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Noticias de actualidad del Síndic de Greuges

El Síndic insta a Servicios Sociales a mejorar la gestión de los Hogares de Emancipación priorizando la protección y cuidado de los jóvenes

Esta petición surge tras una investigación de oficio que ha revelado graves irregularidades cometidas en el centro de Torrent

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna González, ha reclamado a la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda que mejore la gestión de los Hogares de Emancipación. Esta resolución surge a raíz de una queja de oficio abierta por el defensor para investigar una serie de incidencias que se detectaron en el Hogar de Emancipación Ramón y Cajal de Torrent y podrían haber vulnerado los derechos de los jóvenes y menores atendidos.

El problema principal identificado por el Síndic era la gestión precipitada y sin cumplir el debido protocolo de los traslados de jóvenes y menores en el Hogar de Emancipación. Según la investigación, basada en la información aportada por la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, los traslados se realizaron «por razones de optimización de recursos» y no en función del interés superior de los menores y jóvenes. Además, se detectaron irregularidades en la documentación y en la comunicación de los motivos de los traslados a los afectados.

Del resultado de esta investigación, el Síndic ha concluido una serie de recomendaciones a la Conselleria. Entre las principales se destaca priorizar el interés superior de los menores y jóvenes en todas las decisiones relacionadas con su protección y cuidado, garantizar la participación de los jóvenes en su plan de protección, asegurando que sean informados y escuchados, y elaborar itinerarios de emancipación individualizados para cada joven atendido en los Hogares de Emancipación.

Además, el síndic también recomienda realizar informes motivados antes de cualquier traslado, incluso si los jóvenes ya han alcanzado la mayoría de edad, asegurar la continuidad biográfica de estos, evitando rupturas innecesarias en su entorno y proyectos vitales, y revisar y planificar adecuadamente el sistema de acogimiento residencial para que cada menor, adolescente o joven reciba la atención más adecuada a sus necesidades.

Consulta el contenido íntegro de la resolución.

El Síndic insta al Ayuntamiento de Mutxamel a garantizar el acceso electrónico completo a los expedientes administrativos

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha emitido una resolución en la que amonesta al Ayuntamiento de Mutxamel por la vulneración de derechos de una ciudadana al no facilitarle el acceso electrónico completo a un expediente administrativo en el que está implicada.

Tras la fase de investigación de la queja, el Síndic concluye que el Ayuntamiento ha vulnerado el derecho a una buena administración y el derecho a relacionarse electrónicamente con la Administración Pública, ambos reconocidos en la legislación vigente. Pese a que parte de la documentación estaba disponible online, el Ayuntamiento exigió a la interesada su comparecencia presencial para consultar documentos no digitalizados y planteó el posible cobro de tasas por copias de los mismos.

El Síndic recuerda que la Ley 39/2015 y el Real Decreto 203/2021 obligan a las administraciones a gestionar electrónicamente los expedientes y a ponerlos a disposición de los interesados de manera inmediata o, como máximo, en un plazo de diez días hábiles. La comparecencia presencial solo puede exigirse en casos legalmente previstos.

Entre las medidas recomendadas al Ayuntamiento, el Síndic insta a:

  • Implantar plenamente la administración electrónica, digitalizando los expedientes.
  • Facilitar el acceso electrónico completo a los documentos solicitados.
  • Evitar exigir comparecencias presenciales injustificadas.
  • Abstenerse de cobrar tasas por copias si el acceso electrónico no ha sido garantizado.
  • Emitir instrucciones internas para proteger de forma efectiva los derechos de las personas interesadas.

Consulta el contenido de la  resolución completa del Síndic sobre este asunto .

El Síndic insta a la Conselleria de Vivienda a revisar la denegación de una ayuda al alquiler debido a cambios en el sistema de justificación de pagos

Luna pide que las bases de las convocatorias se publiquen antes del inicio del periodo subvencionado

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Àngel Luna, ha recomendado a la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda que revise la denegación de una ayuda al alquiler a una ciudadana, debido a los cambios en el sistema de justificación de pago que fueron implementados ocho meses después del inicio del año subvencionado. Luna considera que esta modificación vulnera el principio de confianza legítima y el derecho a una buena administración, por lo que pide a la administración autonómica que adopte las medidas necesarias para revertir esta situación.

El defensor del pueblo valenciano inició su investigación tras la queja presentada por una ciudadana a quien se le desestimó su solicitud de ayuda al alquiler de vivienda de la convocatoria 2024. Al igual que en años anteriores, la solicitante, miembro de una familia monoparental y perceptora del ingreso mínimo vital y la renta valenciana de inclusión, abonaba el alquiler en efectivo y presentaba a la administración el justificante que el arrendador le facilitaba. Sin embargo, en la convocatoria de 2024, y a diferencia de los años anteriores, los beneficiarios de la ayuda únicamente podían justificar el pago mediante transferencia o recibo bancario. La Administración introdujo este cambio tras la publicación de las bases en agosto de 2024, cuando ya habían transcurrido ocho meses del año subvencionado, y la solicitante ya había estado pagando su alquiler en efectivo, tal como había hecho en los años previos que percibió la ayuda.

El Síndic considera que este cambio de las reglas de juego a mitad del partido vulneró el principio de confianza legítima, pues dejó a la interesada sin margen de maniobra para adaptarse al nuevo sistema durante los meses de enero a agosto de 2024. Al no poder presentar la documentación exigida, se le impidió el acceso a las ayudas, pese a cumplir con los requisitos materiales.

Como señala la interesada, si hubiese sabido antes del mes de enero de 2024 que el único sistema admitido para justificar el pago de la mensualidad iba a ser la documentación bancaria, habría realizado los pagos por medio de transferencia y hubiera podido acreditar sin mayor problema el pago según lo requerido.

En su resolución, Luna concluye que «si la Administración consideró necesario realizar un cambio en un elemento tan relevante como es el sistema de acreditación de los pagos de la renta mensual, las más elementales reglas de justicia requieren que estos sean conocidos por la ciudadanía con carácter previo al comienzo del periodo de tiempo en el que ha de ser aplicado». En este sentido, ha recomendado a la Conselleria que garantice la publicación de las convocatorias de las ayudas al alquiler de vivienda antes del inicio del ejercicio al que se refieren, para que los posibles destinatarios puedan conocerlas y adaptarse a los nuevos requisitos.

Consulta la resolución del Síndic.

El Síndic insta a Sanidad a informar a la ciudadanía de las posibles vías de reclamación cuando estén disconformes

El defensor reclama a la Conselleria que comunique a los pacientes los tiempos máximos de espera para la atención sanitaria programada

 

La mayoría de las reclamaciones recibidas por esta institución en el ámbito sanitario están relacionadas con la demora en la prestación de asistencia médica o a la deficiente atención por parte de los servicios sanitarios. Actualmente, estas cuestiones se canalizan a través de las “hojas de queja” reguladas en la Orden 6/2018. Sin embargo, el defensor considera que el procedimiento actual es insuficiente para garantizar el pleno derecho de la ciudadanía a reclamar, ya que no contempla la posibilidad de manifestar discrepancia con la respuesta emitida por la Administración.

Por ello, el Síndic ha requerido a la Conselleria de Sanidad que informe a los usuarios sobre las vías posibles de reclamación, cuando no estén conformes con las respuestas ofrecidas por el Servicio de Atención e Información al paciente (SAIP). Además, ha instado a la administración sanitaria a revisar el procedimiento de las “hojas de queja” del SAIP, para asegurar que puedan reclamar adecuadamente en casos de demora. También ha recomendado establecer tiempos máximos de espera para la atención sanitaria programada e informar a los pacientes sobre estos tiempos, las alternativas disponibles y sus derechos si se superan los plazos establecidos.

El Síndic abrió esta queja de oficio al detectar una preocupante falta de información proporcionada a los usuarios/pacientes que presentan una queja a través del formulario “hoja de queja” en los SAIP de los centros sanitarios.

Esta institución reseña que los interesados no son informados de las alternativas disponibles en caso de discrepar de la repuesta recibida del SAIP. Aún más, cabe destacar que, en situaciones de demoras en la prestación sanitaria programada, los pacientes tampoco son informados sobre los tiempos máximos de acceso a esa atención sanitaria ni de las alternativas posibles en caso de superarse dichos tiempos.

 

Consulta nuestra actuación: https://acortar.link/MSI2oP

El Síndic pide a Protecció del Territori que tome medidas urgentes para investigar todas las denuncias por infracciones urbanísticas

Luna muestra su preocupación por la demora de la Agència en reaccionar y destaca el riesgo de realizar obras en suelos inundables

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, insta a la Agència Valenciana de Protecció del Territori (AVPT) a adoptar medidas urgentes para investigar todas las denuncias recibidas y tramitar los expedientes de restauración de la legalidad urbanística y sancionadores. Además, pide que la Agència cuente con los medios necesarios para iniciar de oficio las inspecciones y restaurar la legalidad frente a actos que vulneren gravemente la normativa urbanística.

Así consta en la Resolución de Recomendaciones a la Administración, emitida por el Síndic, sobre la queja de oficio iniciada por la demora en la tramitación de miles de expedientes de restauración de la legalidad urbanística. Demora que fue señalada a esta institución por la propia Agencia Valenciana de Protección del Territorio (AVPT). Esta situación generó al Síndic una gran preocupación sobre la organización, los recursos humanos y materiales, y el funcionamiento actual de la AVPT. En particular, cuestionó su capacidad para servir a los intereses generales y cumplir con las competencias que le asigna la legislación.

Luna expresa su inquietud por los importantes retrasos de la Agència Valenciana de Protecció del Territori (AVPT) en reaccionar ante las denuncias ciudadanas. Esta preocupación se centra en que la adopción de medidas necesarias podría llegar demasiado tarde, teniendo graves consecuencias para la salud pública o el medio ambiente. El defensor destaca el riesgo de realizar obras de construcción en suelos no urbanizables, como zonas inundables, que podrían causar problemas graves en caso de lluvias torrenciales o episodios de DANA, fenómenos habituales en la Comunidad Autónoma.

Además, los retrasos en la respuesta a las denuncias por infracciones urbanísticas socavan la confianza de los ciudadanos en la democracia. Por ello, se considera que la administración autonómica debe actuar rápidamente y sin excusas para garantizar el funcionamiento adecuado de la AVPT, creada para asegurar el respeto a la legalidad urbanística en suelos no urbanizables y sancionar las infracciones graves o muy graves.

Por ello, el Síndic entiende que no resulta adecuado asumir que las demoras, carencias y deficiencias detectadas requieren de un periodo de tiempo más prolongado para ser corregidas, como apunta en su informe la agencia investigada poniendo como excusa que, aunque la AVPT nació en 2021, sólo se puede entender completamente dotada a partir del inicio del año 2023, en que se ampliaron los puestos de trabajo.

En la resolución consta que “No parece adecuado crear un sistema que dé a un organismo autonómico toda la responsabilidad de gestionar y resolver asuntos urbanísticos, excluyendo a los municipios, sin asegurarse primero de que este organismo tiene los recursos y la capacidad necesarios para proteger y restaurar la legalidad urbanística de manera efectiva, especialmente en casos graves”.

Por otra parte, el Síndic considera fundamental que la AVPT no dependa exclusivamente de las denuncias de los Ayuntamientos o ciudadanos, sino que tenga mecanismos propios para detectar y actuar de oficio sobre infracciones graves.

Asimismo, insiste en que se debe garantizar el cumplimiento efectivo de las resoluciones de restauración de la legalidad y reforzar los mecanismos de ejecución subsidiaria en caso de incumplimiento, evitando la consolidación de obras ilegales.  Por ello, esta institución también recomienda que la Agència Valenciana de Protecció del Territori adopte todas las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento real y efectivo de las obligaciones asumidas por las administraciones locales adheridas y las personas que integran y prestan servicios en ellas.

Finalmente, Luna recuerda la importancia de que las administraciones urbanísticas reaccionen con prontitud y firmeza ante las denuncias, investigando y adoptando las decisiones necesarias para restaurar la legalidad urbanística. Aunque no siempre es fácil reaccionar rápidamente ante todos los ilícitos urbanísticos, las administraciones públicas competentes tienen la obligación de adoptar todas las medidas a su alcance para restablecer la legalidad con prontitud.

Consulta la resolución completa del Síndic sobre este asunto.

El Defensor del Pueblo y el Síndic de Greuges piden a las administraciones colaboración y coordinación entre ellas en la reconstrucción tras la DANA

Gabilondo, acompañado de Luna, anuncia una actuación de oficio para saber si se prevé una Comisión de Coordinación, tal y como establece la normativa

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha mantenido hoy una reunión de trabajo con Ángel Gabilondo, defensor del Pueblo. El encuentro se ha centrado en la colaboración y coordinación de ambas instituciones en la supervisión de las actuaciones de la Administración central y autonómica en el proceso de reconstrucción de la dana y en la defensa de los derechos de la ciudadanía afectada.

Durante la reunión, celebrada en el Síndic de Greuges en Alicante, Ángel Gabilondo ha destacado la colaboración y coordinación que mantienen las dos instituciones y ha apelado a las administraciones estatal y autonómica, a que trabajen también coordinadamente “en toda su dimensión”. “En el Estado de las Autonomías es muy importante que la Administración General del Estado, el Gobierno de España, y la CCAA, la Generalitat Valenciana, impulsen todos los mecanismos de coordinación y cooperación que son necesarios y que ello sea percibido por la sociedad”, ha afirmado.

Asimismo, Gabilondo ha señalado que “nuestra supervisión de la recuperación empieza en primer lugar por decir que hay que cumplir todos los mecanismos y todos los procesos señalados por la ley”. Por ello, ha anunciado que la institución que preside va a iniciar una actuación de oficio “para preguntar a las administraciones estatal y autonómica si hay alguna iniciativa en torno a la creación de una Comisión de Coordinación, tal y como establece la normativa aprobada al respecto”.

Por su parte, Ángel Luna ha compartido con el defensor las tres quejas de oficio que abrió sobre la dana a principios de enero en materia de servicios sociales, educación y vivienda.

Luna: «La Dana ha puesto de manifiesto el fracaso de la Administración en la protección del derecho a la vida»

  • El Síndic critica la falta de cooperación y lealtad institucional entre los responsables de las administraciones públicas para afrontar la catástrofe
  • El defensor autonómico presenta su Informe Anual 2024, con un aumento de un 32,9% en las consultas y un 21,28% en las quejas recibidas respecto al año anterior
  • Las quejas referentes a Servicios Sociales ya suponen casi la mitad de las que tramita la institución

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, acompañado de la adjunta primera, Concha Bru, y del segundo, Carlos Castillo, ha presentado hoy en Les Corts su Informe Anual 2024 en el que denuncia que «la excepcional pérdida de vidas humanas que provocó la Dana ha puesto de manifiesto el fracaso de la Administración en la protección del derecho a la vida». Ángel Luna también ha censurado la falta de solidaridad y leal cooperación institucional entre los responsables de las diferentes administraciones para afrontar la catástrofe.

El Informe del defensor autonómico constata que durante 2024 hubo un gran aumento en el número de consultas y quejas de la ciudadanía. Las consultas crecieron más del 30%, llegando a 18.600, y las quejas recibidas aumentaron más del 20%, alcanzando las 4.770. Además, el Síndic abrió 15 quejas de oficio en 2024, la mayoría sobre Infancia y Adolescencia. Estas quejas se enfocan en las medidas y recursos para cuidar a los niños que deben ser separados de sus padres y son cuidados por familias acogedoras o en residencias, bajo la responsabilidad de la Administración autonómica.

A lo largo del año pasado, las quejas sobre servicios sociales y transparencia fueron las más numerosas, y se han incrementado considerablemente respecto a ejercicios anteriores. Tanto es así que las quejas relativas a Servicios Sociales que ha recibido el Síndic en 2024 ya suponen el 47, 91% del total.

Descoordinación y ausencia de prioridades en la respuesta a la Dana

El defensor autonómico, en el ejercicio de sus funciones, hubiera investigado cómo se gestionó la emergencia causada por la DANA, pero la Ley del Síndic no permite que intervenga si ya hay acciones judiciales en curso sobre el tema. Así pues, serán los juzgados y tribunales los encargados de decidir el alcance de las presuntas responsabilidades de cada administración, y de sus titulares, en la gestión de la catástrofe.

No obstante, quedan actuaciones e inactividades administrativas que deben ser analizadas por esta defensoría.  De hecho, en la reunión del Observatorio de la Infancia y Adolescencia del Síndic celebrada el 16 de diciembre de 2024, algunos trabajadores públicos y profesionales de diversos sectores asistentes manifestaron que la ausencia de riendas institucionales estaba provocando que se funcionara en el «caos». Miembros del Observatorio fueron contundentes al señalar que la falta de ordenación de las prioridades de intervención, y de las más elementales medidas de coordinación entre administraciones, estaban provocando la pérdida de eficacia de los considerables esfuerzos realizados.

Luna ha señalado que «la extrema polarización política que se ha instalado en nuestras instituciones resulta fatal en momentos en que se necesitan esfuerzos coordinados y generosos». La falta de coordinación entre administraciones, junto con una especie de carrera por visibilizar las diferentes ayudas, ha causado confusión y desasosiego en la ciudadanía, obligando a los afectados a lidiar con trámites innecesarios y contradictorios. «Es inaceptable que, en momentos de crisis, las administraciones no trabajen juntas de manera efectiva», afirma el defensor.

Casi todas las deficiencias que vienen impidiendo satisfacer el derecho a una buena administración se han hecho presentes en las actuaciones posteriores a la catástrofe. El Síndic entiende que la mejor respuesta a los daños provocados por la DANA pasa por aplicar el derecho a una buena administración en todas y cada una de las actuaciones que deben llevar a término los entes públicos.

El impacto de la Dana no puede hacer olvidar otros asuntos que han venido afectando al ejercicio de los derechos y libertades en la Comunitat Valenciana a lo largo del año 2024.

Una vez más, el Síndic incide en el derecho a una buena administración, que viene defendiendo desde que inició su mandato. «La buena administración es incompatible con la falta de respuesta, la motivación insuficiente y la inacción administrativa, que no sólo son ejemplos de mala administración, sino que suponen un incumplimiento de las obligaciones legales, pudiendo generar situaciones de grave indefensión a la ciudadanía», declara Ángel Luna.

En la inmensa mayoría de las quejas que presenta la ciudadanía, lo primero que se observa es la falta de respuesta de la Administración a sus peticiones. Este silencio crea inseguridad jurídica e indefensión moral, obligando a la persona afectada a recurrir a los tribunales en desventaja. Según la experiencia de esta institución, la falta de respuesta directa a una persona es la principal manera de violar su derecho a una buena administración.

Descomunal aumento de las quejas sobre dependencia

Por otra parte, cabe destacar el descomunal aumento de las quejas en materia de Servicios sociales, más del 49% respecto a 2023, especialmente en la gestión de la dependencia, diversidad funcional y renta valenciana de inclusión. El Síndic lleva pidiendo en los últimos años que se revisen estos procedimientos, pero no se han hecho cambios.

En concreto, en el año 2024 esta institución recibió 1.305 quejas derivadas de la deficiente tramitación de las prestaciones de dependencia, frente a las 697 del año anterior debido al mismo asunto. Este incremento “resulta absolutamente desmesurado”, declara Luna.

También la gestión de las valoraciones de discapacidad o diversidad funcional está provocando retrasos en el reconocimiento de derechos, vulnerando las leyes. De acuerdo con los datos facilitados por la propia Conselleria de Servicios Sociales, en el momento de redactar este Informe Anual los expedientes pendientes de resolver que han excedido el plazo legal para hacerlo superan los 50.000, en toda la Comunitat Valenciana. “Una cifra escandalosa”, apunta Luna. Dada la gravedad de la situación, el Síndic ha decidido abrir una queja de oficio sobre el tema, de la que se dará cuenta en el Informe Anual de 2025.

Estas tres materias, dependencia, discapacidad y renta valenciana de inclusión, resultan ser el paradigma de los derechos sociales, la conquista más importante del Estado social y democrático de derecho, alcanzada durante las últimas décadas.

Sin adecuada respuesta en Vivienda

Asimismo, es forzoso volver de nuevo al problema del acceso a una vivienda digna. El acceso a una vivienda digna es esencial para garantizar la mayoría de los derechos fundamentales, como esta institución ha repetido en numerosas ocasiones en sus resoluciones. Sin vivienda, estos derechos no son posibles.

Además, el Síndic censura el comportamiento de la administración autonómica, porque no está respondiendo adecuadamente a las quejas de la ciudadanía, ignorando sus obligaciones en materia de vivienda. “No responde a las recomendaciones que le formulamos ni, lo que es peor, a las personas afectadas.”

Evolución deplorable en Transparencia

Como ya hemos señalado, la segunda materia por número de quejas recibidas es la de Transparencia, que se han incrementado por encima del 43%.

La falta de transparencia responde a comportamientos injustificados y arbitrarios que afectan negativamente a la democracia y a la ciudadanía. La democracia se deteriora porque se impide la participación de todos los partidos y se evita la rendición de cuentas de las acciones de gobierno. Por su parte, la ciudadanía se siente decepcionada al ver que los partidos están más enfocados en sus luchas políticas que en resolver los problemas de las personas. Esto genera desafección hacia el sistema institucional y la actividad política.

Por otra parte, en los casos en que finalmente las administraciones responden, el derecho de acceso a la información pública pierde valor y utilidad si se producen retrasos en la entrega de la documentación solicitada.

Deficiencias en residencias de mayores

Por otra parte, existen otros problemas de la ciudadanía que el Síndic ha abordado durante 2024. Entre ellos, la atención residencial a la que tienen derecho las personas mayores. Cuando hay deficiencias en las infraestructuras y servicios, o cuando la Administración no actúa adecuadamente, se afecta el bienestar y las necesidades de estas personas. Muchas quejas señalan el deterioro de las instalaciones y el incumplimiento de los contratos, lo que deja a los mayores en una situación de vulnerabilidad y afecta a su salud y seguridad.

Demoras en la asistencia sanitaria

Asimismo, cabe señalar los retrasos en la asistencia sanitaria -en la realización de pruebas e intervenciones quirúrgicas y en la aplicación de tratamientos médicos- entre las quejas recibidas por el Síndic a lo largo de 2024 en materia de Sanidad, al igual que en años anteriores.

 

ALGUNOS DATOS ESTADÍSTICOS DEL INFORME ANUAL 2024

En el Informe Anual 2024 se pueden consultar los datos estadísticos al completo

Tabla 2

Quejas de la ciudadanía iniciadas en 2024

2023 2024 Variación 2024-2023
Tipo Nº % Nº % Nº %
Admitidas 3.034 77,14 3.941 82,62 907 29,89
Inadmitidas 742 18,87 720 15,09 -22 -2,96
Trasladadas a otras defensorías 157 3,99 109 2,29 -48 -30,57
Total 3.933 100,00 4.770 100,00 837 21,28

 

Tabla 6

Lugar de residencia de las personas que presentaron quejas en 2024

2023 2024 Variación 2024-2023
Provincia Hab. Nº % Q/100 k hab. Hab. Nº % Q/100 k hab. Hab. Nº % Q/100 k hab.
Alicante 1.950.357 1.735 44,11 88,96 1.991.259 2043 42,83 102,60 40.902 308 17,75 13,64
Castellón 603.952 290 7,37 48,02 615.849 395 8,28 64,14 11.897 105 36,21 16,12
Valencia 2.656.291 1.849 47,01 69,61 2.709.433 2278 47,76 84,08 53.142 429 23,20 14,47
Comunitat Valenciana 5.210.600 3.874 98,50 74,35 5.316.541 4716 98,87 88,70 105.941 842 21,73 14,35
Otros / No especificado – 59 1,50 – – 54 1,13 – – -5 -8,47 –

Se utilizan las siguientes abreviaturas: Hab. (Habitantes), Nº (Número de quejas), % (Porcentaje de quejas), Q/100 k hab. (Quejas por 100.000 habitantes).

Los datos de población son los que proporciona el INE para los años 2023 y 2024.  El dato de quejas por 100.000 habitantes sólo se ofrece para las tres provincias de la Comunitat, pues carece de sentido para otros orígenes.

Tabla 8

Materias de las quejas de la ciudadanía iniciadas en 2024 y admitidas a trámite

2023 2024 Variación 2024-2023
Materia Nº % Nº % Nº %
Servicios sociales 1.264 41,66 1.888 47,91 624 49,37
Sanidad 121 3,99 122 3,10 1 0,83
Educación 76 2,50 207 5,25 131 172,37
Vivienda 132 4,35 164 4,16 32 24,24
Empleo 208 6,86 247 6,27 39 18,75
Transparencia 301 9,92 432 10,96 131 43,52
Procedimientos administrativos 259 8,54 200 5,07 -59 -22,78
Hacienda pública 74 2,44 80 2,03 6 8,11
Servicios públicos y medio ambiente 347 11,44 317 8,04 -30 -8,65
Urbanismo 113 3,72 128 3,25 15 13,27
Industria, agricultura, comercio y turismo 27 0,89 19 0,48 -8 -29,63
Justicia y administración corporativa 22 0,73 27 0,69 5 22,73
Infancia y adolescencia 50 1,65 56 1,42 6 12,00
Deporte y cultura 25 0,82 39 0,99 14 56,00
Derechos lingüísticos 15 0,49 15 0,38 0 0,00
Total 3.034 100,00 3.941 100,00 907 29,89

Tabla 9

Tipos de cierre de quejas de la ciudadanía finalizadas en 2024

2023 2024 Variación 2024-2023
Tipo de cierre Nº % Nº % Nº %
Con solución 1.153 39,36 1.489 41,42 336 29,14
Con compromiso de solución 555 18,95 597 16,61 42 7,57
Sin aceptación de consideraciones 488 16,66 786 21,86 298 61,07
Sin respuesta a consideraciones 466 15,91 462 12,85 -4 -0,86
Otros 267 9,12 261 7,26 -6 -2,25
Total 2.929 100,00 3.595 100,00 666 22,74

El tipo de cierre otros engloba cierres por desistimiento, por fallecimiento, por judicialización del asunto, por detectar que ya se estaba tramitando otra queja por ese mismo motivo, etc.

Grado de colaboración de las Administraciones investigadas (Consell y ayuntamientos) en quejas cerradas en 2024

Para todas las consellerias que ha habido durante 2024 se da la información de colaboración. En el caso de las consellerias que han cambiado de nombre (o que han ganado o perdido alguna competencia), en las tablas siguientes se indica el nombre actual, por claridad.

 

Administración Total quejas Sí colabora No colabora % colabora
Vicepresidencia Primera y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda 1799 1528 271 84,94
Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo 192 161 31 83,85
Conselleria de Sanidad 142 136 6 95,77
Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio 46 25 21 54,35
Conselleria de Hacienda, Economía y Administración Pública 37 29 8 78,38
Conselleria de Justicia e Interior 36 31 5 86,11
Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo 34 11 23 32,35
Vicepresidencia Primera y Conselleria de Cultura y Deporte 11 10 1 90,91
Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca 4 2 2 50,00
Conselleria de Justicia y Administración Pública 3 2 1 66,67
Conselleria de Emergencias e Interior 1 1 0 100,00
Presidencia de la Generalitat Valenciana 3 3 0 100,00
Total Consell 2308 1939 369 84,01
Agencia Tributaria Valenciana 9 8 1 88,89
LABORA (Servicio Valenciano de Empleo y Formación) 4 3 1 75,00
Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo 1 0 1 0,00
Hospital Universitario La Fe 1 0 1 0,00
Instituto Valenciano de Finanzas 1 0 1 0,00
Total otras entidades autonómicas 16 11 5 68,75
Ayuntamientos de la provincia de Alicante 651 415 236 63,75
Ayuntamientos de la provincia de Castellón 179 119 60 66,48
Ayuntamientos de la provincia de Valencia 672 454 218 67,56
Total ayuntamientos 1502 988 514 65,78

 

Accede al contenido completo del Informe anual 2024.

Luna: «Las demoras de valoración de la dependencia se reducirían cumpliendo el contrato-programa y ampliando el equipo de la Conselleria»

El Síndic de Greuges considera que las demoras en las valoraciones de los expedientes de dependencia podrían reducirse con la plena contratación de los equipos de atención primaria básica previstos en el contrato-programa, y con la ampliación del equipo de valoración de la Conselleria. Esta es la conclusión con la que el defensor cierra la queja de oficio que abrió para investigar las causas, motivos y posibles soluciones a la demora en la valoración de las personas, dado el tiempo que transcurre desde la solicitud hasta dicha valoración, pasando por la grabación y validación de esta.

La apertura de esta queja de oficio se debe al significativo aumento del número de municipios que, en sus respuestas a las peticiones de información del Síndic, revelan graves deficiencias en el funcionamiento de los servicios sociales generales. Estas deficiencias afectan directamente a la tramitación de los expedientes de dependencia, destacando las demoras en las valoraciones de las personas debido a la falta de personal, problemas informáticos, deficiencias de organización y otros factores.

Uno de los municipios afectados es el Ayuntamiento de Ibi (Alicante), cuyos expedientes de queja han permitido conocer en mayor profundidad la dimensión del problema, común a muchos pueblos y ciudades. Por ello, esta institución eligió a Ibi como municipio de referencia para abrir una queja de oficio, además de dirigirse a la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda como responsable final.

El Síndic de Greuges recomendó a la Conselleria de Servicios Sociales que simplifique el proceso de valoración de las personas dependientes para evitar retrasos, y que facilite los trámites iniciales para reconocer la situación de dependencia. También sugirió garantizar una financiación adecuada y continua a las administraciones locales, así como crear bolsas de trabajo a nivel autonómico, provincial y comarcal para mejorar la contratación de personal.

Además, el Síndic pidió analizar las dificultades que tienen los ayuntamientos para contratar profesionales, incluir a COSITAL en la elaboración de convenios-programa, y reforzar las plantillas de los servicios sociales. Asimismo, recomendó no demorar la validación de las solicitudes de dependencia y establecer criterios claros y públicos para priorizar las valoraciones.

Por otra parte, el defensor recomendó al Ayuntamiento de Ibi recabar ayuda directa del equipo de valoradores de la Conselleria temporalmente; proseguir con la preparación del próximo contrato-programa, evitando demoras; agilizar la grabación de las solicitudes de reconocimiento de dependencia; solicitar una ampliación del personal del equipo de intervención social y soporte jurídico-administrativo; y prever una plantilla ajustada a sus necesidades en el próximo contrato-programa.

A pesar de que tanto la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda como el Ayuntamiento de Ibi han aceptado parcialmente las recomendaciones del Síndic de Greuges, el problema sigue latente y depende de la existencia de una consignación adecuada y suficiente en las correspondientes leyes de presupuestos de la Generalitat.

Accede a las resoluciones del Síndic sobre este asunto.

La Conselleria acepta la recomendación del Síndic y resuelve la ayuda a la dependencia de un niño de 5 años, tras 20 meses de espera

Luna advierte del impacto negativo de estas demoras en niños con discapacidad

La Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda ha atendido la recomendación del Síndic de resolver con urgencia el grado de dependencia y el correspondiente programa individual de atención (PIA) de un niño de cinco años, con un 42% de discapacidad y con autismo. Una solicitud que la madre del menor había presentado ante la Administración, en julio de 2023.

Pese a que finalmente la queja se ha solucionado, el Síndic ha insistido en que la demora de más de 20 meses en resolver sobre el grado de dependencia ha vulnerado los derechos del menor, al no valorarse su interés superior como primordial en las decisiones que le afectan. Además, la falta de agilidad en las actuaciones ha tenido un impacto negativo e irreversible en su desarrollo.

Y es que, a pesar de que la madre presentó la solicitud en julio de 2023 y adjuntó toda la documentación pertinente, no fue hasta marzo de 2024 cuando los servicios sociales realizaron la visita domiciliaria. En su escrito al Síndic, la madre del menor denunciaba lo siguiente: «como madre monoparental y perteneciente a una familia numerosa de categoría especial, apenas puedo costear las necesidades de mi hijo, lo que hace que esta espera haya sido aún más perjudicial».

Son numerosas las quejas que tramita esta institución por los graves retrasos en resolver las ayudas a la dependencia. Cuando las personas afectadas son menores de edad, estas demoras suman un mayor perjuicio si cabe, pues perjudica directamente su desarrollo inmediato y futuro.

Consulta el contenido íntegro de la resolución en este asunto.

El Síndic censura el retraso en dictar un informe de adaptación laboral a una persona con discapacidad intelectual

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, reprocha a la Conselleria de Servicios Sociales y a la Conselleria de Justicia e Interior su falta de coordinación y diligencia para resolver el acceso al empleo público de una persona con discapacidad intelectual.

A finales de noviembre de 2024, la madre de la afectada se dirigió al Síndic por la falta de respuesta al escrito que presentó a la Conselleria competente en Función Pública. En él solicitaba un informe de adaptación laboral para poder activar a su hija en la bolsa de trabajo temporal de Ayudante de Residencia.  Una bolsa en la que estaba inscrita, pero figuraba como “no disponible” a falta de dicho informe.

Esta institución ya había tramitado una queja previa sobre este asunto.

En su resolución, el Síndic concluye que la Administración autonómica ha incurrido en una «falta absoluta de coordinación» a la hora de emitir el informe correspondiente de adaptación del puesto de trabajo para personas con diversidad funcional, en función de la bolsa de trabajo a la que pertenezcan. Y le ha recordado que, en lo que respecta a las personas con diversidad funcional, la adaptación del puesto de trabajo es un requisito legal que las administraciones públicas están obligadas a cumplir.

Luna también afea a la Administración que la madre de la persona afectada se haya visto obligada a peregrinar por dos consellerias y presentar quejas en el Síndic para obtener los informes necesarios de adaptación al puesto de trabajo que permitan el acceso al empleo público de su hija. De hecho, transcurrido más de un año, todavía no se ha producido su incorporación efectiva.

Por último, el Síndic pide a la administración que considere la posibilidad de que la trabajadora desempeñe otros puestos dentro de la Agrupación Profesional Funcionarial de Subalterno/a, tal y como indicaba el informe de la Comisión de Estudios de la Diversidad Funciona y conforme a las adaptaciones sugeridas por el INVASSAT.

Consulta la resolución del Síndic sobre este asunto.