaron quejas en 2024

2023 2024 Variación 2024-2023
Provincia Hab. Nº % Q/100 k hab. Hab. Nº % Q/100 k hab. Hab. Nº % Q/100 k hab.
Alicante 1.950.357 1.735 44,11 88,96 1.991.259 2043 42,83 102,60 40.902 308 17,75 13,64
Castellón 603.952 290 7,37 48,02 615.849 395 8,28 64,14 11.897 105 36,21 16,12
Valencia 2.656.291 1.849 47,01 69,61 2.709.433 2278 47,76 84,08 53.142 429 23,20 14,47
Comunitat Valenciana 5.210.600 3.874 98,50 74,35 5.316.541 4716 98,87 88,70 105.941 842 21,73 14,35
Otros / No especificado – 59 1,50 – – 54 1,13 – – -5 -8,47 –

Se utilizan las siguientes abreviaturas: Hab. (Habitantes), Nº (Número de quejas), % (Porcentaje de quejas), Q/100 k hab. (Quejas por 100.000 habitantes).

Los datos de población son los que proporciona el INE para los años 2023 y 2024.  El dato de quejas por 100.000 habitantes sólo se ofrece para las tres provincias de la Comunitat, pues carece de sentido para otros orígenes.

Tabla 8

Materias de las quejas de la ciudadanía iniciadas en 2024 y admitidas a trámite

2023 2024 Variación 2024-2023
Materia Nº % Nº % Nº %
Servicios sociales 1.264 41,66 1.888 47,91 624 49,37
Sanidad 121 3,99 122 3,10 1 0,83
Educación 76 2,50 207 5,25 131 172,37
Vivienda 132 4,35 164 4,16 32 24,24
Empleo 208 6,86 247 6,27 39 18,75
Transparencia 301 9,92 432 10,96 131 43,52
Procedimientos administrativos 259 8,54 200 5,07 -59 -22,78
Hacienda pública 74 2,44 80 2,03 6 8,11
Servicios públicos y medio ambiente 347 11,44 317 8,04 -30 -8,65
Urbanismo 113 3,72 128 3,25 15 13,27
Industria, agricultura, comercio y turismo 27 0,89 19 0,48 -8 -29,63
Justicia y administración corporativa 22 0,73 27 0,69 5 22,73
Infancia y adolescencia 50 1,65 56 1,42 6 12,00
Deporte y cultura 25 0,82 39 0,99 14 56,00
Derechos lingüísticos 15 0,49 15 0,38 0 0,00
Total 3.034 100,00 3.941 100,00 907 29,89

Tabla 9

Tipos de cierre de quejas de la ciudadanía finalizadas en 2024

2023 2024 Variación 2024-2023
Tipo de cierre Nº % Nº % Nº %
Con solución 1.153 39,36 1.489 41,42 336 29,14
Con compromiso de solución 555 18,95 597 16,61 42 7,57
Sin aceptación de consideraciones 488 16,66 786 21,86 298 61,07
Sin respuesta a consideraciones 466 15,91 462 12,85 -4 -0,86
Otros 267 9,12 261 7,26 -6 -2,25
Total 2.929 100,00 3.595 100,00 666 22,74

El tipo de cierre otros engloba cierres por desistimiento, por fallecimiento, por judicialización del asunto, por detectar que ya se estaba tramitando otra queja por ese mismo motivo, etc.

Grado de colaboración de las Administraciones investigadas (Consell y ayuntamientos) en quejas cerradas en 2024

Para todas las consellerias que ha habido durante 2024 se da la información de colaboración. En el caso de las consellerias que han cambiado de nombre (o que han ganado o perdido alguna competencia), en las tablas siguientes se indica el nombre actual, por claridad.

 

Administración Total quejas Sí colabora No colabora % colabora
Vicepresidencia Primera y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda 1799 1528 271 84,94
Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo 192 161 31 83,85
Conselleria de Sanidad 142 136 6 95,77
Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio 46 25 21 54,35
Conselleria de Hacienda, Economía y Administración Pública 37 29 8 78,38
Conselleria de Justicia e Interior 36 31 5 86,11
Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo 34 11 23 32,35
Vicepresidencia Primera y Conselleria de Cultura y Deporte 11 10 1 90,91
Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca 4 2 2 50,00
Conselleria de Justicia y Administración Pública 3 2 1 66,67
Conselleria de Emergencias e Interior 1 1 0 100,00
Presidencia de la Generalitat Valenciana 3 3 0 100,00
Total Consell 2308 1939 369 84,01
Agencia Tributaria Valenciana 9 8 1 88,89
LABORA (Servicio Valenciano de Empleo y Formación) 4 3 1 75,00
Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo 1 0 1 0,00
Hospital Universitario La Fe 1 0 1 0,00
Instituto Valenciano de Finanzas 1 0 1 0,00
Total otras entidades autonómicas 16 11 5 68,75
Ayuntamientos de la provincia de Alicante 651 415 236 63,75
Ayuntamientos de la provincia de Castellón 179 119 60 66,48
Ayuntamientos de la provincia de Valencia 672 454 218 67,56
Total ayuntamientos 1502 988 514 65,78

 

Accede al contenido completo del Informe anual 2024.

El Síndic urge a abonar a las familias acogedoras las prestaciones por gastos de crianza de los niños y adolescentes acogidos, dentro del plazo legal y sin interrupciones

La prestación por acogimiento familiar se concede a las familias acogedoras para hacer frente al sostén a la crianza de los niños y niñas acogidos. Desde el Síndic venimos detectando que muchas familias sufren, de forma reiterada, retrasos en su abono durante los primeros meses de cada año, lo que repercute en el bienestar de los menores, de los que la Administración es tutora y/o guardadora.

Esta institución considera imprescindible que la Conselleria agilice los trámites contables propios de cada principio de ejercicio para que no se produzcan demoras en su abono. No es razonable ni justificable que las familias acogedoras, además de su tiempo y dedicación a los niños acogidos, deban ahorrar para hacer frente a los gastos de la crianza cada final de año y principio del siguiente.

Adjuntamos la resolución de una queja presentada por una familia de acogida afectada.

Luna urge a Educación a evitar la segregación de alumnos desfavorecidos y la formación de guetos

El Síndic considera necesario disponer del dato de los estudiantes en situación de vulnerabilidad, para combatir la desigualdad en los centros docentes 

El síndic de Greuges, Ángel Luna, insta a la Conselleria de Educación a diseñar un modelo para detectar preventivamente al alumnado en situación socioeconómica desfavorecida, con el propósito de evitar el fracaso escolar. Además, pide que en la financiación de los centros docentes se tengan en cuenta las necesidades de este perfil de estudiantes y la complejidad de los centros donde están matriculados. 

Asimismo, el Síndic urge, para el próximo curso escolar, una planificación que evite concentrar al alumnado en situación de vulnerabilidad, con la finalidad de reducir los niveles de segregación y la formación de guetos en los centros con una composición socialmente más desfavorecida. Por ello, Luna solicita que se establezcan criterios de distribución equitativa, acompañados de medios y de una mejora de la acogida, que facilite la inclusión social y cultural. 

Por otra parte, el defensor considera fundamental reforzar las políticas de apoyo a las familias de estos menores, que permitan prevenir las situaciones de riesgo y evitar que, cuando aparezcan, deriven en situaciones más graves. Así pues, esta institución recomienda mejorar la información a las familias en relación con el derecho a la elección de centro y con las posibilidades de acceso a becas, recursos y ayudas al estudio. De igual modo, el Síndic recomienda fomentar la oferta educativa extraescolar y de ocio educativo, las acciones de acompañamiento y la tutorización del alumnado que se encuentre en esta situación.  

El Síndic de Greuges abrió el pasado mes de febrero esta queja de oficio con el fin de supervisar las actuaciones de la Administración educativa valenciana destinadas a compensar las desigualdades. Según el informe del Estado de la Pobreza 2024, la tasa de riesgo de pobreza ha crecido un 9% (dos puntos porcentuales) en la Comunidad Valenciana respecto al año 2023. Además, cabe destacar que el número de alumnos con necesidades de compensación de desigualdades (NCD) ha ido aumentando en los años posteriores a la pandemia, sin que a la vista del resultado de la investigación del Síndic se hayan adoptado medidas específicas al respecto. 

Luna considera que “la educación juega un rol fundamental en la explicación de las desigualdades sociales. En este sentido, las personas somos titulares de dos derechos fundamentales que no pueden garantizarse el uno sin el otro: el de la no discriminación e igualdad y el del acceso y disfrute de la educación, como forma de garantizar que todos tenemos las mismas oportunidades, independientemente de nuestro origen”. 

Sin embargo, si bien es cierto que el derecho a la educación contempla el acceso en igualdad de condiciones, no todas las personas parten de las mismas. Así, el alumnado de nivel socioeconómico bajo tiene casi cuatro veces más probabilidades de repetir curso que su equivalente de nivel alto, como reconoce en sus últimos informes PISA (Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes). 

La Administración educativa ha puesto de manifiesto, en los informes requeridos por esta institución, que no dispone del índice de escolarización por centros de los alumnos que tienen necesidades de compensación. Esta falta de datos impide poder valorar el proceso hacia escuelas inclusivas con el objetivo de reducir la segregación en el sistema educativo. 

“Un rasgo definitorio y, por tanto, irrenunciable del sistema educativo de una sociedad democrática es la apuesta decidida por la superación de las desigualdades. La Administración debe liderar este proceso y no sólo arbitrar los recursos necesarios a tal fin, sino, más aún, impulsar y velar por que toda la organización escolar sea coherente con este objetivo central de la educación”, manifiesta el Síndic. 

Ver resolución completa sobre este asunto.  

 

El Síndic recomienda a Torrent y a Catarroja ofrecer información clara, correcta y completa sobre el empadronamiento en situaciones especiales

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, se ha dirigido a los Ayuntamientos de Torrent y Catarroja para recomendarles que den instrucciones claras a los servicios responsables de la gestión del padrón de habitantes para que sea transmitida correctamente a la ciudadanía. Asimismo, urge a publicar en sus respectivas sedes electrónicas información completa y correcta en relación con el procedimiento de empadronamiento en situaciones especiales.

Esta intervención del defensor del pueblo valenciano se originó tras la queja de un ciudadano que denunciaba que estos dos municipios rechazaban realizar empadronamientos en estos casos (residencia en infraviviendas, personas sintecho, etc), salvo en algún caso excepcional en el que recurren a entidades sociales para que se les empadrone en sus sedes.

Tras la fase de investigación, el Síndic consideró que la actuación de los citados ayuntamientos no había sido suficientemente respetuosa con el derecho de los ciudadanos a obtener información correcta y orientación acerca de los requisitos para empadronarse, ni tampoco con el derecho y deber de las personas a empadronarse en el municipio de su residencia efectiva para alcanzar la condición de vecindad y acceder a servicios públicos.

En su resolución, Luna subraya que la información que la Administración debe dar a la ciudadanía sobre sus servicios no puede generar incertidumbre en las personas. Esto cobra especial importancia cuando se trata de atender a colectivos de personas en situaciones de riesgo de exclusión o especial vulnerabilidad, en cuyo caso es fundamental ofrecer información y orientación clara para que estas personas tengan la posibilidad de alcanzar la vecindad en los municipios de residencia efectiva.

Consulta nuestra actuación: 12081281.pdf (elsindic.com)