El Síndic pide a Educación que resuelva ya una solicitud de transporte escolar en un caso de custodia compartida

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha recomendado a la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades que resuelva a la mayor brevedad una solicitud de autorización excepcional de transporte escolar presentada por el padre de una alumna de ESO escolarizada en un IES de Bétera, en régimen de custodia compartida.

La queja se presentó porque la menor solo podía utilizar la parada de autobús correspondiente al domicilio en el que está empadronada, aunque reside de forma alterna en dos domicilios. La Administración educativa informó de que, según la normativa vigente, cada alumno dispone únicamente de una plaza de transporte escolar vinculada al domicilio habitual declarado a efectos de escolarización, por lo que no se permiten dos rutas ni dos paradas simultáneamente.

No obstante, la Resolución de 1 de julio de 2025 prevé la posibilidad de pedir una autorización excepcional de uso del transporte escolar, especialmente cuando en una localidad no exista transporte público regular que permita llegar al centro educativo. La resolución de estas peticiones corresponde a la Dirección General de Centros Docentes.

El defensor del pueblo valenciano recuerda que, si un órgano administrativo entiende que no es competente para resolver una solicitud, tiene la obligación de enviarla al órgano que sí pueda decidir y comunicarlo a la persona interesada. En este caso, considera que la Dirección Territorial debió trasladar la solicitud al órgano competente para que fuera este quien la resolviera.

Por ello, el Síndic ha recomendado a la Conselleria que, dado el tiempo transcurrido y lo avanzado del curso, resuelva cuanto antes la nueva petición presentada por el padre y que actúe con el máximo rigor cuando una solicitud deba ser enviada al órgano competente.

Consulta la resolución sobre este asunto.

El Síndic insta a Sanidad a garantizar una farmacia de guardia en Picassent

Luna reprocha la falta de respuesta a una reclamación ciudadana y recuerda que el municipio está obligado por ley a contar con este servicio

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha emitido una resolución en la que reprocha a la Conselleria de Sanidad no haber respondido dentro del plazo legal a una reclamación ciudadana y reclama que el municipio de Picassent disponga de una farmacia de guardia, tal y como establece la normativa vigente.

El origen del caso se sitúa en una queja presentada por un ciudadano ante la Conselleria de Sanidad en diciembre de 2024, en la que denunciaba la ausencia de una oficina de farmacia de guardia en el municipio, pese a que Picassent supera los 20.000 habitantes y cuenta con un centro de salud con atención continuada, circunstancias que obligan legalmente a disponer de este servicio, esencial para atender urgencias nocturnas y de fines de semana.

El Síndic ha constatado que la Conselleria de Sanidad no actuó ni respondió en plazo, pese a tratarse de un servicio esencial, recordando que esta falta de actuación vulnera el derecho de la ciudadanía a una buena administración.

La resolución aclara, además, que la reciente modificación de la normativa autonómica sobre la organización de las guardias farmacéuticas no elimina ni reduce esta obligación, por lo que no puede servir como justificación ni para la falta de cobertura del servicio ni para el retraso administrativo.

Por todo ello, el Síndic urge a la Conselleria de Sanidad a resolver de forma expresa la reclamación presentada, a verificar mediante inspección que Picassent dispone efectivamente de farmacia de guardia y a adoptar las medidas necesarias para corregir cualquier deficiencia detectada, garantizando así la asistencia farmacéutica permanente que exige la ley.

Consulta la resolución del Síndic sobre este asunto.

El Síndic urge al Ayuntamiento de Alicante a conceder una tarjeta de estacionamiento para un menor con discapacidad

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna González, ha recomendado al Ayuntamiento de Alicante que resuelva de forma inmediata la solicitud de una tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad presentada para un menor con discapacidad y movilidad reducida, una vez superado ampliamente el plazo máximo previsto en la normativa municipal.

El defensor del pueblo valenciano subraya que la tarjeta de estacionamiento es un recurso esencial para facilitar la movilidad, la autonomía personal y la participación social del menor. En este sentido, advierte de que la demora del Ayuntamiento en resolver la solicitud ha causado un perjuicio real y efectivo en un caso especialmente sensible, al afectar a un menor. Una situación que no hace más que incrementar la incertidumbre y la carga que soportan las familias con personas con diversidad funcional a su cargo, al limitar de forma directa el acceso a estos apoyos básicos en la vida cotidiana.

Por otra parte, Luna ha recordado al Ayuntamiento de Alicante su deber de colaboración con el Síndic, tras no atender los requerimientos de información formulados durante la tramitación de la queja.

Consulta la resolución de consideraciones de este caso.

 

El Síndic reprocha a Servicios Sociales su inactividad en reconocer la dependencia de un menor y el perjuicio económico causado

La Administración tardó cerca de dos años en informar de una incompatibilidad, provocando gastos a la familia que el defensor insta a compensar

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha emitido una resolución en la que denuncia la “absoluta inactividad” de la Conselleria de Servicios Sociales en la tramitación del Programa Individual de Atención (PIA) de un menor de edad. La institución alerta de que esta desatención administrativa ha vulnerado el derecho a una buena administración y ha causado un daño económico directo a la familia.

La actuación del defensor del pueblo valenciano se inició tras la queja por la demora en resolver una prestación vinculada al servicio de prevención y promoción de la autonomía personal, solicitada en septiembre de 2023.

De la investigación del Síndic se desprende que la familia solo tuvo conocimiento de que la prestación era incompatible con la asistencia a un Centro de Atención Temprana (CAT) casi dos años después de iniciar los trámites y tras la intervención de la institución.

La incompatibilidad está prevista en la normativa autonómica, pero el Síndic reprocha que no se informara de ella en tiempo y forma, lo que impidió a la familia tomar una decisión con conocimiento y la obligó a asumir el coste de servicios de prevención, generando un perjuicio económico que considera cuantificable.

La resolución también subraya la falta de agilidad de la Administración en un expediente que afecta a un menor, ignorando la urgencia que exige la normativa de infancia ante el efecto irreversible del paso del tiempo en el desarrollo infantil.

El Síndic formuló varias recomendaciones a la Conselleria, entre ellas resolver con urgencia la prestación pendiente del PIA del menor y la solicitud de nuevas preferencias presentada en septiembre de 2023. Además, recomendó iniciar de oficio un expediente de responsabilidad patrimonial para compensar a la familia por los perjuicios económicos derivados del funcionamiento anormal de la Administración, informando de la decisión adoptada.

Sin embargo, la Conselleria no ha asumido la apertura de dicho expediente de oficio y se ha limitado a remitir a la familia a los servicios sociales municipales para nuevos trámites.

Consulta la actuación del Síndic en este asunto.

El Síndic insta a mejorar la atención en el Registro Civil de Castellón

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha recomendado a la Conselleria de Justicia y Administración Pública que adopte medidas para mejorar el funcionamiento del sistema de cita previa del Registro Civil de Castellón de la Plana y adaptarlo a la demanda de la ciudadanía.

La actuación del defensor del pueblo valenciano se inició tras la queja de una ciudadana que, durante dos meses, intentó sin éxito obtener una cita para tramitar la nacionalidad de su hijo. Según expuso, el sistema telemático no ofrecía citas disponibles y, al acudir presencialmente al Registro Civil, se le indicó que debía seguir intentándolo por vía electrónica.

En su informe al Síndic, la Conselleria señaló que el Registro Civil cuenta con una plantilla de ocho funcionarios y que se han autorizado tres puestos de refuerzo, si bien reconoció que la elevada demanda para los trámites de nacionalidad provoca que las citas disponibles se agoten rápidamente.

Tras analizar el caso, Luna ha recordado que, aunque la gestión del sistema de cita previa corresponde a cada oficina, la Generalitat debe velar por una Administración de Justicia sin demoras indebidas y próxima a la ciudadanía. La resolución ha concluido que el sistema actual presenta carencias en materia de información, transparencia y agilidad.

Por ello, el Síndic ha recomendado informar de forma expresa a la ciudadanía de las alternativas existentes cuando no se pueda obtener cita previa, incluida la posibilidad de atención presencial y las condiciones para acceder a ella; informar también del derecho a presentar reclamaciones cuando la imposibilidad de obtener cita no sea imputable a la persona interesada; y dotar de recursos personales y materiales adecuados a los registros civiles que acrediten un aumento de la demanda.

La Conselleria dispone de un plazo máximo de un mes para comunicar si acepta estas recomendaciones y las medidas que prevé adoptar.

Consulta la resolución del Síndic sobre este asunto.

El Síndic recomienda a Chóvar eliminar tarifas discriminatorias en la piscina municipal

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha recomendado al Ayuntamiento de Chóvar que revise y modifique la ordenanza reguladora de las tasas de la piscina municipal para garantizar un trato igualitario a todas las personas usuarias, con independencia de que estén o no empadronadas en el municipio.

La institución considera que establecer precios diferenciados por razón de empadronamiento vulnera el principio constitucional de igualdad y no resulta conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que sólo admite diferencias tarifarias cuando existan razones objetivas, proporcionadas y debidamente justificadas, como criterios económicos, y siempre con respaldo normativo adecuado.

Además, el Síndic insta al Ayuntamiento a responder de manera clara y motivada a las reclamaciones presentadas por la ciudadanía, recordando que la falta de contestación vulnera el derecho a una buena administración y el deber legal de resolver en plazo los escritos presentados ante la Administración.

Estas recomendaciones se producen tras la tramitación de una queja presentada por un representante de los residentes del municipio, en la que se denunciaba tanto la aplicación de bonificaciones a favor de las personas empadronadas como la ausencia de respuesta municipal a una reclamación previa.

Durante la investigación, el Ayuntamiento no remitió la información solicitada por el Síndic ni respondió a los requerimientos efectuados. Ante esta situación, el Síndic ha dejado constancia de la falta de colaboración del consistorio y recuerda que las administraciones públicas están obligadas a colaborar con esta institución y a responder justificadamente sobre la aceptación o rechazo de sus recomendaciones.

Consulta el expediente de queja sobre este asunto:

Conselleria se compromete con el Síndic a reforzar personal y agilizar trámites para reducir el atasco en valorar la discapacidad

La valoración oficial del grado de discapacidad es un paso imprescindible para acceder a ayudas, prestaciones y derechos sociales. Sin embargo, en la Comunitat Valenciana, decenas de miles de personas llevan más de un año esperando a que su expediente sea revisado. Esta situación ha generado un gran malestar social y un notable incremento de quejas ciudadanas relacionadas con este problema desde 2024.

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha cerrado hoy su investigación de oficio sobre las graves demoras en la valoración de la discapacidad con el compromiso de la Conselleria de Servicios Sociales de aceptar algunas de las recomendaciones propuestas para atajar el problema.

El defensor propuso nueve recomendaciones a la Conselleria, entre las que destacan la necesidad urgente de reforzar los recursos humanos, crear más equipos de valoración, acelerar la implantación de la nueva herramienta informática y mejorar la información a los solicitantes sobre los plazos de resolución de sus expedientes

Servicios Sociales ha aceptado seis de estas recomendaciones, aunque sin concretar plazos de cumplimiento. Cabe señalar que la Administración autonómica se ha comprometido a la contratación temporal de 24 nuevos profesionales para reforzar los Centros de Valoración y Orientación de Discapacidad en Castellón, Valencia y Alicante; a aprobar una nueva orden reguladora del procedimiento; a acelerar la implantación de una aplicación informática que facilite la gestión; y a colaborar con las organizaciones sociales del sector para mejorar la atención y el asesoramiento a las personas con discapacidad.

La Conselleria espera que estas medidas ayuden a reducir el volumen de expedientes pendientes, que supera los 61.000 en toda la Comunitat, según la información que ha proporcionado a esta institución. Una cifra que refleja la gravedad de la situación y la necesidad de adoptar medidas eficaces y urgentes.

Por contra, la Administración ha rechazado la recomendación de informar de manera individual a cada solicitante sobre el tiempo estimado para la resolución de su expediente, alegando que supondría una carga administrativa extra no prevista en la ley. También descarta crear más equipos de valoración a nivel de departamentos sociales y emitir resoluciones provisionales para quienes están pendientes de revisión, medidas que el Síndic considera razonables y necesarias para garantizar una buena administración y reducir la incertidumbre de las personas afectadas.

Luna ha recordado que el tiempo medio de espera para la valoración de la discapacidad es actualmente de un año y medio. Además, ha anunciado que hará un seguimiento del cumplimiento de las medidas aceptadas.

Consulta la resolución del Síndic sobre este asunto.

El Síndic advierte del riesgo de utilizar y estigmatizar a los menores migrantes en el debate político valenciano

La X Jornada sobre Infancia y Adolescencia, celebrada en Alicante, reúne a expertos que reivindican el respeto y los derechos de los jóvenes migrantes y abordan su integración

En plena negociación política para la investidura del nuevo presidente de la Generalitat Valenciana, el síndic de Greuges de la Comunitat, Ángel Luna, ha advertido sobre el riesgo de convertir a los menores migrantes en objeto de controversia y estigmatización. Durante la X Jornada sobre Infancia y Adolescencia, celebrada en la Universidad de Alicante, Luna subrayó que “no se puede negociar con el respeto a los derechos de los niños”, recordando que la protección de los más vulnerables debe prevalecer sobre cualquier interés partidista. El defensor insistió en que los menores migrantes no representan una amenaza ni una carga para la sociedad valenciana, sino que buscan oportunidades y merecen ser acogidos e integrados con dignidad.

La Facultad de Educación de la Universidad de Alicante acogió ayer la X Jornada del Síndic de Greuges sobre Infancia y Adolescencia, centrada en la acogida e integración de menores migrantes sin referentes familiares. El encuentro reunió a destacados expertos y profesionales del ámbito social, quienes analizaron los desafíos y buenas prácticas en la atención a estos jóvenes.

La conferencia inaugural estuvo a cargo de Elena Arce, directora del Área de Migraciones e Igualdad de Trato del Defensor del Pueblo de España, quien ofreció datos actualizados sobre menores migrantes no acompañados recogidos en el Informe del Defensor del Pueblo. Arce subrayó la importancia de garantizar la protección y el acompañamiento de estos menores, destacando la necesidad de políticas integrales y coordinadas.

A continuación, intervino Violeta Quiroga, trabajadora social y profesora de la Universidad de Barcelona, quien defendió la integración de los jóvenes migrantes en la sociedad española: “Necesitamos mano de obra extranjera, nuestra sociedad está envejeciendo, y qué mejor que los jóvenes que han llegado cuando eran muy jóvenes porque crecieron en nuestras casas.”

La mesa redonda contó con la participación de Calixto Herrera Rodríguez, de la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia del Gobierno de Canarias, y Juan Antonio Fuster Sánchez, director de la residencia Buenavista de Gandía (Fundación Amigó), quienes compartieron experiencias sobre la acogida y la intervención con menores migrantes en diferentes comunidades autónomas.

Ignacio Fariña Sarasqueta, director de Acogida e Integración de las Personas Inmigrantes del Gobierno Vasco, presentó la experiencia de éxito de un programa de apoyo a la emancipación de jóvenes migrantes en situación de riesgo social, destacando la Estrategia TRAPEZISTAK.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue el testimonio de Bader Hamdidi, joven marroquí de 18 años que llegó a España con 14 tras una dura travesía en patera. Bader relató su experiencia en centros de acogida, su formación y su integración laboral en la Comunitat Valenciana. “Venir a España está bien porque hay más oportunidades, pero no merece la pena tirarse al mar”, afirmó. Su historia sirvió para poner rostro y voz a la realidad de los menores migrantes y para reivindicar la importancia de la acogida y el acompañamiento en su proceso de integración.

La jornada concluyó con la intervención institucional de Ángel Luna, síndic de Greuges, quien reiteró la necesidad de defender los derechos de la infancia y la adolescencia, recordando que la protección de los menores migrantes es una responsabilidad compartida que debe estar por encima de cualquier debate político.

El Síndic investiga la cita previa en la EVHA por obstaculizar la atención presencial y el acceso a trámites esenciales

La institución abre una queja de oficio para determinar si este sistema, implantado tras la pandemia, vulnera los principios de proximidad y servicio efectivo

De las cuatro oficinas de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo que hay en la Comunitat, sólo una de Valencia y la de Alicante permiten solicitar cita previa, mientras que la otra de Valencia no atiende al público y la de Castellón permanece cerrada actualmente

El síndic de Greuges, Ángel Luna, ha abierto una investigación de oficio tras recibir quejas ciudadanas que denuncian el sistema de cita previa impuesto por la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA), por las dificultades que supone para acceder a trámites esenciales. La institución pretende aclarar si esta práctica, extendida tras la pandemia, vulnera los principios de proximidad y servicio efectivo que las administraciones deben asegurar a la ciudadanía, como garantía del derecho a una buena administración.

La atención a la ciudadanía es un pilar fundamental en la relación entre la Administración y la sociedad. Así lo recoge el reciente Decreto 30/2025 del Consell, que subraya la importancia de ofrecer canales accesibles y próximos para garantizar la confianza y la satisfacción de los ciudadanos. Sin embargo, la generalización del sistema de cita previa en la EVHA ha generado numerosas quejas, especialmente tras la pandemia, cuando esta medida, inicialmente excepcional, se ha mantenido como requisito habitual para acceder a servicios presenciales, incluso para trámites sencillos como la presentación de documentos.

El Síndic ya advirtió en su informe anual de 2022 que la cita previa, una vez superadas las restricciones sanitarias, puede suponer una barrera injustificada que infringe derechos reconocidos por la Ley de Procedimiento Administrativo Común y la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. Según la institución, esta práctica responde más a una inercia administrativa que a una verdadera necesidad de organización, y puede dificultar el acceso efectivo a servicios públicos esenciales, como el derecho a la vivienda.

La investigación abierta por el Síndic se centra en la gestión de la cita previa en la EVHA, entidad responsable de promover y gestionar viviendas públicas en la Comunitat Valenciana. El defensor ha detectado que el sistema actual presenta importantes limitaciones porque cada oficina de la EVHA funciona con horarios y procedimientos distintos. En la Comunidad Valenciana existen cuatro oficinas repartidas en las tres capitales de provincia: dos en Valencia, una en Alicante y otra en Castellón. Sin embargo, sólo se permite solicitar cita en dos de ellas: en una de las de Valencia y en la de Alicante. La otra oficina de la ciudad de Valencia no ofrece atención al público y la de Castellón actualmente está cerrada. Además, la web de la EVHA remite a otros puntos de atención que no siempre están disponibles para los solicitantes de vivienda.

Dada esta situación, el Síndic ha solicitado a la EVHA un informe en el plazo de un mes para que justifique el sistema de cita previa, detalle los canales de acceso, explique las diferencias entre sedes y cuantifique la demanda real de los usuarios.

Asimismo, pide información sobre los recursos humanos disponibles, la colaboración con servicios sociales y las razones de las restricciones actuales.

Con esta actuación, el Síndic de Greuges reafirma su compromiso con la defensa de los derechos de la ciudadanía valenciana y la mejora de la atención pública, especialmente en un ámbito tan sensible como el acceso a la vivienda.

Consulta la resolución del Síndic sobre este asunto.

 

El Síndic recuerda a Vila-real su obligación de reservar plazas para personas con discapacidad en las ofertas de empleo público

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha recordado al Ayuntamiento de Vila-real que debe reservar al menos un 10 % de las plazas en sus ofertas de empleo público para ser cubiertas por personas con discapacidad, con independencia del sistema selectivo utilizado.

Así se recoge en dos resoluciones dictadas por el Síndic tras las quejas por la falta de esa reserva en las ofertas de empleo público ordinaria y complementaria aprobadas en 2022 por el Ayuntamiento, ambas destinadas a la estabilización de empleo temporal: una con 100 plazas y otra con 34.

El Ayuntamiento trasladó al Síndic que esa reserva no era aplicable a los procesos de estabilización por concurso de méritos previstos en la Ley 20/2021, de medidas urgentes para reducir la temporalidad en el empleo público. También señalaba que la plantilla municipal ya cumplía con la obligación de que al menos el 3 % de sus plazas estén ocupadas por personas con diversidad funcional y que las ofertas de empleo público ordinarias de 2022, 2023 y 2024 sí respetaron el cupo del 10 %.

El Síndic, en cambio, rechazó esta interpretación y consideró vulnerado el derecho de acceso al empleo público del colectivo de personas con discapacidad, ya que no se les permitió participar en procesos selectivos reservados en exclusiva, que debían suponer al menos el 10 % del total de plazas ofertadas. Además, Luna recordó que la Ley 4/2021, de la Función Pública Valenciana, obliga a reservar ese porcentaje mínimo en todas las ofertas de empleo público, con independencia del sistema selectivo que se utilice.

Tras analizar la respuesta municipal, el Síndic concluye que el Ayuntamiento no ha atendido sus recomendaciones, ya que no se pronuncia expresamente sobre las ofertas de estabilización objeto de las quejas y se limita a reiterar que cumple la normativa en las ofertas ordinarias.

Consulta las resoluciones del Síndic sobre este asunto: